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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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16 Abril 2019 03:40:00
El clon de Peña Nieto
José Narro Robles resultó ser el as bajo la manga para la sucesión del PRI. Su edad (70) y falta de carrera política pueden ser sus mayores activos tras el batacazo de la “generación Peña Nieto” cuya corrupción y arrogancia le pusieron a López Obrador la presidencia en bandeja de plata.

El PRI elegirá presidente y secretario general el primer domingo de septiembre, para el periodo 2019-2023. El proceso, “libre y abierto” a la militancia, será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por acuerdo de la 62 asamblea, encabezada por Claudia Ruiz Massieu. Los principales rivales de Narro son: Ulises Ruiz.

Mapache electoral, impuesto por José Murat en el gobierno de Oaxaca (2004-2010), se presenta como el aspirante rupturista. “Les voy a ganar, soy el único que tuve la fortuna de no trabajar con (Enrique) Peña Nieto, no soy de esa expresión política. Soy el único, porque de los dos lados son o los funcionarios de Peña Nieto (Narro ocupó la Secretaría de Salud) que quieren seguir secuestrando al PRI, o los gobernadores de corte peñista como el caso de (Alejandro) Moreno, que es Peña” (ADNPolítico, 27.02.19).

Ruiz permaneció en el banco en el sexenio pasado, pero junto con Humberto Moreira fue uno de los gobernadores que más impulsaron la candidatura presidencial de Peña Nieto. En el conflicto de 2006 con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), varios de sus colegas –entre ellos Peña– le sugirieron renunciar, pero los despidió con cajas destempladas. Peña y Ruiz asistieron al quinto (y último) informe de Humberto Moreira, meses antes de su ascenso a la presidencia del PRI.

Alejandro Moreno. El gobernador de Campeche (43 años) pertenece a la generación de Peña; incluso podría ser su clon. Su carrera política (como la de los Moreira en Coahuila) fue meteórica, igual que vertiginoso ha sido el crecimiento de su patrimonio (otra coincidencia) “el cual debería centrarlo en una investigación de enriquecimiento ilícito” (Alfredo Lecona, Aristegui Noticias, 01-17-17).

Ruiz acusa a Moreno de desviar recursos públicos y por hacer campaña anticipada. En un oficio fechado el 9 de marzo, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, pide a los dirigentes de los sectores, organizaciones y comités estatales y municipales, asumir «una conducta ejemplar ajena a cualquier manifestación de parcialidad (…)”.

Lo anterior, advierte, “no implica limitación o impedimento para reunirse o intercambiar impresiones” con los aspirantes, sin realizar “pronunciamientos” o “asumir posturas que atenten contra nuestros deberes de imparcialidad y de responsabilidad en la preservación de la unidad interna del partido”.

Ulises Ruiz es el aspirante más zorro a la dirigencia del PRI. Y Peña Nieto, el presidente más repudiado –incluso algunos sectores priistas piden su expulsión– y el principal responsable de la derrota que tiene a ese partido al borde de la tumba. Asociar a Narro y a Moreno con el gobierno de la corrupción, la impunidad y la violencia, como lo hace el exgobernador de Oaxaca, es un llamado a la rebelión para impedir que Peña mantenga el control del PRI otros cuatro años.

Ruiz no es el más calificado para hablar de democracia y honradez ni para dirigir al PRI, pero sí quien puede darle la puntilla a un organismo sin liderazgo ni apoyo social.
28 Febrero 2020 04:05:00
Doble espaldarazo
Con una diferencia de días, los laguneros que por voluntad del gobernador Miguel Riquelme dirigen dos de las instituciones más importantes del estado rindieron sus respectivos informes, luego de capear las turbulencias causadas por el reacomodo de fuerzas, en un caso; y las observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en otro.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Hernández Vélez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Miguel Mery Ayup, resistieron las presiones de la cuarta transformación y de un moreirato disminuido. A la chita callando, Riquelme ha tomado el mando.

En ambas ceremonias quedó de relieve el origen y la vocación de los informantes: la política. Hernández ha sido diputado federal y local, además de líder efímero del comité estatal del PRI. Mery ha pasado también por la legislatura estatal y ocupado distintos cargos. Las urnas no lo han tratado bien, pues antes de ser magistrado perdió dos elecciones consecutivas: en 2017 para alcalde de Torreón y en 2018 para diputado federal.

Riquelme lo rescató y, con el voto de su partido y el PAN en el Congreso, lo promovió al TSJE donde terminará la presidencia inconclusa de Miriam Cantú, con la posibilidad de cubrir un periodo completo. Él, no Luis Efrén Ríos.

El peso de La Laguna quedó de relieve el 18 de febrero en el Teatro Raúl Flores Canelo, de Monclova, donde el rector presentó su segundo informe con la expectativa de ser reelecto. Hernández dedicó las semanas previas a solventar las observaciones multimillonarias de la ASE. En una conferencia de la diputada Tatiana Clouthier sobre “Transparencia en la cuarta transformación”, celebrada el 28 de enero en la Unidad de Camporredondo, el rector se curó en salud: “Podemos tener fallas administrativas, pero no somos rateros”. ¿Alguien dijo que lo fueran? Lo anecdótico fue el apagón –provocado por un accidente de tránsito y no por una mano negra– ocurrido justo cuando el Gobernador mencionó al líder cetemista Tereso Medina.

Después de lo visto dos días después en la sala del Centro Cultural de la UAdeC en Artega, Riquelme podría decir lo que Carlos Salinas de Gortari respondió cuando los reporteros lo cuestionaron sobre la experiencia de su sucesor Ernesto Zedillo: “Aprende pronto”.

No se equivocó, el candidato relevo de Luis Donaldo Colosio ha sido uno de los mejores presidentes. Además de posibilitar la alternancia con la reforma política de 1996, Zedillo, sin recurrir a la retórica de la mano firme, encarceló a Raúl Salinas bajó cargos de enriquecimiento ilícito y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

En el pasado, los informes del TSJE, por la naturaleza del poder que representa, eran sobrios y en su propia sede. Asistía el Gobernador y unas decenas de invitados. El segundo informe de Miriam Cárdenas, recién operada, se desarrolló en el Museo del Desierto, con más público. Pero el de Mery rompió los cánones.

Fue un acto masivo y la concurrencia variopinta (alcaldes, políticos, empresarios, líderes partidistas…). Leyó en teleprompter y se apoyó en medios audiovisuales. En política la forma es fondo, decía Reyes Heroles. El espaldarazo del Gobernador al rector y al presidente del TSJE apaga rumores y afianza proyectos. En tiempos de la 4T, la gobernanza en los estados es vital.
26 Febrero 2020 04:05:00
Escuchar sin orejeras
Antes de desacreditar la iniciativa del Estado de La Laguna, es preciso conocer la historia de la comarca, dice el exdiputado Carlos Bracho, uno de los activos políticos a los que inexplicablemente el PAN tiene en la congeladora. A quienes califican el proyecto de capricho les aclara: “El asunto (…) tiene un origen y una razón ancestral, no es una ocurrencia de hace 10 ni 20 años”.

Los precursores del estado lagunero fueron Celso González, Manuel Pinto Ríos, ya fallecidos, Manuel Negrete y Edmundo Gallardo. Bracho se unió a ellos en 1990, pero el movimiento viene de tiempo. Porfirio Muñoz Ledo contó en una de sus charlas en la comarca, que a mediados de los 30 del siglo pasado, durante el reparto agrario, el presidente Lázaro Cárdenas se refería a La Laguna como si fuera un estado independiente.

Bracho pide entender cómo se origina esta idea, “pues hay quienes la consideran un capricho, de muchos o de pocos, y como algo cíclico. En mi caso, hasta que me interesé por leer sobre el origen de La Laguna entendí por qué es bueno convertirla en un estado. En la conquista, una avanzada de evangelizadores jesuitas obtuvo permiso real para iniciar la colonización. Entonces la delimitación regional incluía a Parras, como narra el historiador Sergio (Antonio) Corona Páez (+), autor del libro Constructo Cultural, Económico y Político de La Laguna, editado por la Ibero”.

El proyecto viene desde que se conforma la región con los españoles, a quienes se adjudicó el derecho de administrar, dice. Incluso “hubo un tiempo en el que se le denominaba ‘el país de La Laguna’. Los misioneros católicos obtuvieron –de parte del rey Felipe II, en 1594– permiso para evangelizar en el área que correspondía a la misma jurisdicción del alcalde mayor, máxima autoridad política local de la época.

“Pero ya en las cercanías de 1800, Carlos III divide a La Laguna, que entonces formaba parte del Reino de la Nueva Vizcaya. La Laguna era una región con identidad histórica, religiosa y cultural propias. Es importante mencionarlo para entender que esta región tiene una raíz común, lo mismo que otras. La división persistió y se acentuó conforme creció la acumulación de tierras y riqueza de quienes vendrían a ser los propietarios, como los Zuloaga, en cuyos terrenos, en un extremo, se inició un asentamiento de familias que a la larga darían forma al rancho del Torreón.

“Al final, aunque geográfica y culturalmente ya formaba una sola entidad, terminó separada por intereses políticos y económicos, con constituciones que nos dividen, de lo cual los actuales gobiernos no tienen culpa, pues se trata de algo heredado. Sin embargo, deben entender que administran partes de una misma región con necesidades particulares que no son atendidas desde ambas jurisdicciones con recursos y legislaciones confluyentes, sino divergentes. La situación se complica porque cada estado (Coahuila y Durango) se rige por una constitución que persigue y castiga los delitos, o provee la atención local requerida, pero de forma diferente, sin considerar la manera unificada en que se da el desarrollo regional. De ahí nace el interés de constituirnos en estado”, apunta Bracho.

Los laguneros no buscan confrontarse con las capitales, sino cumplir un sueño y ser escuchados sin orejeras.
25 Febrero 2020 04:05:00
ELLA: 400 mil firmas
«Una vez constituida en estado, La Laguna peleará el segundo o tercer lugar de las regiones más importantes del país», me dice Pedro Luis Martín Bringas, líder del movimiento ELLA (Estado de La Laguna). La comarca se levantará y crecerá exponencialmente para bien de México. Por lo que a mí respecta, «no es de mi interés colgarme ninguna medalla, sino lograr este objetivo», advierte el accionista de Grupo Soriana. Las 400 mil firmas recolectadas hasta ahora por ELLA equivalen al 25% de la población del hipotético estado 33, según la encuesta intercensal 2015 del Inegi. «Si hubiera un plebiscito, lo ganarían de calle», ha dicho Porfirio Muñoz Ledo.

El exdiputado Carlos Bracho (PAN), quien hace 13 años presentó la iniciativa en el Congreso, comparte el optimismo:

«Escuchar a Porfirio Muñoz Ledo manifestarse en favor de este proyecto, fue para mí muy agradable. Quienes conocemos su trayectoria constitucionalista entendemos que sabe de este movimiento regional, por eso lo impulsa, y eso atiza una llama que nunca se ha apagado y que reaviva el fuego. Y si bien lo que ahora se cocina es un pastel del cual comerán otros (las nuevas generaciones), lo intentamos sin afán de pleito con las capitales de Coahuila o Durango. Cuando metí la iniciativa, en 2007, se manifestó el profundo respeto por las capitales y los gobiernos de los estados. Esta es una cuestión regional que además sería muy benéfica para el país, porque tendría un estado muy fuerte con alto potencial para generar impuestos».

El movimiento atrae incluso a quienes, hasta hace poco, eran escépticos. Bracho ve «caras que no estaban en los 90; me dio mucho gusto que otros también se manifiesten. (…) Jorge Torres -quien trabaja con Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados- dijo que ya existe una nueva figura jurídica, aprobada por el Congreso, una especie de consenso o encuesta vinculatoria. Ese concepto me llamó mucho la atención, porque abre la posibilidad de tomar en cuenta el parecer de los laguneros.

»Cuando hablo del Estado de La Laguna, me refiero a algo que en México no ha pasado todavía, y creo que vamos muy atrasados en esto. En países de Europa, por ejemplo, más que las divisiones políticas hay un interés por fortalecer las regiones. En México sabemos cuántos estados tenemos y dónde empieza Coahuila, Tamaulipas, Jalisco o Guerrero, pero entre sus límites hay zonas formadas por partes de uno y de otro lado, incluso las hay que abarcan tres estados, como la Huasteca o el Soconusco.

»Aplica igual para La Laguna donde, desde la época de Cárdenas, ya existía un Distrito Laguna porque él entendía la región, no con planes para Gómez Palacio o Torreón por separado. Ahora estamos frente a una nueva oportunidad. En una de sus visitas a La Laguna, el presidente López Obrador dijo que ‘esta región trabaja como si fuera un estado’. El Presidente demuestra que entiende a la región, y eso lo asumo como voluntad política. (…) El reto en esta coyuntura implica modificar las constituciones de Coahuila y Durango para que las leyes que rijan a los laguneros sean las mismas. Ahí van a tener un broncón, porque en las capitales cuestionarán la razón de legislar con enfoque regional sin involucrar al resto de cada estado. Conlleva el esfuerzo de observar qué se hace jurídicamente para la convivencia lagunera, y cambiar leyes alteraría la forma en que se rigen ambos estados».

La bola de nieve empezó a rodar y esta vez quizá nadie podrá detenerla.
24 Febrero 2020 04:05:00
Voluntad política
La discontinuidad de los planes impulsados por los gobiernos de José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, y la falta de empuje de los laguneros, más atentos a la suerte del equipo Santos que a los problemas regionales –inseguridad, desabasto de agua, contaminación de los mantos freáticos y escasez de inversión pública y privada– han aplazado la creación del Estado de La Laguna. Sin embargo, “hoy existen condiciones y voluntad política para cumplir un sueño largamente pospuesto”, asegura el exdiputado Carlos Bracho González (PAN), cuya propuesta para dar ese estatus a 20 municipios de Coahuila y Durango, duerme en los archivos del Congreso.

Los vientos que hoy hinchan las velas del estado 33, a los cuales se ha referido el diputado Porfirio Muñoz Ledo (Espacio 4, 633), son de la democracia y provienen del Congreso y acaso también de Palacio Nacional. La tarea de organizarse en movimiento social verdadero y de emprender las acciones necesarias para lograr su objetivo corresponden a los laguneros. Así lo entiende Bracho. “La iniciativa para constituir el Estado de La Laguna –argumenta– obedece a una lógica histórica, no a un capricho; incluso en el siglo 18 se le denominaba “país de La Laguna”.

Detrás de la división territorial y política de la comarca, el exlegislador del PAN advierte intereses políticos y económicos. Las constituciones de Coahuila y Durango separan y dificultan el orden y la planeación en cuestiones de seguridad, educación e infraestructura. Los gobiernos de Coahuila y Durango –dice– no son culpables de la situación, pero deben entender que administran municipios de una misma región cuyas necesidades no han sido debidamente atendidas por las respectivas capitales, señala en la entrevista realizada en sus oficinas de Grupo Cimaco, donde funge como director Comercial.

El hecho de tener un Gobernador lagunero y de que al mismo tiempo cobre fuerza el movimiento por el Estado de La Laguna es circunstancial, afirma. Si Miguel Riquelme tiene sensibilidad regional, hablaría con su homólogo de Durango (José Rosas Aispuro) para crear un marco jurídico especial y afrontar los problemas de otra manera. Pero si en el proyecto del Metrobús no pudieron trabajar unidos, menos en asuntos de mayor calado. Los alcaldes y los diputados deben fijar postura sin necesidad de ser presionados por la sociedad, apunta.

Después de décadas de andar a la brega, de luchas incomprendidas, de soportar contracampañas y el desdén de presidentes y gobernadores, los promotores del estado 33 (Ciudad de México es el 32 hace cinco años) tienen hoy motivos fundados para el optimismo. Los cambios recientes a la Constitución federal y la voluntad política expresada por una gente cercana al presidente López Obrador, como es el diputado Muñoz Ledo (Morena), posibilitan el nuevo estado.

Máxime porque la actual Legislatura federal abrió las puertas para que la población se exprese libremente sobre el tema, declara Bracho, cuya iniciativa sobre el Estado de La Laguna, presentada en 2007, fue enviada a la congeladora. Si los gobiernos diseñaran políticas públicas para vincular y generar beneficios regionales, no habría necesidad de crear nuevas entidades, comenta. “En México las cosas fluyen con mayor facilidad cuando el Presidente está de acuerdo”, dice. Y AMLO parece estarlo con respecto al estado lagunero.
22 Febrero 2020 04:04:00
Castigar con votos
Ante la falta de justicia, la única vía para sancionar a los gobiernos y a sus partidos, es con votos. Sobre todo en casos de corrupción. La exdiputada del PRI, Roxana Cuevas, lo plantea así en una entrevista con Gerardo Moyano (Espacio 4, 634).

“Ser omiso es ser cómplice”, dice Roxana Cuevas sobre el nulo avance que han tenido las investigaciones sobre el desfalco de mil 300 millones de pesos en la Sección 38 del SNTE. Cuevas es miembro de la Coalición de Trabajadores de la Educación (CTE), la cual viene denunciando las irregularidades en la Sección 38 desde 2010.

“Entrevistada luego un acuerdo que firmó la CTE con la Federación para que se garantice el rescate de las pensiones que adeuda el Estado a los trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Cuevas advierte que esperan que el Gobierno de Miguel Riquelme se acople a la lucha anticorrupción que lleva adelante el Gobierno federal. De lo contrario, los maestros pasarán factura en las urnas.

“Los maestros son la parte más sensible, más noble del estado de Coahuila, pero la nobleza tiene un límite (…) si no se hace nada para corregir el rumbo, va a haber un cobro de factura de aquí en adelante”, señala.

“Desde antes de 2010, empezamos a denunciar que había irregularidades en el manejo de los recursos de las instituciones de seguridad social. Presumíamos y tenemos la duda fundada de que había recursos suficientes para brindar el servicio médico, ya no se diga de calidad, pero el básico. Sin embargo, empezamos a observar que se trasladaban equipos médicos a algún lado. Desde entonces, el servicio médico, que era de los mejores que tuvimos en el estado, fue en decadencia.

“Por eso en 2011 pedimos que se empezara a auditar. Después de unos plantones que hicimos, el gobernador Rubén Moreira se comprometió a hacer auditorías externas, pero no vimos los resultados. Hasta ahora estamos viendo que la ASE detectó irregularidades.

“Nosotros queríamos despachos externos, para que no nos dieran datos simulados. Finalmente se hicieron algunas auditorías a partir de 2016, en las que aparecen déficits que no se han solventado y no se han fincado responsabilidades por el manejo irregular de lo aportado por los trabajadores y las instituciones.

“Esto nos ha afectado de manera muy grave, por falta de atención y el desbasto de medicamentos. Y sospechamos que hay conflictos de intereses con instituciones que están ligadas a los líderes de la Sección 38, las cuales tienen suculentos contratos. Algunos sin licitaciones o con procesos no adecuados. Todo esto lo venimos diciendo desde 2010 y ahorita estamos viviendo la debacle, porque no se le pusieron atención a las demandas.

“Tiene que haber piso parejo. Si por 60 millones (en la Sección 5) están llevando a cabo todas estas acciones, pues imagínese todo lo que debería estarse haciendo por mil 300 millones. No nos convence el hecho que digan que la ley (corrupción como delito grave) no les aplica porque son antes de 2018. La verdad es que para fincar responsabilidades no necesitan más que aplicar la ley anterior y la actual.

“Si esto significa un problema político para el Gobierno del Estado, lo lamentamos mucho los trabajadores, pero tienen que poner orden. Solo así puede resolverse en gran medida el problema de las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación. Si no se hace ahorita es que hay complicidad, así de fácil. La omisión ante hechos claros es complicidad. Si hay corrupción, que se actúe”. (Texto completo en:
http://www.espacio4.


21 Febrero 2020 04:02:00
El mural de la discordia
En política cualquier traspié puede convertirse en estigma y el menor resquicio en grieta capaz de romper una presa. Un oficio de la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, en apariencia inocuo, rompió la burbuja del joven Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, encomiado y proyectado en columnas políticas para empresas electorales de mayor envergadura. Al mismo tiempo, puso a su Gobierno en la picota justo cuando la ira social ha estallado por la parsimonia de las autoridades federales y locales frente a la epidemia de feminicidios incluso de niñas (Fátima, de 7 años, en Ciudad de México).

Medios de comunicación y líderes de opinión del país se han ocupado del mural dedicado al tema en la fachada de la vivienda que habita la esforzada activista por los derechos humanos Jackie Campbell. La molestia y reacción desmesurada del Municipio no es por el color púrpura de la pintura ni por dañar un inmueble cuyo valor histórico, argumentado por Desarrollo Urbano para acosar a Campbell, es discutible, sino por su denuncia: «El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. #NIUNAMÁS». 

La fuerza de la acusación en contra de la violencia de género, impune en la mayoría de los casos, la imprimen los retratos de Elisa Loyo Gutiérrez (25 años), asesinada el 13 de diciembre del 2008; Seymar Soto Azúa (21), el 28 de enero del 2017; y Brenda Nail González Montelongo (30), cuyo cadáver se localizó el 21 de octubre del 2018. Los rostros del mural incordian a las autoridades y alteran el orden y la paz franciscana del discurso oficial. Según Campbell, las carpetas de investigación respectivas fueron cerradas y en uno de los casos ni siquiera se abrió.

La activista declaró al reportero Juan Alberto Cedillo que las autoridades «deben hacer justicia a las familias de las víctimas asesinadas», pues el delito de feminicidio aumentó en Coahuila 600%, de acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Proceso, 15.02.20). El mural, pintado la víspera de la Navidad anterior, hubiera pasado desapercibido para la mayoría, excepto quizá para quienes suelen transitar por la calle Xicoténcatl 725, de no haber sido por el celo de Andrés Garza Martínez, titular de Desarrollo Urbano, quien lo convirtió en noticia nacional.

El acoso puede ser otra expresión de la inquina del exgobernador Rubén Moreira y sus adláteres hacia el obispo Raúl Vera López y Campbell por la denuncia que el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron el 6 de junio del 2017 ante la Corte Penal Internacional contra el moreirato por supuestos crímenes de lesa humanidad. Si la implicación se comprueba, el Estado mexicano sería acusado por las masacres de Allende y Piedras Negras.

El clima de linchamiento contra el Obispo y la activista, inducido por algunos agentes políticos, debe terminar, lo cual no implica pasar por alto infracciones o faltas punibles, pues los expone a agresiones; y al estado, a situaciones indeseables. Coahuila afronta un año particularmente difícil por el colapso económico de las regiones Centro, Carbonífera y Norte derivado de la crisis de Altos Hornos de México y sus efectos sociales. La imprudencia de un funcionario, en el caso del mural, creó un problema cuya factura se le ha pasado al Alcalde.

19 Febrero 2020 04:01:00
Rechinar de dientes
Las giras presidenciales eran onerosas y en la mayoría de los casos, inútiles. Su valor, si acaso, era político: los gobernadores las tomaban como un espaldarazo, pues según el número de visitas, en el lenguaje de los símbolos, era el afecto o la antipatía del Ejecutivo federal. Antes de la alternancia, desairar a los caciques locales era mal presagio. Para los estados, en cambio, cada recorrido –sin importar su duración, los hubo de horas– representaba una carga. Aparte de su futilidad –rara vez el Presidente anunciaba nuevas inversiones o apoyos extraordinarios– las giras absorbían recursos ingentes desde la llegada del arbitrario Estado Mayor.

En 1974, Luis Echeverría decidió pasar la Navidad en Ocampo, Coahuila, cuya población rondaba los 10 mil habitantes. Con ese motivo se construyó una pista de aterrizaje. Sin embargo, la recepción fue en Cuatro Ciénegas y el resto del trayecto se cubrió por carretera. El Gobierno del Estado acumuló una deuda por 500 millones de pesos, parte de la cual se gastó en cumplirle a Echeverría el capricho.

Todavía con López Portillo, las giras las revestía cierto atractivo. No de balde el expropiador de la banca se autoproclamaba “el último Presidente de la Revolución”. Con De la Madrid llegó la tecnocracia; con Fox, el desparpajo, y con Peña, la incompetencia, la soberbia y la corrupción en su máxima expresión. Pero fue en el periodo Fox-Peña cuando los gobiernos locales recibieron mayores recursos de la Federación; en muchos casos, malgastados. No conforme, la mayoría de los gobernadores endeudó irresponsablemente a los estados. Hoy todo es llanto y rechinar de dientes.

Las giras de Peña Nieto por Coahuila resultaron igual de improductivas. Quienes ganaron (impunidad) fueron los Moreira y su pandilla, no el estado. La inversión más importante en su sexenio la realizaron empresas nacionales y extranjeras. El libramiento norte de La Laguna, inaugurado en 2014, está concesionado, pero a los políticos les gusta hacer caravana con sombrero ajeno. En Saltillo, la máxima obra peñista fue el segundo piso de un tramo del periférico Echeverría, a la cual se dedicó un monumento (uno de tantos a la corrupción y a la estulticia) en la esquina con Lafragua.

Las visitas presidenciales se anunciaban antes a bombo y platillo. Había patrullas militares, cierre de calles y movilización de colonos y burócratas para vestirlas. Los hoteles y restaurantes se colmaban con cargo al presupuesto; el problema era después cobrar las cuentas. El 24 de enero, López Obrador cubrió su sexta gira por Coahuila. Peña, en seis años, no hizo más de 10. Sin el boato de sus predecesores, el Presidente celebró en Saltillo el primer año del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Recorrió una empresa, entregó becas y luego continuó su agenda en Monterrey.

Las molestias a la población fueron mínimas. La mayoría se enteró de la visita por los medios de comunicación al día siguiente. López Obrador no anunció obras ni inversiones, pues ese no era el propósito; y quienes, a sabiendas, así lo hicieron creer, generaron expectativas infundadas. Desde esa perspectiva, las giras del líder de la 4T pueden resultar igual de banales y frustrantes para los gobiernos y sus contratistas preferidos, pero eliminar la pompa imperial y ahorrarles a las arcas estatales gastos superfluos, es plausible.
18 Febrero 2020 04:05:00
Libertad y justicia
La transición a la democracia y el cambio de partido en la Presidencia no se explican sin una sociedad y una prensa críticas. Los medios de comunicación y los líderes de opinión independientes siempre serán vistos por los gobiernos como una amenaza, pues exhiben sus imposturas y corruptelas. Uno de los casos emblemáticos fue la investigación de Aristegui Noticias sobre la casa blanca de Enrique Peña Nieto y de su ahora exesposa Angélica Rivera, adquirida a un contratista gubernamental. El escándalo hizo añicos la imagen del Presidente y de su Gobierno, uno de los más venales de la historia. Los 60 mil millones de pesos gastados en medios adeptos fue dinero tirado a la basura.

Otro enemigo de la libertad de expresión es la delincuencia organizada, cuya frontera con el poder político muchas veces es inexistente. Pero el mayor de todos es la impunidad, pues sin castigo los delitos contra la prensa y la sociedad en general se reproducen. La ONG Artículo 19 ha documentado 131 casos de reporteros asesinados en México entre 2000 y 2019. Ninguna democracia presenta esas cifras. Nuestro sistema de justicia está diseñado para proteger al poder político y a sus socios en las esferas económica y delincuencial, no para garantizar el estado de derecho.

El caso de Sergio Aguayo es paradigmático. El analista político e investigador de El Colegio de México describe a uno de los gobernadores más nefastos del país, en cuyo periodo la deuda de Coahuila aumentó de 330 millones a más de 36 mil millones de pesos -de manera irregular y sin rendir cuentas a nadie sobre el destino del dinero- y se registraron crímenes de lesa humanidad en Allende y Piedras Negras e innumerables desapariciones forzadas. En respuesta, es denunciado por difamación y condenado a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por «daño moral». La justicia al servicio de uno de los secuaces de Peña Nieto.

La reacción ha sido proporcional al tamaño de la aberración. La solidaridad de los medios de comunicación y de organizaciones nacionales e internacionales es con Aguayo, pero la defensa lo trasciende, pues es por la libertad de expresión que nos atañe a todos. El acoso contra los periodistas y quienes disienten del poder debe terminar. La democracia y la justicia jamás podrán desarrollarse mientras los políticos utilicen las leyes para ocultar sus desmanes y riquezas ilegítimas y amenazar a sus críticos. ¿Quién responderá por el daño causado a millones de coahuilenses durante el moreirato? Porque no solo es Humberto el responsable de la ruina, sino también su hermano Rubén; no podría existir el uno sin el otro.

La actitud asumida por el presidente López Obrador en un caso que atenta contra el derecho de expresar libremente ideas y opiniones por todos los medios pertinentes, no corresponde, como en otros temas, a la de un estadista. Menos cuando él mismo confronta y cuestiona el papel de los medios de comunicación, en particular los críticos de su Gobierno, y pretende suplantarlos. Si AMLO ocupa hoy el poder se debe, en gran medida, al empeño y compromiso con la libertad, la justicia y la democracia de periodistas y analistas del tipo de Sergio Aguayo y muchos más. Ponerse del lado de la sinrazón lo presenta como un líder autoritario. Defender a Moreira contradice el discurso contra la corrupción y traiciona la confianza de legiones de mexicanos.


17 Febrero 2020 04:03:00
Causa irrenunciable
El movimiento por el Estado de La Laguna ha sido intermitente, pero desde hace varias generaciones se convirtió en una causa irrenunciable. Desde mediados del siglo pasado, Torreón y Gómez Palacio fueron las ciudades más avanzadas de Coahuila y de Durango, pero a partir de los 80 la tendencia se empezó a invertir. El agotamiento del sistema ejidal, la falta de un modelo alternativo y el desarrollo industrial de las capitales, aunados a la violencia y a la falta de inversión social y de infraestructura, rezagaron a la metrópoli lagunera, despoblaron los municipios circundantes y provocaron enojo ciudadano.

Después de varios años de inactividad, cual volcán durmiente, el movimiento ha empezado a lanzar fumarolas. ¿Anticipo de una erupción cuya consecuencia será, por fin, el tan anhelado estado, para liberar a los laguneros del yugo y el desdén de sus respectivas capitales? ¿O será, de nuevo, el parto de los montes? Tras varios sueños frustrados y de la primera campaña masiva por el estado 33, desarrollada por ELLA (Estado de La Laguna), los promotores del proyecto tienen ahora razones para el optimismo.

