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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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14 Septiembre 2019 04:07:00
La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su Gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No solo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el Mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su Gobierno, que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su Administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que –inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos– no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su Gobierno, es que el Gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo Gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “michoacanazo” con el que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009.

Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del Gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección.

Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado Gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de fiscal general del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas.

El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo.

Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no solo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al Gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este Gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el Mandatario federal.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes.

El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del Gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.



NOTAS INDISCRETAS…

Mañana será el primer grito de Independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el Presidente en la ceremonia oficial, no solo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la Presidencia.

¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas…

En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios.

Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en Rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”.

Con los años, comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad.

Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la Administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios?

Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!
03 Junio 2020 04:07:00
No es terrorismo, los convencemos: Buenrostro
La titular del SAT, Raquel Buenrostro, asegura que los pagos millonarios que han obtenido de grandes empresas no son producto del terror ni del terrorismo fiscal, sino de una labor de “convencimiento” que ella misma ha hecho con los presidentes del Consejo de Administración: “A la pregunta de si ¿es terrorismo fiscal? No es terrorismo fiscal, porque el empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado es algo que trae en su conciencia”, dijo ayer martes la jefa de la política fiscal de este Gobierno que en menos de un mes ha logrado recuperar más de 17 mmdp en pagos de adeudos de grandes contribuyentes.

Reveló a los diputados su estrategia para lograr pagos de adeudos millonarios como los de Walmart y Femsa, de más de 8 mmdp cada uno: ya no negocia con abogados o directores de las empresas, sino que recibe directamente en su despacho a los dueños o accionistas principales: “Cuando se le explica al presidente del Consejo de Administración, no al director general, al presidente del Consejo de Administración, porque es el que representa las acciones o el que tiene las acciones mayoritarias, cuando se sientan aquí y escuchan lo que nosotros tenemos y lo que les estamos planteando, es en automático: ‘tienes razón, voy a pagar’”, contó la jefa del SAT y ejemplificó que han tenido negociaciones de 8 meses con despachos de abogados, y con un presidente de Consejo de Administración 40 minutos bastaron para que aceptara pagar.

Los que se sienten presionados o hablan de “terrorismo”, precisó Raquel Buenrostro, son “los incumplidos” y aun así, no son todos. “Son los que terminan diciendo que no se les escucha… Unos son los abogados que dan las asesorías fiscales y que cobran muchísimo dinero para pagar el mínimo de impuestos. En realidad lo que proponen esos abogados a las empresas son defraudaciones fiscales y hay despachos que viven de sugerir a sus clientes los esquemas de defraudación. Eso también ya se tiene identificado cuáles son los despachos”, remarcó la funcionaria.

Así que doña Raquel, la de la “mano dura” en el SAT, no se asume como “terrorista” y más bien se dice “convincente” con los empresarios, sobre todo con los grandes que están haciendo lo que no hicieron por varios sexenios, protegidos y consentidos desde el mismo sistema donde les condonaban o les “arreglaban” sus adeudos. La estrategia de “convencer” y cazar a los grandes deudores seguirá dando frutos y muy pronto se anunciará otro par de corporativos importantes que, como en el chachachá cubano, tomarán chocolate y pagarán lo que deben.

Y una vez que terminen con la lista de los 15 grandes deudores, en el SAT y la UIF, nos dicen, están armando un nuevo expediente que, si se decide hacer público va a ser explosivo: gobernadores que han utilizado empresas fantasma y “factureras” para justificar gasto y erogaciones del presupuesto federal. Tienen ubicados varios casos de gobiernos estatales en donde se contratan los servicios de estas empresas ilegales y que se dedican a la defraudación fiscal, los más avanzados, nos dicen Michoacán y Tamaulipas. ¿Será que en momentos donde la relación entre la Federación y los estados está tan tensa por la pandemia del coronavirus se animarán a sacar ese expediente a los gobernadores?
02 Junio 2020 04:07:00
Entre el SAT y la UIF, tiemblan los empresarios
La imagen de grandes consorcios nacionales y extranjeros, como Femsa y Walmart entregando sus cheques al SAT por adeudos millonarios que antes no reconocían o litigaban en los tribunales, es un buen referente de cómo el endurecimiento de la política fiscal del Gobierno de López Obrador está dando resultados.

Ante el temor de una demanda judicial o una exhibición pública como deudores del fisco, algo que afectaría no solo su imagen sino sus acciones en los mercados financieros, los grandes contribuyentes han comenzado a doblar las manos y han reconocido adeudos que en otros tiempos se negaban a aceptar y preferían mandar a sus despachos de abogados fiscalistas, ya sea a impugnarlos legalmente y ganar tiempo o incluso a pedir “favores” o condonaciones en los más altos niveles del Gobierno, donde solían tener un trato preferencial.

A partir de que el propio Presidente hiciera pública la existencia de una lista con los 15 grandes deudores que le debían al SAT cerca de 50 mil millones de pesos y les sugiriera pagar sus adeudos con la amenaza velada de iniciar acciones legales, los grandes contribuyentes empezaron a aflojar y decidieron pagar “voluntariamente” antes de ser exhibidos o señalados públicamente.

La mano dura de Raquel Buenrostro desde el SAT es el brazo ejecutor, pero la decisión de cobrarles y amagarlos públicamente fue solo del Presidente.

La otra pinza por la que el Gobierno está apretando a los contribuyentes es la persecución de la evasión a través de empresas de outsourcing ilegales, y en ese caso el ejecutor es Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera. El caso más reciente es el del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, acusado junto con su hermano y su cuñado, de lavado de dinero y defraudación fiscal por cerca de mil 100 millones de pesos.

El caso que forma parte de denuncias ante la Fiscalía General de la República que hicieron los socios cooperativistas en contra de Álvarez, por desviar 197 millones de pesos de la Cooperativa, toca no solo al mundo empresarial sino también al mundo del futbol. Álvarez había sido durante décadas una figura cuestionada por sus socios, pero gozaba del favor de políticos de gobiernos anteriores, lo que sumado a sus recursos financieros y legales, le concedía impunidad ante las reiteradas acusaciones.

Y aunque hoy el tema aún no toca al equipo de futbol, entre los empresarios de la Liga MX se ha desatado ya el temor y la incertidumbre de que, desde el SAT y la UIF se inicie una “cacería fiscal” en contra de los equipos de futbol mexicanos. La razón por la que están preocupados los dueños del futbol es porque al menos el 70% de los equipos actuales utilizan también empresas de outsourcing, como las que le detectaron a “Billy” Álvarez, para manejar sus esquemas fiscales, ante las elevadas nóminas que tienen que pagar a los jugadores.
30 Mayo 2020 04:02:00
El choque de dos Méxicos
La pandemia del coronavirus, con todos sus efectos de salud, económicos y políticos, está acentuando las diferencias y la polarización política que ya existía antes de esta situación de emergencia, y ante el inicio de una crisis que se avizora histórica y como un cataclismo que sacudirá al país por sus niveles de desempleo, tensión social
e inseguridad.

Esto endureció las posiciones y las visiones de dos grandes bloques en la sociedad mexicana: quienes ven una “pronta salida y una crisis transitoria” que no nos causará mayores daños porque “vamos muy bien y esto nos vino como anillo al dedo para la cuarta transformación”, y quienes advierten que la viabilidad económica del país, la productividad, la modernidad y la estabilidad social están en riesgo por la forma errática en que se conduce a la República.

No es difícil advertir de manera cada vez más clara el divorcio que existe entre esos dos Méxicos, el de la “cuarta transformación” de López Obrador y sus seguidores que ven las varias crisis del coronavirus como un accidente aprovechado por sus adversarios para intentar golpear al Presidente y a su proyecto político, al que están dispuestos a defender a toda costa junto con sus clientelas políticas, aún a costa de sacrificar a muchos otros mexicanos afectados por esas crisis, y el otro México, el que más allá de una oposición política aún dispersa y sin liderazgos, que intenta colgarse de esta crisis para ganar adeptos, está siendo movilizado más bien desde la sociedad civil, por grupos lo mismo de intelectuales orgánicos, que de empresarios molestos y gobernadores en rebeldía.

Para los primeros, los de la 4T, las expresiones del otro México son “golpismo”, matizado con adjetivos de “blando” o “suave”, pero en su percepción y lógica ideologizada: golpismo puro que quiere “destruir el proyecto político de López Obrador porque afectó sus intereses y desterró sus privilegios.

Para los segundos, se trata de “rescatar al país” y de buscar una salida prematura del poder del tabasqueño “antes de que acabe con todo lo que se ha avanzado”, y aquí hay una subdivisión clara de estos grupos anti-AMLO, entre los que exigen que “renuncie y que se vaya ya” que tienen sí una intención más clara a favor de un derrocamiento o una renuncia forzada, y los grupos que apuestan a ganarle por las vías institucionales, primero en las elecciones de 2021, y luego en la consulta para la Revocación de Mandato en el 2022.

La ‘nueva normalidad’ y la confrontación

Los dos grandes bandos están aprovechando la crisis del coronavirus para velar armas y prepararse para la confrontación pública y política en los aciagos meses venideros. Del lado del Gobierno, la definición ideológica que tomó López Obrador en esta crisis, en la que decidió salvar con los recursos públicos solo a su Gobierno y a sus obras emblemáticas, priorizando en momentos de caída económica el rescate de Pemex y la CFE con dinero público y leyes que regresan el control del estado en el sector energético, ha dejado muy claro que al Presidente, más que salvar al país en esta angustiosa coyuntura, lo que le interesa poner a salvo es su proyecto político.

En ese sentido, el Presidente terminó por decantar y hacer explícita su fobia ideológica hacia las empresas, hacia los empresarios y hacia las clases más pudientes del país, a las que no solo ignoró y desdeñó en sus comentarios y propuestas, sino que les negó cualquier tipo de apoyo fiscal. En dos frases, Andrés Manuel dejó en claro que quiere sacudirse a la actual clase empresarial y pudiente para hacer la suya propia: “Esta crisis nos vino como anillo al dedo” y “la pregunta ahora es qué hacemos con los ricos”.

Del otro lado, los grupos que ven en la 4T una amenaza empiezan a cobrar fuerza y a salir del anonimato de las redes o de las deslucidas manifestaciones clasemedieras, para convocar ya incluso a estrategias políticas.

Por un lado está el FRENA, o Frente Nacional Anti-AMLO, que en su mismo lema define su intención disruptiva y golpista: “AMLO se va”. Este fin de semana, ese grupo, que se mueve ya en varios estados y que se ha vinculado a grupos empresariales del norte, convocó a 41 caravanas de autos en igual número de ciudades para exigir la salida del Presidente.

En mensajes que circulan en las redes llaman a acudir con sus automóviles para salir al centro de Monterrey y de Cd. Victoria. Le piden a la gente estar 10 minutos antes de la mañana y llevar cartulinas con frases como: “¡AMLO dimite ya!” y “AMLO estás despedido”.

Aunque no se ha hecho público cómo se financia este frente ciudadano, se presumen vínculos con grupos empresariales de Monterrey y apoyo también de gobernadores del norte del país.

El empresario Luis Martín Bringas, quien se asumió públicamente como el coordinador del FRENA, era parte del Consejo de Administración del grupo Soriana y hermano de los accionistas principales; pero la cadena de tiendas desde que él hizo público su activismo contra López Obrador se deslindó de él en comunicados y le pidieron que abandonara su lugar de consejero suplente.

La otra vertiente de la organización social que se está armando en contra del lopezobradrismo y de su 4T, parte de la opinión de intelectuales y académicos que analizan los riesgos de la concentración excesiva de poder por parte de López Obrador y los efectos de sus políticas de desmantelamiento y extinción de todo aquello que no coincida con su proyecto ideológico.

Esta semana se difundieron videos donde personajes como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, ambos identificados como “intelectuales orgánicos” del periodo neoliberal, según definió el propio Presidente el 18 de marzo del 2019, cuando dijo “que el Estado ya no proteja escritores, que no haya intelectuales orgánicos”, hacen fuertes críticas a la forma de gobernar de AMLO y a su proyecto.

Aguilar Camín participó en una reunión en la plataforma de Zoom con el “Grupo Generativo Patria 62”, que era privada y a la que solo tenían acceso un grupo de académicos y escritores, pero que difundida desde las cuentas de algunos funcionarios de Gobierno.

Sobre la revocación de mandato anticipada, Aguilar Camín dijo que no es el momento: “En este momento te lo podría ganar y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener; en cambio si lo dejamos para el año 22 como está planteado en la ley y acordado, entonces lo que tendremos, es un momento institucional de presión hacia la Corte, tenemos unas elecciones en el 21 en donde hay que derrotar a Morena y López, y luego, en el 22, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar él muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por petulante”, refirió el escritor.

Krauze, por su parte, participó en un foro virtual sobre Pandemia y Crisis: la Situación hoy en México, donde recordó su ensayo El Mesías Tropical, en el que alertaba del “peligro” que representaba la llegada al poder de López Obrador: “Se trataba de un hombre, de un redentor, que se identifica con la figura de Jesucristo, seriamente lo hace y lo dice, y cuyo objetivo es entonces no el de mejorar la situación de los mexicanos, sino salvarlos, redimirlos y purificarlos”.

Krauze dijo que el modo en que el Presidente “ha mal administrado la pandemia es francamente criminal” y recordó que semanas después de iniciada la emergencia, seguía recorriendo los pueblos y mandaba mensajes pidiéndo a la gente que saliera.

“Si la muy endeble oposición mexicana se organiza, si la sociedad civil se organiza y si las voces independientes que hemos sido calumniados y difamados por el Gobierno nos mantenemos firmes, y todo esto se canaliza en un esfuerzo cívico sin precedentes, podemos recuperar la Cámara de Diputados y las gubernaturas necesarias, para que en los segundos tres años del sexenio de López Obrador, este deje de tener el control absoluto. La reconstrucción en México va a llevar muchos años, una generación, porque la destrucción política, económica e institucional ha sido severa y deliberada”, concluyó el historiador.

Preparémonos pues para una “nueva normalidad” en la que, ante el desorden y el caos que ha privado en el manejo de esta pandemia, cada quien tendrá que cuidarse a si mismo y a los suyos, y mientras tratamos de adaptarnos a esta nueva realidad con la angustia de no enfermar o morir por el Covid-19, el choque de los dos Méxicos será cada vez más estridente e inevitable. Esperemos y apostemos todos a que esto se dirima por las vías democráticas e institucionales. Lo contrario,
sería catastrófico.
28 Mayo 2020 04:02:00
López Gatell, las pruebas y otros datos
Durante cinco horas y media Hugo López Gatell respondió preguntas y duros cuestionamientos de los senadores de la República. No dejó pasar una y, entre largas explicaciones técnicas y respuestas políticas, acusó que algunos senadores utilizaran “mentiras” en sus planteamientos y les recordó que “tienen la carga de la prueba”. Al final, desde Ricardo Monreal, de Morena, con preguntas sobre por qué hacían tan pocas pruebas y si eso no generó un subregistro, y la oposición acusando duramente al subsecretario de “mentirle a los mexicanos sobre la gravedad y dimensión de la pandemia”, el mediático funcionario capoteó, cual diestro torero, las embestidas de los senadores.

Aunque no todas sus respuestas convencieron ni se fue limpio, la de López Gatell fue, según los números internos del Senado, la comparecencia más taquillera entre los senadores en estos tiempos de pandemia. El canciller Marcelo Ebrard era hasta ahora el que más atención había logrado con 30 senadores conectados simultáneamente; el subsecretario de Salud y nueva estrella de la 4T tuvo 75 senadores conectados en las más de 5 horas que habló.

Un senador, miembro de la Junta de Coordinación Política, comentó el encuentro con López Gatell primero en términos políticos y luego en el argot taurino: “Fue dura, por momentos ruda, pero no le fue mal en términos de que respondió a todo y no dejó tema o cuestionamiento sin contestar. Digamos que salió a pie de la plaza, cuando se esperaba que lo cogiera el toro”.

Lo cierto es que el encargado nacional de la pandemia terminó reconociendo, ante el reiterado escepticismo de los senadores sobre el bajísimo nivel de pruebas de Covid 19 que hizo México —0.4% por cada 100 mil habitantes— que el Gobierno del presidente López Obrador decidió no hacer pruebas por considerarlo “un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos y es un distractor de los esfuerzos de vigilancia, prevención y control enfocar las baterías hacia un intento irrealizable de contabilizar”, por lo que reconoció que tampoco tienen interés en hacer pruebas al 100% de la población y que en México no sabemos en realidad cuántos casos de Covid tenemos.

A partir de ese reconocimiento del encargado de la pandemia en nuestro país, de que los datos que nos repite todas las noches son solo proyecciones y no cifras reales sobre el tamaño real de la pandemia, nos encontramos con “otros datos” sobre el panorama y las proyecciones del Covid-19 en México, realizados por uno de los modelos matemáticos más certeros para proyectar la evolución del coronavirus en los distintos países, que es el de Youyang Gu, científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Con gráficas y cálculos matemáticos y estadísticos basados en la información oficial de cada país, que se pueden ver a detalle en la página
https://covid19-projections.com Gu pronostica para México que el aplanamiento de la curva será hasta el 5 de julio. Que las muertes diarias alcanzarían un pico de 2 mil 181 fallecimientos diarios y acumulados al 4 de agosto serían 88 mil, lo cual nos pondría como el tercer país con más muertes, después de Estados Unidos y Brasil. Y finalmente en todas sus gráficas maneja un rango para México (muertes) con límite inferior de 24 mil y superior de 173 mil.

Así que, en lo que nos preparamos para una reapertura económica y un retorno a las actividades a todas luces precipitado, pero apremiante para una economía que se asfixia y con pronósticos cada vez más devastadores —como la caída de 8.8% del PIB que ayer miércoles anunció Banxico—, en parte por la crisis y en parte por la muy limitada y sectaria política de apoyos y rescates fiscales del Gobierno, que cada quien decida a cuáles proyecciones les cree: si a las oficiales del Gobierno, que ya reconoce que, como muchos otros países, desconoce el tamaño y el impacto real de esta pandemia, o a las que hacen otros científicos de las mejores universidades del mundo.
27 Mayo 2020 04:03:00
En vilo todavía los nuevos partidos
Como muchas otras cosas, la pandemia del coronavirus retrasó las revisiones que realizaba el INE para determinar cuántas de las organizaciones civiles que solicitaron registro como partido político obtendrían el reconocimiento oficial. El plazo original para determinar quién obtiene el registro era el 1 de julio, pero la emergencia sanitaria hizo imposible que la autoridad electoral llevara a cabo todas las diligencias.

Y aunque casi todos los reflectores apuntan sobre México Libre y la pregunta en los corrillos políticos gira en torno a si le darán o no el registro al partido del expresidente Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala, hay otras seis organizaciones con posibilidades y con distintas orientaciones y postulados políticos, que son promovidas por personajes políticos conocidos o por organizaciones sociales o sindicales.

Empecemos por Encuentro Solidario, que postula el Partido Encuentro Social, aliado del actual Gobierno. Sus cuatro pilares: “fortalecer la institución familiar; reformar el régimen democrático bajo pilares éticos; promover una ideología sustentada en respeto a las libertades individuales pero que promueva las clases sociales; y propiciar la reconciliación y pacificación nacional”.

Grupo Social Promotor por México, que promueve a “México, Partido Político Nacional”, es la versión renovada de Nueva Alianza y defienden ser “un proyecto de la gente y una organización de trabajo pasión y compromiso, promotores del cambio y ciudadanos que buscamos un mejor México y promover la participación ciudadana por medio de la democracia”.

A Redes Sociales Pogresistas, su ideología los define como “un proyecto de nación estructurado y pensado en el fortalecimiento de la educación y la recuperación de los valores políticos más importantes” y dicen estar “por un Proyecto Alternativo de Nación” además de una agenda basada en el interés social primordial y dar cabida a “todas las voces y las expresiones”.

Entre los postulados de México Libre, de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, destaca “la participación ciudadana con base en la ética y orientada al bien común, con el objetivo de lograr un México de libertad, justicia, democracia, con pleno respeto al estado de Derecho y con un modelo de desarrollo sustentable”.

El caso de Fuerza Social por México, como se denomina el partido y la asociación, el impulsor es Pedro Haces Barba, líder de la Catem y político quien fuera senador suplente por Morena del 4 de diciembre de 2018 al 22 de mayo de 2020. Haces ofrece “incondicionalidad plena a AMLO”.

El priista César Augusto Santiago, reconocido como “operador electoral” de ese partido, lidera y representa Alternativa Partido Político Nacional, que postula “nuevas relaciones entre las instituciones de Gobierno y los ciudadanos, así como la defensa de la soberanía y la coexistencia solidaria en la diversidad Nacional”.

Finalmente está el partido Súmate, vinculada con Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN y actual Comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Por ahora, como dijeran los cronistas deportivos, en el tema de los nuevos partidos “no hay nada para nadie” será hasta que el Consejo General del INE fije los nuevos plazos para verificar y validar las asambleas y afiliaciones, además de la fiscalización del dinero de estos grupos, cuando sabremos cuántos de ellos obtienen el registro y si todo los nuevos partidos serán afines a López Obrador y a su Gobierno o también entrará en el espectro político la única organización opositora en esa lista que es nada menos que la del nuevo “villano favorito” de este sexenio.
26 Mayo 2020 04:02:00
El síndrome Moreira aflora en los estados
La pandemia del coronavirus y el argumento de la falta de recursos extraordinarios desde el Gobierno federal para atender la emergencia sanitaria están siendo utilizados por varios gobernadores del país como el pretexto o la justificación perfectos para la contratación de deuda pública por varios miles de millones de pesos. Aunque cuentan con la autorización de sus congresos locales –con mayorías de tres cuartas partes a veces reales y a veces fabricadas con la compra y cooptación de diputados opositores– en varios de los casos no queda totalmente claro el destino de los recursos millonarios que solicitarán a los bancos y si los montos autorizados están dentro de la capacidad de pago de las entidades, tal como se los exige la ley.