Esta vez, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena), figura histórica de la política nacional y uno de los artífices de la alternancia, fue quien despertó al volcán. “El estado de La Laguna es, para mí, un hecho inevitable”, dijo el 15 de enero en el Congreso. El mensaje –para los gobiernos de Coahuila y Durango– transmite el sentimiento de sociedades cuyas demandas han sido ignoradas por las capitales; y en el caso de Coahuila, agraviadas por el Gobierno de Humberto y Rubén Moreira.

El activismo de Muñoz Ledo y la aparente aquiescencia del presidente López Obrador, son los motores que propulsan el movimiento del estado 33. El apoyo federal explica la participación de políticos y empresarios cuya adhesión había sido de puertas adentro. Son los casos de Heriberto Ramos, exalcalde de Torreón (PRI); Ulises Adame, exdiputado priista por Durango y ahora militante de Morena; y del sector privado: Carlos Delgado, Carlos Muñoz y Jesús de la Garza. En un video publicado en las redes sociales, se pronuncian sin ambages por el nuevo estado.

Sin embargo, es preciso movilizar a la comunidad, socializar el plan y fijarlo en el imaginario colectivo. Promoverlo en universidades, centros de trabajo, reactivar a ELLA, organizar foros y debates e incorporar el tema a la agenda de los medios de comunicación. La participación de los jóvenes es crucial, pues del futuro de La Laguna depende el propio. La atonía económica y política limita el crecimiento e inhibe la formación de liderazgos.

Para evitar que la euforia se desborde, el empresario Juan Abusaíd Rodríguez, aporta una dosis de realismo: “Fui a la junta del estado de la Luna, perdón, de La Laguna. Siguen soñando y ponen todas sus esperanzas en un mortal (Muñoz Ledo), cuando debemos poner nuestro esfuerzo en crear una ciudadanía que se sienta orgullosa de pertenecer a la región lagunera; a partir de ese principio, y con las leyes que están en la Constitución, es más sencillo crear el estado de La Laguna. Los asistentes a la junta creen que este año lo van a lograr”.

Abusaíd tiene razón. El estado 33 depende de los laguneros: de su capacidad de unirse, organizarse y presionar al Congreso para activar los mecanismos que lo hagan posible, más que del padrinazgo de un líder brillante como Muñoz Ledo o de la voluntad del presidente López Obrador. El diputado de Morena lo resume así: “los laguneros no deben doblar las manos”.
15 Febrero 2020 04:01:00
Brazo que conforta
El miércoles próximo se cumplirán 14 años del desastre minero de Pasta de Conchos que provocó la muerte de 65 obreros. En esta segunda parte del reportaje de Javier Mariscal (Espacio 4, 633) sobre el trabajo pastoral del obispo Raúl Vera López, se aborda el tema.

“Entre las causas fuertes que también defiende el obispo Vera, destaca la pugna por el rescate de los 63 cuerpos de mineros que aún siguen atrapados tras el derrumbe de la mina Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, desde el 19 de febrero de 2006. Cristina Auerbach, quien coordina actividades de la organización Familia Pasta de Conchos (OFPdC), señala que el acompañamiento de Vera López es irremplazable, pues es ‘un abrazo que conforta’, sobre todo cuando del resto de la sociedad civil perciben una ‘brutal indolencia y frialdad’ ante sus demandas.

“Y es que el trabajo de la Diócesis de Saltillo ayudó a poner los reflectores sobre las precarias condiciones laborales y de seguridad en la Región Carbonífera. Desde 2003, las regiones Carbonífera y Norte dejaron de pertenecer a la Diócesis de Saltillo, pues con los municipios que abarcan se conformó la Diócesis de Piedras Negras, asignada al obispo Gerardo Garza Treviño.

“‘De Garza Treviño no esperamos nada. Es Raúl Vera quien no nos ha abandonado’, apunta Auerbach, para quien resulta incomprensible cómo dos jerarcas de la misma Iglesia toman actitudes tan opuestas en lo que respecta a la defensa por la dignidad de las personas.

“Para Auerbach, el cambio en el Gobierno federal arroja una luz de esperanza sobre la solución a sus demandas. ‘Ya se realizan estudios en terreno para ver la manera en que se pudiera operar el rescate de los cuerpos’. Por el contrario, los gobiernos estatales y municipales que han pasado –dice– ‘siempre han estado a favor del interés económico, y si por ellos fuera echarían más piedras para sepultar el caso en lugar de sumarse al clamor social que pide recuperar los cuerpos, salarios ‘decentes’ y condiciones de vida más dignas para los trabajadores de una industria que genera tanta riqueza a los inversionistas’.

“Vera López cumplirá este año la edad en la que, por derecho canónico, deberá presentar su renuncia al Papa. A 20 años de su llegada a Coahuila o a 14 de la tragedia de Pasta de Conchos y por toda su labor en pro de los derechos humanos, la Diócesis de Saltillo configuró un proyecto al que denominó Raúl Vera 2020 para hablar sobre su trabajo, con particular énfasis en las luchas que en y desde Coahuila ha abanderado.

“Para ello se ha organizado una serie de foros los días 13 de cada mes –de enero a junio de este año– en la Casa San José, en el Centro de Saltillo, en los cuales se ofrecerá el testimonio de aquellos que han colaborado en las diferentes trincheras humanitarias.

“No son pocos los intereses de poder económico y político que monseñor trastoca con su activismo y discurso social tanto desde los altares como desde las periferias que recorre para acercarse a los lugares donde están los necesitados.

“Debido a ello, hay quienes consideran que ‘gusta de jugar con fuego’ y temen que en cualquier momento pueda ser víctima de un atentado, por lo cual una demanda adicional es que las autoridades procuren el resguardo de su seguridad.

“De hecho, Vera parece tener claro que es una persona bajo constante riesgo. Con repecto a una pulsera de acero que porta en la muñeca de su mano izquierda, declaró: ‘Por si me disparan’ (Gatopardo, 05.05.19). En la pequeña pieza de metal lleva inscritos su nombre, tipo de sangre, alergia a los antibióticos y datos de contacto”.


14 Febrero 2020 04:05:00
Golpe de gracia
Triste final el de un partido que ayer tuvo de líderes a gigantes de la estirpe de Manuel Pérez Treviño y Lázaro Cárdenas, a demócratas de la talla de Carlos Alberto Madrazo (eliminado por el sistema como lo fue Luis Donaldo Colosio) y a ideólogos del temple de Jesús Reyes Heroles y Porfirio Muñoz Ledo, y en los últimos años a corruptos, incompetentes y pigmeos hasta llegar al anodino Alejandro Moreno. El gerifalte es investigado por la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador de Quintana Roo. La dirigencia nacional del PRI nació muerta debido a la falta de legitimidad y a la denuncia de Ulises Ruiz -uno de los halcones de ese partido- contra Moreno por omitir casas y terrenos por más de 100 millones de pesos en su declaración 3 de 3.

Moreno es un figurante y el PRI un satélite de Morena. La detención de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en España, bajo cargos de fraude por 230 millones de dólares en la compra de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México y otros delitos de corrupción, uno de ellos relacionados con la multinacional brasileña Odebrecht, representa el golpe de gracia para un PRI desahuciado desde las elecciones de 2018. Al escándalo se agrega el caso de la empresa Telra Realty a la que el Infonavit pagó 5 mil millones de pesos por la cancelación de contratos, de los cuales 2 mil millones ya ingresaron al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. A confesión de parte…

Según Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca, fue su sucesor en la dirección del Infonavit, David Penchyna, quien «de manera inexplicable, injustificada e insólita» autorizó el pago de una indemnización «tan elevada, (…) sin existir litigio alguno, ni mucho menos orden judicial». Paisano de la secretaria general del PRI y esposa del fantasmal exgobernador Rubén Moreira, Carolina Viggiano, Penchyna asumió el cargo en 2015 y cuando se retiró, por si el «sexenio de hidalgo» no bastara, se adjudicó un bono especial por más de 9 millones de pesos.

Penchyna fue también vocero de Humberto Moreira en el PRI y ocupó la presidencia de la Comisión de Energía del Senado cuando Peña Nieto maiceaba a los legisladores de todos los partidos para tenerlos de su lado y aprobar las reformas. Catorce meses después de haber sido defenestrado del poder, el partido de Moreno, Viggiano y Moreira no deja de hundirse en el pantano de la corrupción. En 1996, el escándalo por la venta del complejo petroquímico de Pajaritos -propiedad del Estado- a una empresa de la cual era accionista el gobernador Rogelio Montemayor, contribuyó a la derrota del PRI en Saltillo, Torreón, Monclova y Ramos Arizpe. También perdió la mayoría en el Congreso local.

La captura de Lozoya y las corruptelas de Penchyna darán a Morena votos en los comicios del 7 de junio en Coahuila e Hidalgo; en el primero se nombrarán 25 diputados y en el segundo, 84 ayuntamientos. El partido del presidente López Obrador quiere más congresos (ahora controla 20) y alcaldías. Las elecciones solitarias de este año le permitirán a Morena concentrar a sus fuerzas en dos estados donde la corrupción echó raíces en los sexenios de Calderón y Peña Nieto.


Apunte

Desde aquí expreso mi pésame y el de mi amigo y paisano lagunero Jorge Dueñes Zurita a las familias Salinas Aguilera y Salinas Valdés por el fallecimiento de Luis Horacio Salinas Aguilera. Descanse en paz.

12 Febrero 2020 04:05:00
El compás de Porfirio
Porfirio Muñoz Ledo fija el concepto: Estado de La Laguna; el método: mover la sensibilidad social y política con debates en radio y televisión y la recolección de firmas; y el plazo: cuatro años para cubrir el proceso constitucional.

Calificado por la periodista Martha Anaya como “ave de las tempestades” e incluido entre las mentes más brillantes de la política nacional, el exprecandidato presidencial del PRI en 1976 y 1982 resume en tres palabras el movimiento para crear el estado 33: “es absolutamente indetenible”.

Fundador del PRD y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU (1981), Muñoz Ledo acicatea a los laguneros: “hay que empezar el movimiento porque ya se nos hizo tarde”. Recomienda no doblar las manos ni echar el tema en saco roto: “si lo vamos a hacer dentro de 10, 15 o 20 años, ya no estaría en esta tierra, me gustaría verlo ahora (el estado 33) y demostrar que el pensamineto político es dinámico porque estamos en una etapa democrática”.

El diputado de Morena calcula: “a ojo de buen cubero, arriba del 80% de los laguneros están a favor, y si hubiera un plebiscito lo ganarían de calle”. ELLA (Estado de La Laguna), corriente formada por empresarios de Coahuila y Durango, bajo la batuta de Pedro Luis Martín Bringas, accionista de Grupo Soriana, ha reunido cerca de 400 mil firmas en apoyo del estado 33.

“El problema principal de La Laguna es el desempleo, la economía, la pobreza, el no tener aspiración. No hay forma de poner un negocio”, declaró a Reporte Índigo (16.06.14). Martín Bringas fue uno de los críticos más severos del Gobierno de Rubén Moreira.

“Solo el autoritarismo puede prevalecer en contra de una clara mayoría popular. Eso es democracia. ¿Quiénes son los que no quieren? Los que sienten que pierden territorio”. Muñoz Ledo atribuye al narcotráfico y a sus vínculos con el poder político la descomposición familiar y tragedias como la del Colegio Cervantes de Torreón, donde un niño de 11 años asesinó a una profesora, hirió a seis compañeros y luego se suicidó.

La idea del estado lagunero incubó en el Gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940). La Comarca recibió trato especial por su papel en el reparto agrario. “El presidente (López Obrador) tiene esos antecedentes porque, como a cualquier jefe de estado, le seleccionan cosas importantes que afectan la sensibilidad de las entidades”, dice Muñoz Ledo.

“Las propuestas para la conformación de otro estado van y vienen, pero la identidad del lagunero, no”. Puntos intermedios como la Zona Metropolitana, advierte, tampoco son la solución. “Heredamos la mentalidad del antiguo régimen, en el que no opinábamos, nos daban línea, pero ahora vivimos en una sociedad democrática en donde la gente manda. Yo espero y creo que de una manera muy prudente, (el Presidente) desde su jerarquía, va a abrazar esta idea”.

En su primera visita a Coahuila, el 28 de diciembre de 2018, AMLO ofreció atender a La Laguna según sus características y su historia. Muñoz Ledo precisa: “Las palabras del Presidente no son cabalísticas ni están ocultas, son clarísimas y merecen una atención muy especial. (…) no quiere decir que les van a prestar dinero o a comprar ganado, se habla de una atención especial en lo político. Lo dijo sin decir, pues es el Presidente de la República y no quiere desgastarse con los que se oponen (al estado 33)… es una continuidad de lo que dijo Lázaro Cárdenas”. (Las citas son de la entrevista de Luis López García, Milenio Laguna, 16.01.20)
11 Febrero 2020 04:05:00
El reparto del voto
La Laguna marcó distancia con la capital del estado y con el PRI en las elecciones para gobernador y diputados locales de 2017, y en las municipales de 2018. De los seis distritos laguneros, Acción Nacional obtuvo cuatro; el PRI, uno; y Unidad Democrática de Coahuila, uno, cuyo representante es ahora independiente.

El PAN ostenta las alcaldías de Torreón y San Pedro; Morena, las de Francisco I. Madero y Matamoros donde por primera vez hay alternancia. El PRI gobierna Viesca, el municipio menos poblado. Sin embargo, la correlación de fuerzas podría modificarse en los procesos de este año y el próximo para elegir diputados y ayuntamientos.

En 2018, la mayoría de los laguneros votó por Andrés Manuel López Obrador, y en cascada por los candidatos de Morena a senadores y a diputados por los distritos dos y seis, a los cuales se sumó más tarde uno de Acción Nacional, ya electo.

La ciudadanía ha castigado al PRI por la megadeuda y otros desmanes del moreirato, así como por la falta de obra en La Laguna, cuyo rezago atribuye, entre otros factores, a la preferencia por la capital del estado.

Guiados por su sexto sentido, en 2005 los torreonenses votaron contra Humberto Moreira y apoyaron a Jorge Zermeño (PAN) para gobernador. Torreón fue el único municipio donde el candidato del PRI perdió. Moreira le cobró a la ciudad muy caro el agravio. El castigo continuó en el sexenio de su hermano Rubén. Al PRI le hace falta oxigenarse.

Sus cuadros, con fuerte tufo moreirista, son los mismos; algunos cambian de puesto en la Administración y la mayoría repite como candidato a pesar de haber perdido elecciones previas. Ciertos perfiles no se distinguen precisamente por sus virtudes ni por su compromiso social. La clase política tradicional fue reemplazada, en algunos casos, por advenedizos.

Al PAN lo extenuó la elección de 2017, cuando estuvo a punto de ganar la gubernatura, pero aun así es la segunda fuerza electoral en el estado. Monopolizar la toma de decisiones en el grupo de Guillermo Anaya provocó división y deserciones.

El exalcalde de Torreón José Ángel Pérez, quien plantó cara a Humberto Moreira en el cenit de su Gobierno, es ahora diputado federal por el Distrito 6, bajo las siglas del Partido Encuentro Social. Venció a su excorreligionaria Gabriela Casale y a Miguel Felipe Mery (PRI).

Luis Fernando Salazar renunció al PAN después de ganar la diputación por el Distrito 5 a Olivia Martínez (PRI) y a María del Rosario Pérez (Morena). Hoy forma parte de la bancada de Morena y es uno de los pretendientes a la Alcaldía de Torreón.

Empero, el desempeño de Jorge Zermeño –quien ocupa el cargo por tercera ocasión– y la aprobación ciudadana a su gestión pueden permitirle a su partido conservar la presidencia otro periodo. El aspirante más visible del PAN es el diputado Marcelo Torres.

Pero si en 2018 López Obrador contribuyó al triunfo de los candidatos de Morena, en las próximas elecciones podría lastrarlos por la falta de resultados de su Gobierno en temas de seguridad, crecimiento económico y combate a la impunidad, así como de estructura partidista.

Desde esa perspectiva, el movimiento por el Estado de La Laguna, impulsado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, podría orientar el voto regional hacia Morena. La iniciativa entusiasma a una sociedad cada menos identificada con Saltillo y los partidos tradicionales.
10 Febrero 2020 04:05:00
Estado 33: la paradoja
Los laguneros esperaron más de medio siglo para ver de nuevo a uno de los suyos en la gubernatura, y ahora que lo tienen cobra impulso el movimiento para crear el Estado de La Laguna. “No es nada contra Miguel Riquelme”, advierte Carlos Bracho, quien hace 17 años presentó la propuesta respectiva en el Congreso tras vencer resistencias dentro del PAN y su fracción parlamentaria. “El propósito es regresar a la región, abandonada por las capitales de Coahuila y Durango, a su condición original”, apunta.

Ignorados por presidentes, gobernadores y legisladores, esta vez los laguneros tienen de aliado a Porfirio Muñoz Ledo, uno de los políticos más a avezados y con acceso al presidente López Obrador. Junto con Cuauhtémoc Cárdenas y otros líderes de izquierda, el diputado de Morena contribuyó a la transición democrática y a la alternancia en el poder. “Yo les digo a los laguneros que las velas de la democracia están hinchadas de corrientes favorables a sus propósitos”, declaró a Luis Alberto López (Milenio Laguna, 16.01.20).

El presidente López Obrador desplegó el velamen frente a los gobernadores Miguel Riquelme (Coahuila) y José Rosas Aispuro (Durango) en su primera visita a Torreón, el 28 de diciembre de 2018, para anunciar el Programa Integral de Desarrollo para La Laguna.

“Vengo a explicarles por qué se va a llevar a cabo una acción integral en esta región, que se une por cuestiones sociales, culturales, históricas, y que esta Comarca Lagunera, aunque geográficamente tiene que ver con dos entidades federativas, sí realmente es una región con características propias, y por eso se tiene que atender de esa manera”.

El movimiento por el Estado de La Laguna debe incluir a todos los sectores, observa Muñoz Ledo. Para alzar velas, se ha reunido con empresarios, académicos y sociedad civil de ambos lados del río Nazas. En Torreón y Gómez Palacio existe “una disminución enorme de servicios públicos del Estado”, dijo el 15 de enero en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Pidió a los diputados federales laguneros reflexionar sobre la creación del estado 33. “No podemos ir arrastrando las divisiones territoriales que ya tienen mucho tiempo y ni siquiera han sido buenas”. Por lo tanto, propuso regionalizar al país de otra manera.

Los legisladores laguneros de Coahuila son: Francisco Javier Borrego, Luis Fernando Salazar, José Ángel Pérez y Miroslava Sánchez; y de Durango, María de Lourdes Montes e Hilda Patricia Ortega. Cuatro militan en Morena y dos en el Partido Encuentro Social, pero siempre votan a favor de las iniciativas del Presidente.

La circunstancia actual favorece al movimiento por el Estado de La Laguna, pues Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, la composición de la Cámara baja podría cambiar en las elecciones de 2021.

Por ahora, ninguno de los representantes populares de la Comarca ha fijado postura con respecto al nuevo estado. “Existen todos los elementos para lograrlo” e incluso el proceso jurídico, aunque complejo, es salvable, dice el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño (PAN).
08 Febrero 2020 04:01:00
Vera: obispo y profeta
La Orden de Predicadores –o Dominicana– fundada por Domingo de Guzmán en 1215, recibió el sobrenombre de Domini Cannes (Perros del Señor). Y como auténtico guardián de la Iglesia (pueblo de Dios) se ha comportado el dominico Raúl Vera López, según el siguiente texto de Javier Mariscal (Espacio 4, 633).

“Con 44 años de sacerdocio, 31 de vida episcopal y casi dos décadas como Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, se ha convertido en un símbolo de la defensa de los derechos humanos, en particular de los sectores más vulnerables. No solo de Coahuila, sino de México y de Centroamérica. Más que una afrenta, la personalidad de fray Vera es la némesis de la discriminación, el machismo y el clasismo que imperan en el país, coinciden activistas que trabajan a su lado.

“Formado bajo los preceptos de la Teología de la Liberación, su discurso a favor de los trabajadores, de la diversidad sexual y de los desposeídos incomoda a los poderes públicos, a parte del empresariado y genera rechazo entre los grupos más conservadores.

“‘Queremos un Obispo católico’, piden mantas colgadas en la Catedral por sus detractores, quienes lo acusan de utilizar su rango religioso para empoderar el activismo social. Se trata de lonas anónimas que revelan la hipocresía de una sociedad acostumbrada a ‘tirar la piedra y esconder la mano’, lo que contrasta con la actitud de un Obispo que siempre da la cara y se convierte en la voz de quienes más lo necesitan.

“Su trayectoria siempre ha estado ligada a la justicia social. En la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue Obispo coadjutor con monseñor Samuel Ruiz, en el momento más álgido de la lucha indígena. En marzo del 2000, cuando fue nombrado Obispo de Saltillo, muchos pensaron que se apaciguaría su ‘apostolado social’, pero aquí encontró más trincheras desde dónde luchar. Al momento de su arribo, cuando la Diócesis de Saltillo ocupaba todo el territorio estatal, excepto la Región Laguna, en Piedras Negras lo recibieron con una manta que rezaba: ‘Bienvenido a tierra de migrantes’.

“Inmediatamente su espíritu de lucha por la dignidad de las víctimas, su obsesivo compromiso por la justicia, le hicieron alegrarse al ver que aquí había nuevos horizontes hacia los cuales dirigir su visión en pro de los derechos humanos”, dice a Espacio 4 el sacerdote Pedro Pantoja Arreola.

“La alegría fue mutua, comenta, pues aquí ya había un cierto camino andado en esa lucha. La Casa del Migrante de Piedras Negras fue la primera del país en ser administrada por sacerdotes y un obispo diocesano, pues las otras tres de entonces (Tijuana, Tapachula y Ciudad Juárez) habían sido fundadas por religiosos calabrinianos.

“Recuerdo perfectamente sus palabras al formalizar la inauguración de la Casa del Migrante en Piedras Negras: ‘Este es un momento realmente grande para mi vida episcopal’, rememora Pantoja, director de la Casa del Migrante de Saltillo. Él sí lucha por las causas, no solo las denuncia, con todo y las complicaciones que eso implica en estos tiempos de complejidad migratoria, con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Mandatario cuyos esfuerzos en realidad no frenan el flujo de migrantes, solo hacen más cruenta su travesía”, agrega.

“La personalidad del señor Vera es la de un profeta de la solidaridad. Es un pastor que se sumerge a comprender la historia de las víctimas para poder llevarlos a un camino de esperanza y respuesta a sus necesidades, y esto lo une a un compromiso evangélico social realmente fuerte en el camino de un Cristo comprometido contra la injusticia y la desigualdad social”, concluye.

07 Febrero 2020 04:01:00
Leyes: nuevos horizontes
En los gobiernos y en las universidades públicas existen momentos que se desaprovechan y cuya factura pasa el tiempo. La sucesión de 2005 se resolvió por el peor de los candidatos: Humberto Moreira. Dentro del PRI había aspirantes con mayores méritos, trayectoria y experiencia administrativa (Alejandro Gutiérrez, Jesús María Ramón, Javier Guerrero y Raúl Sifuentes). El candidato del PAN, Jorge Zermeño, era muy superior; de haber ganado, Coahuila no cargaría hoy con la megadeuda y otras herencias del moreirato, pero la irreflexión y las malas artes se impusieron.

En 1984, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) perdió la oportunidad de tener un rector de altura: Armando Fuentes Aguirre. Formado en la institución, el periodista y escritor hizo tándem con Felipe Sánchez de la Fuente como secretario general, dirigió el Ateneo Fuente y fundó la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Igual que el estado con los Moreira, la UAdeC pagó caro el error de una mala elección. El proceso salió de control y los siguientes años estuvieron marcados por el caos; el porrismo se exacerbó. En el gobierno de Eliseo Mendoza Berrueto, Remigio Valdés Gámez despolitizó a la UAdeC y la reencauzó hacia la docencia y la investigación. La misma ruta siguió Alejandro Dávila. Después se abandonó.

La Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC estará pronto en una de esas coyunturas. La elección de su próximo director le puede permitir sacudirse cacicazgos, apagar la hoguera donde arden las vanidades de quienes hasta hace poco estuvieron al frente de la institución, erradicar vicios y privilegios y elevar el nivel de la enseñanza. El ejemplo de su fundador (como Escuela de Leyes) y director durante casi un cuarto de siglo, Francisco García Cárdenas, debe servir de inspiración a quien ocupe el cargo y, por extensión, a sus maestros y alumnos.

El «Diccionario Biográfico de Coahuila 1550-2005» refleja la talla de García Cárdenas y al mismo tiempo es un recordatorio de que la gloria no la brinda la acumulación de títulos, honores, cargos y trabajos -menos cuando mañosamente se ocultan datos de militancias partidistas y trabajos sucios en gobiernos indecentes-, útiles para el pavoneo y para atrapar a incautos y vestir toga, sino la calidad de las personas. El catálogo dice de García Cárdenas: «Hombre sencillo (…) no le agradaban los homenajes ni las preseas. Durante mucho tiempo destinó su sueldo a ayudar a los estudiantes de bajos recursos económicos».

Algunos toman la Dirección de Jurisprudencia como una sinecura e incluso como botín y plataforma política. En los procesos eleccionarios, emplean las peores prácticas de los partidos: compra y coacción del voto, financiamiento irregular, rasuramiento del padrón, falsificación de documentos, golpes bajos, pactos de impunidad. Así se prepara para el derecho, la libertad y la democracia. Como observador lejano, veo que el mejor perfil para ocupar el cargo es Raúl Felipe Garza Serna (aclaración de interés: soy su amigo). Su independencia, lealtad, honradez, trayectoria en el servicio público y compromiso con la facultad son su mejor aval. Jurisprudencia no debe tirar por la borda la oportunidad de romper círculos viciosos y abrirse a nuevos horizontes.

05 Febrero 2020 04:05:00
El reino de la impunidad
El informe, Control… sobre todo el Estado de Coahuila, de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (Universidad de Texas) narra el terror solapado por las autoridades: “En marzo y abril de 2011, el cártel de los Zetas mantuvo bajo ataque constante a varios municipios en el norte del estado de Coahuila, incluyendo Allende, Piedras Negras, Nava y Morelos”. Durante ese lapso “al menos 300 personas fueron desaparecidas, según los testimonios de residentes de esa área. Estos ataques son conocidos como la ‘Masacre de Allende’ y la ‘Masacre de Piedras Negras’”.

A casi nueve años de los acontecimientos y a más de cinco de la presentación del trabajo, ninguna de las autoridades señaladas por testigos de haber recibido sobornos para proteger y colaborar con el cártel –gobernadores, procuradores y jefes policiacos– ha sido procesada en México. Sin embargo, la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Estados Unidos, por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, volvió a poner a Coahuila en la mira de la justicia norteamericana. Antes de dar a conocer su análisis a los medios de comunicación, el 6 de noviembre de 2017, la Universidad de Texas lo presentó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

Humberto Moreira ya no era gobernador cuando los Zetas irrumpieron en Allende –renunció el 4 de enero de 2011 para preparar su arribo a la presidencia nacional del PRI, con la aprobación de Enrique Peña Nieto– pero fue en su sexenio cuando el cártel se asentó en Coahuila. Jorge Torres López –extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de fraude bancario y operaciones con recursos de procedencia ilícita… se hizo cargo de la Administración, aunque el poder siempre lo ejerció Rubén Moreira, quien impuso a procuradores de justicia, secretarios de gobierno, presidentes de derechos humanos, líderes del PRI y, finalmente, su propia candidatura para suceder a su hermano.

Los hechos en Allende y Piedras Negras, dice el estudio, “se presume que ocurrieron como represalia en contra de tres exintegrantes de los Zetas –Héctor Moreno, Mario Alfonso Cuéllar y José Luis Gaytán Garza– quienes comenzaron a colaborar con el Gobierno de EU”. El cártel operaba entonces “sin mucha oposición del Ejército o de la policía. (…) Esta impunidad les permitió cometer dos masacres (…) con el apoyo y aquiescencia de funcionarios del Estado”.

Los datos y el análisis se basan en declaraciones de testigos en juicios celebrados en Austin, San Antonio y Del Río entre 2013 y 2016. El informe “se enfoca en la jerarquía y estructura de los Zetas, las conexiones entre las autoridades mexicanas y los Zetas y los abusos a derechos humanos cometidos por el cártel contra los residentes de Coahuila”. Una de las secciones se centra “en los presuntos asesinatos, desapariciones, secuestros, amenazas de muerte y reclutamiento forzado cometidos –por la misma organización– en el estado de Coahuila”.

Los testimonios “describen un patrón de complicidad, tolerancia, aquiescencia y/o cooperación del Estado mexicano con el cártel de los Zetas y sus negocios ilegales. Este patrón ha sido extensamente documentado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales”. Como ejemplo, cita el informe, Atrocidades Innegables que Enfrentan Crímenes contra la Humanidad en México, de Open Society Justice Initiative, 2016.



04 Febrero 2020 04:01:00
Cultura de muerte
El país está inmerso desde hace décadas en una profunda crisis de valores y en una cultura de muerte. La tragedia en el Colegio Cervantes de Torreón, donde un alumno de 11 años asesinó a una maestra, hirió a seis personas (cinco niños y un profesor de educación física) y después de suicidó, es resultado de esa descomposición en la familia, la sociedad y los gobiernos.

En la actualidad nadie se hace responsable de nada ni de nadie. La renuncia a la autoridad o su falta de ejercicio en todos los ámbitos ha generado caos y anarquía. En ese contexto, la delincuencia se enseñoreó.

El tiroteo del 10 de enero estremeció a la sociedad y atrajo la atención de la prensa nacional y extranjera por el escenario: una institución educativa, y porque pudo haber devenido en masacre, como las ocurridas en Estados Unidos, particularmente en la escuela secundaria Columbine (1999).

Si el saldo de víctimas fue menor, se debe en gran medida a la maestra María Assaff Medina, quien se interpuso en el camino de José Ángel –el niño agresor– y ofrendó su vida para salvar otras, estuvieran o no a su cuidado. El martirio cobra relevancia en el contexto de incuria, egoísmo y falta de solidaridad dominante.

La Laguna paga un alto costo por haberse olvidado de sus principios fundacionales y perdido la cohesión que en otro tiempo le permitió destacar entre las regiones más prósperas y desarrolladas del país. La atonía social y la preferencia del interés particular sobre el de la mayoría debilitaron las instituciones públicas y privadas.

En esas condiciones, los laguneros no pudieron afrontar a políticos sin escrúpulos y a organizaciones criminales. Quienes, por su posición de influencia, pudieron ser baluarte, optaron por rendirse ante el poder. Cuando reaccionaron ya era demasiado tarde: La Comarca se había convertido en una de las zonas más peligrosas y menos recomendables para la inversión.

El espíritu lagunero se apagó. Las marchas contra la corrupción y la inseguridad de los 80 y 90 del siglo pasado, cuando no existía megadeuda malversada y los niveles delictivos eran mínimos comparados con los de ahora, fueron promovidas por figuras como Julio Rodríguez, cuyo compromiso era con la libertad, la justicia y la verdad. No se vendían por un plato de lentejas, por un contrato de Gobierno o por un cargo público.

Frente al vacío de liderazgo y el rezago regional, nuevos agentes y organizaciones cuestionan al Poder, exigen trasparencia y rendición de cuentas y castigo para los políticos venales. La escritora y ensayista Isabel Turrent advierte, al comentar el libro The Narrow Corridor (El Corredor Estrecho), de Daron Acemoglu y James A. Robinson:

“En cualquier momento de la historia, solo las sociedades participativas, que ayudan a diseñar el marco legal y lo respetan, y maniatan al Leviatán (poder del Estado) –que buscará ser siempre despótico–, y lo obligan a proteger a los ciudadanos, resolver los conflictos con justicia y proveer los bienes públicos

–educación, salud, infraestructura– progresan en democracia” (Reforma, 19.01.20).

Los laguneros tienen mucho camino por andar para recuperar la paz, la seguridad y la confianza. Mirar para otro lado mientras los políticos mentían e improvisaban fortunas y la delincuencia organizada, protegida por las autoridades, se apoderaba de su región y contaminaba las esferas pública y privada, se ha pagado con dolor, lágrimas y sangre. Romper ese círculo perverso es un deber inexcusable, sobre todo con los niños y los jóvenes, principales víctimas de la barbarie.



03 Febrero 2020 04:05:00
Caja de Pandora
José Ángel no atentó contra sus abuelos, propósito que habría compartido con algunos compañeros de colegio, pero la agresión en el Colegio Cervantes destapó la caja de Pandora y se convirtió en denuncia, en clamor para frenar la violencia y la descomposición social en una zona donde la delincuencia organizada y los gobiernos de Coahuila y Durango, en distintos momentos, actuaron juntos. El ambiente familiar incidió –y acaso determinó– el comportamiento de un niño de 11 años con acceso a armas de fuego, cuya madre murió en circunstancias poco claras y cuyo padre purgó en Estados Unidos una condena por tráfico de drogas.

José Ángel “N”, abuelo del menor, fue vinculado a proceso por el homicidio doloso por omisión de la profesora María Assaff Medina. La Unidad de Inteligencia Financiera lo investiga a él, a su esposa Rebeca “N” y su hijo homónimo –alias “El Pollo” Ramos– por lavado de dinero. La indagatoria del Gobierno federal, primera en su tipo en La Laguna, tiene en ascuas a diversos círculos, pues además de determinar el origen del flujo de efectivo por más de 120 millones de pesos, detectados en sus cuentas, podría identificar los nombres de sus socios y eventualmente de políticos y autoridades locales relacionadas con él.

El pequeño José Ángel, cuya conducta y rendimiento escolar no traslucían conflictos emocionales ni tendencias suicidas, desveló con su muerte: 1) el drama de una vida marcada por la tragedia; 2) señaló a los responsables de su formación: su padre y abuelos; y 3) increpó a la sociedad y a las autoridades por su falta de compromiso con la niñez y la juventud, expuestas a un clima de violencia.

También introdujo el tema en el debate nacional. La Comisión Permanente del Congreso empezó su sesión inaugural con un minuto de silencio por las víctimas del ataque en el Colegio Cervantes. Asimismo, propuso la creación de un grupo de trabajo a efecto de definir una agenda prioritaria mediante el análisis “de las minutas e iniciativas pendientes de dictamen en favor de la protección, atención integral, salud mental y el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.

El punto de acuerdo, aprobado por diputados y senadores de todos los partidos, exhorta a los gobiernos federal y locales “a redoblar esfuerzos y trabajar juntamente con la sociedad para lograr entornos armónicos y libres de violencia”, los cuales permitan el desarrollo integral de niños y adolescentes y fomenten la convivencia, la solidaridad y la tolerancia. También pidieron “revisar y analizar, desde un enfoque multifactorial e institucional, las causas de estos trágicos acontecimientos, así como la problemática derivada del tráfico ilegal de armas”.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) dijo que los sucesos en Torreón están relacionados con la familia, el tejido social y la debilidad del sistema educativo. “Porque el alumno (José Ángel) no se volvió así de un día a otro. Yo, como maestro, si veo que el niño tiene problemas muy graves de comportamiento y conducta, lo mando a la clínica (…) y lo paso a la educación especial”. Estas escuelas –señaló– ya no están separadas de los planteles ordinarios.

Muñoz Ledo advirtió que “la situación muestra el estado de descomposición de las familias y la destrucción que causa en el seno de las mismas el contacto con el narcotráfico. (…) Hay un debilitamiento del sistema educativo y carencia prácticamente de policías. No culpo a los gobiernos de los estados (de Coahuila y Durango), pero se están vacunando contra un hecho que para mí es inevitable, tarde o temprano: la creación del estado 33, el estado de La Laguna” (Milenio Laguna, 16.01.10).


01 Febrero 2020 04:07:00
Justicia prostituida
La respuesta de Andrés Manuel López Obrador, sobre el acoso a Sergio Aguayo ha sido demasiado débil. Se trata de una amenaza grave e inadmisible contra la libertad de expresión, de la cual el Presidente es uno de los principales beneficiarios. La adhesión nacional y extranjera al analista e investigador del Colegio de México, representa una condena al sistema judicial y a los políticos corruptos cuya influencia prostituye la justicia. Gerardo Moyano escribe en Espacio 4 sobre el futuro que podría depararle a quien opine, informe y critique al Poder.

“El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sigue dando un paso adelante y 10 hacia atrás en materia de libertad de expresión. El mismo día que la periodista Lydia Cacho celebraba la condena de cinco años de prisión para un excomandante policial involucrado en la tortura a la que fue sometida en 2005 –en represalia por su libro Los Demonios del Edén– se dio a conocer un “borrador” de reforma al Código Penal Nacional (CPN) que propone revivir el delito de difamación con condena de cárcel.

“El pasado 17 de enero, varios medios nacionales publicaron la iniciativa de reforma al CPN que la Fiscalía General de la República (FGR) envió para discusión al Senado, en la cual se establecen penas de hasta seis años de prisión para un delito que fue derogado del Código Penal federal en 2007.

“Al que ilegalmente comunique a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio, o exponerla al desprecio de alguien, se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa de veinte a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, dice la propuesta que circula entre los senadores.

“De ser aprobada, la difamación quedaría tipificada como delito contra la cultura cívica en la fracción 5 del Artículo 468 del CPN, lo cual ha generado críticas de diversos sectores. Entre ellas, destacan las de Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que consideran la propuesta como un atentado contra la libertad de expresión.

“En la región hay resabios de autoritarismo que se expresa en esta legislación penal que criminaliza la libertad de expresión y es algo que no nos hemos podido sacudir, es muy común en la región que se penalice lo que se conoce como la calumnia. (…) (La iniciativa) volvería a poner en grave riesgo el ejercicio periodístico, máxime que esté en el Código Penal Nacional que será aplicable en todo el territorio, por autoridades del fuero común y del fuero federal”, dijo Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19 (Reforma, 17-01-20)

“Maldonado recordó que de aprobarse la iniciativa, México se sumaría a un pequeño grupo de países que sentencia con cárcel este tipo de delitos, en el cual están Bolivia, Guatemala, Cuba, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán y China. Por su parte, la SIP calificó como ‘un retroceso’ la posibilidad de castigar como delito penal la difamación ‘retrotrayendo al país a épocas en las que los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar’.

“En este sentido, la ONG solicitó al Gobierno y al Senado mexicanos que durante la discusión de la reforma, la cual se realizará en febrero, ‘observen y mantengan su apego a los principios internacionales en materia de libertad de expresión’, en particular la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual señala que ‘la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles’”.

31 Enero 2020 04:05:00
La sombra del pasado
El fantasma de la violencia enquistado en La Laguna despertó el 10 de enero en el Colegio Cervantes donde un niño atacó con armas de fuego a maestros y alumnos y enseguida se disparó. En 2012, cuando José Ángel –el protagonista de esta historia– tenía 3 años, la tasa de homicidios en Torreón era de 88 por cada 100 mil habitantes. Por esa razón, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública la ubicó en el séptimo lugar de las 10 ciudades más violentas del mundo (CNN, 13.01.12).

La Laguna vivió sus años más cruentos entre 2007 y 2012. Justo en ese periodo, el padre de José Ángel, del mismo nombre, habría pertenecido a una organización criminal, según fuentes de la Fiscalía General del Estado (Zócalo Saltillo, 15.01.20). También trabajó en la policía estatal. La comarca ha sido residencia de capos de diferentes mafias. Rafael Aguilar Guajardo, uno de los fundadores del cártel de Juárez y su sucesor Amado Carrillo, tenían negocios en Torreón; el primero fue asesinado en Cancún, y el segundo murió en una clínica de Ciudad de México. El 9 de octubre de 2014, fuerzas federales capturaron en Torreón a Vicente Carrillo, hermano del “Señor de los Cielos”.

A principios de los 80 del siglo pasado, Alfredo Ceja, del cártel de Guadalajara, se estableció en Matamoros. Detenido tras una balacera en la cual murió un policía, organismos empresariales reclamaron al Gobierno del Estado su liberación, pues lo consideraban un “benefactor”. La presión de las fuerzas vivas le permitió a Ceja ser trasladado al Sanatorio Español. Poco después, un comando lo rescató a sangre y fuego. El policía estatal Nicolás Montes fue asesinado por la espalda. El año pasado, Juan Manuel Muñoz, originario de Matamoros, exoperador de los Zetas y mecenas de políticos, se declaró culpable en Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de dinero. Ahora es testigo protegido.

Hasta principios del año 2000, los cárteles habían dirimido sus diferencias sin atacar a la población ni causar terror. Pero cuando el Gobierno federal, bajo la presidencia de Vicente Fox, se desentendió de los estados, los barones de la droga pactaron con gobernadores, alcaldes y jefes de policías. Cuando Felipe Calderón asumió el poder, el país, dominado por las organizaciones criminales, ya estaba incendiado.

La escalada de violencia en La Laguna comprendió el sexenio de Humberto Moreira y los primeros años del Gobierno de su hermano Rubén. El 21 de agosto de 2011, un enfrentamiento entre fuerzas federales y sicarios, frente al estadio Territorio Santos Modelo, puso en peligro a miles de personas. Las imágenes del público, oculto entre gradas y barreras, le dieron la vuelta al mundo. Aún prevalece la idea de que Torreón se entregó a los Zetas por haber votado por el PAN.

La hipótesis la refuerzan testimonios de exintegrantes del cártel en juicios celebrados en Texas. La zona metropolitana de La Laguna, formada por Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo, es también una de las regiones del país donde más dinero se blanquea, según declaró Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República en el Gobierno de Fox. La última generación de laguneros nació y creció en una región castigada por la violencia y la vanalidad de políticos que por acción y omisión han provocado infinidad muertes, entre ellas la del niño José Ángel y la maestra María Assaff Medina.

29 Enero 2020 04:05:00
El as del fiscal
En medio de la presión por el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, el fiscal general Gerardo Márquez se sacó un as de la manga: inculpar al abuelo del niño agresor (ambos de nombre José Ángel) por el asesinato de la profesora María Assaff Medina. Esto, en virtud de “haber asumido una conducta omisiva (…) siendo negligente en la tenencia de armas de fuego en el domicilio (…) donde habitualmente cohabitaba con un menor de edad”. La figura está tipificada en el Código Penal del Estado, pero su aplicación, por excepcional, generó controversia.

La primera reacción fue de enfado y perplejidad por el aparente abuso, pues a la pena familiar por la muerte de José Ángel, se sumaba la detención del abuelo, quien fue vinculado a proceso el 19 de enero. En un país donde uno de los recursos más socorridos para desviar la atención de asuntos espinosos y proteger a políticos venales y a delincuentes de cuello blanco, consiste en tender cortinas de humo, resultaba lógico pensar que José Ángel, el dueño de las armas usadas para asesinar a Assaff y herir a cinco alumnos y a un entrenador, sería la cabeza de turco del Gobierno.

El crimen por omisión atribuido a José Ángel “N”, no es una invención del fiscal. Pero en un sistema donde los delitos de acción pocas veces se castigan y casos como la megadeuda, las empresas fantasma y las masacres en Allende y Piedras Negras, registradas en el Gobierno de Humberto y Rubén Moreira, han sido olímpicamente ignorados por la justicia local y federal, el escepticismo social y de los medios de comunicación resulta explicable.

“Para los políticos siempre es importante culpar a alguien, a quien sea, en los casos con gran repercusión en los medios. Todo sea para evitar que la gente responsabilice al Gobierno. Por eso el Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, culpó primero a un videojuego del asesinato de una maestra (…). Como la gente no quedó convencida, la Fiscalía General de Coahuila ha detenido al abuelo, quien con la abuela se hacía cargo del pequeño tras la muerte de la madre y la ausencia del padre”, escribe Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate titulada Culpar al Abuelo (Reforma, 15.01.20).

Paco Calderón incluyó el tema en su historieta dominical de Reforma (12.01.20) con un dibujo donde el Gobernador atribuye la tragedia a un videojuego. En el cartón de Monsi, una niña que observa a un político con un saco repleto de dinero a sus espaldas, marcado con la palabra “megadeuda” y el logotipo del PRI, exclama: “¿Mochila segura? ¡Mejor un bolsillo seguro para gobernantes!” (Milenio, 16.01.20).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le dio un respiro a las autoridades de Coahuila al informar que las cuentas de los abuelos y el padre del niño serían bloqueadas en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. La UIF reveló que el abuelo, identificado como José Ángel Ramos Saucedo, “tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas” (Reforma, 15.01.20).

Según expedientes judiciales de Argentina, entre 2007 y 2008, Ramos Saucedo, habría conocido al narcotraficante Mario Roberto Segovia, quien se convirtió en uno de los principales importadores de precursores químicos a México para producir “cristal” tras la captura del empresario chino Zhenli Ye Gon. (Proceso, 20.01.20). Finalmente, el Gobierno y la Fiscalía salieron bien librados. Actuar pronto –como en Villa Unión– evitó una crisis mayor. El siguiente paso consiste en evitar que tragedias como la del Cervantes se repitan.

28 Enero 2020 04:05:00
Maquillar los hechos
Sobre los sucesos en el colegio Cervantes, de Torreón, el párroco de la iglesia de Santa María Reina de los Apóstoles, Mario Alberto Cruz Méndez, advierte que más que culpables, se deben buscar causales. La tragedia pudo haber ocurrido en cualquier lugar, dice en entrevista con Javier Mariscal, para Espacio 4. En tal virtud -apunta-, los estados deben analizar estrategias para evitar repeticiones. Aquí, parte de la conversación.

»Cruz Méndez destaca que los niños de la edad de José Ángel viven una etapa complicada de maduración por la cantidad de canales de comunicación que los bombardean con ideas diversas, y muchas totalmente inadecuadas.

»A quienes ahora somos adultos, por ejemplo, nos tocó vivir nuestro proceso de independencia en un contexto más reducido: nuestros padres, familia, amigos, colegio, barrio o colonia; y en ese espacio se resolvían nuestras dudas. Hoy ya no, ahora las inquietudes de los adolescentes, en esta era digital, se desfogan de otra manera y a veces involucran a personas que ni siquiera conocen, como pueden ser sus contactos vía internet, a través de los cuales incluso se exponen ‘contactos’ de cualquier parte del mundo cuyas ideas no son parte de nuestra cultura, con sus propios conflictos y formas diferentes de darles solución.

»“Normalmente, un niño como él, de 11 años, aún carece del suficiente sentido común y capacidad de criterio, y por ello es triste ver que en las redes sociales haya gente que lo condene. El sesgo del escrutinio social no debería decantarse hacia agredir su memoria”, apuntó.

»El presbítero señala que por lo que se sabe del contexto familiar de José Ángel, no es de extrañar que en el mundo digital, sin la correcta orientación de un adulto, el niño pudiera hallar patrones de conducta que le parecieran tan buenos como cualquiera para desahogar sus frustraciones. Esa es una cuestión que a la Iglesia también le interesa conocer, porque la realidad digital paralela tiene sus riesgos, pues individualiza y encapsula a las personas, las desliga de sus cercanos y poco a poco las hace ignorar el beneficio de relacionarse con ellos.

»“Hoy en día los chicos pueden comunicarse con un grupo en internet detrás de una computadora o un celular, pero se les dificulta hablar con una persona cara a cara. Los griegos decían que ‘el ser es un ser en relación’, de modo que en la medida en la que interactuamos directamente con otras personas, nos sanamos. Si alguien no nos guía, adentrarnos a lo virtual atrofia nuestros sentidos y limita nuestra capacidad de socialización, aunque parezca lo contrario cuando tenemos cientos o miles de supuestos seguidores o ‘amigos’ en nuestras redes sociales”», explicó.

»En el caso de la balacera, dice, no hay que buscar culpables, sino causas para solucionarlas. Hay un principio que dice: “Si no quieres resolver un problema busca un culpable, pero buscar culpables solo maquilla los hechos, entonces aquí lo que hay que buscar son las causas que han generado que una sociedad esté viviendo esto”.

»La muerte de la maestra y de este niño nos obliga a parar a preguntarnos dónde estamos. ¿Esta es la sociedad que queremos ser?, desde luego que no. No obstante, debemos reconocer que dentro de todo error siempre hay algo a rescatar; por ejemplo, no sabemos qué pasó por el corazón y la mente de la maestra en ese momento, pero debemos reconocer que fue una persona que dio su vida en el intento por proteger tanto al propio niño armado como a los demás; ese es un elemento altamente enternecedor en tan terrible historia. Ella es merecedora de todas nuestras bendiciones».

27 Enero 2020 04:04:00
Ángeles y Demonios (II)
Otro Ángel –José, de 11 años, era su primer nombre– llamó con su muerte la atención de políticos y medios de comunicación del estado, el país y el extranjero. El 10 de enero, el alumno de sexto año de primaria del Colegio Cervantes de Torreón, disparó armas calibres .40 y .25 contra siete personas (la maestra de inglés María Assaff Medina, quien falleció, cinco niños y un profesor de educación física los cuales sobrevivieron al ataque). Por último, se suicidó.

La agresión, el recuerdo de tiroteos similares en Estados Unidos y la vestimenta de José Ángel, parecida a la utilizada por Eric Harris en la Escuela Secundaria de Columbine, Colorado (1999), conturbaron a todo el mundo. Los laguneros cobijaron a la comunidad del Cervantes, fundado en 1940; el presidente López Obrador se solidarizó con las familias de las víctimas: “lamento mucho que estas cosas se den en nuestro país”, declaró en una gira por Ciudad Juárez; y el gobernador Miguel Riquelme se dijo consternado, dio los primeros pormenores del suceso y sugirió que José Ángel pudo haber sido influenciado por un videojuego. Después se retractó”.

Es la segunda tragedia registrada en el país en una institución de educación privada. La primera ocurrió en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, el 18 de enero de 2017, donde un estudiante de secundaria disparó contra la maestra Cecilia Cristina Solís, quien falleció dos meses más tarde, y tres compañeros. Finalmente, terminó con su propia vida. Ni en los peores años de violencia en Torreón, entre los años 2007 y 2013, cuando la ciudad figuró entre las peligrosas del mundo, (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal) sucedió algo parecido.

La violencia siempre está latente y algunas veces aparece en el lugar menos esperado. Los acontecimientos en el Cervantes confirman esa realidad. Para evitar el ingreso de drogas e instrumentos peligrosos a las escuelas, el Gobierno reactivó el operativo Mochila Segura, en más de mil 300 planteles de la Comarca Lagunera. La Suprema Corte de Justicia revisa la constitucionalidad de esa medida. En 2017, dos instituciones de Ciudad de México promovieron amparos por considerarla violatoria de los derechos de los alumnos.

El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció sobre el tema: “la aplicación del Operativo Mochila, durante la pasada Administración, violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica en la Ciudad de México”.

Con base en ese criterio, la CNDH emitió la recomendación 48/2019 donde solicita al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, “atender las observaciones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), para determinar si es procedente la continuación de ‘El Operativo’”. En tal caso, pide aplicarlo “como medida de protección y cuidado (…) bajo un enfoque de derechos humanos que privilegie el interés superior de la niñez”. Asimismo, sugirió un protocolo “general y homologado para su aplicación a nivel nacional”.

Un Ángel (Miguel) puso el dedo en la llaga de la deuda impune; y otro Ángel (José) exhibió la incuria de la sociedad y de las autoridades, así como su incapacidad para brindar atención y seguridad a los niños y los jóvenes en sus hogares, escuelas y ciudades.


25 Enero 2020 04:04:00
Ángeles y demonios (I)
En 2012 un estudiante lagunero de 14 años plantó cara al poder por la deuda de 36 mil millones de pesos arbitrariamente impuesta a los coahuilenses. El costo del atropello no solo ha sido económico, sino también social, pues afecta la calidad de vida de la población más pobre, núcleo de la agenda del presidente López Obrador. Un caso típico de complicidad política y ausencia de estado de derecho.

Ocho años después de la interpelación, otro menor de edad sacudió al país por asesinar, en un colegio de Torreón, a una maestra y herir a cinco alumnos y a un preparador físico para luego suicidarse. La tragedia confronta a la sociedad y a las autoridades consigo mismas por la desatención afectiva y emocional hacia los jóvenes en un entorno de crispación, violencia, corrupción y muerte.

El 29 de septiembre de 2012, Miguel Ángel Miramontes aprovechó la visita del gobernador Rubén Moreira a la Secundaria Técnica 83 «María Dolores Vigatá de Méndez» para reclamarle: «Regresen el dinero que se robaron».

El clamor ha sido ignorado por la Fiscalía General del Estado, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia. Miguel Ángel, ahora de 22 años, es uno de los 257 mil 775 mil jóvenes de su edad (Inegi) que cargan sobre sus espaldas un pasivo del cual sus padres jamás fueron consultados. Los hijos de Miramontes y los de su generación nacerán endeudados. El «moreirazo» terminará de pagarse en el año 2025, siempre y cuando el Gobierno no contrate créditos a largo plazo.

La fotografía de Miguel Ángel y Moreira refleja el enfado y la indignación social, de un lado, y la doblez política, de otro. El joven mira de frente a un gobernador con la cabeza gacha y la mano extendida, de-sairada por su interlocutor. Evidenciado ante alumnos, maestros y medios de comunicación, Moreira preguntó «¿Cuál dinero?». «El que se llevaron», replicó Miguel Ángel con voz firme y clara. «¿Cómo te llamas?», inquirió el Mandatario. El estudiante ignoró la pregunta y acto continuo los escoltas del Gobernador lo «amagaron por la espalda, tomándolo del cuello y el brazo para sacarlo de la escuela» (Sinembargo, 02.10.12).

La pregunta de Miguel Ángel sobre el destino del dinero, que los organismos empresariales y otros agentes jamás se atrevieron a formular, se ha respondido con silencio. Rubén Moreira disparó la deuda a 38 mil millones de pesos y, según denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado —congeladas por la Fiscalía General— en su administración se desviaron 475 millones de pesos a empresas fantasma. Funcionarios de ese Gobierno podrían ser todavía proveedores de la actual.

Ante la falta de justicia, los coahuilenses han castigado en las urnas el agravio de la megadeuda. El 7 de junio habrá elecciones para diputados locales. Los 24 mil 812 millones de pesos de intereses pagados en los siete últimos años —equivalentes al 68% del pasivo original— se han restado a inversiones en infraestructura, seguridad pública, salud y servicios.

Jóvenes como Miguel Ángel son los más afectados. El Estado tiene con ellos una deuda moral y de justicia. No es casual entonces que en La Laguna, la zona de Coahuila más castigada por el moreirato, el PRI se haya convertido en una fuerza marginal. Nuevos movimientos y proyectos se gestan en la Comarca con la aquiescencia del presidente López Obrador.




24 Enero 2020 04:08:00
Aviones presidenciales
La legitimidad en las urnas le permite al presidente López Obrador hacer lo que ninguno de sus predecesores; entre otras cosas, divertirse y marcar la agenda diaria donde quiera que se encuentre, no siempre en las conferencias mañaneras. Vicente Fox pudo trascender como líder de la primera alternancia, pero se conformó con ese título y optó por navegar entre la nadería y la frivolidad. A él se debe, en parte, que AMLO se haya convertido en la figura política del país más atractiva. La maniobra de Fox para desaforarlo del Gobierno de Ciudad de México y excluirlo de la sucesión de 2006, lo convirtió en víctima. Felipe Calderón ejerció el poder bajo el signo de la ilegitimidad.

AMLO recorre el país casi a diario. Esa situación le permite mantener el contacto con las comunidades y los pies sobre la tierra. Ocupar la Presidencia significaba estar por encima del común de los mortales. El Ejecutivo federal tenía a su disposición flotas de aviones y vehículos, así como legiones de militares y burócratas a su servicio. La presidencia imperial desapareció hace apenas un año con la clausura de Los Pinos como residencia oficial y su conversión en centro cultural; la desaparición del Estado Mayor; la prohibición de viajes oficiales e incluso de placer en aeronaves del Estado; y la cancelación de toda la parafernalia y la ritualidad propias de una monarquía, no de una república federal.

Estos cambios los aplauden montescos y capuletos. No todos los opositores del Presidente lo manifiestan, pues sería políticamente incorrecto, pero en el fuero de la conciencia también deben aprobar la eliminación del derroche, en algunos conceptos grotescos como el gel de Peña Nieto. AMLO ha vuelto a poner de moda el Boeing 787 Dreamliner («sueño de forro» en traducción libre) que «ni Obama» tenía. Desde Plutarco Elías Calles, los presidentes realizaron en avión sus giras por la República.

En el sexenio de Luis Echeverría, el Gobierno arrendaba un jet, pero en cada viaje internacional las líneas comerciales temblaban, pues el Presidente utilizaba tantos aviones como fueran necesarios para trasladar a sus numerosas comitivas. Una de sus giras, en 1975, duró mes y medio, comprendió tres continentes y cubrió 14 países. López Portillo dio ejemplo de cómo «administrar la abundancia»: compró dos Boeing 727-100 bautizados con el nombre de Quetzalcóatl («Serpiente Emplumada» I y II).

Miguel de la Madrid quiso dejarle a Carlos Salinas de herencia, además de la silla del águila, un Boeing 757, pero la presión de las oposiciones en el Congreso lo obligó a regresarlo; ya estaba pagado. Después de una conveniente falla del Quetzalcóatl I y acaso también de un arreglo con los diputados, recompró el avión en 43 millones de dólares (76 mil millones de pesos al tipo de cambio de la época; más tarde, Salinas le restaría tres ceros a la moneda). Desde entonces se estableció que, cada determinado tiempo, el Presidente saliente adquiriera una nueva aeronave para ahorrarle a su sucesor el costo político.

La compra del Boeing 787, al final del sexenio de Calderón, se hizo bajo ese criterio. Una aberración, no solo por el precio: 160 millones de dólares (3 mil millones de pesos), sino también por la majestuosidad del avión y lo insignificante del usuario: Peña Nieto. La ocurrencia de rifar el Dreamliner le causa risa a AMLO y distrae a la población. No está mal que el Presidente se divierta, pero que también gobierne.

22 Enero 2020 04:08:00
Arreglo de cuentas
La supuesta conexión de Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Muñoz Luévano, “El Mono”, desvelada por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal (Año Caliente, El Financiero, 06.01.20), vincularía al expresidente con el cártel de mayor influencia en el estado durante los años negros del moreirato: los Zetas. El caso agravaría la situación de los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, señalados por exintegrantes de esa organización en juicios realizados en San Antonio, Austin y Del Río (Control… sobre todo el Estado de Coahuila, Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, 2017).

También podría tratarse de un doble arreglo de cuentas: 1) del grupo de Manlio Fabio Beltrones, eliminado de la carrera presidencial en 2012 por una maniobra de Humberto Moreira; y después de la jefatura PRI, por Peña, para excluirlo de la sucesión de 2018; y 2) de Muñoz Luévano por una aparente traición. El personaje clave es el exgobernador prófugo de Chihuahua, César Duarte –protegido de Beltrones– acusado de peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por el Gobierno de Javier Corral (PAN).

Según Riva Palacio, Duarte “lleva más de un año hablando con fiscales” de Estados Unidos –por esa razón no ha sido extraditado a México, dice. Los primeros contactos los estableció con la DEA, pero la Agencia Antinarcóticos lo remitió al Departamento de Justicia. Con ese motivo viajó a Miami, “sin saberse con precisión dónde se encuentra en la actualidad. Lo que sí está confirmado es que está aportando datos que presuntamente vinculan al expresidente Peña Nieto con los Zetas”.

La información relevante “tiene que ver con la supuesta conexión del expresidente con Juan Manuel Muñoz, un empresario mexicano detenido en Madrid en 2016, dentro de una investigación en contra del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien más tarde fue capturado en España (nota: la detención del también exlíder del PRI ocurrió primero). Moreira fue liberado, mientras Muñoz Luévano (…) fue acusado por fiscales federales de Texas por lavado de dinero. Agentes federales estadunidenses hablaron varias veces con él en Madrid y el año pasado fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó su culpabilidad ante el juez y se convirtió en testigo protegido de ‘alto valor’”.

Una vez en la presidencia, Peña le habría pedido a Duarte asignar obra pública a las empresas de Muñoz Luévano. Sin saberse aún si el Gobernador cumplió la instrucción, “la Fiscalía norteamericana le ha dado valor, al no haberlo extraditado y usar parte de sus declaraciones, se puede conjeturar, en el proceso que están armando contra Peña Nieto y Moreira. Año caliente el que se avecina, y si los pronósticos son correctos, escandaloso, peligroso y altamente comprometedor para la arquitectura política”, apunta Riva Palacio.