En franca diferencia con el presidente López Obrador, quien ha rechazado la contratación de deuda pública para enfrentar la emergencia y el rescate económico del país e incluso desafiando la petición del Mandatario nacional para que los estados “no se endeuden y mejor se aprieten el cinturón y sean austeros en sus gobiernos”, los ejecutivos estatales están moviendo sus aparatos políticos para adquirir deuda que no solo elevará el nivel de endeudamiento de sus estados, sino que será heredada a las próximas generaciones y al menos a tres administraciones posteriores, pues están contratando préstamos a 20 años, que terminarían de pagarse hasta 2039.

Hasta ahora son principalmente gobernadores de oposición los que están recurriendo al endeudamiento. Enrique Alfaro, de Jalisco, es el caso más significativo, pues logró la semana pasada que el Congreso del Estado le autorizará contratar créditos por 6 mil 200 millones de pesos para “atender los efectos de la crisis del Covid”, y como no contaba con los votos suficientes, el gobernante de MC obtuvo el apoyo de los diputados del PRI, PAN, PVEM y hasta de una diputada de Morena, que se pasó a votar con la bancada emecista. Apenas en febrero de 2019, recién llegado al cargo, Alfaro había pedido y obtenido de los diputados locales una deuda de 5 mil 250 millones de pesos, que sumados a la deuda histórica que ya traía el estado, más un préstamo de un mil millones que pidió en marzo pagadero a 12 meses, alcanzaría los 22 mil millones de pesos. Es decir que en 11 meses que lleva en el Gobierno, Alfaro habría triplicado la deuda pública de Jalisco a un ritmo de endeudamiento de 26 millones de pesos diarios.

El endeudamiento de los estados empezó con Vicente Fox y creció con Felipe Calderón hasta desbordarse en casos tan excesivos como el de Humberto Moreira en Coahuila, que aumentó la deuda de su estado en más de 109 veces, al pasar de 323 millones a 36 mil millones de pesos, que oficialmente se destinaron a financiar programas sociales y obras públicas, pero que en realidad, ante la opacidad sobre el destino de esos recursos, desataron investigaciones judiciales y cuestionamientos, por lo que se llamó la “megadeuda”, que incluso dio pie a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios aprobada por el Congreso de la Unión en 2016 y que estableció candados legales y la obligatoriedad del aval de la Secretaría de Hacienda federal para que las entidades pudieran contraer deuda.

Hoy, con el pretexto de la pandemia y con la promesa de que van a destinar los millonarios recursos de créditos y endeudamientos a rescatar la economía de sus estados, el síndrome “Moreira” parece recorrer otra vez la República, con la contratación de deudas cada vez mayores por parte de los gobernadores. Todo eso ocurre ante el silencio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la evidente molestia del presidente López Obrador, que no está de acuerdo con el endeudamiento y que les ha pedido a los gobernadores “austeridad y más austeridad, y que se aprieten el cinturón”, con la promesa de que si lo hacen aceptaría hasta discutir la revisión del Pacto Fiscal. ¿Será que en algún momento el Gobierno federal dará el manotazo o buscará bloquear las deudas de los gobernadores, como ya lo hicieron en Tamaulipas con la controversia constitucional interpuesta por los alcaldes de Morena?
25 Mayo 2020 04:07:00
Yeidckol, bajo investigación en Morena
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, concluyó una auditoría interna a la gestión de su antecesora Yeidckol Polevnsky, en la que se hizo una revisión sobre todos los gastos y pagos que realizó el partido durante los tres años que duró su presidencia, de diciembre de 2017 a enero de 2020. Y entre los resultados que arrojó la verificación de las cuentas y los reportes financieros hay varios contratos sobre los que pedirán explicaciones a la exdirigente, sobre todo uno de 900 millones de pesos que pagó en compra de inmuebles y mantenimiento a una empresa donde aparecen vinculados sus hijos.

De acuerdo con fuentes internas de Morena, que conocen los resultados de la auditoría, esa es una de las principales razones por las que el CEN ha citado para mañana martes tanto a Yeidckol Polevnsky como a quien fuera su secretario de Finanzas, Joel Frías, para que ambos expliquen, por separado, los diversos contratos y pagos en los que se presumen irregularidades graves, que van desde el presunto tráfico de influencias, por la contratación de empresas vinculadas a una hija y un hijo de la entonces presidenta, hasta sospechas de corrupción.

El primer citado en la casona de Chihuahua 216, donde se encuentran las oficinas del CEN, es el extitular de Finanzas, quien comparecerá por la mañana ante los miembros de la dirigencia para ser interrogado y dar su versión y explicaciones, y después de que él termine iniciará la comparecencia de Polevnsky, quien también será interrogada para que explique, entre otros, ese contrato por 900 millones de pesos y las distintas irregularidades que arrojó la auditoría a su dirigencia de tres años.

El pasado 27 de enero, un día después de ser electo en votación por el VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar anunció que iniciaría una auditoría al periodo en que Polevnsky fungió como secretaria general en funciones de presidenta, para conocer “el manejo de los recursos económicos”. Para ello, dijo, se contrataría a un despacho externo al que se le dio acceso a todos los registros financieros, bancarios y contables de la gestión de su antecesora, que comenzó a ejercer las funciones de la presidencia del partido el 12 de diciembre de 2017, cuando el entonces dirigente, Andrés Manuel López Obrador, solicitó licencia para irse como candidato a la Presidencia de la República por el partido.

Ya entonces Ramírez Cuéllar, cuya elección como presidente se atribuye a una alianza entre el grupo de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunciaba como su primera acción de presidente la investigación de Yeidckol, quien en ese entonces se negaba a reconocer su elección, pero aclaraba que no se trataba de una persecución política: “Lo que queremos es que quede todo claro, todo transparente, de tal forma que le podamos rendir un informe a la militancia de la situación que en estos momentos tiene Morena. No es ni cacería de brujas, simple y sencillamente es para tener claridad de qué es lo que estamos recibiendo”, aclaró el diputado federal con licencia.

Hoy parece que Ramírez Cuéllar ya tiene claro lo que recibió de Yeidckol Polevnsky y lo que ha encontrado en las auditorías son irregularidades de tal tamaño en el ejercicio de los dineros del partido, que ameritan una investigación interna por presuntos actos ilegales. Por eso ha citado a comparecer y para que dé explicaciones a la exdirigente, que primero desconoció su presidencia y después la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados ratificaron la validez de la elección el pasado 26 de febrero.

Veremos hasta dónde llega la investigación contra Yeidckol en Morena y el interrogatorio al que será sometida por el CEN de su partido el próximo martes ella y su exsecretario de Finanzas. Por lo pronto, está claro que son varios los grupos internos que se han alineado en torno a que se vaya hasta el fondo de las irregularidades encontradas en su gestión financiera y que a Polevnsky le van a cobrar varias facturas internas a partir de las facturas fiscales que ella pagó como dirigente nacional antes, durante y después de la elección presidencial del 2018. Viene una sacudida fuerte en el partido gobernante.


23 Mayo 2020 04:07:00
Crece la batalla por la generación eléctrica
La disputa por la generación de energía eléctrica en el país subió el viernes de nivel y de tamaño con la entrada en escena de siete gobernadores de la República que le solicitaron al presidente López Obrador “que cancele definitivamente el acuerdo publicado por el Cenace” y amenazaron con tomar acciones jurídicas si no se echan para atrás las disposiciones del mencionado Acuerdo de Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional publicado el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Justo un día después de que López Obrador le ordenó a su Gabinete de energía dar la “batalla jurídica” contra la ofensiva legal de los amparos interpuestos por las empresas afectadas con el acuerdo que cancela y limita la participación de las energías limpias o renovables en el sistema eléctrico nacional, los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima y Michoacán firmaron un manifiesto en el que se pronuncian en contra de la cancelación de proyectos e inversiones de energías limpias y se colocan del lado de las empresas afectadas, varias de ellas asentadas en sus estados, y en contra del Gobierno federal.

Desde la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, donde se reunieron el viernes, los mandatarios de la oposición, Enrique Alfaro, Jaime Rodríguez “El Bronco”, Francisco García Cabeza de Vaca, Miguel Riquelme, José Rosas Aispuro, Silvano Aureoles e Ignacio Peralta, firmaron este manifiesto en el que esgrimen las afectaciones a los estados que cuentan con parques eólicos y solares o que tenían previstas ya inversiones en proyectos de energía renovable, por la cancelación de empleos y hasta del pago de renta a ejidatarios en donde se instalan los generadores de energía eléctrica limpia; también denunciaron que con el decreto que publicó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director del Cenace, Morcos Flores, favorece la generación de energía con combustibles fósiles en la CFE que no solo es más costosa sino contamina el ambiente y afecta la salud de los mexicanos.

“Nos reservamos el derecho de actuar jurídicamente para defender el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, la generación de energías renovables y las tarifas eléctricas más bajas”, dijo el Gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, mientras que Alfaro, de Jalisco –quien participó por primera vez en este bloque de gobernadores formado originalmente por el Covid19– comentó que si López Obrador considera que hay algún contrato o una condición irregular “se investigue y se actúe con todo el peso de la ley, pero que eso no sea una justificación para cancelar el futuro de nuestro país”. Y el anfitrión de este encuentro, Miguel Riquelme, de Coahuila, acusó que el acuerdo federal contraviene tratados internacionales y un acuerdo firmado apenas en febrero por todos los estados con el Gobierno federal.


¿Llevarán el tema hasta la corte?

El pronunciamiento de los gobernadores en contra del acuerdo federal en materia eléctrica escala este conflicto porque los ejecutivos estatales tienen facultades para iniciar controversias o acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto, si los siete mandatarios opositores decidieran iniciar un recurso de revisión constitucional, el tema se aceleraría e involucraría ya no solo a los jueces y magistrados que atienden los más de 20 amparos interpuestos por empresas afectadas por el decreto, sino a los 11 ministros de la Corte que tendrían en sus manos otro conflicto entre la Federación y los estados, apenas unas semanas después de que resolvieran de manera unánime el tema de Baja California y su reforma de ampliación de mandato que consideraron no solo “inconstitucional” sino un “fraude a la Constitución”.

Además la confrontación de los estados por el tema eléctrico ocurre en momentos en que la relación entre las entidades y el Presidente de la República se ha tensado por el manejo de la pandemia del coronavirus, no solo porque varios gobernadores, opositores y también de Morena, cuestionan duramente la estrategia federal y el manejo de las cifras, sino también porque López Obrador se ha negado a aceptar la petición unánime de los estados para que se les otorguen recursos adicionales para enfrentar al coronavirus en sus estados o al menos, como se lo propusieron hace una semana al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que les reembolsen el gasto que hasta ahora han tenido que hacer de sus partidas presupuestales ordinarias, que no eran precisamente para una emergencia como la actual.

Fuentes del Gobierno aseguran que detrás hay una estrategia para obligar a negociar a las empresas privadas y que acepten una modificación y disminución de las tarifas que le cobran a la CFE por kilowatt generado.

Es decir, Andrés Manuel estaría recurriendo a algo parecido a la “estrategia Trump”: primero tiro la mesa de un manotazo y luego negocio en condiciones de desventaja para los empresarios y favorables para el Gobierno. “No lo van a mover, hasta que no se sienten a negociar las tarifas, lo que significa renegociar los términos de sus contratos”, comentó un funcionario cercano a la Presidencia, quien agregó que López Obrador está convencido de que en varios de esos contratos hubo corrupción y tráfico de influencias.


El negocio de la renta de terrenos

Aunque casi todo el territorio nacional tiene un alto potencial para la generación de energías eólicas y solares, en el caso de la primera, la más desarrollada en México, las dos regiones con más parques generadores se ubican una en el Ístmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y la otra en el Golfo de México en la zona de la Laguna Madre, ubicada en los municipios de Aldama y Soto la Marina. En ambos estados, a partir de las reformas energéticas primero de Fox y Felipe Calderón y luego de Peña Nieto, se generó un movimiento especulativo de tierras por las altas rentas que pagan las empresas privadas que llegan a hacer un pago mensual de hasta mil dólares por cada ventilador instalado en un terreno. Todas esas tierras no solo son muy fértiles y aptas para la ganadería, sino que todo el año tienen corrientes constantes de aire, lo que las convirtió en espacio para varios parques eólicos que ya operan y otros que estaban en proyecto, con su respectivo pago de rentas a los propietarios, en razón de 23 o 25 mil pesos cada mes por cada una de las torres de generación.

Es decir que no solo en Tamaulipas, sino también en Oaxaca, en Baja California o en otros estados que se ven afectados por el decreto del Cenace, además del interés legítimo de defender los empleos y proyectos productivos, y de la defensa del medio ambiente y de los acuerdos para el cambio climático que sin duda debieran ser prioritarios para el país, también hay intereses de algunos políticos que se metieron al tema e hicieron negocios al amparo de la apertura del sector eléctrico.

Ya veremos hasta dónde llega esta batalla en la que de un lado está López Obrador con su gabinete energético encabezado por Rocío Nahle y el cuestionado Manuel Bartlett, y del otro están los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que defienden su derecho legal y la necesaria certidumbre para sus millonarias inversiones, reforzados ahora por siete gobernadores que amagan con ejercer su facultad para llevar este asunto hasta la más alta instancia del Poder Judicial... Los dados mandan Escalera doble. Buena semana y subimos.
21 Mayo 2020 04:07:00
La extraña normativa de salud en el Covid
Al subsecretario Hugo López-Gatell le preguntaron el martes por la noche en su conferencia diaria sobre las investigaciones periodísticas y los cuestionamientos de especialistas sobre el subregistro que maneja en sus cifras, tanto de muertos como de contagiados de Covid 19 en el país. “Pues es un tema ya muy trillado. Seguirá saliendo… no es información nueva, hemos explicado y creo que demasiadas veces cómo funciona la vigilancia epidemiológica, cuál es el uso de la vigilancia de reconocimiento de casos, de laboratorio, de desenlaces clínicos, en casos sospechosos y casos confirmados, y cuál es la vigilancia de la ocupación hospitalaria”.

Justo cuando el encargado nacional de la pandemia de coronavirus decía eso, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que contabilizó las actas de defunción en la Ciudad de México entre el 8 de marzo y el 12 de mayo de este año, encontró 4 mil 577 actas en las que se menciona como caso de fallecimiento la palabra Covid, Coronavirus o SARS-COV2, ya sea como causa confirmado o probable. La cifra es casi tres veces mayor a la que reporta oficialmente la Secretaría de Salud federal, que el martes informaba de mil 197 decesos por Covid en la capital del país. El subregistro fue reconocido incluso por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que sí existen esas actas, que son parte de los “casos pendientes” y que se creará un comité para analizarlas y contabilizarlas y que se informará a la población del número real que resulte.

También con el mismo tema “muy trillado”, el infectólogo Alejandro Macías, quien fuera parte del equipo que combatió la pandemia de influenza H1N1 en 2009, insistía ayer miércoles en un tuit: “Covid-19 la cifra de muertos que reporta el Gobierno no corresponde a la real, que debe ser sustancialmente mayor. Incluso cuando dictaminen los casos pendientes habrá una subestimación. La mejor cifra será la que arroje la ‘muerte en exceso’ al comparar con años anteriores”, sugería el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Es entendible que al doctor López-Gatell ya le dé flojera volver a hablar de las dudas y cuestionamientos que despiertan sus cifras y sus modelos de estadística y medición de esta pandemia; han sido tan cuestionados dentro y fuera de México y él habla tanto y todos los días en sus largas conferencias y en entrevistas con tantos medios, que ya no debe ser fácil para él estar repitiendo las mismas explicaciones sofistas que, por más que repite, no terminan de aclarar las enormes dudas y desconfianza que existen sobre los registros y datos oficiales del Gobierno en torno al tamaño real del impacto del Covid-19 en la salud y muerte de los mexicanos.

Y si en las cifras de muertos hay dudas fundadas de ocultamiento y subregistro, en los contagios el tema no es diferente. Ya varios gobernadores, empezando por los morenistas Jaime Bonilla y Miguel Barbosa, hicieron pública su desconfianza y su incredulidad por las cifras de contagios que maneja el subsecretario de Salud y su equipo porque no coinciden con los casos que ellos comprueban y reportan al Gobierno federal; y ahí también las explicaciones que ha dado López-Gatell sobre los tiempos que tardan en mandar la información sus unidades epidemiológicas y demás pretextos no han dejado claro el porqué de la diferencia entre lo que documentan con pruebas y reportan los sistemas de salud estatal y lo que registra y reporta Salud federal.

En Mérida, Yucatán, acaba de suceder un caso que desnuda cómo las “directrices del Gobierno federal” sí favorecen el subregistro de casos probados de contagio en los estados. El martes 19 de mayo la Secretaría de Salud estatal y el Ayuntamiento de Mérida hicieron un operativo conjunto para realizar pruebas aleatorias a los locatarios de los mercados de San Benito y Lucas de Gálvez, los más grandes de la ciudad, para detectar casos de personas contagiadas que aun sin presentar síntomas pueden contagiar a otros locatarios o a los clientes. En esos mercados había abiertos solo 250 locales esenciales, de más de 2 mil 300 que existen. Hicieron 119 pruebas y casi la mitad dieron positivo a Covid-19, confirmando 47 locatarios positivos, que fueron reportados de inmediato al Gobierno federal.

Lo extraño vino cuando, por la noche, en el corte de ese mismo martes de la Secretaría de Salud, encabezado por el propio López-Gatell, no se contabilizaron en las cifras nacionales ni en las de Yucatán, donde solo hablaron de 5 nuevos contagios. Cuando se pidió una explicación de por qué en Salud federal no habían registrado los otros 42 contagios, los encargados estatales de la pandemia explicaron que “solo 5 casos pueden explicarse en la Plataforma Nacional debido a que así lo establecen las directrices del Gobierno, por lo que los 42 casos restantes, por normatividad, no son incluidos dentro de la estadística”. Aun así el Gobierno estatal los incluyó en su reporte local en un apartado especial por transparencia.

Sería bueno que el doctor Gatell explicara, si es que no le parece “muy trillado”, por qué razón se limita a los estados a reportar solo cierto número de casos de contagios probados en la Plataforma Nacional y no los que realmente tienen comprobados. ¿Será que por mucho que explica y explica el subsecretario en sus largas alocuciones diarias, no está diciéndonos realmente de qué tamaño son los contagios y las muertes por Covid-19 en México? ¿Así pretenden que volvamos a salir sin conocer realmente dónde están las personas contagiadas sean o no sintomáticas?

NOTAS INDISCRETAS… Mientras el presidente López Obrador se comparaba con Adolfo López Mateos, en su cruzada por volver a hacer de la emproblemada CFE la gran empresa casi monopólica del sector eléctrico, y la secretaria Rocío Nahle seguía envuelta en la bandera de la autosuficiencia energética, el jurídico del Cenace que dirige Marcos Flores pareció doblar las manos y aceptaba como definitiva la suspensión provisional que otorgaron los jueces a 23 amparos interpuestos por las empresas de energías renovables. Al menos así interpretaron los juristas la decisión de permitir las pruebas en las plantas eólicas y solares que habían sido suspendidas y cerradas al emitirse el decreto. ¿Será que el Poder Judicial va a despertar al Presidente de su sueño de ser como López Mateos?... En la Secretaría de Salud muchos se preguntan cuándo el secretario Jorge Alcocer va a hacer pública la información de las generosas donaciones que han mandado a México empresas trasnacionales como Huawei, Sanofi y Lego, entre otras. No se saben ni cantidades de dinero ni equipo que donaron esas compañías y de las que se ha encargado la coordinadora de Vinculación y Participación Social, Mónica Mieres, quien ha recibido a los altos directivos de las empresas. En ninguna mañanera se ha hablado de esas donaciones ni de cuánto dinero o insumos ha recibido el Sector Salud de las compañías extranjeras. Sería bueno que alguien le preguntara al Presidente o al secretario Alcocer que, como pasa de noche en sus temas, está muy calladito con las donaciones millonarias… Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.

20 Mayo 2020 04:07:00
Ramírez Cuéllar al Presidente: ‘No estoy de florero’
Si como dirigente de El Barzón no dudó en llevar caballos hasta el interior de la Cámara de Diputados para hacer escuchar la voz de los deudores de la banca, ahora como dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, tampoco dudó en contestarle al Presidente que descalificó su propuesta de medir las fortunas de los mexicanos ricos.

“Yo llegué a ser diputado con esta bandera, esta ha sido mi lucha permanente. Yo estoy aquí en la presidencia de Morena para lograr este anhelo y el estado de bienestar. Yo no estoy aquí de florero ni de barandal de pleitos internos”.

El diputado con licencia respondía así al desacuerdo del presidente López Obrador que ayer martes por la mañana desautorizó su propuesta para que el Inegi mida la riqueza de los mexicanos más acaudalados y con base en esa información, que debería proporcionarle el SAT sobre patrimonio, gastos e ingresos de los habitantes ubicados en los deciles más altos, aplicar una política fiscal progresiva que incluya tasas más altas de impuestos para los más ricos.

“No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos”, dijo ayer el Mandatario nacional, en lo que se interpretó como una desautorización y descalificación a la propuesta.

Pero apenas un par de horas Ramírez Cuéllar convocó a una conferencia de prensa para defender su propuesta y decir que la va a llevar incluso a la Cámara de Diputados, para lo cual pedirá licencia a la dirigencia de Morena para regresar a su cargo de legislador federal.