Un párrafo anterior de la columna debe tener también con los pelos de punta a los socios de los Moreira: “Durante las dos últimas décadas el crimen organizado se ha entreverado con las instituciones del Estado Mexicano, no solo en el corpus político en todos sus niveles, sino en el Poder Judicial, Ong, empresarios, sacerdotes, sindicalistas, periodistas, abogados y notarios, como decenas de declaraciones de narcotraficantes han mostrado a lo largo de los años, algunas falsas, algunas ciertas”.

En este juego de intereses y complicidades, algunos medios de comunicación desempeñaron un papel relevante. Hoy están en ascuas.



21 Enero 2020 04:00:00
Políticos en capilla
Felipe Calderón no exoneró a Humberto Moreira por abultar la deuda de Coahuila con créditos irregulares, sino Enrique Peña Nieto. El exgobernador no solo habría financiado parte de la campaña presidencial del priista, con recursos del estado, sino que, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, también pudo haberle presentado a Juan Manuel Muñoz Luévano. El exoperador de los Zetas se convirtió en informante protegido de “alto valor” del Gobierno de Estados Unidos tras declararse culpable por el delito de lavado de dinero en una corte de Texas.

Muñoz “ofreció a la justicia de Estados Unidos una lista de varias decenas de funcionarios y exfuncionarios de Coahuila que recibieron sobornos del crimen organizado y que robaron fondos de las arcas públicas, dinero que lavaron en bancos de Texas con la ayuda de empresarios de medios de comunicación del estado” (Agencia Proceso, 21.05.19). Moreira y Muñoz fueron detenidos en Madrid, el 15 de enero y el 18 de marzo de 2016, respectivamente, como parte de la misma investigación. Tras una semana en el penal de Soto del Real, Peña rescató al exgobernador y exlíder del PRI.

Humberto y Rubén Moreira podrían figurar entre los exgobernadores denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República. Rodrigo Medina (Nuevo León, 2009-2015) es investigado por triangular 3 mil 500 millones de pesos a Estados Unidos para adquirir propiedades. El exsubprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, acusó al presidente Peña Nieto de obstruir las indagatorias contra Medina (El Norte, 29 y 30.12.19).

Moreira ha insistido en que el Gobierno de Felipe Calderón (PAN) lo absolvió por el tema de la deuda. El presidente López Obrador apoyó esa versión en la rueda de prensa del pasado 24 de septiembre. Calderón lo refutó de inmediato en su cuenta de Twitter: “Sr Presidente: Rechazo categóricamente haber tenido arreglos con el exgobernador Moreira, con quien tengo públicas diferencias. Si existiese algún documento que lo exonere –de dudosa legalidad– debe haber sido, como usted dice, por ‘cochupos’ que la FGR debe castigar, le pido que lo haga”.

La megadedua oculta de Coahuila se descubrió a mediados de 2011 cuando Moreira ya era presidente del PRI y su hermano Rubén hacía campaña por la gubernatura. Un hecho consignado el 27 de julio de 2016 –penúltimo año de la gestión de Peña Nieto– le otorga la razón a Calderón y desmiente a López Obrador. Ese día, Luis Fernando Salazar, al frente de un grupo de senadores de Acción Nacional, presentó “una denuncia formal en la PGR en contra de los saqueadores de Coahuila”.

El político lagunero, hoy militante de Morena después de haber ganado la diputación federal en el Distrito 5, bajo las siglas del PAN, explicó a los reporteros: “Hemos presentado esta denuncia para solicitar que se inicie una investigación al exgobernador y exdirigente del PRI, Humberto Moreira y a quienes resulten responsables, por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado”. Salazar, aspirante a la alcaldía de Torreón, recordó que Estados Unidos investiga “la red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al estado e invertir el dinero robado en cuentas y propiedades en Texas” (los mismos delitos atribuidos a Rodrigo Medina).

20 Enero 2020 04:05:00
Efecto dominó
Mientras los ombudsman estatal y nacional miraban para otro lado y Rubén Moreira se contemplaba el ombligo y planeaba su despedida del Gobierno cual defensor del pueblo, el mismo día de su último Informe, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas presentó el análisis Control… sobre todo el estado de Coahuila. Según el documento, “varios testigos describieron sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira a cambio del control total del Estado” (El País, 6.11.17).

Desarrollado en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios –ganador, el año pasado, del premio Sergio Vieira de Mello que otorga la Asociación Villa Deciusa, de Polonia– el informe se sustenta en el análisis de las declaraciones de testigos en tres juicios federales en Estados Unidos. “Entre el 2013 y el 2016, integrantes del cártel de los Zetas fueron juzgados en tribunales en Austin, San Antonio y Del Río, Texas, por asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero”.

Ofendido en su ego, Moreira restó importancia al estudio, cuestionó su veracidad y amagó con demandar a la Universidad de Texas, lo cual no ha ocurrido. Con base en el mismo informe, el obispo de Saltillo Raúl Vera y el subdirector del Centro Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, presentaron el 6 de julio de 2017, ante la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación México: Asesinatos, Desapariciones y Torturas en Coahuila de Zaragoza Constituyen Crímenes de Lesa Humanidad. Los juicios en Estados Unidos aportan “más detalles sobre la colusión y la corrupción que llevó a que altos mandos del Gobierno de Coahuila implementaran una política de omisión en apoyo de los Zetas, comunicando paralelamente sobre su supuesta lucha en contra de esos grupos”, dice el documento.

Un día después de la denuncia ante la CPI, Proceso publicó: “Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante los tribunales de Texas, no solo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de su Gabinete, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad”. A partir de entonces, el Gobierno inició una andanada judicial y mediática contra el obispo Vera –fundador del Centro Juan de Larios y de la Casa del Migrante de Saltillo– y activistas por los derechos humanos.

La Clínica de Derechos Humanos advierte que “el control de los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales, sectores de la Policía Federal y del Ejército, y políticos estatales. Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos de millones de dólares pagados a Humberto y Rubén Moreira (…). Según los testimonios, la influencia de los Zetas sobre todo el estado de Coahuila en todos los niveles de Gobierno les permitió llevar a cabo sus negocios (…) con impunidad, y a menudo, con el apoyo directo de funcionarios públicos y policías estatales y municipales”.

El testimonio de un capo –Jesús “El Rey” Zambada– provocó la captura de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien habría recibido hasta 6 millones de dólares del cártel de Sinaloa. “El que tenga oídos, que oiga” (Mateo 13:9-15).
18 Enero 2020 04:09:00
Salir de las redes
Las redes sociales tienen defensores y detractores, pero cada vez son más las voces que expresan preocupación por el abuso de esas plataformas y sus efectos nocivos, no solo en la vida de las personas, sino también en la política. La tendencia, escribe Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4, es hacia la privacidad.

“El año arrancó con un sacudón en las redes sociales: la alerta sobre una posible Tercera Guerra Mundial, generada tras las amenazas de una ‘severa venganza’ de Irán contra Estados Unidos por el asesinato de un alto mando militar iraní en Irak ordenado por el presidente estadunidense Donald Trump.
“Pero como es común en estas plataformas, en cuestión de horas la alarma quedó sepultada bajo una lluvia de memes que convirtieron en un chiste un tema de seguridad que concierne a todo el planeta. En este sentido, como señala el pionero de internet y de la realidad virtual Jaron Lanier, las redes sociales se han convertido en un despropósito, pues no solo minan la verdad, sino que hacen imposible la política.
“En su libro Diez Razones para Borrar tus Redes Sociales Ahora Mismo (2018), el ‘padre fundador’ de Silicon Valley, va más allá y acusa a las redes de volver idiotas a los usuarios, de destruir su felicidad, su poder de empatía y de minimizar sus opiniones.

“Estos dos factores, la manipulación y banalización de la información, así como la pérdida de la privacidad en aras de un negocio multimillonario que a principios de la década parecía incierto, están haciendo que cada vez más personas quieran escapar del escrutinio público y se inclinen por servicios de mensajería privada y grupos cerrados. Una encuesta de GlobalWebIndex y We Are Social realizada a 3 mil usuarios adultos de internet en Estados Unidos y Reino Unido revela que 63% prefiere las plataformas privadas para compartir contenido.

“A la par, cada vez más gobiernos están imponiendo restricciones, sanciones e impuestos al uso de datos de los usuarios. De ahí que estas plataformas estén desarrollando herramientas digitales que privilegian la privacidad y la encriptación de datos. ‘El futuro es privado’ dijo el fundador de Facebook Mark Zuckerberg en la conferencia de desarrolladores F8 de 2019, en la que presentó las áreas de crecimiento a las que apuesta su empresa este año: mensajería privada, historias efímeras y grupos pequeños.
“El nuevo Threads de Instagram –propiedad de Facebook desde 2012– una ‘aplicación de mensajería de primera cámara que lo ayuda a mantenerse conectado con sus amigos cercanos’ va en esa línea, al igual que el nuevo dispositivo Portal de Facebook que admite videollamadas directas a través de WhatsApp y Messenger. Este último contará además con cifrado de datos, algo que WhatsApp –comprada por Facebook en 2014– venía haciendo desde hace tiempo.
“Por otra parte, si bien Instagram alega que el objetivo de su alejamiento de las métricas de ‘seguidores’ y ‘Me gusta’ es alentar a los usuarios a interactuar de manera más real, también puede ser un indicativo de que está reaccionado a las críticas sobre los efectos que está teniendo esta red en el autoestima de los usuarios, en especial de los adolescentes. Según Lainer, esto se debe a ‘los estándares irracionales de belleza o estatus, por ejemplo, o la vulnerabilidad a los trols’”.



17 Enero 2020 04:05:00
Horror documentado
La barbarie vivida por Coahuila en los años más cruentos de la guerra contra los cárteles de la droga, comprendidos entre los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, no figura en las narcoseries donde la ficción y la verdad se confunden. Empero, el horror está documentado en dos investigaciones: Anatomía de una Masacre, de Ginger Thompson (Premio Pulitzer 2001), difundida por ProPublica y National Geographic en junio de 2017; y Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011 de Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, y Sergio Aguayo, profesor de El Colegio de México e investigador asociado del FXB Centro de Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, presentada en noviembre del mismo año.

Los autores describen el infierno donde murieron y desaparecieron centenares de personas –muchas de ellas inocentes– ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales, en algunos casos por complicidad y en otros por negligencia. En su reportaje, Thompson advierte: “Los registros del Gobierno obtenidos (…) indican que a las autoridades estatales encargadas de responder ante emergencias les llovieron unas 250 llamadas de personas que reportaban disturbios, incendios, riñas e ‘invasiones a hogares’ por toda la zona. Los entrevistados señalaron que nadie acudió a ayudar”.

Aguayo y Dayán hallaron respuestas para explicar lo ocurrido. “En un memo de 2003, la DEA aseguraba que los Zetas –entonces brazo armado del cártel del Golfo– ya controlaban Ciudad Acuña y Piedras Negras. Para 2010 y 2011 el control sobre el norte de Coahuila era total. Los municipios estaban sometidos. El Gobierno estatal era omiso y algunos de sus funcionarios eran cómplices. La Federación era indiferente y displicente. Todos ignoraban a las víctimas. Lo anterior ya ha sido mencionado por víctimas, periodistas, instituciones gubernamentales, académicos y organismos civiles”.

Sobre la cárcel de Piedras Negras, denuncian: “era un cuartel que jugaba un papel clave en el esquema de negocios y terror zeta. Aun cuando conocían lo que sucedía, el Gobierno estatal y federal subsidiaban el centro penitenciario. En 2011 el presupuesto gubernamental dedicado a las cárceles de Coahuila fue de 135 millones de pesos”. Descrito como campo de ejecución y exterminio, la prisión “era uno de los cinco o seis lugares habilitados en Piedras Negras para las ejecuciones y la desaparición de cuerpos. Otros centros de exterminio eran un terreno baldío cercano a la zona llamada Laguito Mexicano y, cerca del penal, un basurero y un campo de futbol”.

¿Dónde estaban las autoridades estatales frente a las masacres en Allende y Piedras Negras?, ¿cuál fue la respuesta de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, a cargo de Homero Ramos Gloria, y del presidente de esa comisión en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, postulado por el PRI al Gobierno en 2011? Raúl Plascencia tampoco abrió la boca.

La Universidad Autónoma de Coahuila premió el silencio del ombudsman nacional con un doctorado honoris causa, y una vez como expresidente de la CNDH, Plascencia recibió contratos de Moreira cuando por ley estaba impedido.

Para taparle el ojo al macho y darse golpes de pecho, se creó la Academia Interamericana de Derechos Humanos, cuyo presupuesto ascendió a 38.5 millones de pesos en 2018. Nada mal en un estado agobiado por la megadeuda de 37 mil millones de pesos, herencia del moreirato.

15 Enero 2020 04:07:00
El cerco de la justicia
Tres investigaciones colocan a Coahuila en el punto de mira de la justicia de Estados Unidos, las cuales sin duda tendrán consecuencias para políticos acusados de corrupción impunes en México. La primera es por causas parecidas a las que provocaron la detención de Genaro García Luna, señalado por haber recibido “decenas de millones de dólares” del cártel del “Chapo” Guzmán durante varios años; la segunda, por las denuncias de la UIF contra cuatro exgobernadores; y la tercera, por los supuestos vínculos del expresidente Peña Nieto con Juan Manuel Muñoz, “El Mono”, exoperador de los Zetas.

Según el fiscal federal Richard P. Donoghue, García Luna “abusó (de) su puesto como servidor público para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína hacia los Estados Unidos. A cambio de sobornos millonarios, permitió a ese cártel, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo, operar con impunidad en México”.(Reforma, 10.12.19).

La detención de García Luna es permanente, a solicitud de Donoghue, para evitar su fuga a México, donde podría recibir protección del cártel o de “funcionarios de alto rango”. El caso se asignó a la Corte Federal para el Distrito de Brooklyn, donde Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019.

El testimonio de Jesús “El Rey” Zambada en el juicio contra “El Chapo” puso en la picota a García Luna, quien el 3 de enero se declaró no culpable de los delitos imputados, pero podría llegar a un acuerdo judicial.

El acusado inició su carrera en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, antecedente de la siniestra Dirección Federal de Seguridad) creado al principio del Gobierno de Salinas de Gortari y el cual fue de-

saparecido por el presidente López Obrador. Su nombre actual es Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Hermano de Ismael “El Mayo” Zambada –sucesor del “Chapo” en la jefatura del cártel del Sinaloa–, “El Rey” asegura haber entregado personalmente al exsecretario de Seguridad Pública entre 3 y 5 millones de dólares en efectivo. Jesús Zambada fue detenido el 19 de octubre de 2008 y extraditado a Estados Unidos el 3 de abril de 2012, último año de Calderón en la Presidencia.

“El primer cooperante estrella en la causa contra el capo del cártel de Sinaloa de la droga se centró (…) en detallar la estructura montada para sobornar a las autoridades federales, estatales y municipales mexicanas” (El País, 15.11.18).

Zambada enfrenta cargos por introducir durante varios años 200 toneladas de cocaína a EU, cuyo valor en el mercado se cifró en 5 mil 800 millones de dólares.

Según funcionarios estadunidenses, la droga se movió en aviones Boeing 747, submarinos, barcos contenedores y botes ultrarápidos, trenes, autobuses, tráileres y autos. Imposible hacerlo sin tener a las autoridades de su lado.

“El Rey” puede librar la cárcel de por vida, por su cooperación, mas no una sentencia larga. Quizá no en la temida prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, “la Alcatraz de las Rocosas”.

En ella, “El Chapo” y otros narcotraficantes, como Juan García Ábrego, exjefe del cártel del Golfo –raíz de los Zetas–, pasarán el resto de sus días.

En el mismo complejo permaneció varios años Osiel Cárdenas, sucesor de García Ábrego, quien se declaró culpable de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y extorsión. Tras un acuerdo y una multa por 50 millones de dólares se dispuso su traslado a una cárcel de mediana seguridad.
14 Enero 2020 04:05:00
José Ángel y Miss Mary
La Laguna reaccionó con madurez frente a los sucesos del 10 de enero en el Colegio Cervantes donde el alumno de la instrucción primaria, José Ángel, asesinó a la maestra María Assaf Medina, (Miss Mary) e hirió a cinco compañeros y a un profesor para después segar su propia vida. La noticia causó estupor entre la comunidad y cimbró al país. El resultado pudo haber sido peor, sin embargo, la providencia actuó para impedirlo. Assaf sirvió de escudo y eso la convierte en mártir, pues de haberse hecho los disparos en las aulas aquello pudo haber devenido en baño de sangre. La experiencia demuestra, una vez más, que ni el Estado ni la sociedad lo pueden todo ni lo pueden solos. Necesitan afrontar unidos los desafíos de un mundo cada día más enrevesado, competitivo y deshumanizado.

La solidaridad con las familias de las víctimas y con la institución, formadora de generaciones y una de las más prestigiosas del país por la calidad de su enseñanza, unió a La Laguna en horas críticas y sepultó las versiones malintencionadas. No es hora de buscar culpables, sino de identificar las causas de un fenómeno cuyas raíces se han profundizado con el tiempo y por la falta de atención a los niños y a los jóvenes. En circunstancias como esta resulta crucial no dejar vacíos de información, pero tampoco conviene precipitar juicios simplemente para salvar la cara. En el mismo sentido, revelar datos no confirmados en aras del oportunismo vicia de la investigación.

Insisto en que el hogar educa y transmite valores, principios, afectos; la escuela enseña (conocimientos), la calle prueba a las personas y el Espíritu Santo inspira a los creyentes –soy católico– a hacer el bien. Sin embargo, el relativismo moral y la secularización han contribuido a profundizar los pozos de soledad, insatisfacción e infelicidad. Cerrarle las puertas a Dios ha convertido la vida en infierno. En apoyo a la sentencia de André Malraux, de que “el siglo 21 será espiritual, o no será”, el filósofo francés Roger Garaudy (1913-2012) advertía hace más de dos décadas que “el siglo 21 no resistirá 100 años sin una espiritualidad común a todos los que piensan que la vida tiene un sentido”.

Autor de Recuperando la Esperanza (1971) y Estados Unidos, la Vanguardia de la Decadencia (1997), Gaudary sentenciaba, “la religión universal que domina el mundo es el monoteísmo impuesto por EU. Significa la fe en un solo Dios: el dólar. Esto priva a nuestra vida de toda significación porque el hombre está considerado solo un consumidor y productor, cuando no es un parado. Me parece muy importante que todos los hombres de fe, cristianos, judíos o musulmanes, luchen contra ese monoteísmo” (El País, 04.12.98).

José Ángel, de 11 años, no es visto como un monstruo, sino como una de muchas víctimas. La actitud es plausible en su expresión de misericordia y de reproche. Una carta anónima que empezó a circular desde el mismo 10 de enero en las redes sociales le dice a su alma inmortal: “Nadie te escuchó, nadie te puso atención, nadie te tendió la mano, te fallaron los tuyos y te fallamos nosotros. Te faltaron amigos y hoy te sobran juzgadores. Los políticos y funcionarios culpan a los videojuegos, a la música o al YouTube (…) ¿Alguien te dijo que te amaba hoy por la mañana? ¿Alguien te dijo que eras importante? (…) No eras un niño malo, no fue tu culpa y debes descansar en paz”.


13 Enero 2020 04:05:00
El enemigo está dentro
Han transcurrido casi nueve años desde que se descubrió el monto real de la deuda acumulada en el Gobierno de Humberto Moreira. El pasivo registrado en 2010 ante la Secretaría de Hacienda era por 8 mil 267 millones de pesos, pero en realidad ascendía a 36 mil 509 millones. En ese lapso, en México no ha sido detenido uno solo de los funcionarios beneficiarios del quebranto, tramado en las más altas esferas del poder, según declaraciones de testigos ante fiscales y jueces de Texas.

El caso se agrava por la contratación de créditos con documentos falsos y el desconocimiento del destino de, al menos, 18 mil millones de pesos. Si el compromiso del presidente López Obrador con la justicia es real, debe ordenar a la Fiscalía Anticorrupción -la federal, pues la estatal se creó para perpetuar la impunidad junto con la deuda- y a la Unidad de Inteligencia Financiera reconstruir la ruta del dinero e intervenir el Registro Público de la Propiedad donde se ocultan los prestanombres de quienes utilizaron sus cargos para enriquecerse.

El exsecretario de Finanzas Javier Villarreal Hernández y los empresarios Rolando González Treviño y Carlos Castillo Cervantes, el Rey de los Dragones, se declararon culpables de lavado de dinero en Estados Unidos y el Gobierno les decomisó millones de dólares (en conjunto suman decenas) y propiedades. El 23 de febrero de 2017, el Departamento del Tesoro subastó en 515 mil dólares (10.3 millones de pesos) una residencia en el lujoso barrio de Greystone Country Estates, en San Antonio. La casa la entregó «por cortesía» Herminia Martínez de la Fuente, suegra del exgobernador Humberto Moreira, según dieron a conocer medios de comunicación del país y el extranjero.

De acuerdo con los fiscales del caso, la propiedad formaba parte «de un esquema internacional de sobornos y lavado de dinero en el que estaba involucrado el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes». En una audiencia para llegar a un acuerdo de reducción de condena, el Rey de los Dragones mencionó el nombre del expresidente del PRI. El resto consistió en estirar la punta de la madeja. Según el periodista Raymundo Riva Palacio, Cervantes entregó «80 millones de pesos por una sola obra al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y a su sucesor, Jorge Juan Torres, le dio 6.8 millones de dólares en sobornos».

El exgobernador interino Torres López, quien junto con Javier Villarreal habría realizado operaciones y transferencias por más de 35 millones de dólares a bancos de Texas y paraísos fiscales, fue extraditado a Estados Unidos donde enfrenta cargos por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario. Pero ni Hernández ni Torres se mandaban solos. El primero ya confesó quién era el titiritero. El segundo también aportará información valiosa para obtener beneficios en el juicio que se desarrollará en la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas.

La intención del Gobierno de Coahuila de reclamar la fortuna decomisada a Villarreal en Estados Unidos (¿por qué no también la de Torres López?) es extemporánea e inútil. El exsenador panista Luis Fernando Salazar lo intentó sin éxito, pues correspondía a las autoridades exigir la devolución de los fondos robados de las arcas estatales. Lo que sí está en manos del gobernador Miguel Riquelme es desbloquear las denuncias penales relacionadas con la deuda y las empresas fantasma para castigar a los culpables y resarcir parte del daño causado a los coahuilenses. Solo así puede demostrar que «no es tapadera de nadie».
11 Enero 2020 04:05:00
Contra el populismo
Mientras por un lado se exija a los alcaldes poner a raya a la delincuencia y por otro se les recorten participaciones, difícilmente podrán reducirse los índices de criminalidad.

El lagunero Jorge Zermeño formó parte de los más de 300 ediles del PAN, PRI y PRD que el pasado 23 de octubre se apostaron frente a Palacio Nacional para pedir audiencia con el presidente López Obrador. El grupo fue repelido con gas lacrimógeno cuando algunos empezaron a golpear la Puerta Mariana de la sede del Poder Ejecutivo.

Frente a la polarización política incitada por una Presidencia absolutista, el exlíder de la Cámara de Diputados replicó en su informe: «México es de todos, no de unos cuantos. Aquí no debe haber descalificaciones de buenos o malos, de liberales o conservadores. Las posiciones maniqueas no contribuyen a la unidad de propósitos ni hacen mejores a unos por encima de otros. Respetar el derecho ajeno significa reconocer la igualdad de todos frente a la ley, fortalecer la división y el equilibrio de poderes, el verdadero federalismo y la democracia».

Con respecto a los embates de la cuarta transformación, a la que no citó por su nombre, el Alcalde pidió actuar en consecuencia y defender «los valores que nos fortalecen como nación libre y soberana». La seguridad pública —destacó— «es fundamental para que la sociedad pueda desarrollar sus actividades en un clima de paz y confianza». En un ambiente de contracción económica global, como el de ahora, la inversión privada solo se logra con «mano de obra calificada, servicios suficientes, conectividad, calidad de vida, certidumbre jurídica y paz social», advirtió.

Frente a la obcecación presidencial y como ejemplo de lo que autoridades de diferente partido pueden lograr, Zermeño dijo que trabajar de la mano con el gobernador Miguel Riquelme responde al deseo de un Coahuila seguro y en paz (…) «en esto no ha habido regateos de nadie y se han sumado esfuerzos para que la Comarca Lagunera y Torreón sigan generando empleo en beneficio de todos. La convocatoria para trabajar en equipo va sumando voluntades a la buena fe y el sentido común, entendiendo que todos vamos en el mismo barco y que la solidaridad nos fortalece. Torreón es de todos más allá de sus preferencias políticas, sociales y religiosas».

Zermeño, quien como líder del Congreso entregó la banda presidencial a Felipe Calderón y luego representó a México en España donde la transición a la democracia resultó política y económicamente exitosa, respondió al agravio en Palacio Nacional: «Torreón merece un trato equitativo y justo, aquí no hay torreonenses de primera, ni de segunda ni de quinta. Todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato. Ningún programa municipal se maneja con tintes políticos partidistas. Gobernamos para todos sin importar sus creencias políticas o religiosas ni su condición social».

En presencia del senador de Morena y aspirante al Gobierno del Estado, Armando Guadiana Tijerina, el alcalde criticó también el populismo. En Torreón —dijo— los grupos vulnerables se apoyan «con programas de autoempleo, microcréditos a más de 3 mil 200 familias con más de 30 millones de pesos, no con programas paternalistas, sino como ayuda para fortalecer la calidad de vida, el emprendedurismo y mejorar la autoestima». Un discurso de altura, además de oportuno y adecuado a la circunstancia política del país.
10 Enero 2020 04:05:00
Doble rasero
Manolo Jiménez y Jorge Zermeño recibieron sus ciudades en condiciones diametralmente opuestas. Saltillo siempre ha tenido de su lado al Gobierno del Estado. Los laguneros atribuyen el rezago de sus comunidades a esa preferencia. Humberto Moreira se volcó con la capital e invirtió parte de la deuda en infraestructura y equipamiento urbano. Incluso cuando fue gobernada por un alcalde del PRI (Jericó Abramo) incómodo para Rubén Moreira, y por uno del PAN todavía más molesto (Isidro López), la ciudad mantuvo su ritmo de crecimiento y figuró entre las mejores del país para arraigarse e invertir.

La metrópoli lagunera, en cambio, resultó severamente castigada los 12 años del moreirato; primero, por haber llevado a la alcaldía a José Ángel Pérez (PAN). Sin embargo, cuando el PRI recuperó el municipio, las inversiones y el respaldo financiero prometidos a Eduardo Olmos y Miguel Riquelme tampoco llegaron. «La consigna es acabar con Torreón», dijo un funcionario cercano a los Moreira. No lo consiguieron, pero sí le infligieron castigos de los cuales aún no se recupera del todo. El principal fue convertirla en una de las ciudades más peligrosas del mundo; el segundo, haberla dividido y cambiado su imagen moderna y progresista por la de rancho grande.

La inseguridad y la pésima calidad de los servicios -calles llenas de baches, donde aún había pavimento, e inundaciones en época de lluvias-, aunadas a desatención del Estado y la Federación, alejaron a los inversionistas nacionales y extranjeros, dispararon el desempleo y provocaron el cierre de negocios y la emigración de jóvenes. Solo algunos ganaron. Los cortesanos y los socios del poder: políticos, líderes de organismos empresariales, contratistas. ¿Y el espíritu que hacía salir de casa a legiones de laguneros para protestar por la inseguridad, la corrupción y la impunidad? Una parte se desahoga en las tribunas del estadio del Santos, pero otra empieza a renacer entre la sociedad civil representada por Participación Ciudadana 29, Observatorio de La Laguna y otras ONG.

Haber recibido una ciudad posicionada entre las mejores del país representa una ventaja para Manolo Jiménez, pero también un desafío, pues no solo deberá mantenerla en ese nivel, sino elevarlo. Además, su apuesta por Miguel Riquelme, cuando la candidatura del PRI aún no se decidía, y su apoyo para enfrentar al panista lagunero Guillermo Anaya (sin el voto de Saltillo, el PRI habría perdido la gubernatura), le han generado altos dividendos políticos (boleto para la sucesión de 2023) y presupuestarios para dotar a la ciudad de nueva infraestructura y mejorar la seguridad. Riquelme -dicho por él- se siente en Saltillo como en su casa y cada vez pasa menos tiempo en Torreón.

En 1997, Zermeño tomó una ciudad en ruinas, abandonada por la capital y en crisis por la incuria y el despilfarro del Gobierno municipal precedente; el Simas también había sido saqueado. En condiciones análogas la recibió en 2018. Y al igual que hace 22 años, cuando asumió el cargo por primera vez, la metrópoli lagunera empieza a mostrar un nuevo rostro. El Centro de Inteligencia elevó la seguridad a otro nivel y, junto con la confianza, empresas de México y otros países han regresado a Torreón. La actitud de Riquelme hacia la ciudad no es revanchista ni hostil como la de los Moreira, lo cual también ayuda.


08 Enero 2020 04:06:00
Carrera sucesoria
Nieto de Luis Horacio Salinas, exalcalde de Saltillo y exlíder del PRI en el estado, Manolo Jiménez, un millennial de 35 años, hizo sus pinitos en el Gobierno de Humberto Moreira como representante de la colonia Brisas Poniente, donde no reside. Su ascenso político ha sido meteórico: regidor, presidente del comité municipal priista y diputado con Rubén Moreira, pero a quien debe su doble candidatura a la alcaldía es a Miguel Riquelme. El lagunero lo ha puesto también en la carrera sucesoria de 2023.

Jorge Zermeño (70 años) pertenece a la generación baby boomer. Su ingreso al PAN coincidió con el movimiento del 68, cuyas demandas por «un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del Gobierno del PRI, que consideraban autoritario» (Wikipedia) se respondieron a balazos. Zermeño fue testigo de la represión del 2 de octubre contra los estudiantes. Dos décadas después, él mismo la padecería en Torreón durante las elecciones de 1987 cuando trató de impedir el relleno de urnas antes de la apertura de casillas. El operador del PRI era Mario Cepeda.

Zermeño, quien formaba parte de la planilla del candidato a alcalde Rubén Díaz Flores, fue detenido junto con Jorge Gidi por «perturbar el orden». El encierro en una celda de la PGR duró dos días. En esa época era impensable una alianza entre el PRI y el PAN, pero no ahora; incluso ya la ha planteado el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, quien acompañó a Zermeño en su informe, igual que en su primera toma de posesión (1996) lo hizo Felipe Calderón, entonces líder del PAN.

Zermeño es el principal activo de Acción Nacional en el estado, después de habérsele dado por muerto cuando Calderón lo propuso para embajador en España en premio por sus servicios. El lagunero -nacido en Ciudad de México- se las ingenió para que el Presidente tomara posesión el 1 de septiembre de 2006 en una ceremonia de cinco minutos. El PRD había ocupado la tribuna para impedirle a Calderón cruzarse la banda, en protesta por el supuesto fraude contra Andrés Manuel López Obrador. El panista ha sido diputado federal dos veces, senador y Alcalde de Torreón en tres ocasiones con gobernadores del PRI (Rogelio Montemayor y Miguel Ángel Riquelme).

En 2005, Zermeño compitió con Humberto Moreira por la gubernatura. El priista obtuvo 55.8% de los votos. Acción Nacional impugnó el resultado ante el Tribunal Federal Electoral (Trife) por irregularidades en más de 30% de las casillas y una campaña difamatoria contra su candidato en la televisora RCG. El Trife validó el triunfo de Moreira, cuya herencia resultó financiera y políticamente funesta: endeudó al estado por 36 mil millones de pesos y dejó de sucesor a su hermano Rubén.

Del otro lado del arco político está Manolo Jiménez, cuya asistencia al informe de Zermeño debió haber sido consultada con el gobernador Riquelme, quien envió como su representante a José María Fraustro, secretario de Gobierno, otra de sus cartas para la sucesión. Jiménez tiene carisma, comunica bien y hasta ahora ha resultado buen alcalde. Para llegar en condiciones al 23, necesita jugar sus fichas con inteligencia, no sobreexponerse ni dejarse envolver por el canto de las sirenas. Ir a Torreón fue un buen movimiento, pues La Laguna, siempre recelosa de Saltillo, es clave para cualquier proyecto político.

07 Enero 2020 04:02:00
Puente entre alcaldes
Los informes de los alcaldes Manolo Jiménez (Saltillo, PRI) y Jorge Zermeño (Torreón, PAN) permitieron contrastar dos estilos: uno marcado por la ascendencia y el ímpetu de quien desea comerse el mundo de un bocado, y otro forjado en la lucha por la democracia y medio siglo en la arena política. La asistencia de uno a la ceremonia del otro podría significar el inicio de una relación entre ciudades antagónicas cuya población conjunta equivale a la mitad de todo el estado. Y acaso también ser el vislumbre de una alianza para detener el avance del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuyo líder es el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, primero es necesario que el PRI actúe en Torreón como lo hace en Saltillo, donde las oposiciones han antepuesto el interés del municipio a los colores partidistas, según ponderó Jiménez en su discurso. La administración de Zermeño está sometida a una campaña de golpes bajos y denuncias que pretende lograr lo que el PRI y Morena no pudieron en las urnas: debilitarlo y restarle autoridad y respaldo social. En su mensaje ante el secretario de Gobierno, José María Fraustro, el Alcalde encaró a los regidores de esos partidos:

«Hemos privilegiado el diálogo respetuoso por encima de la confrontación estéril; trabajar en equipo significa aportar, sumar esfuerzos para un fin común que es Torreón. Sé que hay algunos a los que les molesta el buen trabajo y el progreso de la ciudad, que le apuestan al fracaso. Nosotros respondemos con trabajo y con hechos, no con dichos. (…) La ciudadanía tiene memoria y no se deja engañar». Sin triunfalismos ni protagonismo y en un escenario sobrio que compartió con el Cabildo, Zermeño tendió la mano a quienes calificó de adversarios gratuitos: «Los invito a que se sumen al trabajo constructivo como lo hacen la mayoría de los ciudadanos de Torreón».

Desde su lugar, el excandidato del PRI a la Alcaldía y ahora regidor José Antonio Gutiérrez Jardón -secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Rubén Moreira-, con la flema característica reflejada en el rostro, se limitó a esbozar una sonrisa y a cuchichear con Isis Cepeda. Un hermano de la regidora -hijos de Mario Cepeda, cacique del PRI- perdió la elección para diputado hace dos años. Zermeño pesa demasiado aun dentro del mismo PAN. La campaña en su contra, reforzada en redes sociales y en algunos medios de comunicación, podría favorecer a cuadros de su propio partido e incluso ser alentada por ellos.

Desde su asiento de primera fila, ubicado en mejor lugar que el asignado a su homólogo lagunero en el Museo del Desierto, el alcalde de Saltillo miraba junto con Fraustro el video sobre la obra realizada en Torreón y tomaba nota. Las menciones al gobernador Miguel Riquelme no se respondieron con rechiflas como en el pasado. Su ausencia no es buena señal.

La reflexión de un amigo en el sentido de que «Saltillo no es Coahuila», pues fuera de la capital «los políticos se pierden», la comprobé en el Teatro Nazas el 18 de diciembre. La presencia de Manolo Jiménez pasó casi inadvertida. No así la de Zermeño en Saltillo una semana atrás, justamente por ser una de las figuras con mayor reconocimiento político y social. El saltillense deberá hacer mucho trabajo para relacionarse y avanzar su agenda política en La Laguna, hoy dominada por el PAN y Morena.
06 Enero 2020 04:08:00
Poder compartido
En su primer año de Gobierno, el presidente López Obrador dejó claro que no busca ni necesita la aprobación de quienes votaron en su contra y siempre lo han criticado con mayor ferocidad y encono que a Felipe Calderón y a Peña Nieto. AMLO provoca ese rechazo para mantener polarizado al país y afianzar sus clientelas políticas. La base de AMLO no la forman las cúpulas, sino millones de mexicanos que votaron por él y aún lo apoyan, según reflejan las encuestas. Sin embargo, no debe estigmatizar a los opuestos, cobrar venganza o causarles daño, pues su obligación consiste en gobernar para «buenos» y «malos».

AMLO resistió en 2019 la artillería pesada de sus adversarios, pero la realidad lo derrotó en dos terrenos: la seguridad y la economía. Era difícil reducir la violencia en 12 meses, pero él lo ofreció y al final admitió el fracaso. La estrategia de la 4T se funda en nuevas leyes y en la Guardia Nacional. Es prematuro descalificarla, pues la forma como se afrontó al crimen organizado en los dos últimos sexenios ensangrentó al país y lo volvió más inseguro.

El plan de AMLO consiste en atacar las raíces del problema. La pobreza y la falta de oportunidades empuja a legiones -sobre todo jóvenes- a alistarse en las filas de la delincuencia. La corrupción en las corporaciones policiacas, las fiscalías y los tribunales perpetúa la impunidad y vuelve inútil cualquier esfuerzo para pacificar al país y regresar la tranquilidad a las calles. El Presidente no exagera cuando advierte que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán ejercía el mismo poder que sus predecesores; así lo presentan las series de televisión. La misma influencia tenía Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, en el sexenio de Salinas de Gortari.

A escala local, capos de distintas organizaciones criminales también recibieron protección de políticos y funcionarios a cambio de negocios y dinero. Las causas de la violencia en Coahuila son profundas y así lo demuestran los embates de las últimas semanas cuya intención es evidente: desestabilizar al Estado y al Gobierno y generar sicosis entre la población. La pregunta es si los nexos entre cárteles y autoridades del pasado -y algunas del presente- sirven para presionar a la Administración de turno.

La relación entre política y delincuencia organizada se extendió incluso a algunos medios de comunicación y a un animador de televisión citados en el proceso contra Juan Manuel Muñoz en Estados Unidos. No es la primera vez que ocurre. A mediados de los 90 del siglo pasado, el dueño de la misma televisora «erregeciana» estuvo involucrado con Juan Chapa Garza Jr., alias José Luis García Treviño, del Grupo Aztlán, detenido en La Paz, Baja California, el 28 de octubre de 1994 y entregado al día siguiente a Estados Unidos. Cuatro años antes, se había fugado de la cárcel texana de Wakenhut donde purgaba una condena de 30 años por tráfico de drogas.

La PGR incautó el Learjet matrícula XA-RCG utilizado por el supuesto García Treviño para viajar a La Paz, pero luego lo devolvió a su propietario. Incluso se llegó a especular que Chapa era Juan García Ábrego, a la sazón líder del Cártel del Golfo. El dueño de Aztlán tuvo también entre sus socios saltillenses a empresarios de doble moral. El mensaje de AMLO, en el sentido de que esos tiempos ya se acabaron, anticipa tormentas en Coahuila.
04 Enero 2020 04:05:00
Bomba de relojería
Genaro García Luna es uno de los puentes entre las presidencias de Carlos Salinas, en cuyo sexenio se integró al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Vicente Fox y Felipe Calderón. Su captura en Estados Unidos pone de relieve los vínculos del poder con los cárteles de la droga y ayuda a explicar la crisis de violencia en el país. Sobre el caso escribe Gerardo Moyano en Espacio 4.

“La realidad supera la ficción. En la afamada serie de Netflix El Chapo, el segundo personaje más importante después del capo es ‘Conrado Sol’, un funcionario que escala hasta el más alto puesto de la estructura de seguridad del Gobierno federal y es muy cercano al Presidente. Conrado recibe pagos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán por usar a las fuerzas federales para proteger al cártel de Sinaloa y atacar a sus rivales.

“Las sospechas de a quien representaba el personaje de la serie quedaron despejadas con la detención del secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en Estados Unidos, donde enfrenta cuatro delitos –tres por conspiración y tráfico de drogas y uno por falsear declaraciones para obtener la ciudadanía estadunidense–.

“A petición del Departamento de Justicia de EU, el exfuncionario será juzgado en Nueva York por Brian M. Cogan, el mismo juez que condenó al ‘Chapo’ a cadena perpetua, en julio pasado.

“Las acusaciones que pesan sobre el ejecutor de la ‘guerra contra el narco’, lanzada por Calderón en 2006, no son de ficción: están sustentadas en declaraciones de testigos –exsocios y/o enemigos del ‘Chapo’– a quienes la justicia estadunidense les da crédito.

“En México, los vínculos de García Luna con el cártel de Sinaloa han sido documentados y denunciados por personas que no solo fueron desoídas por el Gobierno, sino perseguidas y amenazadas de muerte. Entre ellas, la periodista Anabel Hernández y el excomisario General de la Policía Federal División Caminos, Javier Herrera Valles.

“Hernández, autora de los libros Los Señores del Narco (2010), y El Traidor: El Diario Secreto del Hijo del Mayo (2019), en los que revela relaciones entre funcionarios federales y narcotraficantes, tuvo que huir del país luego de sufrir varios atentados. El 11 de diciembre, le confesó a la periodista Carmen Aristegui que funcionarios estadunidenses la contactaron para decirle que García Luna tenía un plan para asesinarla.

“Herrera Valles fue detenido en 2008, después de haberle enviado una carta a Calderón en la que denunciaba que García Luna colocaba en puestos claves a personajes reprobados en los exámenes de control de confianza y otros vinculados con el crimen organizado (Reforma, 13.12.19). Pasó cuatro años en prisión.

“Ambos coinciden en algo: Felipe Calderón no puede alegar ignorancia sobre lo que hacía su ‘hombre fuerte’, pues fue advertido en más de una oportunidad. Como era de esperarse, el Gobierno del priista Peña Nieto (2012-2018) no investigó a García Luna. Al contrario, usó la estructura de espionaje montada por él para vigilar a rivales políticos, activistas y periodistas.

“¿Y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mientras el Presidente jura que no perseguirá a exfuncionarios ‘para no hacer leña del árbol caído’, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congela las cuentas bancarias del círculo cercano a García Luna”.

03 Enero 2020 04:05:00
El país que somos
Contra lo que se diga -y casi todos, en algún momento, lo expresamos-, México es un gran país. En apenas 198 años de vida independiente, ha superado guerras, invasiones, amputaciones territoriales, revoluciones y levantamientos. El último, por la vía armada, fue hace 26 años en Chiapas, en demanda de justicia y democracia. El de 2018 ocurrió a través de las urnas, motivado por los altos niveles de corrupción, impunidad, desigualdad y soberbia gubernamental.

Las decisiones de la mayoría no son siempre las mejores, como hoy mismo lo observamos incluso en los países más avanzados. Alfred Smith advertía al respecto: «Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia». No solo a la hora de votar, sino en el día a día, con una actitud positiva y congruente, desde las acciones más simples hasta las más exigentes.

En una de las caricaturas célebres de Abel Quezada, un ángel pregunta al Creador (cito de memoria): «Señor, ¿por qué en esta tierra te prodigas: mares, selvas, metales preciosos, petróleo… y a otras las privas de todo?». En su infinita sabiduría, Dios responde en silencio: sobre la cornucopia (esa forma de vaso que dio a nuestro territorio para distinguirlo de los demás) coloca a un charro, símbolo de identidad nacional.

Sin embargo, contra toda forma de denigración, somos un país rico en cultura, historia y tradiciones. Ha ganado el Nobel de la Paz con García Robles; el de Literatura con Octavio Paz, y el de Química con Mario Molina. También destaca en los campos del arte, la medicina, la ciencia, la tecnología y el deporte. Si no lo valoramos así es por esa propensión tan nuestra de mirar siempre la parte negativa.

Uno de nuestros mayores errores consiste en juzgar al país por el comportamiento de su clase política. Visto así, es uno de los más venales, displicentes, improductivos y menos afectos al cumplimiento de la ley. Ello explica la resistencia de liderazgos y cuadros valiosos de la sociedad a participar en la «res publica» o en los asuntos de Estado. Eso deja la vía libre a los partidos y a otros grupos para imponer los intereses de sus cúpulas a los de México.

Imposible disociar la situación del país de nuestro comportamiento como ciudadanos. El escritor y político francés André Malraux lo planteaba así: «Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, sino los que más se les parecen». ¿Queremos gobiernos honrados, responsables y confiables? Seámoslo primero nosotros. Solo así tendremos autoridades dignas y decentes.

Asimismo, es imperativo tener fe como país. Reconocer que no somos depositarios de la verdad; defender nuestros valores y capacidades y respetar a los demás puede permitirnos sosegar los ánimos y conseguir un desarrollo justo, equilibrado y sostenible. Suponer que los privilegios de unos los tienen todos equivale a cerrar los ojos ante una realidad estrujante. La pobreza y la desigualdad alimentan la inconformidad.

Regar el enfado social con la gasolina de la demagogia y la discordia es irresponsable y suicida. La injusticia jamás se resolverá con retórica, sino con un reparto equitativo de la riqueza. Debe haber consensos sin sacrificar libertades. La solidaridad y la autocrítica son piedras angulares en la construcción de un nuevo México. Ni la autoflagelación ni las orejeras son la solución a nuestros males, sino el compromiso y la voluntad para cambiar y dar a México el lugar que merece.
01 Enero 2020 04:06:00
El factor Monreal
El futurismo es, junto con la charrería, el deporte nacional por antonomasia. Si alguien lo sabe es el presidente López Obrador, quien despacha en Los Pinos después de tres campañas. Previamente había sido candidato del PRD al Gobierno de Tabasco, dos veces, y a la jefatura del Distrito Federal en 2000, cuando venció a Jesús Silva Herzog Flores, una de las figuras más íntegras y respetables del PRI dentro y fuera de nuestras fronteras. Su papel en la Secretaría de Hacienda, durante la crisis económica de finales del sexenio de López Portillo y principios del Gobierno de Miguel de la Madrid, salvó a México de la quiebra. Era uno de los presidenciables más sólidos en la sucesión de 1988, pero las intrigas palaciegas de Salinas de Gortari lo eliminaron de la carrera, con lo cual el país perdió.

Si hoy fueran las elecciones, Morena volvería a llevarse de calle la Presidencia. Las cartas más visibles, por su exposición mediática, son el canciller Marcelo Ebrard, uno de los perseguidos de Peña Nieto; la gobernadora de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el jefe del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien coordinó la campaña presidencial de AMLO. Monreal fue delegado del PRI en Coahuila, donde identificó liderazgos, algunos de los cuales ahora militan en Morena; otros cuadros del PRI podrían dar pronto el mismo paso.

Monreal se convirtió en figura nacional justamente cuando renunció al PRI en 1998 para postularse para el Gobierno de Zacatecas por el PRD, cuyo presidente era entonces AMLO. De haber aceptado la imposición de Marco Antonio Olvera, quien también representó al PRI en nuestro estado, los días de Monreal en la política habrían terminado. En la sucesión coahuilense de 1993, el candidato natural era Enrique Martínez y Martínez (EMM), pero Salinas de Gortari impuso a Rogelio Montemayor.

EMM y el actual jefe de la bancada senatorial de Morena fueron diputados en la LVII Legislatura federal (1997-2000), de la cual Monreal saltó a la gubernatura tras derrotar a Olvera por un margen de 5.5 por ciento. En 1999, el saltillense estaba de nuevo en la antesala del Palacio Rosa, pero no en la baraja de Montemayor. Monreal entró entonces en acción y le propuso ser candidato por el PRD. Los contactos de Martínez en Los Pinos influyeron para que el PRI, para evitar el contagio de Zacatecas, resolviera el caso de Coahuila mediante consulta abierta y no por dedazo.

Enrique Martínez ganó con holgura el proceso interno y las elecciones constitucionales a un contendiente de primera línea, Juan Antonio García Villa, postulado por una alianza formada por el PAN, el PRD, y los partidos Verde y del Trabajo. El Gobierno de EMM ha sido uno de los mejores: desarrolló un importante programa de obra pública y saneó las finanzas. Su gran error fue haberle allanado el camino al moreirato, cuyo docenio arruinó las finanzas y el prestigio de Coahuila.

Monreal es uno de los políticos más cercanos a López Obrador, y desde ahora presidenciable. Morena quiere más diputados locales, más capitales, un mayor número de gubernaturas y conservar la mayoría en el Congreso. En la construcción de una candidatura aún lejana y sujeta a múltiples vaivenes, Coahuila está en la agenda del coordinador parlamentario. Mientras más avance en los estados, mejor para sus aspiraciones.
31 Diciembre 2019 04:07:00
AMLO, el primer año
El enfado con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la forma de conducir al país es justificable y patente, sobre todo en los sectores alineados al PRI, al PAN y a otras corrientes. Igual puede haber frustración entre quienes votaron por él esperanzados en un cambio tantas veces prometido, pero jamás cumplido, o bien para castigar a un sistema intoxicado por la corrupción, la impunidad, la arrogancia gubernamental, el cinismo, el enriquecimiento de políticos de todo signo partidista y el predominio de las élites económicas.

AMLO llegó a su primer informe con una aprobación de 70% (Reforma), pero la violencia en el país y los sucesos en Culiacán, Sinaloa, (la liberación de uno de los hijos del Chapo Guzmán), y Bavispe, Sonora, (el ataque contra las familias LeBarón y Lagnford) le hicieron perder dos puntos. Peña Nieto gastó en su sexenio 60 mil millones de pesos en propaganda e imagen y terminó con un respaldo de 24% (Mitofsky).

El mensaje de los cárteles de la droga al Estado mexicano y a la sociedad civil es inequívoco: llegarán a los extremos necesarios para mantener su comercio inmundo. La declaración de guerra debe ser respondida con inteligencia, entendida como la facultad de comprender y resolver problemas, y la organización del Estado para brindar al Poder Ejecutivo análisis e información que permitan diseñar estrategias y tomar las decisiones más convenientes para prevenir o neutralizar amenazas y defender los intereses nacionales.

AMLO ha cometido errores y aciertos; los primeros se magnifican por su impacto, pero también por la influencia de sus adversarios en los medios de comunicación del país y el extranjero, así como en organismos y corporaciones internacionales. Los fracasos en seguridad y economía son incontestables. Sin embargo, es ilusorio esperar de la Guardia Nacional resultados mágicos. La cancelación del aeropuerto donde ya se habían invertido cantidades ingentes de dinero no la justifica la corrupción inherente. La solución consistía en investigar las irregularidades, procesar a los involucrados y reasignar el proyecto sin comprometer recursos del erario.

Las reformas educativa y energética del peñismo se vendieron como la panacea universal, sin serlo. La primera estigmatizó a los profesores -no todos son Gordillo, Moreira o los bárbaros de la CNTE- y la segunda, pervertida también por la codicia neoliberal, resultaba desventajosa para el país y demasiado provechosa para los intereses privados. Hoy el exdirector de Pemex se encuentra prófugo. ¿Dónde están los combustibles y la electricidad baratos? ¿Dónde los miles de empleos prometidos?

Con la responsable de los programas sociales en prisión y mayor pobreza en el país, ¿cómo defender la política de bienestar del gobierno peñista? En burocracia y corrupción se perdieron carretadas de dinero destinadas a los pobres solo en el papel. Hoy el apoyo económico a jóvenes, ancianos y discapacitados evita intermediaciones; igual puede prestarse a abusos por falta de reglas claras, pero su entrega directa vuelve tangible el beneficio. Otras acciones, basadas en meras sospechas, afectaron el abasto de medicamentos y la atención a niños bajo tratamiento médico, a hijos de madres trabajadoras y a mujeres en situación de riesgo. La corrupción contaminó incluso algunas causas nobles.
30 Diciembre 2019 04:05:00
Coletazos de la hidra
El gobernador Miguel Riquelme rindió dos informes. El primero en la capital del estado, en la sede del Congreso, y el segundo en el Centro de Convenciones de Torreón ante la sociedad civil. Previamente, había declarado que no entregaría obras inconclusas para ganar reflectores. De acuerdo con ese criterio, antes del segundo informe inauguró un bulevar en la capital, gobernada por el PRI; un Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Militarizado en Piedras Negras, cuyo Alcalde es de Morena; e inició la habilitación de un centro de Gobierno en Torreón, donde las riendas del municipio las lleva el PAN.

Los presidentes, gobernadores y alcaldes suelen incluir en sus informes obras que en el papel ya fueron pagadas y están en funcionamiento, lo cual en muchos casos es mentira. Durante sus giras por el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado carreteras, hospitales y otras instalaciones a medio terminar y sin equipo. Un ejemplo es el Hospital Oncológico Salvador Chavarría, inaugurado por el exgobernador Rubén Moreira dos días antes de concluir su gestión (Digital News, 28.11.12).

Las regiones Sureste y Laguna terminan el año sin grandes conflictos, pero las zonas Centro y Carbonífera están colapsadas. La primera, por la crisis de Altos Hornos de México debido a la detención de su propietario, Alonso Ancira Elizondo, en España, cuyas cuentas fueron desbloqueadas apenas el 23 de noviembre. Y la segunda, a causa de la suspensión de compras de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La hidra de la corrupción está presente en ambos casos.

El Gobierno federal denunció a Ancira y a la acería por la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex a un precio inflado de 273 millones de dólares. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó transferencias de AHMSA a una filial de la constructora brasileña Odebrecht, centro de una trama internacional de corrupción, las cuales se remitieron después a una empresa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, radicada en Suiza. Estados Unidos acusa a Lozoya de recibir sobornos de Odebrecht por 10 millones de dólares; actualmente se encuentra prófugo.

Tras la cancelación de compras de carbón, decidida por la CFE, subyace una larga historia de corrupción e impunidad en la Promotora Estatal para el Desarrollo Minero (Prodemi). La entidad ha sido utilizada como “caja chica” por gobernadores y funcionarios públicos para amasar fortunas y desviar recursos a campañas políticas. Debido a los altos niveles de corrupción, el senador de Morena y empresario minero Armando Guadiana ha planteado incluso su desaparición; o en su defecto, “una limpia urgente”.

El Gobierno del estado anunció el 27 de noviembre un “pedido emergente”, de la CFE por 80 mil toneladas a los productores de Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz para paliar la crisis, del cual Miguel Riquelme dio cuenta en su informe. Según el comunicado, la empresa adquirirá entre 1.2 y 2 millones de toneladas de carbón el año entrante. Sin embargo, las operaciones deberán transparentarse para no repetir vicios del pasado y asegurar que el beneficio lo obtengan los productores y no los coyotes ni los funcionarios de Prodemi, de la cual también han lucrado exlíderes del PRI. El presidente López Obrador tiene fuentes directas para mantenerse al tanto de la situación.

28 Diciembre 2019 04:05:00
Moreirazo, deuda eterna
El informe del auditor Superior del Estado puso en claro que desde El Moreirato, la Procuraduría General (hoy Fiscalía) y el Sistema Estatal Anticorrupción han servido de tapaderas. En los 11 últimos años, la institución presentó un promedio de 22.7 denuncias anuales por la deuda, las empresas fantasma y otros actos de corrupción, sin ningún resultado. Javier Mariscal analiza el tema en el bisemanario Espacio 4 (630).

“La exorbitante deuda que endilgó el gobernador Humberto Moreira (2005-2011) y que legalizó su hermano Rubén (2011-2017) se ha convertido en un pantano financiero del que Coahuila difícilmente podrá salir. Así lo confirmó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Armando Plata Sandoval, quien el 17 diciembre presentó el Informe Anual de la Cuenta Pública 2018 ante el Congreso del Estado.

“Según reporta el Auditor, el pasivo estatal no ha disminuido, sino que es incluso mayor: pasó de 36 mil millones de pesos en 2012 a 37 mil 575 millones en diciembre de 2018, monto por demás sorprendente si se considera que en ese lapso se han erogado 30 mil 806 millones como servicio de deuda. De ese total, 21 mil 516 millones corresponden a pago de intereses, 5 mil 994 millones a amortizaciones y el resto a gastos de reestructuras, comisiones y coberturas diversas.

“De acuerdo con el dato más reciente de la Secretaría de Finanzas, al 31 de octubre de 2019, la deuda actual ascendía a 37 mil 77.6 millones de pesos. Cuestionado respecto a cuál sería el plazo en el que Coahuila podría reportar liquidado tal adeudo, el auditor sentenció: ‘Conforme a la programación de pagos actualmente establecida, y si se sostienen los candados para impedir la contratación de cualquier otro empréstito, podríamos decir que aproximadamente en 25 años estaríamos dejando atrás este problema’.

“El auditor destacó que desde 2008, la Auditoría ha presentado cerca de 250 denuncias por manejo irregular de los recursos públicos contra quien o quienes resulten responsables, sin embargo desconoce los resultados de las investigaciones.

“Estamos seguros que hemos aportado elementos para el establecimiento de sanciones y una absolución

por hechos atípicos por prescripciones poco claras, pues simplemente las hemos judicializado y hemos obtenido resolución a favor”, señaló. En este sentido, propuso reformar la Constitución y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado para reconocer la calidad de víctima u ofendido de la ASE en los procesos penales.

“Esto le permitiría acceder a las carpetas de investigación correspondientes de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción, y coadyuvar en el debido proceso de las investigaciones, ‘a fin de obtener resoluciones justas y apegadas a derecho’.

“La limitante es que al no tener una calidad de víctima u ofendido directo, de antemano el agraviado es el patrimonio público. Existe la posibilidad de que no se nos dé acceso pleno a carpetas y demás, entonces, queremos que quede muy clara la legislación para poder nosotros ejercer nuestro derecho en calidad de víctima u ofendido y apelar las resoluciones que encontremos injustas”, reclamó.

“Plata Sandoval también propuso al Congreso ampliar las facultades del Sistema Estatal Anticorrupción en funciones de prevención y control de la corrupción, mediante padrones de proveedores, contratistas y beneficiarios, y crear la Unidad de Contabilidad Gubernamental como mando superior en la estructura orgánica del Estado y municipios, para efectos de transparencia y rendición de cuentas”.


27 Diciembre 2019 04:05:00
Gobernadores: así van
Tres encuestas nacionales sobre la aprobación de los gobernadores colocan a Miguel Riquelme en los lugares 11, 17 y 23. El coahuilense obtiene los mejores resultados en la pesquisa de Data Coparmex; en la de Consulta Mitofsky registra una calificación media, y en la de Arias Consultores se alejó ocho sitios de Cuauhtémoc Blanco (Morelos), ubicado en el último puesto. Por bloque partidista, los gobernadores del PAN lograron una aceptación promedio del 43.4%, los de Morena del 40.5% y los del PRI del 29%, según Mitofsky.

La indagación de Coparmex, difundida a finales de octubre, se centra más en el estado. Coahuila, dice el organismo patronal, tiene el primer lugar nacional en el sector formal de la economía con un 66.4% de trabajadores ocupados; es el segundo «más seguro» -después de Chihuahua- con 41% de empresas víctimas de delitos; el segundo «menos corrupto» según «la frecuencia con que las empresas se enfrentan a actos de corrupción al interactuar con el Gobierno», y el quinto con mejores empleos. Sin embargo, por la proporción de empresarios (31%) que «están de acuerdo con el de-sempeño del gobierno estatal de turno» baja al sitio 11.

Mitofsky divide su ranking en cinco rangos (sobresaliente, alto, medio, bajo y muy bajo). Con niveles del 79 al 50% en noviembre, el primer grupo lo forman los gobernadores de Yucatán (PAN), Sinaloa (PRI), Baja California Sur (PAN), Chiapas y Ciudad de México (Morena). Miguel Riquelme, cuya aceptación es 36.7% (5% mayor con respecto a octubre), ostenta el lugar 17, rango medio. Los peores son Cuauhtémoc Blanco (Morena), Alfredo del Mazo (PRI), Jaime Rodríguez (independiente) y Silvano Aureoles (Morena).

En «percepción de seguridad», Coahuila aparece en el sitio 14. El 20% de la muestra la considera mejor; el 39.9%, igual; y el 38.4%, peor. En «percepción económica», ocupa el puesto 8 (uno menos que en la medición previa), pero en «nivel de corrupción» cae al 26 (el moreirazo no se olvida). Con respecto a la «situación personal» de los habitantes, cae dos lugares (del cinco al siete), dice Mitosfky.