“Yo no quiero que entren a las casas ni mucho menos quiero que se difundan los datos personales, eso está prohibido por la ley y la Constitución”, explicó el dirigente, quien dijo coincidir en eso con el Presidente, pero en lo demás, insistió en que seguirá impulsando su planteamiento. “Que el Inegi acceda a datos fiscales y bancarios para cuantificar la riqueza y eventualmente gravar de forma progresiva. Que los que tienen más paguen más”, dijo.

Muy pocos en la 4T y en Morena se atreven a responderle así, directo y a bote pronto al Presidente; de hecho hasta ahora solo lo había hecho Porfirio Muñoz Ledo, compañero diputado de Ramírez Cuéllar.

El momento que escogió Ramírez Cuéllar no parece ser el más adecuado para hacer un planteamiento como el suyo, que involucra no solo abrir la información fiscal privada de contribuyentes en el SAT y los datos bancarios para entregársela a un órgano autónomo como el Inegi, sino además pretende aumentar las tasas de impuestos que paga la población de mayores recursos, en donde se incluyen los empresarios.

En fin, quién sabe si una propuesta como esa pudiera prosperar sin la aprobación del Presidente y de otros dirigentes de la 4T que la descalificaron, pero quién sabe también si, como ya ha ocurrido con otros temas, lo que lanzó el dirigente de Morena no sea también otro “globo sonda” como los que ya ha mandado en otras ocasiones el Presidente para tantear cómo está el terreno para ciertas propuestas de ley que tocan intereses directos de los sectores más poderosos y en los que manda a diputados o senadores a presentarlas como iniciativa propia, cuando detrás traen la intención de Palacio Nacional.

Después de todo sería mucha casualidad que el mismo día que circuló el documento de Morena, que suscribe Alfonso Ramírez Cuéllar, para investigar las fortunas de los ricos y cobrarles más impuestos, el presidente López Obrador haya declarado lo siguiente: “Antes se decía, desde hace muchos años, siglos, se decía ¿qué haremos con los pobres? Ahora no es así, ahora podemos decir ¿qué hacemos con los ricos? Los pobres primero, sin que eso signifique abandonar a los que tienen más recursos económicos”. ¿Pura coincidencia?

19 Mayo 2020 04:07:00
Rocío en el ojo de la tormenta
En medio de rayos, truenos y centellas de empresarios, inversionistas y hasta países por la publicación del acuerdo para la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se siente segura y confiada porque su “pararrayos” está ubicado justo en el Palacio Nacional, donde la respaldan totalmente en una decisión tan polémica como impugnable a través de las vías legales.

Y cuando apenas empieza lo que amenaza con ser todo un tema de demandas e indemizaciones para el Gobierno de López Obrador –ayer lunes se otorgaron las dos primeras suspensiones provisionales– los detractores de Nahle en el sector energético, que no son pocos, empiezan a sacarle “asuntos” a la titular de Sener. Primero fue el tema de su compadre, José Quintanilla Ayache, que había recibido un millonario contrato del IMSS en la Ciudad de México para la compra de ventiladores para el coronavirus, a través de su empresa Bidcom Energy, que tenía menos de un año de creada y con un capital inicial de 50 mil pesos; después del escándalo del hijo de Bartlett, al compadre de Nahle le fue cancelado de inmediato ese contrato por la Dirección del Seguro Social, pero ahora los reflectores apuntan a los contratos de la Refinería de Dos Bocas, donde la secretaria Nahle es algo así como la responsable directa de esta obra por encargo presidencial.

Empresas que han participado en las licitaciones para las distintas etapas de Dos Bocas, se quejan de “favoritismo” de “tráfico de influencias” en la asignación de contratos en algunas etapas y apuntan en concreto a Juan Carlos Fong. Empresarios y contratistas de Pemex reconocen a Juan Carlos Fong, como amigo cercano del esposo de Nahle, José Luis Peña, y quien se presenta como “operador de Peña y Nahle”. Fong es dueño de la empresa Construcciones y Reparaciones del Sur, que forma parte del consorcio Huerta Madre, que en conjunto con la holandesa Van Ord, “ganaron” a través de una licitación restringida el dragado de Dos Bocas (5 mil millones de pesos).

Los señalamientos de presunto tráfico de influencias tienen que ver con que cuando Huerta Madre ganó este contrato, tenía una semana de haberse constituido, integrada por Construcciones y Reparaciones del Sur, propiedad de Fong, Constructora Santadreu, propiedad de Manuel Santandreu, que preside el consorcio, así como Comercializadora de Productos, Servicios y Maquinaria Jiménez Falcón.

Uno de los tres participantes a esa “licitación restringida” fue Grupo Boskails, quien se inconformó formalmente con la entrega del contrato, porque entre varias inconsistencias dio a conocer que el capital para crear Grupo Huerta Madre es de 60 mil pesos, “lo cual limita su capacidad técnica y económica para cumplir con el servicio que se requiere en Dos Bocas”. Ese es el argumento en la queja oficial, pero fuera de eso, las empresas aseguran que Juan Carlos Fong presume ante posibles clientes que él es “el contacto” para lograr “los acuerdos”, incluyendo la Lista de Ganadores del Paquete 5, el último concurso del proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y para esos “acuerdos” Fong no duda en presumir su relación con José Luis Peña, esposo de Rocío Nahle, y quien es jubilado de Pemex, en donde se desempeñó durante tres décadas en el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Peña acompaña a su esposa durante sus horas laborales y, según se ha publicado en artículos y columnas periodísticas, hace funciones de consejero sin puesto y tiene gran influencia en las decisiones de la secretaria.

Los contratos de construcción de la Refinería siguen siendo una incógnita. No existe un registro como tal en Compranet de las adquisiciones y contrataciones para la Refinería y el único dato que se ha dado abiertamente a través de conferencias y boletines de prensa es la asignación de los cuatro primeros contratos para desarrollo de ingeniería y construcción de Dos Bocas. Hasta ahora Construcciones y Reparaciones del Sur, la empresa de José Luis Fong, ha recibido contratos para despalme y el desmonte del terreno, los de caminos y accesos a la Refinería, así como las obras de drenaje que conectarán dicha planta.

La misma empresa obtuvo también los contratos para los edificios de residencia y militar, y de pilón participa por los tanques y esfera de almacenamiento en donde tiene grandes “posibilidades de triunfo”. Todo eso siendo una empresa pequeña que realiza obra civil, pero que por arte y magia de la cercanía que su dueño presume con José Luis Peña, es especialista en todo tipo de trabajos y está presente en todos y cada uno de los paquetes y actividades adicionales hasta ahora asignados en Dos Bocas.

Así que, según las denuncias de los empresarios que, con más tiempo de experiencia, capacidad financiera y técnica han quedado fuera de las licitaciones, Juan Carlos Fong es quien “reparte” la subcontratación de obras, pues su empresa no cuenta ni con el capital social ni la experiencia técnica para hacerlas, pero sí con la amistad y cercanía con la secretaria y su esposo, lo que lo vuelve, según él mismo presume, el hombre al que muchos acuden para llegar a “acuerdos” y participar en las obras y licitaciones de Dos Bocas.

Hasta ahora se han licitado y asignado cinco de los seis paquetes de la Refinería de Dos Bocas.

Solo falta que se resuelva el contrato del Paquete 5 que se refiere a la construcción del sistema de almacenaje de hidrocarburos. Ese es justamente el paquete por el que Juan Carlos Fong se ufana ante posibles clientes que él es “el contacto” para lograr “los acuerdos”, incluyendo la Lista de Ganadores del Paquete 5, el último concurso del proyecto emblemático del presidente López Obrador, que transcurre a pesar de la pandemia de coronavirus y entre la solicitud de grupos para que se cancele porque, dicen, no hay seguridad en que será rentable ante la crisis de precios de petróleo y las mismas energías renovables a las que todo el mundo está apostando, menos México.
18 Mayo 2020 04:07:00
¿El Gobierno quiere inmunidad de rebaño?
La decisión del Gobierno mexicano de anunciar una reapertura de actividades cuando aún estamos en un pico constante y creciente de contagios de Covid-19, con una curva nada aplanada y más bien ascendente, parece obedecer a dos hechos: primero, a la urgencia de reabrir sectores de la economía que están a punto del colapso ante la falta de apoyos fiscales que no quiso otorgarles el mismo Gobierno y en algunos de los cuales hay presión directa de Estados Unidos para no afectar sus cadenas productivas; y segundo, a que ante la falta de control real de la pandemia y de un modelo epidemiológico que ya fue rebasado y en la confusión total de las cifras, ya no puede saber cuánto durará el pico de contagios y de qué tamaño realmente es la afectación de la pandemia, y opta por un regreso a la actividad y que se contagien los que tengan que contagiarse.

Es como si de facto y sin decírnoslo a los mexicanos, el Gobierno del presidente López Obrador haya apostado, presionado por una economía que se le derrumba por no haberle inyectado recursos y apoyos al empleo, a seguir exactamente el mismo modelo de Estados Unidos, en donde, a pesar del enorme riesgo de que haya nuevas olas de contagios, Donald Trump ordenó reabrir varios sectores económicos y algunos estados republicanos lo siguieron cuando aún no tienen totalmente controlada la pandemia. Lo dijo muy claro el doctor Anthony Fauci ante el Senado de su país: decidir la reapertura por criterios políticos y económicos, antes que por criterios de salud, traerá consecuencias graves.

Y si en Estados Unidos, que con todo su poderío e infraestructura no pudo evitar ser hoy el país con más muertes y contagios convirtiéndose en el nuevo epicentro de la pandemia, la reapertura ocurre cuando nos llevan varias semanas y muchos más recursos en los programas de contención, el panorama es grave en México, y con las consecuencias de una reapertura que además de prematura será desordenada, como la que se empieza a producir ya en varios estados, ante las diferencias y desconfianza entre la Federación y las entidades, podemos esperar seguramente escenarios más complicados y nuevos brotes de contagios.

Porque al final, a diferencia de otros países, como los europeos o los orientales, que están reabriendo su economía y su sociedad no solo cuando efectivamente su curva de contagios no solo estaba aplanada sino era descendente, en México nunca se hicieron pruebas masivas o significativas para ubicar dónde estaban los contagiados y aislarlos. Corea, por ejemplo o incluso España, han tenido brotes controlados en sus reinicios, porque sabían dónde estaban las zonas de riesgo, mientras que los mexicanos saldríamos prácticamente a ciegas, tanto el Gobierno como la población, sin saber cuántos contagiados asintomáticos están en la calle o los centros de trabajo o incluso, cuántos de los que ya tuvieron el virus son realmente inmunes y no pueden contagiarnos.

Al no tener en las primeras dos fases de la emergencia pruebas de contagio o haberlas tenido prácticamente limitadas a un número ínfimo de 0.4 pruebas por cada mil habitantes, hoy ignoramos cuál es el número real de contagiados, sintomáticos o asintomáticos, que hay en el territorio nacional, incluidos aquellos 263 municipios que a partir de hoy podrían reabrir sus actividades y en los que no se reportaron contagios porque tampoco se hicieron pruebas. Y como es muy difícil que en esta fase, a 12 días de reanudar actividades, haya pruebas de contagio, lo que tendría que haber son pruebas de inmunidad, para saber quiénes de los que ya tuvieron el virus no contagian ya o quiénes siguen contagiando; pero tampoco esas pruebas se están realizando y la Cofepris y Salud se han negado no solo a autorizarlas, sino que han prohibido que laboratorios privados las realicen.

Dicen los expertos que solo hay dos formas de volvernos, en lo individual y en lo colectivo, inmunes al Covid-19: a través de una vacuna o contagiándonos todos y desarrollando inmunidad. La vacuna seguramente la habrá pero aún no sabemos cuándo, así que la otra forma, la del contagio masivo, solo la han decidido utilizar dos países en el mundo, con mucho más recursos, infraestructura médica y también con mucho menos población y problemas de salud que México: primero la intentó Gran Bretaña, que después dio marcha atrás y empezó la contención; y Suecia, en donde decidieron disminuir y suavizar el aislamiento social con la idea de que la mayor parte de los suecos contrajeran el virus y desarrollaran inmunidad. Ninguno de esos dos países es comparable a México, que no sólo tiene una población 12 veces más grande que Suecia y del doble de los británicos, por no hablar de la comorbilidad que tenemos por la diabetes, obesidad y problemas cardiacos en los mexicanos lo que nos vuelve mucho más vulnerables y hace más letal al Covid aquí que en otros países.

Así que con todos nuestros subregistros, nuestra ausencia de pruebas, con una República en la que no hay una directriz clara y cada gobierno local decide por encima del federal, empezamos hoy la reapertura paulatina, gradual y anticipada. Si el Gobierno ha decidido apostar a que haya contagios masivos como una forma de desarrollar inmunidad de rebaño, debería ser transparente y decírnoslo. Por lo pronto, que cada quien se cuide y extreme precauciones en lo individual, en lo familiar y contribuya así al cuidado colectivo. Quienes pueden seguir quedándose en casa es mejor que lo hagan y los que tengan que salir porque así lo requiera el sustento, tendrán que aprender a cuidarse y encomendarse a lo que crean porque saldrán, como todo el país, a ciegas.


NOTAS INDISCRETAS… La ofensiva contra Rocío Nahle desde sectores empresariales y de opinión es solo el inicio de lo que se va a transformar en una ofensiva legal y una lluvia de demandas, amparos y peticiones de indemnización por la cancelación de inversiones y proyectos que dejará el decreto presidencial que cancela los proyectos de generación de energías limpias. En realidad Nahle será el pararrayos de esta tormenta que apenas comienza, pero está bien afianzada no solo en sus convicciones ideológicas, que ayer expresaba en un tuit en donde dice que “el sector energético nos da identidad y vamos a su rescate” y que “para el presidente López Obrador primero es el pueblo y después el pueblo”. Es decir que la secretaria de Energía está envuelta en la bandera de la 4T y tiene todo el respaldo del Presidente para aguantar el vendaval ante lo que los empresarios, ambientalistas y especialistas energéticos de México y del mundo ven como un “retroceso grave e histórico”, además de costoso y dañino para el ambiente y el cambio climático, pero la secretaria y sobre todo el propio Presidente, ven como “un rescate” casi heroico de la CFE al intentar volverla de nuevo el monopolio energético que fue en el pasado, casi como si volviéramos unos 30 o 40 años en el tiempo. A eso, Nahle le llama “seguridad y autosuficiencia”. Veremos si resiste la secretaria y el mismo Gobierno lo que se ve venir como una ofensiva nacional e internacional de demandas, amparos y hasta tensiones diplomáticas con países y regiones con los que tenemos tratados y acuerdos comerciales… Los dados mandan Serpiente doble. Mal comienza la semana.
16 Mayo 2020 04:02:00
Los gobernadores piden más y no les dan
El choque entre autoridades nacionales y gobiernos estatales o provinciales ha sido parte de los fenómenos de esta pandemia. En naciones con sistema federalista, los cuestionamientos desde las localidades a las decisiones centrales han tensado las relaciones políticas entre los niveles de Gobierno y han provocado desde encontronazos hasta casos de franca rebeldía de gobiernos locales hacia el poder federal. Le ha pasado a Donald Trump en los Estados Unidos, que ya traía una relación complicada con los estados por temas migratorios y ahora la crisis del Covid la ha agudizado, y le está pasando también a López Obrador, cuya autoridad es desafiada y cuestionadas sus decisiones desde los estados.

Como el Presidente no ha querido reunirse con ellos durante toda esta emergencia sanitaria, los gobernadores del país han estado en comunicación remota con los miembros del gabinete para tratar los temas de la pandemia, aunque los estados han tomado sus propias decisiones, tanto para la atención de los enfermos, como en los tiempos para la próxima reapertura. En eso no ha habido problema y la comunicación ha fluido bien porque el Presidente ha cedido autoridad a los mandatarios locales y, con el argumento de que "no queremos pelear", ha permitido que las entidades federativas definan sus acciones, aunque a veces choquen con las directrices de la Federación.

En donde sí hay un tema que tensa la relación del federalismo mexicano es en el reparto de los dineros para atender esta emergencia sanitaria. López Obrador ha presumido públicamente tener "recursos suficientes" para enfrentar la pandemia y las distintas crisis que traerá, ha hablado de "aumento en la recaudación por casi 50 mil millones" y ha dicho que tiene un fondo extraordinario de hasta 400 mil millones de pesos “por los ahorros de la lucha contra la corrupción”, además de que habló de un aumento de 40 mil millones de pesos al Sector Salud para atender la emergencia. Pero de todos esos recursos los gobiernos estatales no han visto nada.

"¿Dónde está ese dinero, que nos mande para apoyar a los estados?", dijo hace unas semanas el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco.
El jueves al mediodía los gobernadores de la Conago se reunieron virtualmente con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El encuentro fue privado y había sido solicitado por los mandatarios estatales con un fin específico: pedir apoyo de la Federación con presupuestos extraordinarios para atender la emergencia en sus estados. Y de acuerdo con tres gobernadores que participaron, desde el comienzo del encuentro hubo una petición concreta: que el Gobierno federal, vía Hacienda, les reembolsara a cada estado los recursos que habían destinado hasta ahora para la atención del Covid-19, porque esos recursos era de su presupuesto ordinario para el 2020 que habían tenido que utilizar por la urgencia.

Uno tras otro los gobernadores insistieron en el tema de un reembolso, como una forma de ayudar a sus estados y no desbalancear su gasto normal en los temas de salud habituales, pero Herrera nunca les respondió. Con evasivas y con explicaciones técnicas del presupuesto, el secretario de Hacienda se salió por la tangente y evitó, en casi dos horas que duró la reunión, comprometerse en algo concreto para que los gobiernos estatales tuvieran algún recurso extraordinario. A lo único que se comprometió Herrera, a pesar del bombardeo de los miembros de la Conago, fue a que "sus participaciones federales correspondientes al Presupuesto Federal 2020 están garantizadas", según lo confirmó Hacienda a través de un comunicado.

Fue tan improductiva la reunión virtual con Herrera, que un Gobernador del norte del país, consultado sobre el encuentro, nos dijo: "Puras tonterías estaba hablando el secretario; nunca respondió a nada de lo que le pedíamos. Fue tan infructuosa y aburrida la reunión que yo de plano me desconecté porque no vi intenciones de ayudarnos". Es decir que Arturo Herrera siguió al pie de la letra la instrucción del presidente López Obrador, quien también ha evitado reunirse virtualmente con los gobernadores porque dice que le "van a pedir más dinero y yo no pienso dárselos". O sea que, en medio de la parte más crítica de la pandemia para varios estados, a los gobernadores de plano los batearon en su petición de reembolso de recursos para la emergencia. “El dinero que presume tener el Presidente no es de él, es de la Federación; no le estamos pidiendo nada que no les corresponda a los estados, que hemos tenido que enfrentar esta situación solos, estirando los recursos que tenemos y sin apoyo federal", comentó otro Gobernador que pidió el anonimato. En fin, que el centro acapara el presupuesto en esta crisis y a los gobernadores los dejaron como en aquella canción infantil: "Piden pan y no les dan, piden queso y les dan un hueso".

Peralta se va, tras el revés a Ley Bonilla y corrupción en las Aduanas

El subsecretario de Gobierno de Gobernación tuvo una semana muy complicada: el domingo 10 de mayo informó en las redes sociales que tenía Covid y comenzó su aislamiento, pero para el lunes a su lamentable contagio se sumaba un fuerte golpe político: la "Ley Bonilla" que él había defendido públicamente con argumentos de legalidad, fue no solo declarada inconstitucional de manera unánime por los 11 ministros de la Suprema Corte, sino que entre los razonamientos aprobados estaba el de que esa reforma en Baja California se trató de "un fraude a la Constitución", como lo dijo en su intervención el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Si con eso la situación política de Peralta se había vuelto tan complicada como su estado de salud, para el jueves las declaraciones del nuevo director de Aduanas, Horacio Duarte, y del director de la UIF, Santiago Nieto, pusieron al subsecretario en terapia intensiva del gabinete. Y es que los dos funcionarios que encabezan la lucha contra la corrupción en las aduanas, confirmaron las investigaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República de al menos 6 administraciones aduaneras del país, y algunos de sus titulares que están acusados de lavado de dinero, fueron nombrados por Ricardo Peralta durante su gestión como administrador General de las Aduanas, aunque él se ha deslindado de los posibles actos de corrupción.

Ese mismo jueves por la tarde comenzaron los rumores de su renuncia a Gobernación, lo cual el mismo Peralta desmintió en su cuenta de Twitter, en donde dijo que era falso que hubiera presentado su renuncia y que se encontraba en confinamiento en su casa por el Covid-19. Este viernes ya se daba por hecho que Ricardo Peralta dejará la Subsecretaría de Gobierno, pero no por renuncia, sino porque esa es una de las 10 subsecretarías que ordenó desaparecer el presidente López Obrador.

La versión que daban la noche de este viernes funcionarios del gabinete era que Peralta se irá como embajador a Argentina, donde no han nombrado a nadie después del escándalo del embajador cleptómano Ricardo Casanova. Pero esos mismos funcionarios de primer nivel aseguraban que la orden de que Peralta saliera del gabinete sí fue directa del Presidente por los dos temas mencionados en su contra; es decir que al abogado le darán una salida decorosa y un exilio diplomático en Buenos Aires.