La encuesta de Arias Consultores sitúa al Gobernador de Coahuila en el lugar 23: el 21.3% aprueba su gestión, al 12.3% «le es indiferente» y el 66.4% la desaprueba. Riquelme le «inspira confianza» al 21.9% y al 78.1%, no. En confianza para invertir, economía y empleo, el estado figura en las posiciones 16 y 15; y en obra pública, salud y turismo, los puestos 23, 22 y 19, respectivamente. En cuanto a corrupción (sitio 24), el 14% respondió que ha disminuido, el 4.6% lo ignora y el 81.5% dijo que no. El mejor lugar (10) lo obtuvo en seguridad: el 17.5% considera que ha mejorado, el 16.2% no lo sabe y el 66% respondió negativamente.

Las encuestas muestran coincidencias y discrepancias, pero una misma realidad. Coahuila es un estado agraviado por la megadeuda, la corrupción y la impunidad, sobre todo en los dos últimos sexenios. La solidez de la economía responde a su propia dinámica y le brinda soporte al Gobierno. El moreirato afectó la imagen de la entidad dentro y fuera de México. Miguel Riquelme no tiene las mejores calificaciones, pero ha logrado conciliar al estado y mantener el equilibrio en medio de la crisis financiara. Mejor así que ser calificado como el «gobernador más honesto y confiable del país » y terminar en las páginas de Forbes dentro del club de los más corruptos.
25 Diciembre 2019 04:05:00
La huella Zeta (II)
Si a los emigrantes centroamericanos les dio la espalda para calmar al energúmeno de la Casa Blanca, el presidente López Obrador igual podría maquillar la estrategia contra el crimen organizado para disuadir a Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles. George Bush promulgó la ley respectiva en 2001 por los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

De aplicarse a los traficantes mexicanos, Estados Unidos podría perseguirlos en territorio nacional, imponerle al país sanciones económicas e incluso recurrir a las Fuerzas Armadas.

El 6 de diciembre, un día después de la entrevista del fiscal William Barr con AMLO, Trump dijo que el proceso ya estaba terminado, pero que “a petición de un hombre que me agrada y respeto, y ha trabajado muy bien con nosotros, presidente Andrés Manuel López Obrador, detendremos temporalmente esta designación e iniciaremos esfuerzos conjuntos para combatir decisivamente a estas crecientes organizaciones”.

El plan de AMLO consistiría en acorazar la frontera y dar a las autoridades locales manos libres para enfrentar a los cárteles con el apoyo de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, como ocurrió en Villa Unión. El Presidente miraría para otro lado y el costo político no lo pagaría él, sino los gobernadores.

El “¿Quién es quién?” en los estados busca, precisamente, obligarlos a cumplir sus responsabilidades en materia de seguridad, pues “no todos madrugan”. La estrategia tendría un nuevo enfoque: balazos en el norte y abrazos en el resto del país.

Sobre el operativo en Villa Unión –apoyado por AMLO–, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se limitó a “condenar y lamentar los hechos”, pero no ofreció investigarlos para determinar posibles violaciones.

A este tenor, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, rechazó “absolutamente” ejecuciones extrajudiciales en Coahuila, sin ofrecer pruebas. ¿Nada de “mátalos en caliente”?

En el dispositivo del 17 de octubre en Culiacán (743 mil habitantes) para detener al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, murieron ocho personas (cinco supuestos sicarios, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal de Aguaruto y un civil), según el Gabinete de Seguridad.

En Villa Unión (6 mil 352 pobladores) resultaron abatidas 25, más del triple. El argumento del Gobierno federal para liberar a Guzmán fue evitar un mayor número de víctimas; en Coahuila, avaló el operativo. Para AMLO, uno de los gobernadores que «más atención le dedica al tema de la seguridad”, es Riquelme.

Estados Unidos no quiere problemas en su traspatio. Quince días antes del enfrentamiento en Coahuila, su embajada renovó la alerta de nivel cuatro para que sus connacionales y empleados no visitaran Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas; después incluyó a Chihuahua.

En el nivel tres, cuya recomendación consiste en “reconsiderar el viaje debido a la delincuencia”, figuran Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

La violencia en la frontera representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos.

En Coahuila, los Zetas aumentaron su presencia en el gobierno de los Moreira. Heriberto Lazcano, uno de los jefes del cártel, murió en Progreso, el 7 de octubre de 2012, en un enfrentamiento con el Ejército y la Marina.

Su cuerpo “desapareció”.

Juan Manuel Muñoz Luévano, presunto enlace de los Zetas en Europa, fue extraditado a Estados Unidos, donde se acogió a la figura de “testigo protegido” y se declaró culpable de lavado de dinero para enfrentar su juicio en libertad.



24 Diciembre 2019 04:05:00
La huella Zeta (I)
La pesadilla revivió en Villa Unión, a 60 kilómetros de Estados Unidos y a 400 de Saltillo, mientras el gobernador Miguel Riquelme rendía su segundo informe, el 30 de noviembre. Diecinueve presuntos sicarios y cuatro agentes perecieron a consecuencia de los enfrentamientos entre el Cártel del Noreste y policías estatales, elementos del Ejército y la Guardia Nacional. También murieron un bombero y un menor de edad secuestrados. Villa Unión forma parte de los Cinco Manantiales junto con Morelos, Nava, Zaragoza y Allende, donde los Zetas sembraron terror y destrucción el 18 de marzo de 2011. En este caso, quizá jamás se conozca a ciencia cierta el número de muertos y desaparecidos, pero diversas fuentes e investigaciones lo cifran en 300. Entonces imperaba en el estado un régimen de corrupción y complicidad.

La noticia cayó como bomba y puso de nuevo al estado en el candelero mediático, esta vez con la fachada del Ayuntamiento acribillada y patrullas incendiadas como signos irrefutables de una guerra sin fin. «Los civiles iban armados y las autoridades creen que eran pistoleros de la “Tropa del Infierno”, un brazo armado del Cártel del Noreste (CDN), fruto de la escisión de los Zetas, que tuvo fuerte presencia en Coahuila», publicó BBC News Mundo. Coahuila es el cuarto estado más seguro del país, había dicho Riquelme ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien representó al presidente López Obrador en el informe.

Coahuila ocupó el puesto 13 en el ranking de percepción de seguridad de Consulta Mitofsky, correspondiente a octubre. El 20.1% de los encuestados la considera mejor; el 46.5%, igual; y el 50.7%, peor. La prioridad de la Administración de Miguel Riquelme consiste en mantener la paz. AMLO ha reconocido públicamente y en sesiones del Gabinete de Seguridad los resultados de la coordinación en Coahuila. Ajena a los hechos en Villa Unión, Sánchez Cordero puso al estado de ejemplo de «cómo deben hacerse las cosas en materia de seguridad; han bajado ustedes el índice de criminalidad en una forma impresionante. Coahuila está en los primeros lugares de seguridad en el país y eso es para felicitarse».

Distinto a sus predecesores, quienes echaron tierra a la masacre en Allende y al uso de la cárcel de Piedras Negras como «virtual campo de exterminio», Riquelme modificó su agenda y viajó a Villa Unión para afrontar la crisis. En vísperas de su informe, anunció acciones y convenios para blindar la entidad contra la invasión de c´srteles. Sin embargo, como apunta la BBC y antes lo advirtieron ProPública y National Geographic, en Anatomía de una Masacre; la Universidad de Texas, en Control… Sobre todo el Estado de Coahuila; y Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, investigadores de El Colegio de México, en Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011, las raíces del cártel se profundizaron durante el moreirato. Extirparlas no es una tarea sencilla.

Riquelme no ha sido señalado en México o Estados Unidos por tener vínculos o brindar protección al crimen organizado, lo cual lo exime de compromisos y le permite actuar con libertad. Según el estudio de la Universidad de Austin, testigos de juicios federales celebrados en San Antonio, Austin y Del Río entre 2013 y 2016 describieron “sobornos de millones de dólares pagados a los hermanos Humberto y Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila -que han gobernado la entidad los últimos 10 años seguidos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)- a cambio del control total del estado” (El País, 06.11.17).

23 Diciembre 2019 04:05:00
La joya de la corona
El ataque a Villa Unión del 30 de noviembre mostró una vez más la vulnerabilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. Mantener la paz, el orden público y garantizar la seguridad de las personas será imposible mientras no exista inteligencia que permita anticipar la acción de cualquier grupo armado para prevenirla o afrontarla en mejores condiciones. Igualar la capacidad de fuego de los gobiernos locales con la de los cárteles agravaría el problema en vez de resolverlo y expondría a la población a peligros aun mayores, pues las organizaciones criminales tienen acceso a armamento y tecnologías punteros.

El evento recordó al de Allende –a 20 kilómetros de distancia– en 2011, donde un comando marcó a sangre y fuego a esa comunidad otrora pacífica, por un presunto arreglo de cuentas. No existe un número oficial de víctimas, pero se calcula en 300. En Allende, las autoridades estatales hicieron mutis. La versión del Gobierno es que en Villa Unión el cártel del Noreste –derivación de los Zetas– quiso atemorizar a la población, pero a diferencia de lo ocurrido hace ocho años en el municipio vecino, las dos únicas bajas civiles fueron las de un bombero y un menor de edad asesinados después de los enfrentamientos entre policías y sicarios.

La coincidencia entre la agresión y el Segundo Informe del gobernador Miguel Riquelme echó leña al fuego. Se tomó como un aviso o una provocación en un estado donde, en los dos sexenios previos, las más altas autoridades pactaron con el crimen organizado, según se ha denunciado en investigaciones periodísticas, académicas y en juicios federales realizados en San Antonio, Austin y Del Río, Texas, entre 2013 y 2016. (Dato curioso: cuando el exgobernador Humberto Moreira asumió la Presidencia del PRI, en Saltillo se registraron las primeras balaceras relacionadas con el narco cuyo saldo inicial fue de siete muertos).

“Villa Unión no es como Allende”, advierte Riquelme. Tiene razón. Sin la aquiescencia del Gobierno de turno, la masacre acaecida entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, no hubiera sido posible. La ofensiva de los Zetas evidenció la colusión con las autoridades locales, pues los 20 agentes de la policía municipal fueron instruidos “para no salir a patrullar, ni responder los llamados de auxilio que se presentaran y levantar a cualquiera de apellido Garza para entregarlo al grupo criminal” (BBC News, 10.09.16). En Villa Unión, la falta de inteligencia se compensó con una reacción inmediata de los gobiernos estatal y federal. El Ejército, la Guardia Nacional y el Grupo de Acción y Reacción repelieron con éxito al comando. Por cada policía abatido resultaron muertos casi cinco sicarios, y 10 más fueron capturados.

Frente a la escasez de recursos para emprender obras de gran calado, pues la megadeuda por 38 mil millones de pesos absorbe alrededor de 4 mil millones anuales de intereses, la joya de la corona del Gobierno de Riquelme es la seguridad. El docenio de los Moreira resultó de pesadilla: con Felipe Calderón generaron el conflicto y en la presidencia de Peña empezaron a resolverlo. Coahuila no figura hoy entre los estados más violentos del país. El Mandatario pudo revertir la situación en Villa Unión y salir fortalecido. Sin embargo, exhibirse demasiado lo expone. Se ganó una batalla, no la guerra.



21 Diciembre 2019 04:08:00
AMLO, claroscuros
La lucha anticorrupción salvó el primer año de Gobierno de la cuarta transformación, pues en seguridad pública y crecimiento económico está reprobada. Así lo apunta Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4 (629).

“El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cerró su primer año de Gobierno con una aprobación superior a la que obtuvieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el mismo lapso de sus administraciones.

“La mayoría de las encuestas –Consulta Mitofsky, De las Heras Demotecnia, PQR Planning Quant, El Financiero– le atribuyen entre un 60% y 70% de aprobación, apuntalada en particular por el combate a la corrupción –hasta un 50% opina que hubo avances en este tema–. En contraste, la seguridad y la economía fueron los rubros en los que más
retrocedió.

“Si bien existe la sensación de que AMLO ha utilizado su estrategia anti-corrupción para perseguir adversarios (The Economist, 29.09.19), el apoyo que recibe en la materia tiene fundamentos estadísticos.

“Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) –célebre por haber absuelto a Peña Nieto por el escándalo de la Casa Blanca–, informó que abrió 18 mil investigaciones y sancionó a mil 400 funcionarios públicos, a lo cual se suman 136 casos que incluyen redes de corrupción como la Estafa Maestra –64 funcionarios investigados por un fraude de más de 7 mil millones de pesos–, OHL (hoy Aleatica) y Odebrecht. Esta última involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos de la constructura brasileña entre 2010 y 2012. (…)

“Estos casos se suman a otros 67 de alto impacto público, incluidos los de Rosario Robles (Estafa Maestra), el abogado Juan Collado (lavado de dinero), el líder petrolero Carlos Romero Deschamps (desvío de recursos), el exministro de la Suprema Corte de Justicia Eduardo Medina Mora (enriquecimiento ilícito), y los generales Eduardo León Trauwitz y Sócrates Alfredo Herrera Pegueros (robo de combustible), entre otros.

“Pero no solo exfuncionarios son investigados por la SFP. La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, confirmó que se investigan 12 denuncias en contra de 10 de los llamados superdelegados del Gobierno federal. (…) Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha realizado bloqueos de cuentas bancarias por poco más de 5 mil 333 millones en 2019, en comparación con los 77.1 millones congelados en 2018 y los mil 106 bloqueados en los últimos cuatro años. (…)

“En el Barómetro Global de la Corrupción: América Latina y el Caribe 2019, publicado el pasado 23 de septiembre, 61% de los mexicanos consideró que el Gobierno está actuando “bien” para combatir la corrupción, en comparación con el 24% que opinó lo mismo en 2017.

“Se trata de la confianza más alta entre los países medidos, solo después de Guyana (67%). México también mejoró el porcentaje de ciudadanos que dijo haber sido víctima de sobornos, al pasar de 51% en 2017 a 34% en 2019.

“El 9 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido en Grapevine, Texas, tras ser acusado en una corte federal de Nueva York por los cargos de tráfico de drogas, falsos testimonios y corrupción.

“Según la justicia estadunidense, García Luna permitió al cártel de Sinaloa ‘operar con impunidad en México (…) a cambio de sobornos multimillonarios’”. (Nota completa en:
http://www.espacio4.com)
20 Diciembre 2019 04:06:00
Exigencia ética
El desequilibrio entre los niveles de corrupción e ineficiencia gubernamental y la responsabilidad que debe fincarse a los servidores públicos, al cual se refirió el auditor superior del Estado, Armando Plata, en su comparecencia ante el Congreso para informar sobre los resultados de la revisión de la cuenta pública 2018, explica la impunidad deliberada al menos en tres temas sensibles para los coahuilenses: la megadeuda de 37 mil millones de pesos, el desvío de más de 120 millones del Tribunal Superior de Justicia a Ficrea y de 750 millones a empresas fantasma en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira.

Ninguno de los responsables del quebranto ha sido procesado, pero en los siete últimos años Coahuila pagó el equivalente al 83% de la deuda: 24 mil 812 millones de pesos, por concepto de intereses, reestructuras, comisiones y coberturas, y solo 5 mil 994 millones de capital. El pasivo representó el 79% del presupuesto de 2018; en 2012 era del 111 por ciento. Frente a esa realidad apabullante, el auditor planteó ante el Congreso la necesidad de dar «congruencia a los esquemas de infracciones y sanciones para que, mediante el ejemplo, el ambiente político-burocrático se acoja a las exigencias insoslayables de la ética y la transparencia de los gobiernos progresistas».

La estructura creada en el Gobierno de Rubén Moreira para inhibir y castigar el peculado y otros delitos cometidos desde el poder fue diseñada para simular y por lo tanto es una falacia. Sin un solo pillo en prisión por el saqueo transexenal, parecería que Coahuila es un estado libre de corrupción. Contra ese sistema venal, el auditor propuso para la agenda legislativa reformas a la Constitución local y a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior. Otorgar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) el carácter de víctima le permitiría tener acceso a las carpetas de investigación de cada caso y coadyuvar en el debido proceso «en aras de obtener resoluciones justas y apegadas a derecho».

Para no confundir a la opinión pública, evitar que las observaciones a las cuentas públicas se tomen per se como delitos y «entregar casos más depurados» a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa, la ASE sugirió al Congreso ampliar en seis meses el plazo para que el Estado y los municipios «presenten mayores elementos para solventar las observaciones que les fueron determinadas». Asimismo, pidió algo que la sociedad civil demanda a voz en grito ante la falta de resultados por los desmanes impunes: ampliar las facultades de prevención y control del Sistema Estatal Anticorrupción.

En el informe sobre la revisión de la cuenta pública del año pasado llama la atención que el 52% del total de las observaciones (2 mil 792 millones de pesos) se hayan hecho a la Universidad Autónoma de Coahuila; el resto (2 mil 576 millones) corresponden a otras entidades. La ASE detectó irregularidades inadmisibles: falta de conciliaciones bancarias, sueldos por dos o más plazas sin acreditar la compatibilidad de honorarios, pago de categorías inexistentes en el tabulador y carencia de documentos para comprobar y justificar erogaciones a proveedores y prestadores de servicios. Los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la oportunidad de demostrar con hechos su compromiso contra la corrupción. La mesa está servida.
18 Diciembre 2019 04:08:00
La voz del general
Tras un año de redimir la vejación por la política presidencial de “abrazos, no balazos”, y en el marco de la visita del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, el jefe de la Sexta Zona Militar, Enrique Covarrubias, trazó la que en adelante será la respuesta de las fuerzas armadas al narcotráfico: “De presentarse un caso análogo o similar al de Villa Unión, solamente tendrá una garantía con dos vertientes: o son reducidos en caso de persistir en agredir a México con sus armas, o irán a una prisión por un periodo no menor a 50 o 90 años por los delitos cometidos” (El Norte, 06.12.19).

La actitud de Covarrubias confirma la tesis planteada en la columna del martes según la cual el Gobierno de AMLO, presionado por Estados Unidos, giró la política pacifista hacia la guerra sin cuartel contra los traficantes de drogas, armas y personas. El argumento de Trump es que representan una amenaza para la seguridad de su país. Mientras en Ciudad de México AMLO ofrecía a Barr mayor cooperación a cambio de no aplicar la Ley Antiterrorista a los cárteles mexicanos, a 60 kilómetros de la frontera Covarrubias advertía sobre lo ocurrido en Villa Unión: representó “una flagrante violación al estado de derecho con presuntos delincuentes que apuntaron sus armas y dispararon en contra de nuestro pueblo”.

Tales actos –previno– no se permitirán en el futuro. ¿Entonces quedaron atrás los abrazos y las humillaciones que provocaron la crítica del general en retiro Carlos Demetrio Gaytán a AMLO por ordenar la liberación del narco Ovidio Guzmán? A juzgar por las declaraciones de Covarrubias en Villa Unión, donde inició un plan para reforzar la seguridad en la frontera de Coahuila junto con el gobernador Miguel Riquelme, el Ejército dejará de poner la otra mejilla y de bajar la cabeza ante los criminales. “Y si están usando armas de alto calibre, el Estado Mexicano responderá en la proporción necesaria en estricto acatamiento a la ley nacional en el uso de fuerza”. Un mentís al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dócil en casa, pero obsecuente a los dictados de Washington.

Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), puso en tela de juicio desde un principio la política de “abrazos, no balazos”, por ser “las simulaciones y las mentiras” una de las constantes de la clase política. Criticó a AMLO por transferir la legitimidad democrática lograda en las urnas “a un Ejército que no rinde cuentas de los muertos desde hace cuatro años, de cuánta gente ha matado en las calles (…) tenemos un Ejército sin controles de las instituciones. (…) si de veras quiere que sigamos creyendo que son distintos tienen que actuar distinto (…) y ahorita están actuando exactamente igual que (como) los priistas hace un año”. (Aristegui Noticias, 18.12.18)

Después de un año tan cruento como los peores de Felipe Calderón y Peña Nieto, la aparente luna de miel de la cuarta transformación con la delincuencia organizada llegó a su fin. En Coahuila, los abrazos se respondieron con fogonazos. La paloma de la paz se alejó por el estruendo. Por cada 10 mexicanos, arriba de seis califican la estrategia amlista como un fracaso y ven a los cárteles con mayor fuerza que el Gobierno; más de cuatro piden combatir fuego con fuego (Reforma, 01.12.19). Pero solo una voz bastó para que AMLO reaccionara: la de Trump. La amenaza de imponer la Ley Antiterrorista dobló a la 4T.
17 Diciembre 2019 04:08:00
La mano de Trump
El apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al operativo en Villa Unión, donde el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Acción y Reacción repelieron el ataque de un comando del Cártel del Noreste (CDN, escisión de los Zetas), y el anuncio del programa “¿Quién es quién en seguridad?” para poner bajo la lupa a los gobernadores y alcaldes, podrían ser el inicio de un cambio de estrategia contra la delincuencia organizada en la frontera con Estados Unidos.

Máxime por la intención del presidente Donald Trump de declarar terroristas a los cárteles, esbozada tras la celada contra las familias LeBarón y Langford donde murieron seis niños y tres mujeres el 4 de noviembre en Bavipse, Sonora.

Las amenazas de Trump surten efecto inmediato. En abril amagó con imponer un arancel del 5% a vehículos y manufacturas mexicanas, condicionar la firma del nuevo tratado comercial (T-MEC) e incluso cerrar la frontera si nuestro país no frenaba el tráfico de drogas y la caravana de emigrantes centroamericanos enfilada hacia Estados Unidos.

Dio un plazo de un año para ver resultados. AMLO cambió sin chistar su política de amor y paz –fronteras abiertas, tránsito libre y visas de trabajo– por la de mano dura. Más de 25 mil agentes de la Guardia Nacional sellaron las fronteras norte y sur.

Para agosto, el flujo migratorio ya había bajado un 56%, según el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. The New York Times (NYT) calificó la actitud del Presidente mexicano como un engaño.

La cuarta transformación corrió el muro de Trump del río Bravo al Suchiate. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, la detención de emigrantes indocumentados disminuyó de 144 mil 266 en mayo a 63 mil 989 en agosto (El País, 6.09.19). “AMLO, en el tema migratorio –dice una nota de Óscar Martínez–, aceptó el absurdo juego de los opuestos: ser el muro invisible de Estados Unidos para la contención de migrantes centroamericanos o dejarlos pasar libremente a todos todo el tiempo. Al menos con las primeras caravanas, su opción parecía la segunda. Ahora, parece optar por la primera”, (NYT, 02.05.19).

Con el mismo doble lenguaje, el Presidente empieza a virar ahora la política de “abrazos, no balazos”. La percepción de inseguridad en el país aumentó de 55% a 65% entre julio y diciembre, según una encuesta de Reforma a propósito del primer año de
Gobierno de AMLO.

Para 62% de la muestra, la Administración federal ha fracasado en combatir al crimen organizado. El 44% opina que el Gobierno debe combatir a las bandas criminales “aunque genere violencia”. Para la mayoría (51%) la estrategia actual tampoco traerá la paz.

El 1 de diciembre fue el día más violento en la era de la 4T, con 127 víctimas mortales. Una periodista interrogó al respecto al Presidente sobre un cambio en la estrategia de seguridad. AMLO atribuyó ese pico a los 21 muertos (ya son 25) en los enfrentamientos en el norte de Coahuila.

El número bajó a 77 el 2 de diciembre, dijo. “Lo que quieren –arguyó– es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al “mátalos en caliente”. Eso no, esas políticas fascistoides no”. En Villa Unión fueron abatidos 19 presuntos sicarios y cuatro policías. La proporción es de 4.75 a 1.
16 Diciembre 2019 04:05:00
Un informe, dos visiones
El trabajo dedicado a conciliar a las fuerzas políticas y sociales del estado agraviadas por el moreirato, sobre todo en el sexenio de Rubén Moreira, se reflejó en las ceremonias del 30 de noviembre y el 2 de diciembre en el Congreso y en el Centro de Convenciones de Torreón. El gobernador Miguel Riquelme informó respecto al estado de la Administración en un clima distendido y de civilidad política. Incluso el consenso por la forma como se afrontó la deriva violenta en Villa Unión resultó favorable y le permitió mostrar serenidad y liderazgo en momentos de crisis.

Humberto Moreira dejó de acudir a la sede legislativa justamente después de su segundo informe, iracundo por las interrupciones de los diputados de oposición. ¿Por cierto, dónde están ahora? El expanista José Ignacio Máynez, flamante magistrado del Tribunal Superior de Justicia, lo acusó de actuar como dictador y no como demócrata. La bancada del PAN abandonó enseguida el salón de sesiones. Para diferenciarse de su hermano y vestirse de estadista, Rubén Moreira regresó al Congreso para informar y debatir con los legisladores de “todas las fuerzas políticas”. Ejercicio fatuo, pues el partido dominante era el PRI, y la mayoría de los diputados, sus satélites.

En el informe de Riquelme, la presencia en primera fila de los exgobernadores Eliseo Mendoza, Rogelio Montemayor –en condición de expriista– y Enrique Martínez, remarcada por la ausencia de Humberto y Rubén Moreira; del senador de Morena Armando Guadiana; del obispo Raúl Vera López y del periodista Armando Fuentes Aguirre, es un signo de los nuevos tiempos políticos. También significa un reconocimiento y un gesto de buena voluntad a la clase política tradicional, a un activista por los derechos humanos –candidato al Nobel de la Paz en 2012– y a un líder de opinión golpeados por el moreirato, así como un mentís a quienes atribuyen a Moreira II influencia en el Gobierno de Riquelme. El mensaje es: “tus enemigos no son los míos”.

Sin embargo, la mayoría de los agraviados estuvieron fuera del Congreso y del Centro de Convenciones. Son las legiones de coahuilenses burlados por los Moreira sobre quienes descansa el peso de una deuda impagable, la cual primero se contrató sin informar a la ciudadanía ni a la Secretaría de Hacienda (el Congreso siempre sirvió de comparsa al clan); luego se ocultó y hoy nadie sabe todavía el destino de, al menos, 18 mil millones de pesos, la mitad del principal. Además de esa suma monstruosa todavía se desviaron 475 millones de pesos a empresas fantasma.

También ellos, los indignados ignorados merecen satisfacción del Gobierno. Su clamor es de justicia: que quienes ilegalmente endeudaron al estado paguen por sus delitos. Muchos prescribieron durante el Gobierno de Moreira II por leyes hechas exprofeso y la complicidad de funcionarios venales investidos hoy con toga y birrete (la Iglesia en manos de Lutero). Sin embargo, aún hay denuncias penales por la deuda y las empresas fantasma en espera de una orden superior (el Sistema Estatal Anticorrupción es una entelequia) para ser investigadas y sentar en el banquillo a los responsables del quebranto. Esa sería una manera de reparar, así sea mínimamente, el daño, y de conciliar al Coahuila que asistió al informe y al que no.



14 Diciembre 2019 04:08:00
Campa, deuda saldada
Durante mi paso por la dirección del periódico Noticias de El Sol de La Laguna, tuve la oportunidad de charlar por separado con Valentín Campa y Demetrio Vallejo, militantes históricos del Partido Comunista Mexicano. Gabriel Pereyra dedica al primero de ellos un texto en la nueva edición de Espacio 4.

“El 25 de noviembre del año 2019 es un día de fiesta para todos los revolucionarios, los luchadores sociales, socialistas y comunistas, para todos los seres humanos de izquierda del mundo. Valentín Campa, el comunista mexicano mas connotado del siglo 20, el luchador social por excelencia fue llevado a la Rotonda de las Personas Ilustres en el panteón de Dolores, donde se encuentran quienes han contribuido con su esfuerzo, sabiduría, arte y militancia a construir un mundo donde los niños sean felices y los jóvenes puedan amarse.

“Se le rindieron los máximos honores que la República y el Estado Mexicano pueden rendirle a una persona por sus convicciones, su firmeza ideológica y grandeza humana. Campa es un hombre que entregó su vida a cumplir sus ideales políticos. Este acto fue un reconocimiento a sus años de lucha, de encarcelamiento, de lealtad a las causas populares a sus esfuerzos, su participación en manifestaciones, marchas y actos de solidaridad con las huelgas y movimientos sociales del pueblo de México. Esta es la primera vez en México que un Estado que lo persiguió durante más de medio siglo, hoy reconoce su contribución a la democracia mexicana. Es sin duda un reconocimiento a toda la izquierda.

“A Valentín Campa y a mi generación nos tocó bailar con la más fea. Era la etapa dura del anticomunismo. Violento, criminal, de la Guerra Fría y de la dureza oficial de los gobiernos mexicanos y americanos. Se vivía a plenitud la llamada Guerra Fría, un mundo que habían diseñado para la segunda mitad del siglo XX las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial y la derecha americana. Vivíamos la época más dura del macartismo.
Churchill, De Gaulle y Truman tenían la esperanza y retrasaron todo lo que pudieron la invasión al continente europeo para que la Alemania nazi acabara con la Unión Soviética y con el comunismo. No fue así. La antigua Unión Soviética resistió y venció en la Antigua Leningrado a los ejércitos nazis. El mundo quedó dividido para la segunda mitad del siglo 20 después de la histórica reunión de Potsdam en las cercanías de Berlín.

“En México, el estar alineados política y económicamente a los Estados Unidos y con más de 3 mil 250 kilómetros de frontera, la izquierda vivía un clima hostil. Las manifestaciones a favor de los movimientos sociales eran reprimidas y disueltas a macanazos. (…) Un grupo de élite de la policía detenía a Valentín Campa y a sus compañeros que normalmente iban en la avanzada de la manifestación. (…) Campa estuvo más de 10 años en Lecumberri, el ‘Black Palace’ como le decíamos coloquialmente. Mantuvo viva la lucha de la izquierda y formó parte del dispar y cambiante Partido Comunista Mexicano. Cuando lo invitaron a participar en el asaltar a la casa de León Trotsky, respondió que ‘era un revolucionario, no un asesino’.

“Valentín Campa nunca pensó que un día descansaría en el Panteón de Dolores donde el Estado Mexicano ubica a sus personajes distinguidos. Fue un acto congruente de la política de Andrés Manuel López Obrador, que llenó un vacío y una deuda que teníamos con la izquierda»”.
13 Diciembre 2019 04:05:00
Saltillo y su alcalde
Nada se construye ni se destruye de un día a otro, por mayor que sea el empeño. Negarlo equivaldría a ignorar la historia. El reto de los alcaldes de Saltillo consiste en mantener y elevar la categoría de la ciudad.

Los avances logrados hasta ahora son resultado de administraciones buenas, regulares y malas, pese a la oposición de gobernadores como Rubén Moreira, quien sistemáticamente bloqueó a un alcalde de su propio partido (Jericó Abramo) para alejarlo de la sucesión estatal, y a otro del PAN, Isidro López, por haberle ganado la elección en la capital.

La historia consigna que el cambio de Saltillo lo inició un político a quien el poder económico —predominante ayer y hoy— le impidió ser alcalde; como gobernador, se le rindió, y en la desgracia le volvió la espalda.

Óscar Flores Tapia, de cuna humilde —ahora las candidaturas las deciden las chequeras— elevó a la ciudad a rango de metrópoli cuando en los 70 y 80 del siglo pasado Torreón era líder.

Saltillo no sería lo que es en la actualidad sin un gobernador-alcalde con las agallas y visión de quien convirtió a la antigua “capital del adobe” en la Detroit de México.

En la construcción del Saltillo moderno participaron gobernadores y alcaldes, cada uno de los cuales generó, quien más quien menos, condiciones para dejar de ser una colonia de Monterrey.

En esa etapa, dos presidentes municipales ocuparon después la gubernatura; el primero de ellos (Enrique Martínez) dotó al estado de infraestructura y saneó las finanzas; el segundo (Humberto Moreira) siempre será recordado no por la obra realizada, sino por la megadeuda de 36 mil millones de pesos, y para más inri, por haber heredado el poder a su hermano.

Antes de ser gobernador, Miguel Riquelme fue alcalde de Torreón. El saltillense Manolo Jiménez quiere dar el mismo paso en 2023. Todavía es temprano, pero los motores de la sucesión ya se han puesto en marcha.

Jiménez es de los polítícos de más confianza de Riquelme, no solo por haberle apostado cuando la candidatura aún no se definía (no tenía otra opción, pues el aspirante de Saltillo al cargo era Jericó Abramo), sino también porque le abrió puertas –sobre todo entre los capitalistas– en una sociedad difícil para los laguneros.

Sin embargo, el Alcalde no es el único pretendiente al Gobierno en el ánimo de Riquelme, quien lo elogia en cada escenario. Lo acaba de hacer este martes ante la oligarquía local en ocasión de su Informe.

El sector popular acudió a echar porras. “Saltillo no es Coahuila”, me dice un amigo. Es cierto. Así como la capital se cierra a los políticos de otras regiones, La Laguna votó contra los Moreira y hoy mismo las principales alcaldías y posiciones del estado las ocupan el PAN y Morena.

Jiménez es un joven dinámico a quien todo le ha salido a pedir de boca. Quizá Luis Horacio Salinas jamás hubiera imaginado que su nieto —dicho por él— iba a ser también alcalde.

Salinas quiso ser gobernador, pero la caída de Flores Tapia acabó con una generación de políticos, entre quienes los había brillantes. Enrique Martínez sobrevivió y alcanzó el poder.

¿Dirá Jiménez algún día —igual que otro Salinas (de Gortari, Carlos, a su padre)—: “Ya la hicimos. Nos tardamos 42 años (25 en el caso citado), pero llegamos”. El tiempo y los electores lo dirán. Mientras tanto, Manolo (nombre torero) debe calmar sus ansias denovillero.
11 Diciembre 2019 04:05:00
Arma de doble filo
En agosto de 2010, cuando el Gobierno de Coahuila declaraba ante la Secretaría de Hacienda una deuda por 8 mil 267 millones de pesos, la novena más abultada a escala nacional, una indagación de Gabinete de Comunicación Estratégica ponía a Humberto Moreira en los cuernos de la luna. Era “el mejor Gobernador” del país, por encima de Enrique Peña Nieto (Estado de México) y Miguel Osorio Chong (Hidalgo). Calificado como “el más confiable y honesto”, el 53% de los encuestados le habría encargado “las llaves de su casa”, de haber sido el saltillense su vecino y ellos tuvieran que ausentarse de su hogar por varios días.

El resto de la historia es de sobra conocido. Tres meses después de haber asumido la presidencia del PRI, por voluntad de Peña Nieto, la megadeuda se convirtió en escándalo nacional: Coahuila debía 36 mil 509 millones de pesos, ¡28 mil millones más que los reportados el año previo! Peña defenestró a Moreira de la jefatura del PRI, el 2 de diciembre de 2011, luego de asistir a la toma de posesión de su hermano Rubén, quien guardó la información de la deuda bajo siete llaves. El periodismo, empero, hizo su parte: la revista Forbes incluyó al Gobernador honesto en su lista de “los 10 mexicanos más corruptos” de 2013.

Las encuestas son un arma de doble filo. “La popularidad, escribió Víctor Hugo, es la gloria en calderilla”. Sin embargo, los políticos prefieren pasear la mirada entre el ombligo y el espejo en vez de ver la realidad, e improvisar fortunas a costa del erario en lugar de vivir en la honrada medianía juarista. Peña gastó 60 mil millones de pesos en imagen y es el Presidente peor calificado, por la corrupción, la frivolidad y la soberbia de su Gobierno. Lo mismo le pasó a Moreira, cuyo plan era ocupar la silla del águila. La hibris lo perdió como a tantos que abusaron del poder sin medir las consecuencias.

Forzado por las circuns-tancias, Miguel Riquelme templó su carácter, actúa con discreción y dedica parte de su tiempo a restañar las heridas del moreirato. Su refugio natural es Saltillo, pues Torreón y el resto de las cabeceras municipales clave del estado las ocupan el PAN y Morena. Sin embargo, el perfil bajo también puede confundirse con debilidad o falta de liderazgo. Al Gobernador a veces lo opaca el Alcalde.

A diferencia de Humberto Moreira, quien recibió finanzas sanas y un estado ordenado y con buen crédito, y de Rubén Moreira, cuyo acceso a Peña Nieto, al procurador General de la República y a otros miembros del Gabinete le dio impunidad y le permitió ejercer el poder a su arbitrio, Riquelme es un Gobernador acotado. El pago de intereses por la deuda reduce la inversión en obras y servicios públicos, y los ahorros de la última reestructuración serán anulados por la cancelación de fondos federales. Riquelme navega contra corriente.

El presidente López Obrador, como sus predecesores del PRI y el PAN, ha dirigido la mayor parte del gasto federal a los estados gobernados por su partido. Adicionalmente, los programas sociales, antes manejados por los mandatarios locales, ahora son coordinados por delegados de AMLO. La intención consiste en eliminar a los intermediarios y atacar la corrupción, pero también en asegurarle a Morena una base electoral para ganar más guberna-turas y conservar la mayoría en el Congreso. Coahuila está en el punto de mira de la 4T. Riquelme lo sabe, pero dispone de pocas armas para defender la plaza.
10 Diciembre 2019 04:05:00
Restañar las heridas
Lo que el moreirato destruyó en 12 años, Miguel Riquelme ha tratado de reconstruirlo en dos, en algunos casos con mediano éxito. El daño provocado por la megadeuda es irreparable y permanente. Lo más que hasta ahora ha conseguido es ampliar los plazos de amortización para disponer de recursos y estar en condiciones de paliar la crisis financiera. En el imaginario colectivo, Humberto Moreira puede concitar menos aversión que Rubén, debido a su estilo populachero, pero su iracundia y misoginia revelan su ser verdadero.

Moreira I tiró por la borda lo alcanzado en una sucesión de gobiernos responsables. Repartir dinero del erario a manos llenas le granjeó simpatía en algunos sectores, pero la burbuja de la deuda le explotó en plena cara y acabó con su carrera política sin recibir castigo todavía.

Rubén Moreira ejerció el poder despóticamente y dominado por una megalomanía exacerbada. La soberbia caracterizó su sexenio. Reprimió a las oposiciones, persiguió a militantes del PRI y acosó a líderes empresariales y religiosos. Su inquina contra el obispo de Saltillo Raúl Vera López, es patológica. En su sexenio, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se activó por denuncias de campañas de desprestigio en redes sociales, amenazas e intimidación.

El exalcalde panista Isidro López Villarreal, lo acusó de espionaje, y cuando reclamó la entrega de 136 millones de pesos retenidos por la Secretaría de Finanzas, fue injuriado. “Acabo de recibir una llamada del gobernador Rubén Moreira insultándome y amenazándome por solicitar estos recursos que les corresponden a los saltillenses”, publicó en redes sociales.

Los Moreira andan por la vida como si tal cosa, pero bastaría que el Gobierno federal dejara de hacer oídos sordos al clamor de justicia de los coahuilenses por la deuda, las empresas fantasma y otros desmanes, para invertir los papeles. También está pendiente la denuncia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Allende y en el penal de Piedras Negras en los años negros del moreirato.

“La implicación de los Moreira fue denunciada el jueves 6 ante la Corte Penal Internacional (CPI), en una comunicación bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en Busca de Personas De-saparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos, con el respaldo de al menos otras 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)”, (Proceso, 08.07.17). De ahí viene la aversión del clan contra el obispo Vera.

Riquelme entendió el mensaje de las urnas y se ha abierto a las distintas corrientes políticas y sociales; también ha tendido puentes con los perseguidos por el moreirato. La relación con el PAN, que impugnó su victoria, es de entendimiento, y en el Congreso ha logrado su apoyo para controlar al Poder Judicial. ¿A cambio de qué? De posiciones y de futuras alianzas electorales.

Hasta ahora el Gobernador no se ha visto envuelto en escándalos ni ha tenido conflictos con Morena, pues como partido, en Coahuila, es inexistente, y su trato con el presidente López Obrador es de colaboración. Lo difícil de reconstruir es la confianza ciudadana. Al menos, mientras los latrocinios sigan impunes. Si la Fiscalía General de la República actúa primero, Morena habrá dado un paso importante para convertirse, en 2023, en el partido de la alternancia.
09 Diciembre 2019 04:05:00
Repensar el Gabinete
La pérdida de las alcaldías de Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña, aunada a la derrota del PRI en la elección presidencial del año pasado y a la reestructuración de delegaciones federales, controladas ahora por Morena bajo la batuta de Reyes Flores Hurtado, dejó sin empleo a operadores del PRI.

La circunstancia obligó a Miguel Riquelme a echar mano del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para colocar algunas piezas de su tablero: en la presidencia del organismo sustituyó a Miriam Cárdenas con Miguel Mery Ayup, y también vistió con toga y birrete al exdiputado panista José Ignacio Máynez y al exasesor electoral del PRI, Luis Efrén Ríos, quien renunció a la dirección de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, creada por Rubén Moreira, para lavarse la cara por las masacres en Allende y en la cárcel de Piedras Negras.

En el TSJ confluyen las corrientes políticas de Rubén Moreira y de Riquelme. La mayoría de los magistrados no tiene carrera judicial, y quienes sí reunían el requisito fueron excluidos. Los casos del exprocurador de Justicia Homero Ramos Gloria, quien obstruyó las investigaciones de la deuda, y de Iván Garza, exsecretario técnico, demuestran la influencia de su jefe.

La politización del TSJ, avalada por el PAN en el Congreso, no garantiza justicia, sino impunidad. En este sentido, la iniciativa del presidente López Obrador para reformar el Poder Judicial en los estados pretende separarlo de la órbita de los gobernadores.

El Gabinete también refleja el efecto de las elecciones de 2017 y 2018. Los secretarios de Desarrollo Rural, José Luis Flores; del Trabajo, Román Alberto Cepeda; de la Función Pública, Teresa Guajardo; de Turismo, Guadalupe Oyervides; y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, fueron incorporados tras perder como candidatos al Congreso local y federal.

Eglantina Canales y Ana Sofía García, secretarias del Medio Ambiente y de Cultura en el Gobierno de Rubén Moreira ocupan los mismos cargos con Riquelme. Otra herencia de los Moreira es Francisco Saracho, actual titular de Desarrollo Social.

El Gobierno se renovaba antes cada seis años y surgían nuevos perfiles, pero desde Humberto Moreira son los mismos, salvo excepciones; y los que no, tampoco aportan grandes cosas. Es el caso del secretario de Economía, Jaime Guerra, cuyo nombramiento obedece a una concesión al sector privado. El desempeño de los exrectores de la UAdeC, José María Fraustro Siller y José Blas Flores, en Gobierno y Finanzas, ha sido discreto. Son puestos clave, pero en ambos tienen como segundos de abordo a laguneros que le reportan directamente al Gobernador.

Los únicos con sello riquelmista son Roberto Bernal (Salud), el polémico Gerardo Berlanga (Infraestructura), Gerardo Márquez (Fiscalía) y Fernando Gutiérrez (Comunicación e Imagen). José Luis Pliego (Seguridad Pública) colaboró con Peña Nieto en el Estado de México, uno de los más violentos del país, sobre todo contra las mujeres.

Para terminar con la influencia del moreirato, conectarse con otras fuerzas políticas y sociales y recuperar fuelle electoral, Riquelme necesita oxigenar el Gabinete. Para prevalecer, los Moreira excluyeron, pisotearon honras, traicionaron y contuvieron el impulso de liderazgos jóvenes.

En ese proceso, el PRI perdió cuadros importantes, pero sobre todo respaldo en las urnas. El resultado de las últimas elecciones es irrefutable. Por primera vez, el Gobernador obtuvo menos votos que el resto de los candidatos. Y de no haber sido por un fallo discutible del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy la historia sería otra.
07 Diciembre 2019 04:07:00
Las riendas del poder
El presidente López Obrador ha demostrado que no cometerá el error de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto: soltar las riendas del presupuesto federal al Congreso y a los gobernadores. De esa manera impondrá su política de austeridad y ejercerá control político en los estados. Sus predecesores prefirieron abrir la cartera y “nadar de muertito”. En el pecado llevaron la penitencia. Gerardo Moyano aborda el tema en la nueva edición de Espacio 4.

“El problema es la inflación… y la corrupción. Mientras la oposición se desgarra las vestiduras por el reparto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, analistas financieros, empresarios y hasta la banca reconocen que el plan de gastos aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre ‘genera confianza’ y ‘da certidumbre’.

“Sin embrago, advierten que al tener en cuenta la inflación y la recesión técnica que atraviesa el país –el Inegi informó que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.1% en tres trimestres consecutivos– la economía nacional está condenada a crecer por debajo del 2% el próximo año, lejos del 4% que Andrés Manuel López Obrador prometía en campaña –lo que sí cumplió es su compromiso de no aumentar impuestos–.

“Algo similar sucede con las transferencias federales que recibirán los estados, pues si bien tienen un aumento de poco más de 1% nominal, en términos reales obligarán a los gobiernos y municipios a ajustarse el cinturón y plegarse a la austeridad republicana que pregona el Gobierno federal.

“Además, las inversiones y los programas que ejecutará la administración en las entidades estarán ajustados a nuevas reglas de operación, las cuales serán supervisadas por los llamados ‘súper delegados’ del Gobierno federal, lo cual cierra la puerta al tráfico de influencias al que estaban acostumbradas las administraciones estatales.

“De ahí que en rechazo a un presupuesto que considera ‘centralista, clientelar, electorero, opaco y discriminatorio’, el PAN llame a crear un Frente común por México, por la libertad y la democracia, bajo la batuta del diputado panista Juan Carlos Romero Hicks. En este sentido, el partido que presentó 220 reservas al PEF 2020 y se retiró en señal de protesta de la sesión en la que fue aprobado, asegura que apoyará a los presidentes municipales emanados de sus filas para atender ‘los males de este programa de gastos del Gobierno federal’ (El Heraldo de México, 25.11.19).

“El PEF 2020 viene acompañado de un Plan Nacional de Infraestructura (PNI) que contempla una inversión en una primera etapa de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos para los próximos tres años, el cual fue respaldado por Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, y Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros empresarios.

“Ya sabíamos que no iba a haber crecimiento, sí, pero sentaron las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficits fiscales, la inflación bajó; entonces están sentadas las bases y eso creó una gran confianza para la inversión financiera, que es la que está disponible, como lo señalaba el presidente de la asociación de banqueros, está disponible para inversión”, dijo Carlos Slim al término de la presentación del PNI, el 26 de noviembre.
06 Diciembre 2019 04:06:00
Las cadenas del diablo
El PRI te escrituró un estado y las cadenas de la deuda el diablo. La adaptación de este verso de Suave Patria, de López Velarde, a la realidad de Coahuila le viene como anillo al dedo a Miguel Riquelme, quien ganó la gubernatura en un final de fotografía. El clamor de los coahuilenses en la elección del 4 de junio de 2017 reprodujo la proclama maderista de «¡Abajo los mismos!» citada por el historiador Salvador Rueda Smithers en un programa del canal Once dedicado a Porfirio Díaz el 18 de noviembre.

El moreirato, activo todavía en el PRI, en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y en otras áreas de la Administración, es un lastre del cual Riquelme no ha querido o no ha podido desprenderse por completo. Razones tendrá. Si es por lealtad a la marca, su compromiso con el estado la rebasa; si por debilidad, dos años en el poder deberían haber bastado para asumir por completo el control del Gobierno y alinear a los grupos políticos y de interés; si para no afrontar a un clan experto en guerra sucia, es preferible la ruptura que cuatro años más a medias tintas.

Como secretario de Gobierno de Rubén Moreira, Riquelme pidió pasar página al tema de la deuda. El caso de los 38 mil millones de pesos esfumados serviría para escribir un tratado sobre corrupción. Después de pagar casi 8 mil millones de pesos de intereses en los dos primeros años de su gestión, el Gobernador quizá ahora dimensione: 1) el perjuicio causado por los Moreira a Coahuila y a varias generaciones; y 2) el repudio social contra el apellido y las siglas del PRI.

Maniatado por la deuda, castigados los estados por la Federación con menos participaciones, y sin capacidad de endeudamiento a largo plazo, Riquelme parece condenado a administrar la crisis, herencia del moreirato. Las condiciones no le permiten emprender grandes obras, pero aun así no se amilana: al mal tiempo, buena cara.

En la campaña electoral de 2017, cuando el peso del docenio le doblaba las espaldas y brillaban luces de alternancia, Riquelme quiso deslindarse del pasado. «No me apellido Moreira». Pero la sombra del clan lo persigue. Humberto vive en Saltillo; a su hijo Humberto Rubén el Instituto Electoral de Coahuila, de tufo moreirista, le regaló un partido y dinero para gravitar en torno al PRI; Rubén ostenta un escaño y la jefatura de la anodina diputación coahuilense en el Congreso federal; Carlos hace y deshace en el SNTE; y Álvaro maneja la estructura electoral del Comité Directivo Estatal priista.

Riquelme ha podido lidiar con un Congreso de mayoría opositora cuyo desempeño no se distingue de las anteriores legislaturas, controladas por el PRI. Los acuerdos cupulares con el PAN y la ausencia de liderazgos en Morena le han facilitado la tarea. La falta de voluntad para investigar las denuncias penales por la deuda y el desvío de 475 millones de pesos a empresas fachada, perpetúa la impunidad, desmiente la retórica oficial y vuelve inútil la estructura burocrática creada para atacar la corrupción. En un claro conflicto de interés, el SEA está en manos de exempleados de Rubén Moreira. Riquelme inicia en ese contexto su tercer año de gobierno, marcado por la incertidumbre y lastrado por la deuda y la impunidad.
04 Diciembre 2019 04:07:00
La realidad se impone
El discurso del gobernador Miguel Riquelme es consecuente con una elección ganada por un margen de 2.5% y además impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJPF) cuyas resoluciones no siempre se apegan a la legalidad, sino a consignas. La reforma propuesta por el presidente López Obrador pretende erradicar esos vicios.

Riquelme ha dedicado dos años a cubrir el déficit de legitimidad derivado de las urnas, donde el PRI fue castigado por los desmanes del moreirato, todavía impunes. Los 35 mil votos faltantes para lograr la primera alternancia se hubieran excedido si las oposiciones se unen para enfrentar al aparato que además del presupuesto controlaba al Instituto y al Tribunal Electoral del Estado.

La manifestación masiva del 6 de junio de 2017 en Saltillo contra los Moreira y la manipulación del proceso debió haber convencido a Riquelme de que las cosas no podían seguir igual y de que la prioridad de su Gobierno debía ser conciliar a una entidad polarizada por unos comicios que dieron más votos a otras opciones.

Imposible sustraerse de esa realidad y ocultar los efectos de la megadeuda en el rendimiento de la Administración. Una vez en el poder, igual pudo haber sido tentado por el espíritu revanchista que se apoderó de Humberto Moreira, o ensoberbecerse como Rubén, pero entendió el mensaje de las urnas y prefirió la mesura. Cualquier otra vía habría enconado aún más al estado y lo hubiera vuelto ingobernable.

El resultado de dos años dedicados a la ardua tarea de armonizar a una sociedad agraviada, de apertura a los agentes y sectores perseguidos por el moreirato y de respeto a los alcaldes de oposición, a los medios de comunicación y a los críticos del poder, se apreció en el informe de Riquelme en Torreón, más que en el Congreso, por ser La Laguna la región donde su partido perdió la mayoría de los cargos disputados en 2017 y 2018.

El enfado social otorgó a los partidos de oposición más alcaldías y asientos en las legislaturas local y federal. Si el Gabinete hiciera eco de esa pluralidad y no fuera ocupado por unas mismas siglas, habría mayor congruencia discursiva y entendimiento con la ciudadanía.

La asistencia al informe de tres exgobernadores previos al desastre del moreirato, uno de los cuales renunció al PRI por la obscena imposición de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano –presentes en la ceremonia– en la jefatura de ese partido, de líderes religiosos y de opinión y de legisladores de oposición refleja los nuevos vientos políticos en Coahuila.

El fracaso del PRI en las últimas elecciones de debe, entre otros factores, al talante faccioso, autoritario, excluyente e iracundo de los Moreira. Riquelme ha mostrado mayor sensibilidad, templanza y oficio político. De haber arrasado en las urnas, quizá hoy su comportamiento sería otro. He ahí la importancia del voto.

Los electores hicieron su parte: sufragaron, protestaron el resultado por las irregularidades evidentes, pero al final aceptaron el fallo del TEPJF, aun dudoso. Son las reglas de la democracia. Riquelme dice gobernar sin banderías partidistas, puede ser, pero para convencer también debe escuchar el clamor ciudadano de justicia por la megadeuda y las empresas fantasma. La misma energía contra los agresores de Villa Unión debe aplicarse con quienes provocaron la ruina financiera del estado.
03 Diciembre 2019 04:06:00
Informe y Villa Unión
Si la intención del comando que irrumpió en Villa Unión era demeritar al gobierno de Miguel Riquelme, en un primer momento el cometido se logró con creces. Desde el 30 de noviembre, el tema en los medios de comunicación del estado y el país no ha sido el informe, sino el enfrentamiento, persecución y extermino de presuntos sicarios. Según las autoridades, los agresores pertenecen al Cártel del Noreste (CDN), escindido de los Zetas, cuya estela de muerte y destrucción, durante el moreirato, aún no desaparece. Imposible no pensar en represalias por las bajas en el bando criminal: 16, cuatro por cada policía abatido, consignadas diariamente en comunicados que más bien parecen partes de guerra.

Para tener una idea clara de lo ocurrido, debe terminar primero el operativo y reconstruirse paso por paso los sucesos. Veamos contexto: un municipio de 6 mil 352 habitantes (Inegi, 2015) no puede ser una plaza rentable ni estratégica para ningún cártel, pero tampoco lo era Allende, donde la masacre de 2011 tuvo como móvil la venganza. No es el caso de Villa Unión, según las evidencias, pues: 1) la agresión no se dirigió contra la población civil o familias específicas, sino contra la Policía Estatal,
identificada todavía como Fuerza Coahuila, de acuerdo con las primeras versiones; 2) acribillar la fachada de la presidencia municipal, cuya fuerza pública la componen 10 policías, no sería un aviso para la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe (PAN), sino para autoridades de mayor jerarquía en el estado; 3) las dos víctimas civiles (un menor de edad y un adulto) habían sido secuestradas.

Si el CDN logró su objetivo de llamar la atención y poner a Coahuila de nuevo en el candelero, Riquelme pudo contener la crisis y evitar que se saliera de control. Acudir a Villa Unión envió un mensaje de autoridad. Paralizarse o esconderse habría agravado el problema. En ese sentido, se mostró como un gobernante capaz de reaccionar con la cabeza fría en situaciones de emergencia. Así, lo que amenazaba con convertirse en un fracaso, por ser la seguridad el rubro donde más énfasis ha puesto: la seguridad, le permitió salvar su informe y lanzar en Torreón un ultimátum: «No permitiremos que los grupos criminales vengan aquí; no los dejaremos entrar».

La ceremonia de este lunes transcurrió en un ambiente distendido, acaso con mayores medidas de seguridad, por la circunstancia, pero sin sobresaltos. Los sectores representados en el Centro de Convenciones y las oposiciones reconocieron la actitud del Gobierno en Villa Unión, pues genera confianza. «En Coahuila -dijo Riquelme- la fuerza de las instituciones es superior a la de los criminales». Antes del informe, el lagunero había recibido un espaldarazo del presidente López Obrador, quien, interrogado en la mañanera sobre la situación en Villa Unión, la cual «se volvió bastante grave», dijo que «el Gobernador de Coahuila ha estado cuidando mucho el tema de la seguridad pública; es de los gobernadores (…) que más atención le dedica al tema de seguridad».

Tener un estado sin los índices de violencia de Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, debe quitarle presión a un presidente reprobado en materia de seguridad. Sin embargo, dar por cerrado el caso de Villa Unión equivaldría tanto como a dar por ganada una guerra que a diario se libra. El Cártel del Noreste quedó herido y buscará desquite en cualquier ciudad y contra cualquier autoridad. El Gobierno debe estar alerta.
02 Diciembre 2019 04:05:00
En el puño de AMLO
La alternancia en el poder Ejecutivo liberó a los gobernadores del yugo presidencial, no del centralismo. En 2001, primer año de la Administración de Vicente Fox, el PRI ocupaba 17 estados, el PAN 10 y el PRD 5.

En un ejercicio propio de sociedades democráticas maduras, y tras siete décadas de una presidencia omnímoda, los mexicanos le entregaron a Acción Nacional la Silla del Águila, pero no el Congreso, pues a pesar de tener más diputados y senadores, el partido del Presidente no era mayoría.

A partir de Fox, los mandatarios locales vivieron sus mejores tiempos: las participaciones federales aumentaron y empezaron a recibir parte de la renta petrolera. Los gobernadores reprodujeron en las entidades el modelo presidencial acotado por la alternancia. Siempre habían controlado a los órganos legislativo y judicial, así como a los alcaldes, y manejado el presupuesto a su arbitrio.

Pero ya sin un Presidente que los vigilara y mantuviera dentro de ciertos límites, y a quien tampoco le debían el cargo, se sintieron absolutos. Entonces empezaron a montar estructuras de poder transexenal en vez de aprovechar las nuevas condiciones políticas y económicas para abatir rezagos sociales y de infraestructura y consolidar la democracia en sus estados.
Libres de cadenas, sin contrapesos y en la mayoría de los casos con una prensa acrítica y adosada, cuyos favores pagaron mediante contratos de obra, cargos públicos y otros privilegios, los gobernadores olvidaron sus responsabilidades y se dedicaron a medrar.

La corrupción se generalizó y su práctica se volvió más cínica. En ese ambiente, los nuevos ricos se reprodujeron como hongos. Las sucesiones estatales, resueltas antes por los presidentes emanados del PRI, con respeto a las formas y cuidado para no crear cacicazgos, fueron asumidas por los mandatarios locales bajo la lógica de la complicidad.

En Coahuila el nepotismo llegó al extremo de que un hermano entronizara a otro, para vergüenza y ruina del estado y asombro del país. Para lograrlo, se valieron del presupuesto, de una clase política genuflexa, de un sector empresarial ávido de ganancias, de partidos de oposición proclives a la componenda y de una sociedad indiferente.

Por si no bastaran los presupuestos cada año crecientes, los gobernadores endeudaron a sus estados a ciencia y paciencia de la Secretaría de Hacienda y con el beneplácito de una banca igualmente voraz. Hubo excepciones. En Coahuila el orden se rompió con los Moreira.

Gobernadores pactaron con la delincuencia organizada, recibieron dinero para sus campañas y aceptaron sobornos a cambio de protección y de territorios; algunos, incluso, movieron droga y lavaron dinero para el narcotráfico, según denuncias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Cuando la situación se salió de control, pidieron auxilio al Presidente. Era una trampa, pues luego culparon a Felipe Calderón de la inseguridad y de la espiral de violencia propiciada por su propia incompetencia, ambición e incuria.

Después de generar el conflicto y de utilizarlo eficazmente con fines electorales, trataron de sofocarlo para darle el mérito a Peña Nieto y colgarse medallas, pero ya era tarde: ellos ayudaron a perder la guerra de antemano.

Los gobernadores de hoy pagan 18 años de dispendio, corrupción y abusos del poder de sus predecesores. La Fiscalía General de la República debe investigar casos emblemáticos como el de Coahuila. El presidente López Obrador no necesita defenestrar a ninguno de los mandatarios de turno, pues ya los controla con el presupuesto y el Congreso.
30 Noviembre 2019 04:08:00
Presidencia omnímoda
La crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su primer año de Gobierno ha provenido principalmente de medios de comunicación y de analistas nacionales y extranjeros con los cuales suele confrontarse; de la sociedad civil, a la que califica de “conservadora”, e incluso de exmandos del Ejército.

El sector privado se mantiene expectante, como en cada inicio de Gobierno, pero en general ha reaccionado con tibieza frente a la inseguridad y la política económica de la cuarta transformación. El apoyo de los empresarios a AMLO, para quien la concentración de la riqueza “provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia”, es de dientes afuera.

Las corporaciones se sentían más cómodas con Peña Nieto y sus predecesores, pues les permitían, precisamente, acumular capital, hacer negocios con el Gobierno, recibir privilegios fiscales y recuperar porciones significativas de los impuestos pagados. Pocas voces denunciaron la corrupción rampante en el sexenio peñista y guardaron silencio frente a las masacres.

El organismo empresarial más crítico del Gobierno es la Coparmex, de la cual surgió un candidato presidencial, Manuel J. Clouthier. La misma aspiración tendría su dirigente actual Gustavo de Hoyos, sin poseer el liderazgo, el arrojo ni el carisma de Maquío.