Notas Indiscretas…

El pasado 16 de abril López Obrador le pidió a los gobiernos estatales que no contraigan deuda por el tema del Covid-19 y que sean austeros, a pesar de que reconoció que muchos de ellos recibieron "arcas vacías" por los endeudamientos excesivos del periodo neoliberal. Y parece que con esa línea del Presidente, dos alcaldes de Morena en Tamaulipas, interpusieron dos controversias constitucionales en contra del gobierno estatal, por el endeudamiento de 4 mil 500 mdp que el Congreso local le autorizó al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Una de las controversias la puso el Presidente Municipal de Güemez, Luis Lauro Reyes, y la otra el Síndico del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Salvador Muñoz Contreras. Al parecer los morenistas de Tamaulipas van con todo en contra del Gobernador panista, porque al mismo tiempo que los alcaldes pedían controversia constitucional, los 10 diputados de Morena en el Congreso Local le mandaron una carta al secretario de Hacienda en la que le piden negarle su aval a ese empréstito porque se compromete, dicen, más del 40% de las participaciones federales por 20 años. Los diputados piden la intervención de Hacienda para negarle su aval a la deuda del Gobierno de Tamaulipas y argumentan que con esos 4 mil 500 millones de pesos, Cabeza de Vaca elevaría la deuda del estado a 20 mil millones de pesos. Veremos en qué termina la ofensiva morenista contra el Gobernador de Tamaulipas…
Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
14 Mayo 2020 04:07:00
‘Nueva normalidad’ en la República disfuncional
Algo que ha marcado el desarrollo de la pandemia de Covid-19 en México, y que la volvió “diferente” al resto del mundo, fue la forma errática en que el Gobierno federal enfocó desde un principio el problema, minimizando el grave impacto que tendría el nuevo virus en la salud y le economía del país y confundiendo advertencias y alarmas, tanto internas como externas, con una “conspiración” en contra del Presidente y su 4T.

Para cuando López Obrador y su Gobierno reaccionaron y dejaron de decirle a la gente que “no pasaba nada, que el problema no era tan grave, que se exageraba y que ni el virus era tan letal”, las cifras de mexicanos contagiados y muertos subían con rapidez. La realidad nos alcanzó y los llamados al aislamiento social y a la “sana distancia” surtieron efecto a medias.

Una de las consecuencias de las contradicciones constantes en las que cayó el Presidente y su grupo de científicos expertos encabezados por el doctor Hugo López-Gatell, fue que en el resto de la República los estados y sus gobernantes comenzaran a tomar sus propias medidas y a desatender los mandatos del Consejo de Salubridad General, convocado tardíamente y con un trabajo a medias a pesar de ser el órgano que la Constitución marca como “máxima autoridad” en una emergencia sanitaria.

Así, fragmentados, divididos y a veces incluso confrontados, nos convertimos en una República disfuncional, justo en la peor pandemia que haya sufrido la humanidad reciente, la que todo mundo considera como el peor colapso internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estamos aún en esa parte crítica en la zona más poblada del país, el Valle de México, ahora el Gobierno de López Obrador presenta el plan para la reapertura de actividades y el regreso a la llamada “nueva normalidad”.

De entrada, llamó mucho la atención que al presentar ese plan, el propio presidente López Obrador dijera ayer que el protocolo no era de observancia y aplicación obligatoria para los estados y municipios y que a los gobernadores y alcaldes que no les gustara podían no aplicarlo.

No sabemos todavía cómo y cuándo va a terminar esta pandemia en México; desconocemos cuántos mexicanos más se contagiarán y morirán una vez que comience el regreso a la “nueva normalidad”, sobre todo porque somos una sociedad a la que le cuesta mucho seguir normas, protocolos y cambios que serán necesarios y hasta vitales en la vuelta a la cotidianeidad.

Pero lo que sí sabemos es que, fieles a nuestra historia y a nuestra idiosincrasia, los mexicanos, al menos en lo político, lejos de unirnos para enfrentar esta terrible crisis histórica nos dividimos acentuando la polarización que ya veníamos arrastrando y con la responsabilidad de casi todos los actores, empezando por el Presidente, que no paró de confrontar y atacar desde sus mañaneras y siguiendo con opositores, críticos, empresarios y otros sectores que se sumaron al juego de la división. Y una buena expresión de esta desunión es hoy esta República federal, fragmentada y disfuncional, donde al Presidente y a su Gobierno los estados ya no le hacen caso y cada quien actúa como lo entiende y de paso, con los mexicanos asustados en medio de todo esto, jalan aguas para sus respectivos molinos.



13 Mayo 2020 04:03:00
Militarización, llamemos a las cosas por su nombre
El Presidente que habla diario y de todo, no quiere hablar de la militarización de la seguridad pública. Incluso ayer martes evadió el tema en su monólogo diario de la mañanera, mientras su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, trató de justificar el decretazo para militarizar la seguridad pública y la persecución de los delitos en el país con un argumento tan falso como rebatible: que el “apoyo de las fuerzas armadas” a la seguridad civil “siempre estará subordinado a la Guardia Nacional”.

Y es que ahí está precisamente el problema: la Guardia Nacional siempre ha estado supeditada, en los hechos, al mando militar de la Secretaría de la Defensa. Su comandante Luis Rodríguez Bucio es militar y obedece y le responde al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y no a Durazo, al igual que lo hacen los generales que dirigen a los guardias nacionales en los estados del país, quienes reportan y obedecen órdenes solo de la Zona o Región Militar de donde se encuentren y no necesariamente del Gobernador ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

El mismo Alfonso Durazo comentó en una plática reciente con periodistas y directivos de un diario, en la que tuve la oportunidad de escucharlo, que él y su Secretaría de Seguridad no son los rectores ni los que mandan en la labor de dar seguridad a los mexicanos. “Yo solo tengo un papel normativo (en la estrategia de seguridad federal) el mando operativo lo tienen las Fuerzas Armadas”.

¿Entonces, lo saben bien y siempre lo supieron, si el mismo Presidente se lo pidió al Congreso de la Unión en su iniciativa original donde quería una Guardia Nacional completamente militarizada y bajo las órdenes del Ejército, aunque el rechazo de la oposición lo obligó a negociar una “transición de 5 años” para el regreso de los militares a los cuarteles, que es lo que ahora pone en marcha por decreto, por qué no reconocer que, al igual que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, decidieron echar mano de la fuerza militar para controlar la inseguridad y la violencia porque no tenían otra opción ante la gravedad del problema y la capacidad armada de los cárteles del narco?

Ayer me explicaba el Consejero Jurídico de la Presidencia, que en realidad el decreto no es algo nuevo y que “siempre estuvo contemplado en el Artículo 5 transitorio de la ley que creó a la Guardia Nacional”. “No hay tal militarización, solo se está aplicando lo que preveía la reforma constitucional”, comentó el abogado Julio Scherer Ibarra.

Se puede entender la reticencia a reconocer la militarización de la seguridad, así sea con un mandato constitucional; se puede comprender que viniendo algunos de ellos de la izquierda les cueste mucho admitir que son parte de un Gobierno que se apoyó en los militares ante la incapacidad civil de frenar la violencia delincuencial.
Al final lo que tenemos a partir de ayer en la seguridad pública del país es a militares en las calles haciendo labores de policías, deteniendo ciudadanos, patrullando ciudades y municipios, cateando domicilios e iniciando denuncias y hasta interviniendo comunicaciones privadas con orden de un juez, todo eso con mandato constitucional. Eso, aquí y en China se llama militarización, con los matices y atenuantes que quieran ponerle. Como diría el test del pato: “Si grazna como pato, camina como pato y se comporta como un pato, entonces seguro que es un ganso… militarizado”.

12 Mayo 2020 04:02:00
Fracasan Guardia y abrazos; vuelven los militares
El viraje del presidente López Obrador de volver a sacar a los militares a las calles, para que otra vez se hagan cargo de la inseguridad y la violencia provocadas por la delincuencia organizada, puede leerse de varias formas y obedecer a muy distintas circunstancias: la crisis económica y social del Covid-19 será más fuerte que ninguna y hay riesgos de inestabilidad social; la Guardia Nacional no funcionó ni maduró en 11 meses; la estrategia de “abrazos no balazos” fue una pésima ocurrencia; el narco se desbordó ante la ausencia del Estado y Estados Unidos presionó para volver a combatirlos.

Pero en cualquiera de las explicaciones todas, inevitablemente, conectan con dos palabras que definen la estrategia de seguridad federal de la 4T: incongruencia y fracaso.

Incongruente porque después de pasar años criticando y condenando la fallida y sanguinaria militarización del presidente Felipe Calderón a la seguridad pública, que le costó al país 121 mil mexicanos muertos en su “guerra contra el narco”, el presidente López Obrador hoy ordena que las fuerzas armadas del país, el Ejército y la Marina, salgan de nuevo a encargarse de la seguridad pública, con el argumento de que su Guardia Nacional no ha logrado consolidar su estructura, a pesar de que le inyectó 87 mil 200 millones de pesos en menos de un año –17 mil 200 millones en su arranque en 2019 y 70 mil millones este año– y de que se trata de una militarización “extraordinaria”.

Tanto atacar a Calderón y a Peña Nieto, no sin razón, por sus fallidas estrategias militarizadas que le costaron al país cerca de 250 mil asesinatos violentos, para que al final Andrés Manuel recurra exactamente a la misma vía militar.

Solo que ahora el Presidente ordena la militarización de la seguridad con un componente adicional a la violencia desbordada y a la ausencia de Estado, que en su momento esgrimieron los dos expresidentes: la posible inestabilidad social por protestas y aumento de la delincuencia que puede traer la profunda crisis a la que se encamina el país. ¿Se está preparando López Obrador para un país donde los desempleados, y los inconformes con las pérdidas de todo tipo que les dejará el Covid-19 encuentren como freno el manotazo militar?

Como sea, el decreto presidencial que entra en vigor el día de hoy y que dispone “de la Fuerzas Armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria”, es un reconocimiento tácito de que fracasaron rotundamente las dos apuestas en materia de seguridad que hizo el Ejecutivo: primero una Guardia civil en la ley, pero que en realidad siempre estuvo bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional y sometida al mando militar, y segundo, que su absurda política moralina de “abrazos no balazos” y de consejos a los delincuentes para que pensaran en sus mamacitas, resultó una demagogia muy costosa para los mexicanos que acumuló más de 44 mil muertos en un año 5 meses.

La otra posible explicación para que López Obrador se haya tenido que morder la lengua y modificar radicalmente su política de seguridad, al grado de caer en la incongruencia, podría ser la presión desde Washington.

Tal vez en su muy cacareada amistad con el presidente Donald Trump y en los “favores de amigos” que le ha estado haciendo la Casa Blanca entre la pandemia del Covid-19 y la profunda crisis petrolera, hubo alguna “recomendación o sugerencia” de que su estrategia de seguridad y, especialmente su política antinarco, basada en consejos morales y reconocimiento de derechos a los violentos capos y sicarios, no estaba funcionando y requería un cambio radical.

Así que, el presidente López Obrador y sus analistas y aplaudidores seguro dirán que su militarización de la seguridad pública es muy distinta a las de sus repudiados antecesores, que aquí “sólo es para ayudar a que se consolide la Guardia Nacional” y que “no nos confundan, porque no somos iguales”, pero parafraseando al clásico, “haiga sido como haiga sido” el Ejército otra vez está en las calles y una vez más asume el mando civil de la seguridad en el país.

¿De qué tamaño estarán viendo la tormenta económica, social y delincuencial que se viene por el coronavirus para que, sacrificando la congruencia, hayan recurrido al brazo militar?
11 Mayo 2020 04:07:00
AMLO vs. la prensa
Para ser el primer Gobierno “post-neoliberal” en México, la Administración de López Obrador actúa exactamente igual que los gobiernos más neoliberales de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, en cuanto a su trato y reacción preferencial hacia la prensa extranjera, con la diferencia de que, mientras los salinistas operaban y cabildeaban con los corresponsales extranjeros, los lopezobradoristas salen a descalificar su trabajo y a acusarlos de “conspiración”.

Los reportajes recientes de los periódicos de otros países, como los de The New York Times, El País o The Wall Street Journal, que criticaron el manejo de la pandemia y denuncian ocultamiento o manipulación de cifras para minimizar el impacto del coronavirus entre los mexicanos, no solo calaron fuerte en el ánimo de la 4T, sino que merecieron reacciones inmediatas en mensajes de Twitter y hasta respuestas en video de funcionarios de la 4T, mientras que a esos mismos cuestionamientos hechos por mexicanos, ya sean en investigaciones periodísticas o por especialistas médicos o científicos, “ni los ven ni los oyen”, y cuando responden es para tacharlos de “conservadores”, “opositores” o de “intereses partidistas”.

No está mal que sean tan sensibles a lo que dicen influyentes diarios de otros países, pero sí que sobrerreaccionen cuando se les critica en la prensa extranjera, mientras minimizan y desprecian las críticas internas. En eso se parecen a los gobiernos neoliberales que tanto cuestiona y de los que el Presidente repite a diario que “no somos iguales”. También Salinas y Zedillo en sus gobiernos no dejaban pasar nada de la prensa externa sin responder, en tanto que, particularmente Zedillo, sentía pereza y hasta rechazo por la prensa nacional.

Pero si en la 4T deciden responder a los cuestionamientos que llegan desde el exterior, al menos deberían hacerlo con algo más que descalificaciones, declaraciones y acusaciones de “sospecha de conspiración” contra algunos de los diarios más leídos del mundo. Eso fue lo que hizo el viernes el subsecretario Hugo López-Gatell; lejos de responder puntualmente a los señalamientos graves de “ocultamiento de cifras” y de pretender minimizar el tamaño real de la pandemia y las muertes por coronavirus en el país, el funcionario se dedicó a dar declaraciones políticas, al mismo tiempo que aceptaba el subregistro de casos de “neumonía atípica” que “no alcanzaron a realizarles la prueba del Covid”.

Lo más delicado fue que López-Gatell, confirmando la ideologización y politización del responsable de la estrategia nacional contra el coronavirus, se atrevió a sugerir una “conspiración” desde la prensa extranjera por “la coincidencia de las notas con el día pico de contagios” en México. El video donde el Subsecretario cuestiona y descalifica las investigaciones de los corresponsales y enviados extranjeros, mereció una dura respuesta del periodista del NYT, autor del reportaje, quien se quejó de que solo haya mencionado su reportaje y no el de otros medios, y lo acusó de responder “con declaraciones, pero no con aclaraciones”. Más mesurado y conciso se vio el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien sin entrar en mayores honduras se limitó a decir en Twitter que “el Gobierno no oculta información sobre contagios o fallecimientos de coronavirus como suponen algunos medios”.

Así que si en la 4T van a seguir la política salinista de responder a toda crítica de la prensa extranjera, mientras ignoran y desairan las de casa, deberían empezar por definir un buen vocero que primero, no sea como el Presidente, que no entiende lo que le dicen en inglés, pero tampoco pide que se lo traduzcan, y segundo que si va a responder lo haga con argumentos y explicaciones puntuales, y no con teorías conspirativas como el subsecretario López-Gatell.

09 Mayo 2020 04:07:00
El FRENA o la rebelión de los regios
En momentos en que el país se encuentra en la fase más crítica de una pandemia mundial y que la economía entra en una franca recesión que se agudizará por el freno obligatorio a la actividad económica, la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y un sector importante del empresariado mexicano ha entrado no solo en punto de ruptura sino de una guerra abierta. Desde Monterrey, poderosos empresarios han comenzado a generar un movimiento que busca propiciar condiciones para una renuncia anticipada en la presidencia de López Obrador.

El movimiento, aunque surge del ámbito empresarial, en el que se suman poderosos capitanes de empresas de Nuevo León y algunos integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, los mismos que en la elección presidencial de 2018 intentaron impulsar una candidatura única de Ricardo Anaya contra López Obrador, está buscando sumar en todos los ámbitos y ya tiene el apoyo de gobernadores del norte del país (Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila) además de medios y periodistas que apoyarían la idea de inducir una renuncia en la Presidencia que tiene intenciones claramente golpistas.

Lo más delicado es que los empresarios que impulsan el movimiento anti-AMLO ya empezaron a buscar el apoyo de Estados Unidos y que han intentado sumar a su propuesta golpista a un sector del Ejército y de la Marina, pero no han tenido éxito.

Representantes de ese grupo ya hicieron contacto con Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Utilizando servicios de despachos de cabildeo que operan en Washington, algunos de ellos a cargo de exdiplomáticos mexicanos, le han hecho llegar mensajes a Kushner con el argumento de que la situación económica y social de México se pude complicar tanto, ante las políticas de López Obrador para enfrentar la profunda crisis económica por el coronavirus, que el problema para Estados Unidos y para Trump ya no serán las caravanas de migrantes centroamericanos, sino “las oleadas de migrantes mexicanos que buscarían cruzar ilegalmente a territorio estadunidense ante el desempleo y la pobreza que se va a generar en el país”.

Caras visibles y ocultas

La última vez que se reunieron con López Obrador, los empresarios del Grupo de los 10 o Grupo Monterrey, salieron de Palacio Nacional con posiciones encontradas. En esa ocasión, además de recordarle que “los empresarios no somos adversarios” y advertirle de la necesidad de apoyar con estímulos fiscales y prórrogas a las pequeñas y medianas empresas que generan más de 70% de los empleos nacionales, los dueños y Ceos de los principales consorcios regiomontanos –Cemex, Alfa, Vitro, Xignux, Maseca, Frisa— le pidieron al Presidente que contratara deuda por 1 billón de pesos para que apoyara y rescatara a las empresas mexicanas y evitara una crisis de liquidez que llevaría a la quiebra a muchas pymes.

López Obrador, no solo ignoró olímpicamente sus propuestas, sino que declaró que no piensa rescatar a ninguna empresa y que si tienen que quebrar, pues será responsabilidad de los empresarios. “Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo. No van a haber rescates para potentados”.

El Jefe del Ejecutivo no solo rechazó los 68 puntos que le planteó recientemente el Consejo Coordinador Empresarial, producto de 11 mesas y foros donde se recogieron propuestas no solo del empresariado de todo el país, sino de organismos financieros, especialistas e instituciones como el Banco de México, para librar la difícil crisis que dejará la pandemia del coronavirus.

Por eso la reacción abierta de confrontación que ha adoptado una parte del empresariado. Por eso incluso dirigentes como Carlos Salazar del Cce, que fue un entusiasta y convencido promotor de la 4T y de López Obrador, después se quejaría de que “nos cerraron las puertas de Palacio” y escucharía las voces de muchos empresarios del país que le pedían promover la salida anticipada del Presidente al grito de “”Que se vaya ya”.

Ante esas posiciones, Salazar fue aún institucional pidiéndoles a los dirigentes del Consejo que esperaran al 2022 y participaran en la consulta de revocación de mandato programada para ese año, con la aclaración de que “necesitaremos 30 millones de votos para pedir que se vaya”.

Pero hay otros empresarios que no son tan institucionales como Salazar. El viernes uno de los socios de Soriana, consejero suplente del Consejo de Administración de la cadena de tiendas mexicana más grande, se destapó públicamente como “líder del Frente Nacional para la Remoción del presidente López Obrador”.

Pedro Luis Martín Bringas, hermano de los dueños de Soriana, dijo que el FRENA, como se denominan, “es un grupo conformado por la iniciativa pública, no privada, que consta de gente de todos los partidos, de todas las clases sociales, de todos los niveles, estudiantes y profesionistas, empresarios y es un grupo, que así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes o profesionistas, así queremos que FRENA sea el detonante para que antes de 1 de diciembre (de 2020) el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país”.

Incluso, el movimiento de los gobernadores del Noroeste, formado por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se conecta también con el activismo de los empresarios en contra de AMLO.

Esos tres estados, encabezados por el independiente Jaime Rodríguez, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y el priista Miguel Riquelme, no solo han exigido reuniones con el Presidente para coordinar acciones y mayor presupuesto para los estados en la pandemia, sino que también han cuestionado el actual pacto fiscal entre la Federación y los estados y han amenazado abiertamente con romperlo si el Gobierno federal no acepta una revisión a fondo de este convenio que reparte el presupuesto.

Ha subido tanto el tono del discurso de estos tres gobernadores, que incluso sumaron a su alianza a Durango y Michoacán, que en las redes sociales ya circulan propuestas y videos de crear la República del Río Grande, formada por Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, con lo que no solo se promueve el separatismo, sino que se revive un viejo proyecto fallido con el que en 1840 esos tres estados mexicanos más Texas, que entonces era parte de la República, se proclamaron en contra del Gobierno de Anastasio Bustamante.

Veremos qué rumbo toma esta intentona de los empresarios norteños que, con un Presidente en niveles de aprobación de entre el 60 y el 68% y con un repunte de 8 puntos en medio de la pandemia, no la tiene nada fácil…

Los dados cierran con Escalera doble. Otra semana más en cuarentena. Ánimo y fuerza para los lectores, que ya falta menos.
07 Mayo 2020 05:07:00
López-Gatell vs Narro ¿A quién le creemos?
Lo que empezó como un debate médico-científico y un intercambio sobre modelos estadísticos y epidemiológicos, se tornó anoche en una confrontación que tomó tintes políticos entre Hugo López-Gatell y José Narro Robles. Tras varios días de cuestionamientos al manejo de la pandemia del coronavirus y a los modelos de medición y contención que ha aplicado, anoche el subsecretario de Salud le respondió al exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, que cuestionó en un tuit si realmente se “aplanó la curva” con las cifras de contagios cada vez más rápidos y altos entre los mexicanos.