AMLO es por ahora el dueño de la situación. El poder recibido en las urnas le permite poner a raya a los gobernadores, cuya influencia en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto creció desmesuradamente, pues dispusieron de dinero y libertad política como nunca.

Además de tener un delegado en cada estado para coordinar los programas sociales y clientelares de la 4T, y de controlar 20 de las 32 legislaturas locales, el Presidente les cerró a los mandatarios las llaves de Hacienda.

Pocos gobernadores se atreven a cuestionar a AMLO como lo hicieron con Calderón –en Saltillo, durante el moreirato, en bardas y otros espacios públicos se le tachaba de borracho–, y menos aún a mangonearlo como a Peña Nieto, para no exponerse a ser investigados por irregularidades propias o de sus predecesores.

Están conscientes de su debilidad frente a un Ejecutivo todopoderoso y a una Unidad de Inteligencia Financiera convertida en azote de los corruptos. Con varios peces gordos en prisión, más vale andarse con cuidado.

En los tres últimos sexenios los gobernadores pudieron presionar al Presidente, negociar con la Federación mayores recursos económicos e inversiones y obtener impunidad de la PGR, porque controlaban a los diputados y senadores, cuyo apoyo en gobiernos divididos es crucial a la hora de votar reformas constitucionales. Eso también cambió.

AMLO, Morena y sus aliados, incluido el PRI, tienen mayoría en el Congreso, donde no solo se aprueba el presupuesto, sino también se pueden iniciar juicios políticos y desaparecer poderes locales. AMLO empieza a reinstaurar la Presidencia omnímoda, sin contrapesos, lo cual representa un retroceso democrático.

En la Suprema Corte de Justicia tendrá pronto mayoría y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impuso a Rosario Piedra Ibarra en un proceso cuestionado. La excandidata de Morena a diputada federal será literalmente una piedra en el zapato de los gobernadores. Frente a las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras y las desapariciones forzadas, el ombudsman Raúl Plascencia prefirió mirar para otro lado.
29 Noviembre 2019 04:05:00
Condición sine qua non
Miguel Riquelme llega a su segundo informe en paz. Así lo dijo en la inauguración de la ampliación y equipamiento del bulevar José Narro Robles. El exrector de la UNAM y exsecretario de Salud renunció al PRI para no ser comparsa en la mascarada que impuso a Alejandro Moreno y Carolina Viggiano en la presidencia y la secretaría general de ese partido. En tiempos de Rubén Moreira, la vialidad habría cambiado de nombre. A la ejecución de una obra necesaria se sumó el acierto de mencionar al renegado. El Gobernador, por lo visto, no tiene tantas telarañas en la cabeza como su predecesor.

Riquelme se ve tranquilo, en efecto, pese a la trasquilada de participaciones y fondos federales recetada por la Cámara de Diputados donde el PRI y el PAN son convidados de piedra después de haber partido el pastel presupuestario. Visto con simplismo, el sosiego del Gobernador es explicable: 1) él no endeudó al estado con 38 mil millones de pesos, sino los Moreira; 2) las masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras se cometieron en el mismo docenio; 3) el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma ocurrió en el gobierno de Rubén; y 4) porque Saltillo «lo ha tratado muy bien».

Sin embargo, lo importante es saber cómo está el ánimo de los coahuilenses con respecto a los tres primeros temas y a la administración. Las encuestas ofrecen una idea. El Estado obtiene buenas calificaciones en economía, empleo y seguridad, pero en aprobación, Riquelme ocupa el lugar 19 (Mitofsky). En «nivel de corrupción» Coahuila cae al puesto 26, de acuerdo con la misma pesquisa. El dato corrobora la inutilidad del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cuyo autor fue Rubén Moreira.

No haber sido responsable del quebranto financiero no exime a la administración (Fiscalía General del Estado) de investigar las denuncias penales por el ocultamiento de créditos por 4 mil millones de pesos y los recursos desviados a empresas fachada. En la investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada», Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad advierte: «Desde que se contrajo la llamada “megadeuda” se iniciaron nueve denuncias (…) pero a la fecha solo se conoce una sentencia…», favorable a Enrique Ledezma Sánchez y a Juan Manuel Delgado Hernández, funcionarios del SATEC.

El caso dista de estar cerrado e incluso podría dar materia a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para intervenir. La dependencia revisa «eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores», declaró su titular Santiago Nieto (Sin Embargo, 19.11.19). Jorge Torres fue extraditado a Estados Unidos por ese y otros delitos, pero no se mandaba solo; los jefes eran Humberto y Rubén Moreira.

Miguel Riquelme no llegará mañana al Congreso con las manos vacías a presentar su informe. El presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño (PAN), reconoce «avances importantes». Hay obra. No la suficiente ni la deseada por el propio Gobernador, debido a la sangría de recursos por la deuda y a los recortes federales. Después de la polarización política por unas elecciones controvertidas y de los agravios e insolencias del moreirato, Riquelme, sin tanto protagonismo, ha logrado conciliar al estado y mantener el equilibrio; el poder, por lo visto, no lo ha mareado. Empero, la condición sine qua non para recuperar la confianza ciudadana consiste en investigar y castigar a los responsables de la deuda y las empresas fantasma.
27 Noviembre 2019 04:05:00
La amnesia del general
Veinticinco mil firmas en el portal Change.org le dieron con la puerta en la cara al expresidente Felipe Calderón, quien canceló su participación en el Simposio Internacional de Derecho En Juicio, del Tec de Monterrey, programada para el 9 de octubre. “La ponencia de Calderón representa una grave ofensa a la memoria de Jorge (Antonio Mercado) y Javier (Francisco Arredondo) y de todas las víctimas de violaciones a Derechos Humanos y de desapariciones forzadas cometidos tanto por grupos de la delincuencia organizada como por miembros de la Sedena, Semar y otras instituciones encargadas de salvaguardar la paz de la ciudadanía”, reza la petición.

Mercado, de 23 años, y Arredondo, de 24, ingenieros en mecatrónica por el Instituto Tecnológico de Saltillo, fueron asesinados en el campus por miembros del Ejército el 19 de marzo de 2010. Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge, reprobó la visita del expresidente al Tec. “Es una persona que no tiene memoria, que se olvidó lo que hizo cuando estuvo al mando del país y ahora va como si nada hubiera pasado, pero los muchachos sí tienen memoria, ni siquiera conocieron a Jorge y Javier, pero están luchando por el respeto…” a su memoria, declaró a Azucena Uresti, de Milenio Televisión.

De acuerdo con Calderón, la crítica de Rosa Elvia lo disuadió de acudir al Tec, cuyas autoridades apoyaron inicialmente la versión oficial de que Mercado y Arredondo, quienes cursaban una maestría y un doctorado, eran sicarios “armados hasta los dientes”. “Su parecer… es razón más que suficiente para que suspenda mi visita (…) es fundamental respetar el dolor, independientemente de que haya quien utilice esta circunstancia con propósitos mediáticos y políticos”, dice la carta del expresidente al rector David García.

El caso lo llevó a las pantallas Alberto Arnaut, cuyo largometraje ¡Hasta los Dientes!, ganó el Ariel este año. En su dedicatoria a Jorge Antonio y Francisco Javier, el guionista demandó “un país donde ya no sea necesario que el Ejército esté realizando labores de seguridad pública y donde la Guardia Nacional sea realmente una Guardia Civil” (Excélsior, 25.06.19).

Elena Reina, de El País, reseñó el documental: “Dos estudiantes yacían en el piso de una institución académica sagrada sujetando, ya muertos, dos armas largas. Nadie dudó entonces de que se había ejecutado a dos sicarios. Y lo celebraron. En esos momentos de terror, un asesino menos en las calles era recibido como una victoria para el país. Pero ellos no eran narcos, eran dos alumnos que se habían quedado hasta tarde estudiando y habían salido a por algo de comida. En la puerta de su universidad les alcanzaron los balazos. Podía haber sido un error fatal, pero no lo fue”.

El 22 de octubre –cinco días después de la captura y liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán– el general en retiro Carlos Gaytán criticó al presidente López Obrador por “decisiones estratégicas que no han convencido a todos”, en un desayuno con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. “Actualmente –dijo– vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”.

Cuando Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron asesinados en el Tec de Monterrey y acusados de sicarios, Gaytán era subsecretario de la Defensa. En ese entonces no cuestionó la guerra de Calderón contra el narco ni la ideología de derecha dominante.

26 Noviembre 2019 04:05:00
Los (ex)intocables
Es cierto, si todos los políticos y funcionarios venales fueran enjuiciados, faltarían cárceles. Empero, con solo uno de ellos en prisión se satisfaría el clamor de justicia de millones de mexicanos: Enrique Peña Nieto.

El presidente López Obrador se comprometió a combatir la corrupción y la impunidad, y ha cumplido. No al ritmo ni con las figuras más nefastas, pero sí con algunos de los intocables de los últimos sexenios, beneficiarios del “capitalismo de compadres” implantado en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Los primeros encausados son Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México y uno de los empresarios más influyentes del país, según la revista Líderes Mexicanos; el abogado Juan Ramón Collado, entre cuyos clientes figuran el expresidente Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva y el exlíder panista Diego Fernández de Cevallos; y la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles.

Excepto Ancira, quien enfrenta en libertad el proceso para su extradición de España a México, los demás están presos. El exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el litigante Javier Coello Trejo podrían hacerles compañía.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda también detectó presuntas irregularidades en las cuentas de José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Vargas reportó ingresos por 1.7 millones de pesos en 2013, cuando era abogado electoral, y en 2017, ya en el Tribunal, declaró 7.2 millones de pesos (Reforma, 28.09.19). La responsable de investigar el caso es la Fiscalía General de la República (FGR), dijo AMLO.

No es la primera vez que se habla de corrupción, tráfico de influencias y venta de sentencias en el TEPJF para anular o validar elecciones impugnadas. La crisis en el Tribunal “se gestó cuando el PRI y sus aliados decidieron ampliar los periodos de cuatro magistrados, incluyendo al propio Vargas”», declaró Eduardo Huchim, periodista y exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal a Aristegui Noticias (29.09.19).

Sin embargo, el ícono de la corrupción neoliberal más codiciado hasta el momento es Emilio Lozoya Austin. El exdirector de Pemex habría recibido sobornos por 10 millones de dólares de la multinacional brasileña Odebrecht y de la contratista española OHL.

El Gobierno congeló sus cuentas y la Interpol le pisa los talones. La FGR lo acusa de pagar sobreprecios de cientos de millones de dólares en la compra de Fertinal y Agro Nitrogenados; la segunda planta, adquirida a Altos Hornos de México, además era chatarra.

Gilda Margarita Austin Solís, madre de Emilio Lozoya, fue detenida el 23 de julio por la Interpol en Alemania, donde vacacionaba con sus nietos, y extraditada a México el 2 de noviembre. Enfrenta cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

La mujer, de 71 años, habría recibido alrededor de 7 millones de pesos entre 2010 y 2012 como parte de los sobornos pagados a su hijo por Odebrecht. El exdirector de Pemex caerá en manos de la justicia tarde o temprano. El siguiente debe ser Peña Nieto, jefe de la banda. Si la 4T y su líder AMLO dan ese paso, harán historia.
25 Noviembre 2019 04:05:00
Sin luz en los cielos
La violencia de género es una plaga difícil de erradicar, máxime en México, donde la impunidad incentiva la inquina contra las mujeres. En el número 627 de Espacio 4, Renata Chapa presenta otra cara de ese infierno.

“Pardeaba la tarde y abordamos descansar. Luego de horas de trabajo rudo, comimos tacos, refrescos y nos reímos del cansancio. De las ocurrencias. Del destino. Adentro del Centro de Readaptación Social de Torreón, Coahuila, éramos 10 compañeros. Internos, internas y yo.

“Ningún integrante de la parte oficial del penal les preguntaba a ellos o a mí, nunca, qué podíamos necesitar para volver más ligera la causa. Y, la verdad, con el paso del tiempo entendí que eso fue lo mejor. Necesitábamos planear en confianza, “acá entre nos”, para construir identidad. Aquel salón –que, luego de meses, convertimos en aula de educación interactiva– era nuestro proyecto de crecimiento en común.

“El altavoz anunció la hora de cerrar portones. Era mi señal de regresar a casa. Solo quedábamos ella y yo. Sentadas en el suelo de cemento, habíamos convertido la charla, sin querer, en una sobremesa con perspectiva de género.

“‘Aquí son varias las que se echan la culpa de las méndigas sinvergüenzadas de los maridos o de los amantes; o las que se echan la culpa de delitos no cometidos con tal de encubrir a sus hijos o hasta a los nietos.

“‘Un buen de internas están hasta la madre de enamoradas. Se apendejan regacho. No te imaginas lo que son capaces de hacer con tal de que el pinche viejo se les arrime y no las deje por otra de las viejas con las que anda el muy cabrón.

“‘Ese al que adoran y al que le tienen más miedo que a nadie. Ya sabes, el clásico ‘Pégame, pero no me dejes’. Amor apache.

“‘No quieren que sus parejas sufran o que sus niños se queden sin papá porque aparte, se supone que él es el que lleva dinero a la casa, pero míralas. Aquí adentro andan vendiendo lo que sea para mandarles centavos a los chavitos. O hasta para sacar para toallas sanitarias. Se aguantan lo que sea por la ilusión de la méndiga visita conyugal, si es que, bueno, claro, es que las vienen a ver.

“‘O mira, también aquí hay internas muy jovencillas que conviven con otras ya más señoras, de más edad. A todas ellas las condenaron porque, también, se declararon culpables de robos, de la venta de droga y delitos más gruesos que sus angelitos cometieron.

“‘Luego están otras internas más. Esas a las que sí, de plano, se las torcieron en plena movidota: unas son farderas en los súpers o las que se meten de sirvientas de casas millonetas; o las ‘muy, muy’ que se creyeron hechas a mano. Las más chingonas. Las que nadie en el mundo las merece, dizque porque están bien buenas.

“‘Ellas se clavaron a andar en bandas junto con chavos que roban carros, joyas, celulares, computadoras, pantallas de plasma; o que saben esas ondas de clonar tarjetas; o las que son expertas para extorsionar por teléfono. Y las que se cargan rollos más, pero más subidos y andan en ondas del crimen organizado, de prestanombres, puteros y rollos de esos. Las ves y parecieran tan blancas palomas’.

“Salí del penal ya casi sin luz en los cielos. En sentido literal y en el metafórico. Lo recién escuchado había sido parte de un capítulo que solo con la interlocución de aquella interna –hoy aún amiga– pude leer. Dimensioné lo aprendido y continué las visitas casi diarias al Cereso al lado de ella y de los demás reclusos. Nuestra labor conjunta funcionó y logramos el cometido propuesto”.
23 Noviembre 2019 04:08:00
Pesadilla sin milagro
El presidente López Obrador ha criticado al PRI y al PAN por la venalidad y el crecimiento mediocre de la economía en sus gobiernos.

“El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido sinónimo de corrupción. (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción.

El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”, dijo en su toma de posesión.

En ese periodo de 36 años, el PIB registró un crecimiento anual promedio de 0.18% en el Gobierno de Miguel de la Madrid; de 3.9% con Salinas de Gortari; de 3.3% con Ernesto Zedillo; de 2.0% con Vicente Fox y Felipe Calderón; y de 2.4% con Peña Nieto. De la Madrid y Zedillo empezaron sus gestiones con crisis económicas severas. Calderón afrontó la Gran Recesión –detonada en Estados Unidos– cuyo efecto se tradujo en una caída del 5.2% del PIB.

Frente al modelo depredador –“la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. (…) y tanto por ella como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población…”, ibídem–, AMLO voltea la mirada a los gobiernos de Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, cuando la economía creció por encima del 6% “sin inflación y sin incremento de la deuda pública”.

Además, acotó, el secretario de Hacienda de López Mateos y Díaz Ordaz, Antonio Ortiz Mena, “no era economista sino abogado”.

Sin embargo, el “milagro mexicano” –comprendido entre 1952 y 1970– devino en pesadilla en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, caracterizados por la demagogia y el populismo. El derroche se compensó con deuda y en la imprenta de billetes del
Banco de México.

Cuando el secretario de Hacienda, Hugo B. Margáin, encendió las luces de alerta –“la deuda externa y la deuda interna tienen un límite. Y ya llegamos al límite”–, el Presidente tomó el control de la economía.

Echeverría sustituyó a Margáin con su amigo José López Portillo –abogado, como Ortiz Mena, pero profano en asuntos económicos– y después lo convirtió en Presidente con el 97% de los votos, pues el PAN, entonces único partido de oposición, no participó en los comicios.

López Portillo terminó la obra iniciada por Echeverría: hundir a México. Con el agua al cuello, nacionalizó la banca y en su último informe intentó lavarse la cara con lágrimas de cocodrilo: “Soy responsable del timón, pero no de la tormenta”.

En su discurso inaugural, AMLO se refirió a ese docenio: “… hubo dos gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento”. También con corrupción en el segundo caso.

AMLO prometió crecer el PIB a un ritmo de 4% anual, pero deberá darse de santos si este año sube apenas medio punto y la economía no entra en recesión.

En su carta de renuncia como primer secretario de Hacienda de la 4T, el 9 de julio, Carlos Urzúa prendió las alarmas igual que Margáin lo hizo 46 años atrás: “…toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda”. Sin embargo, el FMI avaló en lo general el manejo de la economía en el primer año de AMLO.
22 Noviembre 2019 04:07:00
4T, primer balance
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) termina su primer año de gestión en medio de una tormenta provocada por su propia intemperancia. El Presidente más legitimado se ha confrontado con todo el mundo: corporaciones, periodistas, medios de comunicación, calificadoras de riesgo, organismos internacionales y ONG, cuya visión e intereses no coinciden con los suyos.

La captura y liberación de Ovidio Guzmán López provocó la primera crisis de gran calado del sexenio, y enfado en algunos exmandos del Ejército. Dieciocho años atrás, Joaquín “El Chapo” Guzmán, padre del narcojunior, había puesto en ridículo al Gobierno de Vicente Fox al fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande. En 2015 se evadió del penal del Altiplano.

El balance anual de la 4T es negativo en temas que impactan el acontecer de cada día, el ánimo social y la credibilidad gubernamental. La cifra de homicidios dolosos rebasa a la del peor año de la Presidencia de Felipe Calderón, iniciador de la guerra contra el narcotráfico, en cuyo periodo ocurrieron 121 mil 613 asesinatos. En 2018, la escalada de violencia se cobró la vida de 36 mil 685 personas, según el informe actualizado del Inegi. El sexenio de Peña fue el más cruento con 157 mil 137 víctimas.

Todavía resonaban los ecos del fracaso en Culiacán y las excusas del Gobierno para salir del atolladero; el reproche de los generales en retiro Carlos Gaytán y Mauricio Ávila por la falta de respeto a las Fuerzas Armadas, y la insinuación de AMLO sobre un “golpe de Estado”, cuando un nuevo acto de barbarie sacudió al país, incitó al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y provocó un aluvión de críticas de la prensa internacional: el asesinato de nueve integrantes de las familias norteamericanas LeBarón y Langford (tres mujeres y seis niños), el 4 de noviembre.

Trump publicó en su cuenta de Twitter: “Si México necesita o solicita ayuda en eliminar a estos monstruos, EU está listo, con voluntad y capaz de involucrarse para hacer el trabajo rápido y eficazmente. (…) los cárteles son tan grandes y tan poderoso(s) que se necesita un Ejército para derrotarlos”. ¿Solidaridad o censura por el fiasco en Sinaloa, que dejó sin efecto la extradición de Ovidio Guzmán, solicitada el pasado 13 de septiembre?
AMLO declinó el apoyo de Trump y de otros gobiernos para investigar el multihomicidio. “Es algo que le corresponde resolver al Gobierno de México”, dijo. El 11 de noviembre decenas de agentes del FBI llegaron a México para colaborar en las investigaciones.

Mientras en el Capitolio los senadores republicanos Mitt Romney y Mike Lee demandaban castigar a los criminales, en México la senadora panista Indira de Jesús Rosales le obsequiaba al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, un Pinocho en su comparecencia por el caso Guzmán López, cuyo padre –“El Chapo”– purga cadena perpetua en EU. “Mentira tras mentira. La situación se vuelve confusa (…) para todo México”, reconvino la legisladora veracruzana.

Hasta simpatizantes de la 4T, como el actor Gael García Bernal, reaccionaron por la emboscada contra la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora. “Si no cambian el Gobierno y López Obrador de narrativa para asumir sus responsabilidades, ¿para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. (…) El horror que vivimos hace que sea bastante intrascendente que cada quien –medios de comunicación– jalen agua para su molino de tuits ajenos. (…) Por lo pronto, lo que importa: que pare la violencia”, escribió en Twitter.
20 Noviembre 2019 04:07:00
Los pecados de Evo
La discriminación desaparecerá con el hombre. Al darle mayor visibilidad y colocarla en el centro de su agenda populista, Donald Trump desató al monstruo y lo hizo aún más excecrable. El expresidente de Bolivia Evo Morales dice que su pecado “es ser indígena”.

El fenómeno es omnipresente y se ha mostrado en la política, el deporte, las artes y en toda interacción social.

Hasta hace relativamente poco la publicidad empezó a tomar en cuenta la diversidad de colores y razas, pero los prejuicios siguen vivos. Países de sangre indígena y mestiza, como el nuestro, cojean del mismo pie.

Para Yásnaya Elena Aguilar, escritora y activista de los derechos lingüísticos, “los pueblos indígenas no somos la raíz de México, sino su negación constante. Esto de ser las raíces de México es despotilizarnos, usarnos para justificar algo en lo que nunca participamos, es decir, crear el Estado. Por eso somos una negación” (El País, 09-09.19). En Bolivia, un descendiente de aimaras alteró esa lógica, pero cometió otro pecado: se volvió adicto al poder.

Morales ganó la presidencia en 2005 al conservador Jorge Quiroga con el 53.7% de los votos, y su partido Movimiento al Socialismo (MAS) alcanzó la mayoría en el Congreso. En los comicios del pasado 20 de octubre, Morales derrotó a Carlos D. Mesa, del Frente Revolucionario de Izquierda, quien ya había ocupado, en un proceso fraudulento. MAS obtuvo más diputados, pero su mayoría es ahora precaria; empero, ganó el Senado.

Entre 2002 y 2005, Bolivia tuvo tres presidentes. Gonzalo Sánchez y Carlos D. Mesa renunciaron por las protestas derivadas de la crisis económica y las políticas neoliberales. El periodo lo concluyó Eduardo Rodríguez. En 14 años de Gobierno, Evo Morales estabilizó el país, hizo crecer la economía y redujo la pobreza y la desigualdad. Su tercer pecado consistió en tratar de perpetuarse en el poder.

Sobre si hubo o no golpe de Estado contra Morales, El País (12.11.12) consultó a cuatro expertos. Resumo sus respuestas.

“Un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de Gobierno por parte de otro agente estatal”. El caso de Bolivia, “los tres elementos están presentes… las Fuerzas Armadas fueron las que definieron el desenlace”. (Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa).

“No fue golpe. Desde el día 20 de octubre, el pueblo boliviano quedó inmerso en la incertidumbre debido al curso tomado por el proceso electoral. Gran parte de esa incertidumbre es atribuible a la sistemática acción del Gobierno por controlar la instituciones (…)”. (Cecilia Salazar, directora del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia).

“Es un “golpe de Estado” en proceso. No fue judicial ni constitucional, sino resultado de una movilización social y una acción opositora conspirativa que fue minando al Gobierno de MAS. (…) el cabecilla de la protesta anunció la instalacion de un ‘Gobierno transitorio’. (…) ¿Quién dijo que no es un golpe?” (Fernando Mayorga, director del Centro de Estudios Superiores, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia).

“La crisis política venía incubándose desde que Evo Morales optó por una cuarta elección, contradiciendo la Constitución… Lo hizo desobedeciendo los resultados del referendo de 2016, cuando el pueblo soberano rechazó modificar la Constitución”. (Margarita López Maya, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela).

Morales lleva ganada la partida, pero debe retirarse con dignidad.
19 Noviembre 2019 04:05:00
Golpe de Estado
“Los golpes de Estado suelen tener en común que sus autores dicen que buscan defender el orden o ‘la democracia verdadera’. Algo así volvió a suceder (…) en Burundi, con el general Gogefroid Niyombare liderando una asonada ‘por el bien de la nación’ y acusando al presidente Pierre Nkurunziza de ‘una violación flagrante a la Constitución’ por buscar otra reelección tras 10 años en el poder.

“A Niyombare cualquiera le diría que ese es un imposible, que un golpe, una acción violenta de la ruptura de la legalidad, no puede ser ‘por el bien de la nación’”, publicó Abraham Zamorano en BBC Mundo el 17 de mayo de 2015.

El golpe devino en fracaso. Niyombare se rindió y Nkurunziza, un acaudalado ultraconservador en temas sociales, fue reelecto el 24 de julio de 2015 con el 69.1% de los votos. El régimen reprimió a los medios de comunicación que cubrieron la intentona. De acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), alrededor de 100 periodistas se exiliaron, y Jean Bigirimana aún se encuentra desaparecido.

El régimen prohibió también las publicaciones independientes y acusó a cuatro reporteros, exiliados en Ruanda, de ser los “autores intelectuales del golpe de Estado”. En la Clasificación Mundial 2019 de la Libertad de Prensa de RSF, Burundi ocupa la posición 159, entre 180 países. Bolivia figura en el lugar 113 y México en el 144.

Evo Morales cometió un error al tratar de reelegirse por cuarta ocasión consecutiva, en contra de la Constitución, y además en un proceso fraudulento. Empero, la intromisión de las Fuerzas Armadas resultó un dislate mayor e inaceptable en cualquier democracia. Máxime cuando el Presidente convocó nuevas elecciones tras el informe de la OEA sobre la jornada del 20 de octubre y las irregularidades del proceso.

Si bien la Presidencia la ocupa interinamente la exsenadora Jeanine Áñez y no un militar, al general Williams Kaliman no le correspondía “sugerir” la de Morales para permitir “la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad”. Para ello existen instancias civiles.

Áñez separó del cargo a Kaliman, pero no podrá gobernar ni resolverá la crisis atizada por el golpe de Estado “cívico, político y policial” incruento apoyado por la OEA. Los más de 20 muertos y los centenares de heridos y desaparecidos son consecuencia de los disturbios poselectorales. Morales ha jugado hasta hoy mejor sus cartas que sus adversarios en Bolivia y en el extranjero.

En su carta al presidente de la Asamblea Legislativa se vacunó contra el caos por venir: “(renuncio) para evitar todos estos violentos sucesos y vuelva la paz social”. El uso indiscriminado del Ejército y la fuerza pública para reprimir a los opositores de Áñez puede aumentar el número de muertos y heridos.

La condena internacional por la violencia del Estado favorece a Morales. Su oferta de regresar a Bolivia “para pacificar y no ser candidato” es plausible, pero igualmente podría ser un ardid, pues si logra lo primero, ¿quién le impediría lo segundo? Áñez y sus aliados están contra la pared.

La salida al conflicto la planteó el mismo expresidente en entrevista a El País: un diálogo nacional con todas las fuerzas política y sociales. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe volver a postularse para no convertir un golpe de Estado en una dictadura donde el pueblo le sirva de escudo.
18 Noviembre 2019 04:08:00
El cóndor y el caudillo
Bolivia tiene, como Chile, Argentina y otros países de América Latina, una larga tradición de golpes de Estado. En las décadas de 1970 y 1980, las dictaduras militares de la región fueron coordinadas por Estados Unidos en el Plan Cóndor, tendiente a erradicar “las ideologías comunistas y afines, opuestas al liberalismo que trataba de implementarse a escala global, (…) teniendo como una de sus consecuencias centrales el desmantelamiento del Estado como articulador de la vida pública y generador del desarrollo económico”.

El país andino registra 89 presidentes en su historia; 28 fueron derrocados y 14 renunciaron. Simón Bolívar, originario de Venezuela, fue el primero en dimitir; y el último, Evo Morales. La adicción al poder del descendiente aymara, exiliado en nuestro país, es característica de los políticos de América Latina. Víctor Paz Estenssoro y José Miguel de Velasco ocuparon la presidencia en cuatro ocasiones, y dos la ejercieron durante tres periodos consecutivos.

La expatriación y el conflicto han marcado el destino de un buen número de mandatarios bolivianos. Los tres exilios de Paz Estenssoro duraron 17 años. Del último regresó para volver a postularse y obtener la Presidencia.

Evo Morales no es el primero en ser acogido en México. El general Juan José Torres, depuesto por el golpe de Estado que encabezó Hugo Banzer, fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976. La dictadura de Banzer prohibió la repatriación de su cadáver para evitar levantamientos. Solo ganó tiempo, pues dos años después renunció en medio de protestas populares.

Con el apoyo del presidente Luis Echeverría, los restos de Torres permanecieron en México siete años. Bolivia los repatrió en 1983 para depositarlos en el monumento a la Revolución Nacional junto a los cenotafios de los expresidentes militares Germán Busch y Gualberto Villarroel, también asesinados. Banzer volvió al poder en 1997 por la vía de las urnas, pero su Gobierno devino en desastre. Su alianza con Estados Unidos para erradicar el cultivo de coca y la privatización de servicios públicos (guerra del agua) provocó movilizaciones y protestas sociales; las primeras, encabezadas por el diputado Evo Morales. Antes de renunciar, Banzer murió de cáncer.

Morales es el primer presidente de Bolivia de origen indígena. El Plan Cóndor jamás se lo habría permitido, por su ideología. En 2008, la revista Time lo incluyó entre las 100 personas más poderosas del mundo; dos años después lo criticó, junto con el diario británico The Guardian, por el proyecto de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sucre debido a sus efectos sobre el medio ambiente. Su apoyo a la quema controlada y al desmonte de zonas forestales agravó el incendio en el Amazonas.

En los casi 14 años de la Presidencia de Evo Morales, la economía de Bolivia creció más que la de México en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. También superó el PIB de la mayoría de países de América Latina.

Esta situación permitió reducir la pobreza y la desigualdad, según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Morales no supo retirarse a tiempo y recurrió al fraude electoral para eternizarse en el poder como lo hicieron las dictaduras militares y neoliberales antes y después del Plan Cóndor.

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