“A ver cuénteme más, qué más dice el doctor Narro”, dijo sonriendo López-Gatell en su conferencia diaria en Palacio Nacional a una reportera que le preguntó si le había mentido a los mexicanos como dijo el extitular de Salud. El coordinador de la estrategia contra la pandemia, lanzó dos dardos envenenados: “Ya no le sigo la pista a Narro, no sé si está en el PRI o si está en la UNAM, pero por ahí debe estar”, comentó primero, para luego decir que respetaba la opinión del “doctor Narro, es un personaje respetable, fue secretario de Salud, fue rector de la Universidad Nacional y fue dirigente del PRI, me parece un individuo respetable”. Pero con todo y el respeto, López Gatell recordó más adelante: “307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la Administración inmediata anterior, por distintas razones”.

El comentario en Twitter de Narro se refería a las declaraciones que el subsecretario hizo en la víspera cuando anunció el 5 de mayo, junto al presidente López Obrador, que “ya hemos aplanado la curva de contagios” del coronavirus. “Con los datos de López-Gatell, llegar a los primeros 6 mil 500 casos positivos de coronavirus, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, llevó ocho días. Acumular los terceros, solo seis días. Los 6 mil 500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?”, escribió el exrector de la UNAM.

Narro no ha sido el único médico ni científico que ha cuestionado los datos y el modelo de López-Gatell; el grupo científico de la UNAM para el coronavirus también ha puesto en duda las cifras oficiales realizando sus propios cálculos a partir de multiplicar por 8 el número de contagios en su Centro de Información Geográfica sobre Covid-19, en donde se reportan muchos más casos de los que informa la Secretaría de Salud.

También el exsecretario de Salud, Julio Frenk, quien actualmente es rector de la Universidad de Miami, ha declarado que hay una “subestimación grande” de los casos reales de contagio en México.

Aunque López-Gatell había rehuido hasta ahora la polémica, ayer miércoles, contrario al tono mesurado y contenido que suele manejar, el subsecretario de plano se metió al terreno político al referirse dos veces no solo a la militancia priista del doctor Narro, sino al recordarle de los 307 hospitales que quedaron inconclusos durante su gestión como Secretario de Salud.

¿Qué llevó a López-Gatell a envalentonarse y subirse al ring con Narro? Seguro algo tuvieron que ver las porras que López Obrador le dedicó el martes pasado en su mañanera, cuando el Presidente lo defendió de los cuestionamientos de la prensa con la consigna de “No está solo, no está solo, no está solo”. Pero también la notoriedad y los reflectores que ha acaparado el subsecretario.

Veremos en qué termina este debate público que pasó de la ciencia y la medicina al terreno político y si la nueva estrella de la 4T resulta ser no solo un carismático conferencista y speaker, sino un buen fajador y polemista político ahora que se subió al ring con sus críticos. López-Gatell se enfrenta a personajes que le llevan muchos años en experiencia, capacidad y trayectoria pública y académica; pero como ya lo dijo el Presidente, ese a quien él cree inmune al coronavirus y “una fuerza moral”, “no está solo” y tendrá de sparring, en su esquina, al mejor fajador y provocador que haya conocido la política mexicana.
06 Mayo 2020 04:07:00
Ebrard, otra vez entra al quite
En momentos en que al presidente López Obrador se le ha visto “muy molesto” por el escándalo de la compra de ventiladores a sobreprecio del IMSS al hijo de Manuel Bartlett, sobre el que ya ordenó una investigación a la Función Pública, ayer Marcelo Ebrard prácticamente exhibió las irregularidades que se asoman en esa compra, más allá del posible conflicto de interés o tráfico de influencias, cuando frente al mismo Presidente, el canciller informó, desde la mañanera, que él compró “directamente al fabricante de Estados Unidos y sin intermediarios” 211 ventiladores marca Hamilton a precios de entre 384 mil y 600 mil pesos cada respirador, tres veces más bajo de los 1.5 millones de pesos que pagó el Seguro Social a León Bartlett por ventiladores chinos.

“Estos (ventiladores) son hechos en Suiza, la marca es una de las mejores del mundo, que se llama Hamilton…También han puesto precios habituales, son cuatro modelos los que México está adquiriendo: el T1 Militar, el T1, el C1 y el C3 y valen 21 mil dólares (cada uno) 19 mil dólares, 16 mil dólares y 24 mil dólares. Aquí no hubo ningún intermediario, fue directamente con la empresa que los produce”, dijo Ebrard ayer martes en Palacio Nacional mientras mostraba, con el Presidente atento, las imágenes con la llegada de los cargamentos en una operación presentada con toda la intención como limpia y por la que agradeció incluso el apoyo al presidente Donald Trump, con la frase de que “es en las adversidades donde conoces a los amigos”.

¿Sería casual que Marcelo hiciera este anuncio un día después de que el Presidente ordenó a la Secretaría de la Función Pública que “hiciera su trabajo” y que investigara y sancionara el contrato que el IMSS le dio a León Bartlett Álvarez por 33 millones de pesos por la compra de 22 ventiladores de fabricación china, cada uno cotizado a 1.5 millones de pesos? Todo indica que no.

Una vez más, el Presidente utiliza los oficios políticos de su secretario de Relaciones Exteriores para mandar un mensaje con clara dedicatoria: la emergencia sanitaria y la urgencia de hacer compras de insumos importantes para la pandemia, no justifica ni el pago a sobreprecio, ni el abuso de contratistas, echando por tierra el argumento con el que Zoé Robledo pretendió justificar el pago millonario al hijo de Bartlett, cuando dijo que ante la emergencia “la entrega inmediata eso es lo más importante hoy en el precio de un ventilador, el cual puede entregarse de manera inmediata”.

Parece que, aún en la premura y la urgencia, Ebrard consiguió ventiladores a mucho mejores precios, tres veces más barato y, según lo dijo el mismo canciller, también de mejor marca.

Tantas funciones y atribuciones que le da el Presidente a Marcelo despiertan celos en el Gabinete, no solo por la interpretación que se le dé afuera al papel del canciller “multichambas”, sino porque cuando López Obrador decide recurrir a Ebrard, exhibe y expone a los secretarios y directores que no están haciendo bien su trabajo.

Ayer decían fuentes cercanas de Palacio Nacional que al Presidente lo veían “enojado y muy molesto” tras el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción que reveló el que puede ser el primer gran caso de corrupción en su Gobierno.

Por eso ordenó la investigación a Sandoval con el encargo de que “si hay elementos” se castigue no solo al proveedor, en este caso León Bartlett, sino también al funcionario que le dio el contrato, y ahí no se sabe todavía si la responsabilidad recaerá en Zoé Robledo o en la delegada del IMSS en Hidalgo, Claudia Díaz.

Y por eso también, en un intento de deslindar a su imagen y a su Gobierno del posible caso penal por conflicto de interés, sobreprecios o tráfico de influencias, el Presidente mandó ayer a Marcelo a demostrar, en su conferencia mañanera, que las compras del Gobierno, aún con la emergencia de la pandemia, también tienen que ser legales, transparentes, eficientes y éticas, aunque acorde a la visión y al enfoque de este Gobierno, más bien dirían “compras moralmente impecables”. ¿Está preparando López Obrador el terreno para una sanción en el caso del hijo de Bartlett y el IMSS?
05 Mayo 2020 04:07:00
La segunda oportunidad de Irma Eréndira
Irma Eréndira Sandoval tendrá una segunda oportunidad —de las que muy pocas veces se dan en política— para restituir su imagen y credibilidad como responsable de investigar y sancionar actos de corrupción y conflictos de interés en el actual Gobierno. La instrucción que le dio ayer lunes el presidente López Obrador para investigar y sancionar la asignación de un contrato por 31 millones de pesos otorgado por el IMSS a León Manuel Bartlett Álvarez, pone a prueba la congruencia ya no solo de la secretaria de la Función Pública, sino del mismo Gobierno lopezobradorista. En la forma como procese su primer gran caso de posible corrupción, la 4T demostrará si el discurso de “ya acabó la corrupción” y del “no somos iguales a los de antes” es real o es pura demagogia.

El mismo Presidente ayer tuvo que aceptar, casi a regañadientes y no sin antes cuestionar a Mexicanos contra la Corrupción y a Claudio X. González por publicar la investigación periodística que expuso la asignación de contratos al hijo de un miembro del gabinete presidencial. Sin condenar ni juzgar el evidente conflicto de interés y sin mencionar nombres, López Obrador ordenó a Sandoval que investigue y “si resulta responsable esta persona (el hijo de Bartlett, León Manuel Bartlett) tiene que ser sancionado, igual que la persona que le entregó el contrato (el director del IMSS, Zoé Robledo)”.

Ayer mismo, tras recibir la orden del Presidente, la Secretaría de la Función Pública informó en un comunicado que desde el viernes 1 de mayo, fecha en que se publicó el reportaje de Laura Sánchez Ley y Raúl Olmos, había iniciado una investigación sobre el contrato de 31 millones otorgado al empresario Bartlett Álvarez.

Contrario a la descalificación que hizo el Presidente del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, Sandoval aseguró que “la Función Pública agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación”. La secretaria dijo que no se justificarán irregularidades por la situación de emergencia y habló no solo de un tema de legalidad, sino también de moral pública.

Los duros cuestionamientos y el daño que sufrió su imagen pública tras el fallo con el que exoneró a Manuel Bartlett Díaz de un conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias, luego de que se revelara la posesión de más de 23 propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad, han perseguido a Irma Eréndira Sandoval desde que dio a conocer esa conclusión de sus investigaciones en diciembre de 2019. Aquella exoneración, por la que incluso muchos la compararon con su antecesor en el cargo, Virgilio Andrade, quien con argumentos legales similares dijo no haber encontrado “ningún conflicto de interés” en la adquisición de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y la “casita” de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le costó a la funcionaria parte de su credibilidad como responsable de combatir la corrupción y vigilar el desempeño de los funcionarios de la 4T.

Pues bien, hoy la secretaria Sandoval tiene otra oportunidad de revisar la actuación de los Bartlett, ahora por hechos y acciones cometidos en este Gobierno.

En las manos de Sandoval está la posibilidad de salvar algo de su congruencia y de alejarse de la inevitable comparación con su antecesor Virgilio Andrade; pero más allá de eso, también está la credibilidad de la 4T y del presidente López Obrador para saber si su lucha y discurso contra la corrupción es real, o si todo fue un engaño o un eslogan permanente de campaña.
04 Mayo 2020 04:07:00
Aquí hay ‘León’ encerrado
Hay algo que no cuadra en todo el escándalo de los contratos millonarios que recibe León Manuel Bartlett Álvarez de distintas dependencias del Gobierno federal. A simple vista el tema resulta tan burdo y tan escandaloso por el inocultable conflicto de interés y el tráfico de influencias que significa que el hijo de un integrante del Gabinete presidencial esté recibiendo contratos —algunos por asignación directa— por casi 200 millones de pesos, que podría equipararse incluso al caso de la casa blanca de Peña Nieto, por el tamaño del conflicto de interés que involucra.

Peor aún, cuando una parte de esos contratos se le entrega al hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, justo en la emergencia sanitaria por el coronavirus y por parte de las dependencias del Sector Salud que son las únicas que tienen en estos momentos recursos para contratar servicios, incluso por asignación directa, con el argumento de la urgencia por la pandemia. El hecho de que esas dependencias, IMSS, ISSSTE, Sedena o Semar, hayan optado por asignarle sus contrataciones urgentes precisamente a León Manuel Bartlett, de entre tantos proveedores posibles, no parece una decisión que hayan tomado por descuido o a la ligera los directores administrativos u oficiales mayores, vaya ni siquiera los directores o secretarios.

Entre los miembros del Gabinete es sabido que en este Gobierno todos los contratos públicos de cualquier dependencia, que rebasen los 20 o 30 millones de pesos, personalmente los ve el presidente López Obrador y él decide si la empresa o el empresario que va a ser contratado por las secretarías, ya sea por licitación o por asignación directa —un método legal del que han abusado en esta Administración— es la correcta.

Bajo esa lógica los contratos al hijo de Manuel Bartlett debieron ser “palomeados” previamente en Palacio Nacional. Pero asignarle contratos a un hijo de un miembro de su Gabinete no es algo que encaje para nada en el discurso anticorrupción del Presidente.

Dice un dicho que utiliza con frecuencia el Presidente, que “en política lo que no suena lógico, suena metálico”, y aquí no suena lógico que tantas dependencias del Gobierno hubieran actuado de manera sincronizada y concertada para “ayudar” a León Bartlett y a su acaudalada familia a aumentar su cuantiosa fortuna. Lo que nos lleva a pensar en lo metálico: una de dos, o con tantos contratos “de emergencia” entregados al hijo de Bartlett están armando un fondo para financiar otras cosas —un “cochinito”, pues— conociendo bien cómo opera Bartlett, o el hijo de don Manuel es prestanombres de alguien más.

Todo esto se puede convertir en el equivalente a la casa blanca de Peña Nieto, por el evidente conflicto de interés y el tráfico de influencias que representa, con el agravante de que en el sexenio pasado la corrupción era aceptada, tolerada y hasta promovida por el entonces Presidente que llegó a justificarla como “un fenómeno cultural”, mientras que ahora el presidente López Obrador ha decretado no una, sino varias veces, que “la corrupción ya se acabó” y que en su Gobierno “los corruptos ya no tienen cabida”.

Y si hoy no hay una condena total a estos contratos y el Presidente no ordena una investigación y una sanción ejemplar para saber quién y por qué decidieron otorgarle contratos millonarios al hijo de un destacado miembro de su Gabinete, entonces pasarán dos cosas: el discurso y la credibilidad del Presidente se harán añicos y se confirmaría que en una operación tan burda y tan expuesta, solo puede haber dos explicaciones: o es cinismo puro, o aquí hay, no gato, sino León encerrado.
02 Mayo 2020 04:02:00
El narco está de fiesta
Mientras más de la mitad de la población en México (55% según el reporte oficial) estamos encerrados en nuestras casas por el temor al coronavirus, los cárteles del narcotráfico han sacado a las calles a sus sicarios armados ya no solo a presumir y alardear en videos sobre el control de territorios, ciudades y municipios, sino que ahora también aprovechan la pandemia y la necesidad de la gente para salir a repartir despensas y alimentos a la población, actuando como supuestos benefactores sociales, ante la total complacencia gubernamental y sin que ningún tipo de fuerza pública de seguridad, ni municipal ni estatal y mucho menos federal que les haga frente o se los impida.

Es como si los narcotraficantes, ante la ausencia del Estado y la distracción de las Fuerzas Armadas que ahora están ocupadas atendiendo a enfermos de coronavirus –como antes los mandaron a atrapar migrantes–, percibieran un vacío de poder y estuvieran aprovechando las circunstancias para arrebatarle al Gobierno una facultad constitucional más: la del apoyo y bienestar social, que se añade a las funciones que ya le disputan desde hace casi dos décadas al Estado mexicano, como el monopolio de la violencia y la fuerza pública, el cobro de impuestos (derechos de piso y extorsiones) y hasta la distribución y venta de combustibles e hidrocarburos.

Así en medio de la emergencia sanitaria que vive el país, hemos visto, a través de videos en los que ellos mismos se graban y difunden en redes sociales, el despliegue de escuadrones armados de distintos grupos del narco que llegan a comunidades pobres con camionetas cargadas de despensas y, sin ningún recato y mucho menos prisa, comienzan la entrega organizada ante decenas y cientos de personas que acuden gustosas a recibir las cajas que, como si fueran un producto comercial, vienen rotuladas con marca del cártel de que se trate, ya sea sus iniciales o hasta fotos y diseños con la imagen de conocidos capos del narco.

Lo mismo lo han hecho en las últimas semanas el cártel del Golfo en Tamaulipas, los Zetas en Veraruz, que el Jalisco Nueva Generación en distintos estados y que incluso ha llegado a repartir despensas hasta en Guatemala.

Pero lo que sorprendió esta semana es que “el señor Don Mencho”, como lo llaman los sicarios armados que reparten la “ayuda en su nombre” en colonias de Zapopan y Guadalajara, en la segunda Zona Metropolitana más grande y habitada del país, a plena luz del día sin que ninguna autoridad, ni del Gobierno de Enrique Alfaro ni del Gobierno del presidente López Obrador les molestara ni interrumpiera su “benéfica labor”.

Con más diseño y estilo, porque ella no llega con hombres armados –al menos no visiblemente– Alejandrina Guzmán, la hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hizo lo propio en Guadalajara, repartiendo cajas de alimentos y víveres con el rostro impreso de su padre, cuyo apodo ha registrado como una marca de propiedad industrial que explota comercialmente con el diseño y venta de ropa y otros artículos bajo la marca El Chapo 701.

Lo más interesante de esta faceta de “promotores sociales” que han asumido los grupos del crimen organizado, que incluso buscan competir entre ellos para ver quién es el más bondadoso y quién le da mejores apoyos a la gente, es que esto ocurre justo en un gobierno cuya bandera más importante es el “bienestar de los más pobres” y la entrega de apoyos económicos directos a los sectores más desprotegidos.

Si el presidente López Obrador se asume como el “defensor de los pobres” y justifica su gasto millonario en sus programas de subsidio directo a grupos vulnerables, hoy parece que no es el único que se preocupa por el llamado “pueblo bueno” y que tiene competencia directa con el narco.

Esta semana le preguntaron a López Obrador qué pensaba de que los narcos anduvieran repartiendo despensas a la población necesitada y muy lejos de condenar esa práctica o considerarla un desafío de los criminales a su gobierno, el Presidente se mantuvo en su discurso moral y defensor de los “derechos humanos” de la delincuencia organizada: “Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda. Ayuda más el que dejen sus balandronadas”, dijo el Mandatario sin alterarse y en un tono casi de consejo amistoso.



De los juguetes de Osiel a las despensas del mencho

La pretendida “labor social” de los grupos del crimen organizado no es nueva y ocurre casi desde el origen de los cárteles de la droga en México. Los capos del narco siempre han jugado a ser una especie de Robin Hood o Chucho El Roto en su visión mexicanizada, aunque más bien ellos se asumen más como el maleante Jesús Malverde, que robaba pero ayudaba a la gente.

Pero históricamente ese tipo de ayuda se limitaba a sus lugares de origen o a los pueblos y localidades donde vivían sus familias, a los que ayudaban pavimentando calles o llevando luz eléctrica ante el abandono de los Gobiernos priistas.

Luego, en épocas más recientes, capos como Osiel Cárdenas encontraron en la “labor social” con el reparto de dádivas y artículos como juguetes a los niños o regalos a las madres, una forma de expandir y aumentar no sólo su “base social” y el apoyo y la simpatía de las comunidades para que los cuidaran y protegieran de las acciones policiacas, sino también una forma de expandir sus territorios y, por tanto, sus negocios ilícitos.

Porque eso está también detrás de esta ola de “generosidad” de los narcotraficantes mexicanos que aprovechan la confusión y la incertidumbre, pero también el “vacío de poder” que está generando una situación tan irregular como la pandemia del coronavirus, para ganar espacios y controlar territorios en donde además pueden expandir sus negocios de drogas, extorsión y cobro de derecho de piso.

Cada lugar a donde llegan a repartir despensas, son lugares en los que, además de exhibir abiertamente su presencia, en un claro desafío al Estado mexicano y a los gobiernos estatales y al de López Obrador, también están pensando en colocar puntos de venta y cobro de impuestos.

No es casual, por ejemplo, que en Guadalajara y su zona metropolitana se hayan hecho presentes, con diferencia de días, el CJNG, que hoy controla esa plaza estratégica e histórica del narcotráfico mexicano, y que también la hija de Joaquín Guzmán Loera se haya mostrado repartiendo ayuda a los adultos mayores que están en cuarentena.

Lo que se asoma de fondo es la guerra que mantienen estos dos cárteles, el de Sinaloa y el CJNG, los dos más fuertes en este momento, por el control no sólo de la capital jalisciense sino de la mayor parte del país.

Y todo eso sucede ante la estrategia de un gobierno que ha renunciado, por mandato superior del Presidente, al combate y confrontación de fuerza hacia el narcotráfico, al que ahora no solo se le trata con respeto y consideración “porque no son delincuentes, también son humanos”, según repite constantemente López Obrador, quien a la par que ordena un repliegue táctico de las fuerzas civiles y armadas, decide tratar de convencer a los capos y sicarios más sanguinarios y despiadados, con su ridiculizada de “abrazos no balazos”, en la que les da consejos y prédicas moralistas: “Háganle caso a sus mamás, piensen en ellas y dejen de cometer balandronadas”, les dice el Presidente, una y otra vez, como en llamados a misa, a delincuentes como Nemesio Oseguera “El Mencho”, considerado por la DEA y el FBI como “el criminal más violento y peligroso del mundo”.

Por eso el narco está de fiesta en plena pandemia por el Covid-19. Porque por un lado la Guardia Nacional actúa bajo las órdenes superiores del mando militar al que obedecen de no perseguir ni enfrentar a los narcos en todo el territorio nacional, lo que se refleja en el aumento de homicidios dolosos en el mes de marzo con más de 3 mil 78 ejecuciones, producto de las pugnas violentas de los cárteles.

Y por el otro lado, buena parte del Ejército y la Marina está concentrada en todo, menos en la seguridad nacional: cuando no están atendiendo enfermos por coronavirus, están persiguiendo migrantes o construyendo aeropuertos, por que así lo pide el Presidente.

Dice el viejo dicho popular que “cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”, y eso está ocurriendo con el narcotráfico en México. Se pasean por el territorio nacional amedrentando, enseñando su poderío y presumiendo sus armas y ejércitos con los que le han arrebatado al Estado sus funciones esenciales y constitucionales.

Ahora lo hacen como un presunto “benefactor” de la sociedad, pero ya le habían quitado antes el monopolio de la fuerza, el cobro de impuestos y el manejo de los hidrocarburos.

El narco sabe que hay un Estado y un Gobierno débil y exhibe no solo los enormes vacíos de poder que existen en este país, sino también la ineptitud y debilidad de todos los niveles de Gobierno, pero especialmente del que tiene la obligación y la facultad legal de combatirlo: la Administración federal al mando de un presidente como López Obrador, que nos prometió que iba a pacificar al país, pero nunca dijo que también les iba a regalar ese mismo país a los narcotraficantes para que hicieran con


30 Abril 2020 04:07:00
Porfirio y AMLO ¿ruptura o distancia?
El diputado que le puso la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, aquel 1 de diciembre del 2018, es hoy la voz más autocrítica de la 4T y un férreo vigilante y juzgador de los excesos, caprichos y desaciertos presidenciales. Porfirio Muñoz Ledo ha jugado a ser el único contrapeso interno en el proyecto lopezobradorista, cuyas palabras y críticas resuenan con más fuerza ante el corifeo de Morena y del gabinete, donde casi nadie se atreve a contradecir y mucho menos a levantarle la voz al Presidente. Porfirio lo ha hecho y está pagando el costo.

Aunque el diputado Muñoz Ledo insiste en que él no abandonará a la 4T y que no está “distanciado ni personal, ni políticamente” con López Obrador, al que conoce muy bien desde los tiempos en los que él y Cuauhtémoc Cárdenas lo sumaron al naciente PRD, en Palacio Nacional se asegura que el Presidente sí está molesto con la actitud de crítica constante de Porfirio. “Si su capricho de quedarse como presidente de la Mesa Directiva después de terminar su periodo fracturó la relación, sus duros cuestionamientos a la iniciativa de Ley Federal de Presupuesto terminaron de dañar el aprecio y reconocimiento que el Presidente le tenía”, comentó una fuente cercana al despacho presidencial.

Ayer miércoles le preguntaron en su conferencia mañanera sobre lo declarado por Muñoz Ledo, quien lo acusó de intentar acumular más poder violentando la Constitución, y primero dijo que está en su derecho, pero luego cuando le mencionaron el nombre del periódico donde lo habían entrevistado, el Presidente comentó con desdén que “a cualquiera que declare en mi contra le dan las ocho columnas” en ese diario. O sea que Porfirio ya se volvió “cualquiera” para López Obrador después de que al inicio de su Gobierno lo reconociera como figura emblemática de la izquierda y de la 4T, al grado de pedir que fuera él quien le impusiera la banda presidencial.

El mismo Porfirio recuerda que conoce a Andrés Manuel desde hace años y que compartieron durante mucho tiempo los postulados y el proyecto original del PRD. Incluso cuenta que durante mucho tiempo tuvieron un diálogo constante y que cuando López Obrador era presidente nacional del PRD siempre lo buscaba a él y a otros políticos perredistas para reunirse al menos cada semana con ellos a revisar los temas de la agenda política y social del país y definir propuestas y posiciones de su partido.

Hoy ese diálogo entre los dos personajes no existe, al menos no con ese nivel de cercanía y de frecuencia. Las únicas veces que Muñoz Ledo ha podido saludar al Presidente es cuando lo invitan como parte de la bancada de Morena al Palacio Nacional para discutir los temas y peticiones que el Presidente les hace a los diputados de su partido. En esas reuniones, según cuentan algunos diputados que han asistido, normalmente habla el Presidente y ocasionalmente algunos diputados pueden expresar opiniones y puntos de vista, pero el contacto con el Mandatario suele ser muy breve y se limita al intercambio de saludos y de algún comentario a botepronto.

Al final, quienes conocen bien a los dos personajes, dicen que la dinámica que ha tomado la relación AMLO-Muñoz Ledo no les sorprende, porque al final ambos políticos de colmillo y experiencia, cada uno es congruente y fiel a su estilo: Porfirio siempre termina cuestionando y confrontando lo que no le gusta o le parece de los proyectos políticos en los que ha participado durante toda su vida y a fuerza de decir lo que piensa y no quedarse callado termina a veces distanciado, alejado o de plano en rompimientos (lo hizo en su momento con el PRI, lo volvió a hacer con el PRD y también lo repitió con Vicente Fox), mientras que Andrés Manuel también tiene en su historial alejamientos, distanciamientos y hasta traiciones para con políticos que en su momento fueron muy cercanos a él como asesores o colaboradores y a los que, cuando por alguna razón caen de su gracia o les pierde la confianza (en muchos casos porque le dicen sus verdades o le señalan errores), los saca definitivamente de su ámbito de confianza y cercanía.

Así que tal vez no haya una ruptura total entre el Presidente y el diputado Muñoz Ledo, pero es un hecho innegable que Porfirio se volvió una voz incómoda y crítica para el proyecto lopezobradorista. Una voz que, aunque respeta a López Obrador, cada vez le suena más parecida a la de sus adversarios y menos cercana a sus afectos. Qué tan duro y distante estarán viendo a Porfirio que la fuente de Palacio Nacional decía entre en broma y en serio: “Primero le puso la banda presidencial y hoy parece que ya quiere quitársela”.
29 Abril 2020 04:07:00
La tentación del control total
En momentos en que los estados están pidiendo discutir un nuevo pacto fiscal para modificar el reparto de los recursos federales, porque denuncian concentración excesiva del Gobierno federal y reparto inequitativo a las entidades, el presidente López Obrador busca tener un control total sobre los recursos del presupuesto federal y propone modificar las leyes presupuestarias para que su Gobierno tenga facultades extraordinarias para reasignar y reorientar el gasto federal sin tener que pedir autorización de la Cámara de Diputados, en casos de una “emergencia económica” como la que ya enfrenta en estos momentos el país por el coronavirus.

Es decir que, lejos de estar escuchando los reclamos de varios gobernadores que le piden reuniones urgentes para que la Federación apoye a sus estados con recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia, y que le proponen discutir a futuro un nuevo Convenio de Coordinación Fiscal para la República, López Obrador está pensando en la manera de hacerse de facultades legales y constitucionales que nunca tuvo ningún Presidente mexicano en la historia y manda una iniciativa a la sumisa mayoría de Morena en la Cámara de Diputados para que en el periodo de “emergencia económica” –es decir por lo menos lo que resta de este 2020 y posiblemente el próximo año– él y solo él decida en qué se debe gastar el dinero público y cuáles son los “proyectos prioritarios”.

La iniciativa presidencial que propone reformar el Artículo 21 Ter. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el Ejecutivo pueda modificar y reorientar el presupuesto de egresos en caso de crisis o emergencia económica como la que ya enfrentamos por el coronavirus, ha encendido los focos rojos de la oposición, que denuncia con esa propuesta de ley, desde un “intento de alterar el equilibrio de poderes”, hasta la “eliminación de los contrapesos al Ejecutivo federal”, junto con una “apropiación inconstitucional de recursos de la Federación, que también pertenecen a estados y municipios”, hasta la violación a la Constitución que supondría darle al Presidente y a su Secretaría de Hacienda las facultades que hoy corresponden constitucionalmente a la Cámara de Diputados y el control absoluto de los recursos de toda la República.

También el diputado Porfirio Muñoz Ledo advierte que el Presidente está “cayendo en la tentación de concentrar cada vez más poder” y que al hacer caso de “consejeros que le dicen que puede tener todo el control”, puede incurrir en excesos como violar la división de poderes y la Constitución. Agrega que si el Ejecutivo quiere un presupuesto a modo, podría hacerlo sin modificar ninguna ley porque tiene “una mayoría amplísima y por lo que hace a Morena es bastante textual, que aprueba sin ninguna modificación lo que le mande el Presidente”.

“Si él quiere tener otros poderes y estar regido por la Constitución, si quiera como forma tendría que hacerlo. Se está violando la división de Poderes y es inconstitucional. El Artículo 29 constitucional podría utilizarlo para eso, para no pasar por la Cámara de Diputados en un estado de excepción, pero no quieren decretar el estado de excepción”, comentó Muñoz Ledo ayer en una entrevista con el periodista René Delgado. Recordó que el Artículo 49 constitucional prohíbe expresamente que no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación y eso hay que tomarlo en cuenta. “Puede hacer ahora (López Obrador) reforma a cualquier ley, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, ¿para qué quiere más facultades? Hay una actitud de serenidad y de reflexión que yo le conozco al presidente López Obrador, que es la que debe prevalecer”, pidió el diputado morenista.

Muy grave sería para el país que Morena y sus aliados se plegaran esta vez a los designios del Presidente y le dieran facultades que nunca tuvo otro Mandatario en detrimento del de por sí dudoso equilibrio de poderes en México.

En momentos en que enfrentamos la peor pandemia y con ella también la crisis económica más dura que hayamos conocido los mexicanos, con riesgos de desempleo histórico, repunte de la inseguridad y posible inestabilidad social, nada haría más daño para esta República agitada y en la que soplan vientos de inconformidad y hasta separatismo en algunos estados del país, que el mensaje de que se va a fortalecer y a consolidar a la Presidencia imperial que ha querido restaurar Andrés Manuel López Obrador.
28 Abril 2020 04:03:00
¿El Presidente mal informado?
Van tres ocasiones, por lo menos en la última semana, que el presidente López Obrador se resbala públicamente y aparece desinformado o con información equivocada al hacer comentarios sobre acciones y decisiones que tomaron miembros importantes de su Gabinete. La última y más reciente, fue su exabrupto del lunes, cuando se dijo en contra del acuerdo logrado entre el BID-Invest, el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial para apoyar con créditos a 30 mil pequeñas y medianas empresas mexicanas mediante la compra del facturaje de empresas grandes y otorgar hasta 12 mil millones de dólares de apoyos crediticios a las Pymes.

A pesar de que ese acuerdo había sido avalado en la víspera por su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y celebrado en redes sociales por su secretaria de Economía, Graciela Márquez, y por el canciller Marcelo Ebrard, el Presidente ayer desde su conferencia mañanera tronó descompuesto contra el mismo acuerdo que festejaba su Gabinete:

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Y que ahora Hacienda lo avale? Y qué ¿nosotros estamos aquí de floreros?”, preguntó el Presidente cuando ya Arturo Herrera había dado su aval y parte de su Gabinete lo reconocía como algo muy positivo para la economía. “O cuando dijeron ‘que el Gobierno se adhiera a nuestro plan económico’. ¿Cómo? Es mucha la prepotencia”, remató López Obrador y fustigó a los empresarios por no entender que “el poder político y el poder económico ya no son lo mismo”.

El Presidente no solo aparecía desinformado sobre algo que habían apoyado sus colaboradores sino que tenía información equivocada e imprecisa, al suponer que ese acuerdo entre el BID y los empresarios mexicanos involucraba recursos públicos y deuda para su Gobierno, algo que negaron los empresarios que, unos sutiles y otros más duros, le corregían la plana al Presidente.

Y es que no fue el único desliz que tuvo ayer el Presidente quien, ya encarrerado, pero también con información errónea, arremetió en su conferencia contra el Banco de México por los apoyos que anunció la semana pasada para fortalecer al sector financiero y el sistema de crédito del país, entre las que contemplan recursos para otorgar créditos a Pymes vía la banca comercial.

Ayer mismo salió a responderle Jonathan Heat, subgobernador del Banxico, quien dijo que “el Presidente no tiene nada de qué preocuparse. Primero porque no estamos utilizando reservas nacionales en los programas de apoyo. Y segundo porque no vamos a rescatar a ninguna empresa, sino a apoyarlas con créditos que ni siquiera daremos nosotros sino los bancos”.

Una de las máximas del viejo sistema era que el Presidente era “el hombre mejor informado de todo México”. Pero en la realidad, por más informado que esté, al Presidente, se le van cosas, a veces tan importantes como la fallida captura de Ovidio Guzmán, de la que no estaba enterado. Nadie le pide que esté al tanto de todo, pero lo menos que podría hacer el Presidente es verificar con su Gabinete los temas que competen a sus áreas para verificar la certeza y veracidad antes de desenvainar su espada y arremeter, como hace cada mañana, contra tirios y troyanos. De lo contrario lo seguirán exhibiendo y corrigiéndole la plana.
27 Abril 2020 04:03:00
La Guardia Nacional o la nada
En plena pandemia, con los mexicanos encerrados en sus casas por el miedo al coronavirus, tan solo en el mes de marzo mataron a 3 mil 78 mexicanos en asesinatos dolosos; fue el mes más violento en lo que va del Gobierno de López Obrador y el segundo más violento en la historia reciente por apenas 90 homicidios menos de los 3 mil 158 cometidos en junio de 2018, el más letal. Mientras nos cuidábamos de un virus, la violencia homicida —la que no ha podido controlar este Gobierno— se desbordaba en los estados y municipios con todo y la presencia de la Guardia Nacional que, medida por las cifras y números oficiales, no ha servido absolutamente para nada.

La gran pregunta que surge ante los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la entendible molestia del Presidente es ¿para qué entonces ha servido la Guardia Nacional y qué es lo que está haciendo el nuevo cuerpo policial federal que fue desplegado desde el 2 de julio de 2019 a “todo el territorio nacional” con 70 mil elementos en una primera etapa?

Y no son pocos los estados de la República y los gobernadores que hoy, casi un año después de que les mandaron a la Guardia Nacional a sus estados, bajo el estricto control de los generales de las zonas militares —los únicos a los que los jefes de la guardia obedecen órdenes y reportan— se preguntan cuál es la estrategia que siguen los guardias bajo la dirección del general Luis Rodríguez Bucio. Más de un gobernador ha comentado que la de la Guardia parece seguir más una estrategia de contención y tener órdenes de “no confrontar al crimen organizado”.

Pero la hipótesis de una falta de acción de la Guardia Nacional por “órdenes superiores”, con todo y lo cuestionable y polémica que resultaría, sería la menos grave. El caso documentado la semana pasada en Puebla, donde el lunes 20 de abril nueve integrantes de la Guardia, encabezados por el inspector Abel Olivares Múzquiz, se reunieron con el Presidente Municipal de Venustiano Carranza, Vicente Valencia, en su casa de Villa Lázaro Cárdenas, y luego fueron “invitados” a comer por el hijo del alcalde Rafael Valencia a un restaurante de mariscos, ya desató incluso una investigación interna por los vínculos delincuenciales que se atribuyen a la familia Valencia, vinculados al robo de combustibles y otras actividades ilícitas.

Y es que los Valencia, Rafael, Patricia y el actual alcalde Vicente, son más que una familia caciquil que desde hace por lo menos 12 años tiene controlada la zona de Venustiano Carranza, cuya presidencia se heredan entre hermanos. En investigaciones federales se les asocia con actividades de crimen organizado y con huachicoleo, además de que políticamente fueron un “brazo operador” del gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle, de su esposa también fallecida Martha Érika Alonso y del mandatario interino, Antonio Gali.

De la mano de ellos, el pequeño municipio de Venustiano Carranza, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se convirtió en un centro neurálgico para el huachicoleo, aprovechando su ubicación y la gran cantidad de ductos y gasoductos que atraviesan por esa región y sus alrededores. El negocio del combustible robado floreció en toda la región, donde era común encontrar expendios, comercios y bodegas con todo tipo de combustibles, a la par que Vicente Valencia se volvía alcalde en 2008, para luego heredarle el poder municipal a su hermano Jorge Alejandro Valencia, que a su vez se lo entregó a Rafael Valencia, y este se lo regresó otra vez a Vicente Valencia, en medio de cuestionamientos a su elección. A la par, su hermana Patricia Valencia hizo campaña para diputada federal en 2018 y su jefe de seguridad fue nada menos que Abel Olivares Múzquiz, el inspector de la Guardia Nacional que el lunes 20 de abril, al mando de un grupo de 10 guardias con todo y patrullas, se reunió con Vicente Valencia.

¿Será también por eso que 100 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio nacional no pueden disminuir los índices de violencia 10 meses después de estar vigilando? Si es un caso aislado, delicado, y si no lo es, el comandante Bucio tendrá que demostrarlo no solo sancionando a sus oficiales e inspectores, sino empezando a dar resultados y demostrando que la Guardia Nacional sirve para algo más que para presumir patrullas, armas y uniformes militares.


25 Abril 2020 04:07:00
¿Militares contra el monstruo de las aduanas?
La 4T no ha podido hasta ahora acabar con la corrupción histórica y endémica del sistema de aduanas mexicanas. Van dos funcionarios que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador nombra administradores generales del Sistema de Aduanas y ninguno de ellos ha logrado someter a eso que el mismo Presidente llama “el monstruo de 100 cabezas”, por el tamaño de la corrupción que “es muy difícil” combatir. Otros, que conocen bien el complejo entramado de intereses, crimen, ilegalidad y millonarios negocios que se mueven por los puntos de importación y exportación del país, se refieren a las Aduanas Nacionales como el “píloro del sistema de corrupción”, por ser el paso obligado a las entrañas donde se produce la corrupción más pestilente de la Administración pública federal.

Primero fue Ricardo Peralta, que duró apenas 5 meses en el cargo y que, aunque había puesto en marcha un plan de reestructura y “limpieza” de la corrupción aduanal, las diferencias tan fuertes que tuvo con la entonces directora del SAT, Margarita Ríos Farjat, hoy ministra de la Corte, y con el entonces titular de Hacienda, Carlos Urzúa, le costaron su temprana remoción del cargo y el rescate de su protectora, Olga Sánchez Cordero, que lo nombró subsecretario de Gobierno. Y el viernes, después de que se rumorara por varios días, Ricardo Ahued, renunció también a 11 meses de haber sido nombrado por su amigo, el presidente López Obrador, quien lo había mandado, apenas en mayo de 2019, a “acabar con la corrupción” en las aduanas, misma encomienda que también le había hecho a Peralta.

Según las cifras oficiales que se manejan en el SAT, en las 49 aduanas que hay en México –19 en la frontera norte, dos en la frontera sur, 11 interiores y 17 marítimas– se facturan, solo por concepto del IVA, 447 mil millones de pesos al año por todas las mercancías que pasan a través de los puntos aduanales. El problema es que solo se factura uno de cada 10 contenedores que pasan por las aduanas, mientras los otros nueve los dejan pasar los funcionarios aduanales ya sea por corrupción, por colusión o por miedo y amenazas del crimen organizado.

Esa es la razón por la que López Obrador, a los dos que ha mandado hasta ahora a las aduanas les ha dado la misma encomienda: eliminar la corrupción en el facturaje, donde según los cálculos del SAT, se pierden cada año hasta medio billón de pesos que no ingresan a las arcas del Gobierno por la corrupción y que en realidad debería recaudar 1 billón de pesos en el sistema aduanero. En el año cinco meses que va de este Gobierno, no solo no aumentó la facturación en las aduanas sino que disminuyó.

Nuevo Laredo, la joya de la corona

De los un mil millones de pesos que actualmente ingresan a las aduanas, 20% lo facturan las Aduanas de Tamaulipas, estado en el que se ubican 17 de las 49 aduanas nacionales, entre las terrestres en la frontera con EU y las marítimas. 15 mil contenedores al día cruzan por la Aduana de Nuevo Laredo y todos ellos pagan por hacerlo, solo que unos lo hacen por impuestos y contribuciones al Gobierno federal, mientras que otros, la mayoría, pagan por “derecho de paso” en una corrupción en la que se entremezclan funcionarios federales y crimen organizado.

Hoy la Aduana de Nuevo Laredo está totalmente controlada por el crimen organizado. Hay incluso informes de inteligencia federal que aseguran que la cuota que cobran por contenedor es de 25 mil dólares para no ser revisados y a los que paguen les venden además la “protección y cobertura” para su mercancía, desde San Antonio, Texas, hasta Monterrey, Nuevo León.

Y los que aceptan pagar a esa red formada por funcionarios aduanales de distintos niveles y los líderes del cártel del Noroeste (CDN) que hoy tiene el control de Nuevo Laredo, pueden pasar de todo, excepto armas, municiones y productos farmacéuticos. “Todo lo demás que quepa por el puente puede pasar”, dice un trabajador aduanal que pidió el anonimato. Los agentes aduanales de Nuevo Laredo a su vez pagan cuota al cártel del Noroeste, e incluso los notarios públicos participan también de esa cadena de corrupción porque en los recibos que le dan a los clientes ya les cargan el “impuesto” para los narcotraficantes.

El CDN tienen un control estricto del tránsito de mercancías y contenedores y al que no paga lo paran saliendo de la Aduana para impedirle trasladar su mercancía. Salvo las maquiladoras que son parte de las cadenas productivas o armadoras para Estados Unidos, son los únicos a los que no se extorsiona; pero todo lo demás que pasa para ser consumido en el mercado interno, ropas, calzado, tecnología, alimentos, tiene que pagar el “derecho de paso”.

El dinero en efectivo que viene desde EU también es parte de esa cadena de corrupción que se puede ver gráficamente en los dos lados de la frontera laredense: del lado de Laredo, Texas, está ubicado una equipada oficina del US Customs and Border Protection, que es uno de los recintos fiscales más importante de EU, donde los camiones con sus contendedores se estacionan y se bajan a pagar sus impuestos. Mientras que del lado de Nuevo Laredo, México, no han podido instalar ningún recinto fiscal y los que se han intentado terminan sin funcionar.


Militarizar las aduanas, ¿la solución?

Nuevo Laredo es el principal centro de operaciones de este tipo de corrupción donde participan los funcionarios de la Aduana, los agentes aduanales y hasta la oficina local del SAT, pero no es el único. Este mismo esquema se repite, a diferentes escalas y con distintos grados de penetración, en otras aduanas importantes del país, tanto terrestres como marítimas, como Tijuana, Progreso, Manzanillo, Reynosa, por mencionar solo algunas.

El problema es histórico y se originó desde que los presidentes de la era priista hicieron del Sistema de Aduanas una de las áreas más opacas de ingresos lícitos e ilícitos para los gobiernos y una especie de “premios” y “regalos” para sus amigos, compadres y familiares, que se enriquecieron con licencias aduanales y con el control de puestos fronterizos por los que se comerciaba desde la “fayuca”, el gran negocio del contrabando en la época de la economía cerrada, hasta las drogas que comenzaron a ser enviadas a los Estados Unidos con toda facilidad por las aduanas mexicanas.

El problema de la corrupción se mantuvo con los gobiernos del PAN. En el sexenio de Vicente Fox se decía que la aduana de Reynosa estaba bajo el control de los hermanos Bibriesca, los hijos de la esposa del presidente, Martha Sahagún. Ya en los tiempos de Felipe Calderón, Zenlhi Ye-Gon llegó a declarar cuando ante los jueces en EU que además de la de Manzanillo, él utilizaba la aduana de Reynosa para traficar las sustancias como la efedrina por la que fue detenido.

Hoy, tras el fracaso de dos gestiones que no han podido controlar ni acabar con el “monstruo”, López Obrador habla de la necesidad de hacer “una limpia” en el Sistema General de Aduanas y la clave está en cambiar a todos los administradores de las aduanas, en donde aún hay muchos aún que vienen de los gobiernos anteriores, sobre todo del sexenio pasado de Peña Nieto, donde la corrupción histórica alcanzó niveles nunca vistos también en el comercio aduanal. El Presidente está analizando una propuesta que incluye nombrar a nuevos administradores de origen militar, tanto del Ejército como de la Marina, como una forma de intentar un combate más férreo y frontal a las redes de corrupción aduanera.

La propuesta, que analiza el Presidente, parte de que no solo se pueden obtener 500 mil millones más de ingresos si se elimina la corrupción por facturaje en el sistema aduanero, sino que además, al estar controladas por el crimen organizado, las aduanas también son focos de inseguridad y conflicto para los municipios y estados donde se ubican, porque son lo primero que busca controlar el crimen organizado, por los volúmenes de dinero que se generan, y se convierten en focos de violencia e inseguridad en todo el país.

Así que no sería nuevo que el presidente Obrador, que ayer se veía afectado por la decisión de su amigo Ricardo Ahued, a quien siempre menciona como “un hombre íntegro y honesto” al que por eso mandó a tratar de descabezar al monstruo aduanero, decidiera apostar ahora por los militares para tratar de acabar con la corrupción en las aduanas. Total, si ya los metió a construir aeropuertos, a controlar la seguridad en el país y hasta a atender la salud de los mexicanos por el coronavirus, no sería raro que el próximo director de Aduanas fuera un militar.

23 Abril 2020 04:07:00
Esta columna tampoco le va a gustar al Presidente
El Presidente que se jura “transformador de México”, el que pregona la “democracia” y la “defensa de la libertad de expresión”, el que compara su obra de apenas un año y medio con la Independencia, la Revolución y la Reforma y se autocoloca a la altura de próceres de la Patria como Hidalgo, Madero o Juárez, está demostrando ser mucho más pequeño que esas figuras porque se irrita y se descompone cuando abre un periódico como El Universal y no encuentra artículos ni columnas donde hablen bien de él y su Gobierno.

Y si no encuentra loas, elogios e inciensos en las páginas impresas o en los contenidos de un medio, concluye entonces, desde su confundida e ideologizada visión de la democracia y la libertad de expresión, que “en México no hay periodismo profesional ni ético, porque los periodistas están más cerca del poder, sobre todo del económico, que del pueblo”.

Un juicio tan visceral como injusto, que descalifica el trabajo de tantos periodistas y medios en México, parte además de premisas y razonamientos totalmente equivocados de López Obrador: primero porque él no se asume como el poder, el cual detenta y ejerce con toda su fuerza y dureza, entre los mexicanos. En esa calidad es que los medios y los periodistas le analizamos y lo criticamos, como el poder que representa, porque la esencia y la razón de ser de la libertad de prensa es criticar y cuestionar al poder.

El nivel de intolerancia a la crítica que muestra el Presidente –de cualquier tipo pero especialmente a la de los periodistas- solo puede entenderse de dos maneras: o su ego personal es enorme y no soporta los comentarios negativos ya sea de él o de su Gobierno, o estamos ante un perfil autoritario y dictatorial que, bajo la lógica del blanco y negro o del “estás conmigo o estás contra mí”, confunde y no entiende que la crítica y el análisis que se hace de su Gobierno no es un tema de “liberales o conservadores” sino más bien de la revisión obligada de su papel actual como gobernante y representante del poder.

Cuando el Presidente invoca su “libertad de expresión” para poder criticar y responder él a la crítica que se publica en los medios contra su Gobierno tiene razón en una parte: él tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano y periodista a expresar y decir lo que piensa y a dar su versión de las cosas; pero a lo que no tiene derecho es a dedicarse todos los días, perdiendo tiempo realmente valioso que podría dedicar a asuntos más importantes y necesarios para el país que gobierna, a estar descalificando, atacando y azuzando a la polarización y la descalificación de los profesionales del periodismo.

Entienda, señor Presidente, que por mucha “transformación” que usted crea estar haciendo, la democracia y las libertades en este país no van a cambiar y que la prensa y los periodistas seguiremos haciendo la labor que nos corresponde, incluso después de que termine su sexenio. Acostúmbrese a la crítica mientras esté en el poder y deje de dar lecciones de moral, de periodismo y de cuanta cosa le preguntan en sus conferencias.

Aquí seguiremos para contar lo que suceda en este país y en su Gobierno, con la libertad que nos otorga la Constitución y con la responsabilidad, el rigor y la ética que nos exige nuestra profesión. Para parafrasear al mismo López Obrador que lo repetía constantemente en campaña y lo ha vuelto a sostener hoy que es Presidente: “Si ser ‘periodista conservador’ es criticar y cuestionar al poder, que me apunten en la lista”.
22 Abril 2020 04:07:00
¿Qué hacemos con Pemex?
Petróleos Mexicanos está cada vez más lejos del plan original del presidente López Obrador que se propuso “rescatarla” y volverla a convertir en la “gran empresa petrolera” que lo mismo impulsaba a la economía nacional que sostenía casi la mitad de los ingresos nacionales del país. Hoy, con el derrumbe histórico de los precios del petróleo, los enormes excedentes petroleros en el mundo y las agresivas políticas de potencias como Arabia Saudita que con sus precios de ganga le roba los mercados asiáticos, la petrolera mexicana se ha vuelto un problema no solo para el Gobierno sino para la economía y el presupuesto de todos los mexicanos.

Convertida en fuente de presión para las finanzas públicas –de donde le han inyectado ya miles de millones de pesos de recursos fiscales para un rescate fallido–y ahora también en una amenaza para la calificación crediticia y el grado de inversión del país, Pemex está a nada de ser una “empresa productiva” que le cueste más al Estado de lo que produce.

Con precios de la mezcla mexicana que por primera vez llegaron el lunes a números negativos de -2.37 dólares y que, aun cuando se recuperen como lo hicieron ayer martes hasta los 7 dólares, seguirán muy por debajo de los 49 dólares estimados en el Presupuesto Federal 2020 y también de los 14 dólares que, según el reporte oficial de Pemex en 2019, le cuesta producir un barril de petróleo. Incluso, si se le cree al Presidente que el costo de producción por barril, es de 4 dólares, como dijo el pasado jueves, la ganancia de 3 dólares sería ínfima y convierte a la producción petrolera en un negocio casi incosteable.

La noticia del derrumbe de los precios de la mezcla mexicana fue recibida en Palacio Nacional casi con más preocupación que la pandemia del coronavirus y que la crisis económica y el cierre de empresas en el país.

El cataclismo petrolero le pegó en una parte neurálgica, ideológica, en el corazón de su proyecto, tanto que con el tono fúnebre y el ceño fruncido, ayer mandó un mensaje: “A todos los mexicanos, decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial, que desde luego nos va a afectar... Decir también, como complemento, que tenemos recursos económicos, materiales suficientes, que tenemos de qué echar mano frente a la crisis, porque logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción y por hacer un Gobierno austero, sin lujos y sin extravagancias”. Con su mensaje no solo confirmaba que si hay algo que realmente le preocupe es la crisis petrolera, sino que al mismo tiempo decía que seguirá destinando el dinero de los impuestos para mantener a flote a Pemex y a su devaluada producción.

21 Abril 2020 04:07:00
Miranda, de los juegos de golf y un aeropuerto
Los próximos pantalones color caqui que Luis Miranda Nava tenga que usar, tal vez no sean para jugar golf en un exclusivo campo, como solía hacerlo junto a su amigo de la adolescencia, Enrique Peña Nieto.

Tras revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando sus cuentas bancarias, el actual diputado federal por el PRI y exsecretario de Desarrollo Social estaría más cerca de ponerse los pantalones color beige, claro si llegara a ser enviado a prisión, que de volver a los días de gloria en los que fue uno de los operadores de más confianza del expresidente de la República.

Y es que Miranda se ha convertido en el próximo objetivo de la Presidencia de la República en su publicitada lucha contra la corrupción. Y el político mexiquense, digno representante de la última generación del Grupo Atlacomulco, no es cualquier objetivo, sino uno que se vuelve estratégico por dos razones: la primera por su conocida cercanía afectiva pero también de negocios con el expresidente Peña Nieto; y la segunda, porque en medio de la pandemia del coronavirus y de los estragos que causará en la salud, la economía y la vida de los mexicanos, el presidente López Obrador necesitará “sangre fresca” para entretener a una sociedad cansada y desesperada, y de un peñista encumbrado para llevar a la piedra de los sacrificios de la corrupción.

No fue casualidad que, tras la repentina muerte de Gerardo Ruiz Esparza –que era el siguiente peñista en la lista de acusados– las investigaciones financieras en contra de Luis Miranda se hayan acelerado y, aunque ya le escudriñaban desde hace tiempo, finalmente se haya hecho pública la indagatoria en su contra por parte del director de la UIF, Santiago Nieto, quien informó que a Miranda se le investiga no solo por temas de corrupción, sino también para evitar la impunidad: “No se trata de que vayan ante los tribunales y que resuelvan lo que sea; no se trata de mandar a altos funcionarios del Gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron”, dijo el funcionario de Hacienda.

Una de las principales acusaciones que se le investigan a Miranda y que le están documentando con sus movimientos financieros de los últimos años, tiene que ver con el fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco (NAIM), cancelado por el presidente López Obrador.

Fuentes bien informadas sobre la indagatoria aseguran que Miranda sería uno de los más beneficiados con la construcción porque, utilizando distintos prestanombres, se había convertido en el propietario de la mayoría de los terrenos aledaños al NAIM, donde la administración peñista había proyectado la construcción de un “Hub” aeroportuario en el que se desarrollarían servicios urbanos, hotelería, centros comerciales, servicios de logística y tecnología; toda una “ciudad del futuro” cuyo proceso de construcción, urbanización y desarrollo estaba proyectado para los próximos 50 o 100 años.

Conocedor de primera mano del proyecto Aerotrópolis, cuya inversión total se estimaba en cientos de millones de dólares –unas 30 veces más del costo total que tendría el NAIM– Miranda Nava aprovechó su condición de integrante del Gabinete y amigo cercanísimo del presidente Peña, para acceder a información privilegiada y anticipada sobre el proyecto del aeropuerto y su ubicación final.

Y supo que al menos 4 mil 134 hectáreas de terrenos que entonces tenían poco valor en los municipios de Atenco y Texcoco, se convertirían en un futuro cercano, en una zona de alto valor inmobiliario por la construcción del nuevo aeropuerto y el proyecto que el grupo político mexiquense veía como su “seguro de vida” a futuro una vez terminado el sexenio peñista y con beneficios por varios sexenios más.

Según las fuentes consultadas, Miranda fue de los políticos mexiquenses que más extensiones de terreno compraron en los alrededores del NAIM, pensando en el negocio que harían a futuro. Como muchos otros políticos y empresarios de su estado, fueron cuidadosos a la hora de comprar y escriturar a través de prestanombres, pero dejaron huellas en los movimientos financieros que realizaron por esas fechas y eso es una parte central de lo que investiga y documenta la UIF en contra del actual diputado federal.

El extitular de Sedesol y exsubsecretario de Gobernación sería además una pieza clave en la intención del Gobierno federal para llegar a investigar y acusar por corrupción al expresidente Peña Nieto.

De hecho, aunque el presidente López Obrador salió a negarlo y el propio Santiago Nieto lo desmintió, la investigación contra Peña y su familia sí fue ordenada por la Secretaría de la Función Pública con una petición oficial a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Pero ocurrió que la secretaria Irma Eréndira Sandoval se adelantó y cometió el error de hacerlo público, algo que no gustó ni en la Secretaría de Hacienda ni en Palacio Nacional, donde tuvieron que negarlo por temor a que se viera afectado el “debido proceso”.

Así que, aunque por el momento tiene la protección del fuero legislativo, luego de que en diciembre el Senado entrampara la aprobación de la iniciativa de ley para eliminarlo, al diputado priista eso no le garantiza nada, ante la mayoría aplastante de Morena que podría desaforarlo en un santiamén si se lo llegara a solicitar la Fiscalía General de la República en caso de que exista ya una investigación penal.

Por lo pronto, apasionado del Golf, que solía jugar los fines de semana acompañando a Peña Nieto, Miranda solía decir sobre el expresidente que “los amigos son para siempre” y que él era mejor jugador que Peña y que casi siempre le ganaba.

“No somos buenos, somos malos, pero entre los dos, yo creo que le gano”. Y, sí, lo más seguro es que en la partida por ver quién cae primero por las investigaciones de corrupción del Gobierno lopezobradorista, Miranda vuelva a ganarle a su exjefe y amigo, al ser el primero que, si así lo deciden los jueces, tenga que ponerse los otros pantalones caqui.

Se agitan los dados.

Escalera. Bueno el tiro.

20 Abril 2020 04:07:00
Federación cuestionada, ¿Gobierno rebasado?
Los cuestionamientos y las diferencias en la República suben cada vez más de tono. El Gobierno del presidente López Obrador tiene demasiados frentes abiertos al mismo tiempo y muy poca operación política y diálogo casi nulo para resolverlos. Justo en el momento que nos enfilamos hacia la fase más crítica de la pandemia, en la que se esperan más muertes y la mayor presión sobre los servicios de emergencia en los hospitales del país, el liderazgo federal es torpedeado con acusaciones de “manipulación y mentiras” por los gobernadores de los estados, mientras desde los medios se llama a la población a desconocer y desobedecer las recomendaciones de la autoridad nacional.

La desunión, los intereses políticos y las diferencias ideológicas están prevaleciendo en una coyuntura mundial e histórica en la que el país necesita justo lo contrario: un liderazgo nacional capaz de colocarse por encima de todas esas diferencias e intereses, para unificar y calmar los ánimos políticos y para fortalecer con ello a la nación y su capacidad de respuesta ante la emergencia que pone en riesgo no solo la vida y la economía de los mexicanos, sino la viabilidad misma del país.

Lo que más preocupa es que desde el Ejecutivo federal no parece dimensionarse la gravedad del ambiente político que se genera en el momento más difícil e inconveniente.

No hay, desde la Presidencia ni desde el gabinete, una definición de cómo van a garantizar la estabilidad política y social en tiempos en los que muchos quieren aprovechar la coyuntura para sus planes políticos: si lo harán con “mano firme” o con “mano izquierda”.

“Es la verdadera democracia”, dice el Presidente ayer domingo en un video desde el Palacio, en el que presume que el suyo es “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

La democracia de la que habla debería estar enfocada en estos momentos difíciles en dialogar con los gobernadores personalmente o en convocar a un gran pacto o acuerdo nacional en el que se sume a todos los actores y sectores que hoy le cuestionan y reclaman. Asumir que el tamaño del reto que el país tiene enfrente, supera el egocentrismo y la necedad ideológica y politizada, y que para que sobrevivamos todos —su proyecto de gobierno incluido— es urgente diseñar un mecanismo de decisión y consenso.

Mandar mensajes, críticas y provocaciones desde una conferencia mañanera —cada vez más inservible para él y más intrascendente para el país—, no está alcanzando para gobernar a un país que se está agitando cada vez más y que avanza, entre el miedo, el aislamiento y la incertidumbre, hacia una situación crítica. Con tantos mensajes cruzados, tantos discursos encontrados y tantos llamados a la rebeldía y al desconocimiento de la autoridad federal, ya no se alcanza a ver a un verdadero líder que esté pensando y trabajando para salvar al país y no solo a su proyecto político; lo que se ve es a un Presidente que empieza a percibirse rebasado por el tamaño del reto que tiene enfrente.


18 Abril 2020 04:03:00
Mensajes y desafíos al Palacio desde la República
La falta de un encuentro directo y de frente (aunque fuera virtual en esta época) entre el presidente López Obrador y los gobernadores está tensando cada vez más las relaciones entre la Federación y los estados de la República.

Como el Ejecutivo federal no quiere que lo presionen pidiéndole recursos económicos extraordinarios para la emergencia del Covid-19, ha evitado convocar a un encuentro urgente que piden la mayoría de los mandatarios locales y ha provocado que, ante la insuficiencia del diálogo con la Secretaría de Gobernación, cada gobernador busque formas de mandarle mensajes al inquilino de Palacio, algunos propositivos y otros francamente desafiantes y de abierta rebeldía.

Tan solo en esta semana hubo varios mensajes de gobernadores, no solo de la oposición sino también de Morena, que acusaban de distintas maneras a la Federación de desatender y menospreciar a las entidades federativas y las necesidades de su población.

Desde el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que acusó de “mentir y manipular” a los “expertos” federales del subsecretario Hugo López Gatell por no dar cifras reales y actualizadas de los fallecimientos por Covid en su estado, hasta el también morenista gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que cuestionó la llegada de un avión con insumos médicos comprados a China como “una leyenda urbana” porque a su estado y a los poblanos, dijo, “no nos han mandado nada de esos materiales”.

Y si los de casa cuestionan fuerte, los opositores de plano están desafiando el liderazgo del Gobierno federal, con propuestas como la de Jaime Rodríguez “El Bronco”, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme, que proponen cambiar el convenio fiscal de la Federación por tratarse de un pacto injusto y anquilosado para la distribución de los dineros públicos en la República Mexicana.

O está también el panista Javier Corral que, en un tono más respetuoso, pero no menos directo, le pide a López Obrador que “no cancele pero sí posponga sus obras y proyectos (Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía) para destinar ese dinero a rescatar a la economía del país y a los mexicanos”.

Pero el que de plano se declaró en rebeldía, fue el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, quien anunció que su estado dejaba de acatar y atender las recomendaciones federales sobre la pandemia, porque no creía en las “mentiras” del subsecretario López Gatell, coordinador de la estrategia nacional nombrado por el Presidente: “Esas medidas que usted está anunciando, Michoacán no las va a acatar porque vamos a cuidar la salud de nuestra gente.

Si ustedes quieren engañar a la población, háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes durante la crisis que estamos viviendo, que siempre han tomado a la ligera. O les gusta mentir a ustedes, no lo creo, o nos obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana”.

Más políticos, los nueve gobernadores de Acción Nacional, que forman el GOAN, le mandaron esta semana dos cartas al Presidente para pedirle, en la primera, que les mande a todos los estados del país “recursos extraordinarios” para enfrentar la crisis sanitaria por coronavirus, pues aunque dijeron haber recibido el presupuesto normal de salud incluso adelantado, aclararon que esos recursos no alcanzarán y están destinados a atender padecimientos normales de la población y no una pandemia mundial reconocida como la más grave de la historia reciente.

En su segunda carta, los mandatarios panistas de Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Durango y Chihuahua, le piden al Presidente modificar y ampliar su programa de rescate económico para destinar recursos al rescate y apoyo de pequeñas y medianas empresas, para proteger el empleo de millones de mexicanos, además de recomendarle otorgar prórrogas y descuentos en impuestos y contribuciones federales como las del IMSS, CFE e Infonavit, con el fin de evitar la quiebra y el cierre de empresas que agravarían la recesión económica que ya se anticipa
por el coronavirus.

A todo eso hay que añadir que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, toma medidas y hace anuncios que ya en varias ocasiones se contraponen con lo que dicen tanto López Gatell como el mismo Presidente. Como ejemplo, está el dato de personas intubadas, que Sheinbaum ha actualizado en más de 300 en la Ciudad de México, mientras en las conferencias de Salud siguen hablando de menos de 200.

Así, en menos de ocho días, desde distintos estados le mandan todo tipo de mensajes al Presidente y se percibe una República agitada por cuestiones políticas. Como si los mexicanos no tuviéramos suficiente con el dolor, la muerte y el miedo, además de enfrentar los impactos sanitarios y económicos de la pandemia del coronavirus, encima tenemos gobernantes divididos, confrontados y que ni se comunican ni pueden ponerse de acuerdo para hacer un frente común y unificado en defensa de los mexicanos.

Mientras el Presidente siga escondiéndose en Palacio Nacional y tenga más tiempo para sus largas alocuciones en sus conferencias mañaneras –las más de las veces polarizantes e intrascendentes– que para reunirse y acordar con los gobernadores y con otros sectores estratégicos del país, seguiremos caminando hacia el caos en la total descoordinación y la confrontación entre los distintos niveles de Gobierno.

Reza una frase atribuida al arquitecto tapatío Ignacio Díaz Morales, que se repite tanto en el frontispicio del Teatro Degollado como en Los Arcos de Guadalajara: “Que nunca llegue el rumor de la discordia”.

Y hoy, justo en medio de la peor pandemia que el mundo haya conocido, esa que todos los países y estudiosos califican como el mayor desafío de la historia reciente después de la Segunda Guerra Mundial, la discordia se está asomando entre los mexicanos, entre el Presidente, los gobernadores, los empresarios y muchos otros sectores que se están fragmentando en vez de unirse en la República.

Notas Indiscretas…
Lamentablemente las diferencias y las grillas políticas no solo se dan entre los poderes ejecutivos federales y estatales. También en el Congreso de la Unión, en plena pandemia afloran diferencias y golpeteos entre los senadores.

Primero fue el plan de austeridad del Senado de la República, anunciado por el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, que contemplaba ahorros y descuentos a las dietas y aguinaldos de los senadores y de los trabajadores del Estado, que fue duramente cuestionado por el senador de Morena, Germán Martínez, quien en un artículo periodístico le dijo a Monreal que el Senado era un Poder del Estado mexicano y no tenía por qué imitar en todo al presidente López Obrador.

Germán cuestionó que no era con “colectas ni como damas de la caridad” que los senadores debían responderle a los mexicanos, sino diseñando y aprobando leyes para enfrentar la pandemia con apoyos directos a pequeñas y medianas empresas, estatizando los servicios privados de salud durante la emergencia y con diversas medidas que se podían legislar desde el Senado para atender la grave problemática por el coronavirus.

Luego fue la bancada del PAN que con una propuesta de Ley de Emergencia Económica, que propone el pago de un “ingreso básico universal” a todos los mexicanos, consistente en 3 mil 200 pesos mensuales durante la emergencia sanitaria y una serie de apoyos obligatorios del Gobierno federal a las empresas pequeñas y medianas, presionan para que la bancada de Morena acepte discutir su iniciativa en el pleno o los panistas no se presentarían a la sesión convocada este lunes para discutir la Ley de Amnistía que les envío el Presidente.

“Cómo es posible que Morena y el Presidente le den prioridad a una ley que propone liberar reos, narcomenudistas, rateros y otro tipo de delincuentes y no quieran discutir una ley que apoye a los mexicanos para superar esta crisis”.

Anoche Monreal les respondió tanto a los panistas como a su compañero de bancada Germán Martínez, con un video en redes sociales en donde aclara que “al único que le corresponde crear planes de emergencia y definir qué apoyos se otorgan a sectores sociales y económicos con el presupuesto público es al Ejecutivo federal. El Senado no tiene facultades para ordenar la aplicación de recursos en planes de rescate económico”, comentó el coordinador de Morena tratando de poner fin a la polémica. Veremos cómo se pone la sesión presencial de este lunes y si aun con la ausencia del PAN, se aprueba la polémica Ley de Amnistía, que ahora quieren sacar urgente con el pretexto de usarla para liberar las cárceles sobrepobladas ante el riesgo de coronavirus, aunque hay expertos que dicen que para eso, para sacar presos, el Presidente puede otorgar indultos y liberaciones anticipadas, beneficios que ya están en las leyes actuales y no se necesitaría una Amnistía que más bien es un tema político desde la campaña de López Obrador…

Los dados mandan Escalera. 40 días más de cuarentena. Ánimo a todos los lectores.
16 Abril 2020 04:07:00
La rutina de la carpa
El espectáculo de la carpa fue por décadas uno de los entretenimientos favoritos del populacho mexicano y una variante teatral que se convirtió en una válvula de escape y en un foro público para la sátira, la parodia y la crítica política. En un tiempo donde la censura gubernamental se imponía sobre toda forma de expresión que cuestionara al “infalible” Gobierno y a los gobernantes “intocables”, los actores y comediantes de las carpas, se convirtieron en auténticos voceros de la opinión popular que lo mismo cuestionaba al regente del DF, que se burlaba del Presidente, de los gobernadores y de los secretarios del gabinete, ya sea por sus yerros, por sus amantes o por sus corruptelas.

La rutina de la carpa era simple y predecible, pero muy efectiva para desatar la algarabía, el griterío y el alboroto del público que festejaba con gritos, carcajadas y alguna que otra mentada, los puntillosos y afilados comentarios de los actores y comediantes que daban vida a los arquetipos populares de “El Peladito”, “El Charro”, “El Chinaco”, “La China Poblana”, “La Borrachita”, “El Fifí” o “El Valedor”. De las carpas surgieron cómicos muy queridos, algunos terminaban de vez en cuando en la cárcel, por sus ácidas críticas a los políticos, como Jesús Martínez Palillo, y otros se volvieron estrellas del cine y la televisión como Mario Moreno “Cantinflas”, Germán Valdés “Tin-Tan”, Adalberto Martínez “Resortes”, Roberto Soto “El Panzón Soto” y su hijo Fernando Soto “Mantequilla”, Jesús Martínez “Palillo”, Fanny Kauffman “Vitola”, Amelia Wilhelmy y Delia Magaña, (“La Guayaba” y “La Tostada”) y Amparito Arozamena, entre muchos otros.

Aunque es un género ya en desuso, hoy la dinámica de la carpa ha vuelto a ponerse de moda, pero ahora no en improvisados escenarios construidos con láminas o lonas, sino en el mismísimo Palacio Nacional, el centro del poder político y presidencial en México. Las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, pasaron de ser un ejercicio de comunicación e información a convertirse en un espectáculo político, con todo y sus personajes exóticos que hacen preguntas a modo, y con el actor principal que es el Presidente haciendo una rutina de más de una hora, a la que hoy los millennials llamarían “stand up”, pero que se parece más a los números de las carpas mexicanas.

Y es que con su enorme habilidad política y comunicativa, López Obrador ha desarrollado una dinámica que mueve cada día a la opinión pública, a los medios, a los sectores sociales, económicos y políticos y por supuesto a las “benditas redes sociales” a las que pone a hablar y a reaccionar a su ocurrencia o su agenda política de cada día, creando polémicas y dinámicas de “dimes y diretes” sobre temas que la mayoría de las veces no son importantes ni de trascendencia para el país o para los ciudadanos, pero que sí le sirven en su estrategia mediática y política como efectivos distractores.

Tal como ocurría en las viejas carpas, el Presidente hace la mitad del espectáculo y la otra mitad la hace el público (en este caso los ciudadanos y la opinión pública) con sus reacciones, griterías, comentarios, mentadas, memes y escándalos. Todas las mañanas, con sus propuestas, alocuciones y sus mensajes polarizantes, López Obrador desarrolla su rutina bien planeada y dominada desde su púlpito y con sus patiños contratados y pagados por su vocero Jesús Ramírez. Y después de dos horas, en cuanto sale por la parte de atrás de su salón-escenario del Palacio, o a veces incluso antes, sabe que vendrán los gritos, reclamos, aplausos, los memes y las mentadas… la excitación de un público que al reaccionar a los dichos y ocurrencias presidenciales completa la exitosa y probada dinámica de la carpa.

Para que la reacción sea más intensa, iracunda y automática, los mensajes y alocuciones presidenciales siempre contienen ataques bien pensados y dirigidos. Pueden ser a sus enemigos genéricos: “los conservadores”, “neoliberales”, “fifís”, “la prensa vendida”, los “sabelotodo” o “el Prian y los mafiosos”; o también pueden ser a “adversarios” identificables: como los medios, los periodistas, los empresarios, los expresidentes y exfuncionarios del pasado, las calificadoras internacionales y ahora también actores, comediantes y cualquier otro que critique o cuestione sus decisiones y acciones como gobernante.

La dinámica carpense es y ha sido parte fundamental de la estrategia política y mediática del presidente López Obrador. Al principio de su Gobierno la utilizaba para afianzar y mantener su elevada popularidad y su nivel de aprobación que llegó a estar hasta en 80%, pero conforme el desgaste de Gobierno le fue pegando y sus números en las encuestas comenzaron a caer, la enfocó en tratar de detener la caída y para provocar encendidos y efectivos debates y polémicas en la opinión pública para distraer temas como la crisis de seguridad, la falta de inversión y crecimiento económico y el desabasto de medicamentos en el sector salud.

Hoy, en medio de la pandemia de coronavirus, que vino a alterarle todo sus proyectos y planes de Gobierno y que golpeará fuertemente no solo la salud de los mexicanos, sino la economía nacional y familiar con la peor recesión que hayamos vivido en décadas, de nueva cuenta el Presidente recurre a su rutina de la carpa y alborota la gallera con una propuesta de adelantar la revocación de su mandato, con la que pretende volver a su propuesta original de aparecer en las boletas de los comicios federales de 2021, misma que le rechazó de manera rotunda el Congreso de la Unión, en donde por mayoría unánime de todos los partidos, incluido el voto de Morena, se decidió constitucionalmente fijar la consulta de revocación en marzo de 2022, en su cuarto año de Gobierno.

¿Por cuánto tiempo más le funcionará al Presidente el número de provocar y alborotar desde su conferencia mañanera para tratar de controlar y manipular la agenda pública a su conveniencia? Todo indica que no por mucho más, porque si las crisis del coronavirus, la sanitaria, la social y la económica estallan con la intensidad con la que se anticipan, todo el escenario político del país y del mundo va a cambiar y, así como las carpas desaparecieron con la llegada de la radio y la televisión, es muy probable que a López Obrador ya no le alcance su rutina de todas las mañanas para gobernar a un país sumido en crisis.

15 Abril 2020 04:02:00
Jugando a ser Dios
El primer sorprendido con la publicación ayer martes de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica fue Hugo López-Gatell. A pesar de ser él directamente encargado de la estrategia nacional contra el Covid-19, al subsecretario nadie le avisó que su jefe, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, había autorizado y enviado al Consejo de Salubridad General el documento que contiene los criterios para que los médicos decidan a qué pacientes deberán salvar y a cuáles tendrán que dejar morir, en caso del escenario más catastrófico de la pandemia de coronavirus en el país: aquel donde la demanda de servicios de terapia intensiva rebase las capacidades e instrumentos disponibles para salvar vidas.

La extrañeza y molestia de López-Gatell –según revelaron a esta columna integrantes de su equipo cercano– fue que, en contrasentido de los mensajes y llamados que hace el Gobierno federal para que la población colabore, que se mantenga tranquila en su casa y que confíe en las acciones y decisiones de los expertos médicos y científicos del Gobierno, la guía elaborada en la oficina del secretario Alcocer manda un mensaje totalmente contrario: el del escenario catastrofista que anticipa un caos y un rebasamiento total de los sistemas médicos, el público y el privado, que llevaría a los médicos mexicanos a dilemas como los que vivieron sus colegas en España, Italia o más recientemente Nueva York, en donde, ante la falta de ventiladores, tendrán que decidir, como si fueran Dios, quién vive y quién muere en esta pandemia.

Lo más delicado del asunto no es solo que Alcocer Varela haya decidido, con la otra parte de la Secretaría de Salud y a espaldas de López-Gatell emitir una Guía Bioética que se adelanta incluso a la declaratoria de Fase 3 de Contingencia Sanitaria y que parece ya dar por hecho que ninguna de las acciones preventivas, de las que tanto se ufana el Presidente y el propio subsecretario, van a funcionar y que la cuarentena de más de un mes que se pidió a muchos mexicanos, no evitará el colapso de los sistemas de salud pública.

Lo grave es que con el madruguete al subsecretario encargado lo que se exhibe es que en plena emergencia por el coronavirus, la Secretaría de Salud del Gobierno federal está dividida en dos bloques que se ven muy disparejos y desbalanceados en cuanto a su carga de trabajo: de un lado está Hugo López-Gatell y su equipo de epidemiólogos de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, que parecen llevar toda la carga de la estrategia de medición, contención y atención de la pandemia; y del otro el secretario Jorge Alcocer Varela y la otra subsecretaria, Asa Christina Laurell, de Integración y Desarrollo del Sector Salud, que nadie sabe qué está haciendo en momentos en que el sector salud, enfrenta el mayor desafío de su historia.

Es cierto que el popular “doctor López-Gatell”, como lo llaman los medios y las redes, ha acaparado la mayoría de los reflectores y que su exposición diaria en una conferencia de prensa, que ya se ha convertido en la versión vespertina de la mañanera del Presidente, lo hace mucho más visible que el resto de sus compañeros –“colegas y colegos” diría él– de la Secretaría de Salud; pero también en el equipo del subsecretario aseguran que no todos en la dependencia “están jalando parejo” y que hay funcionarios de primer nivel, algunos de ellos muy cercanos al secretario Alcocer Varela, que no están actuando de acuerdo al tamaño del reto que significa para el sector esta pandemia mundial.

Como ejemplo de esa otra parte que no está funcionando en la Secretaría, mencionan la ausencia que ha mostrado la doctora Asa Christina Laurell, quien a pesar de tener bajo su cargo el Cenetec (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud), un eslabón necesario para recabar datos y construir estrategias, no está de acuerdo con la estrategia de su compañero López-Gatell.

Otro ejemplo de cómo ve el mundo el equipo del secretario Alcocer Varela, es lo dicho por Mónica Mieres, titular de la Unidad de Vinculación y Participación Social de la Secretaría, y quien hace un año tuvo que disculparse después de afirmar, en plena crisis de desabasto, que “no pasa nada” si se les acababan los medicamentos a los pacientes que viven con VIH.

Así que hay dos bloques en la Secretaría de Salud en la parte más complicada de la peor pandemia que haya conocido la humanidad moderna: uno que da la cara todos los días y lleva la responsabilidad directa de hacer que la estrategia funcione y que la gente coopere y no entre en pánico, mientras se logra controlar y contener la demanda hospitalaria; y la otra que, mientras no aparece o guarda silencio, juega a ser Dios y emite una Guía Bioética, que nos hace pensar que México se convertirá en el próximo epicentro del coronavirus y que la enfermedad del Covid-19 va a colapsar ese sistema que el Presidente no se cansa de decir que “estamos listos con todo y preparados desde hace tres meses”.

¿A cuál de las dos visiones de la Secretaría de Salud le creemos?… Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.


14 Abril 2020 04:02:00
Las mentiras del IMSS
Primero fue Monclova, Coahuila, con el primer hospital público -el General de Zona 7 del IMSS- que se volvió un “foco de contagio masivo” con sus tres médicos muertos y más de 36 trabajadores de la salud contagiados; luego vino el escándalo de Tlalnepantla, donde el Hospital General Regional 72 tuvo un brote de Covid con más de 20 médicos contagiados que, según el director del Seguro Social, Zoé Robledo, se infectaron “fuera del hospital”; más tarde fueron Los Cabos y Cuernavaca, en el primer caso otro “contagio masivo” con 42 empleados en el Hospital de Subzona 26 y en el segundo el Hospital General Regional 1 de Morelos, con 4 contagiados entre el personal médico.

Hoy, con las denuncias de lo que sucede en Tijuana, avaladas por el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que reconoce que la problemática denunciada en videos de redes sociales, por la falta de insumos de seguridad y capacitación para el personal médico son reales, la crisis ya es inocultable en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con la pandemia del Covid están saliendo a flote todas las ineficiencias, desabastos y carencias en el Seguro Social que, si bien en una parte fueron heredadas, también se agudizaron y se agravaron por las mal aplicadas políticas de austeridad y la alteración de los sistemas de compras y adquisiciones que en su momento provocaron la estridente renuncia de su exdirector, Germán Martínez Cázares.

“Sabíamos que nuestro talón de Aquiles (en la pandemia del coronavirus) iba a ser el Seguro Social, por el desprendimiento y la falta de preocupación por los temas… Puedes tapar el sol con un dedo por un ratito, el director general del IMSS a nivel nacional (Zoé Robledo) debe admitir lo que está mal”, exigió ayer lunes el Gobernador morenista de Baja California, luego de que la dirección del Instituto mandara a su representante en aquella entidad, Desirée Sagarnaga, a desmentir las denuncias de carencias que personal médico de la clínica 20 de Tijuana enviaran al comediante Eugenio Derbez a través de una carta.

La institución más grande y noble del sistema de salud pública en México no puede darse el lujo de colapsar en una pandemia que representa el mayor reto de salud, y el mayor riesgo de inestabilidad social y económica en la historia reciente. Si el IMSS y sus directivos no dejan a un lado la soberbia, la indolencia y la desatención de lo que están gritando en las calles sus médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales, y se ponen a equipar a cada clínica, hospital y centro médico en el país, garantizando la seguridad a la que sus trabajadores tienen derecho por ley, estarán cometiendo una negligencia criminal muy costosa para el país.

Estamos ya tarde y contra el tiempo para que el IMSS atienda los reclamos y evite convertir a sus hospitales en focos de contagio masivo, antes de que comience la fase más crítica de la pandemia. Si no lo hacen, en la República se repetirán escenas tan tristes y duras como las de Italia y España, pero multiplicadas por el tamaño de nuestra población; y el prestigio y la enorme contribución del instituto de seguridad social por excelencia, que nació y existe para cuidar la salud y la vida de los mexicanos, podría convertirse en un enorme riesgo para la población y, como bien lo advierte el gobernador Jaime Bonilla, en el talón de Aquiles que puede llevar al colapso del sistema de salud pública.


13 Abril 2020 04:03:00
En tiempos de pandemia, doble golpe a la ciencia
En momentos en que el país enfrenta una pandemia mundial y a contracorriente de otras naciones que invierten más en esta coyuntura en la investigación científica para enfrentar el impacto del coronavirus, el Gobierno de México está recortando los recursos a todas las instituciones dedicadas a la investigación científica, al aplicarles las mismas medidas de austeridad obligatoria que a otras dependencias burocráticas, como la reducción del 50% de todos sus recursos y la extinción por decreto de los fideicomisos públicos que financiaban también a instituciones científicas.

Con este doble golpe, decenas de proyectos y protocolos de investigación tendrán que ser reducidos, pospuestos o de plano cancelados, ante la drástica reducción de recursos que sufrirán las de por sí reducidas instituciones científicas en el Gobierno de López Obrador.

Un ejemplo de esta severa disminución presupuestal es lo que ocurre en el Cinvestav, uno de los centros de investigación científica y tecnológica más importantes del país, y cuyo director, José Mustre de León, reconoce que ambas medidas “impactarán en forma severa la actividad institucional en lo que resta del ejercicio 2020”.

En un oficio que dirigió a los investigadores del centro científico, adscrito a la SEP, el director Mustre de León les narra la forma en que, primero les afectó, el decreto publicado el 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación, que junto con otros casi 300 fideicomisos, ordenaba extinguir el “Fondo de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico del Cinvestav”, que a la fecha tenía un saldo de 74 millones de pesos.

Ante la petición directa que recibió el 3 de abril de la Presidencia de la República para que iniciaran la desaparición del fondo y entregaran esos recursos, el director pidió a la Dirección General de Presupuesto de la SEP que se pidiera una excepción al decreto presidencial, por tratarse de un fondo de investigación científica que tenía proyectos y convenios firmados.

Para tratar de salvar esos recursos del Cinvestav y mantener sus proyectos, el director comenta que se tuvieron que elaborar una serie de escritos y explicaciones detalladas de las “prioridades de financiamiento”.

Con base en eso, dice José Mustre, el 8 de abril, la Subsecretaría de Educación Superior comunicó al Cinvestav que se había finalizado la solicitud para su envío a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y que en ella quedaban comprometidos 58.1 millones de pesos en proyectos prioritarios y quedarían a disposición de la SHCP 15.8 millones de pesos.

Adicional a todo eso le pidieron enviar después una “justificación jurídica y no solo académica y presupuestal”, a petición de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, la cual ya fue enviada, y ahora tiene que esperar la resolución de Hacienda.

Pero cuando aún no saben si la Oficialía Mayor de Hacienda les respetará al menos los 58.1 millones de su fondo, en el mismo oficio Mustre de León informa a los investigadores que también el 8 de abril la Secretaría de la Función Pública les ordenó reducir en 50% sus gastos de operación y servicios y les pidió cancelar pagos por conceptos no contratados.

“La SEP nos ha indicado que debemos acatar esta medida”.

Así que, aunque se entiende la austeridad y los recortes necesarios para destinar recursos a la atención urgente de la pandemia por Covid, lo que no se entiende es que a organismos e instituciones dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que deberían ser indispensables en momentos en los que el país debe desarrollar soluciones científicas y técnicas para una emergencia sanitaria, se les dé el mismo trato que a otras áreas burocráticas.

¿Cómo aspirar a desarrollar una vacuna para el coronavirus o a fabricar nuestras propias tecnologías médicas para la emergencia, si se está golpeando a las ya maltrechas y recortadas instituciones científicas?
11 Abril 2020 04:07:00
Nuestro ‘salvador Trump’, ¿a cambio de qué?
En toda la historia de la muy compleja relación México-Estados Unidos, la experiencia nos enseña que siempre que Washington ofrece un favor a los mexicanos, es porque espera a cambio un beneficio. La frase que el secretario de Estado del presidente Eisenhower, John Foster Dulles, acuñó en los años 50 de que “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”, bien valdría recordarla ahora que el presidente López Obrador dice que “muy generosamente” el presidente Donald Trump le ofreció “que nos iba a apoyar con los 250 mil (barriles de petróleo) adicional a lo que ellos aportaron”.

La primera prueba de que la “generosidad” de la Casa Blanca no fue desinteresada, la dio al mismo Trump cuando salió a erigirse ante el mundo como el “salvador de México” frente a la OPEP, para luego aclarar que la ayuda ofrecida de 250 mil barriles de petróleo no fue gratuita ni un gesto del altruismo energético, como lo presentó el Presidente mexicano, sino más bien un préstamo que “ellos nos reembolsarán en una fecha futura, cuando estén preparados para hacerlo”.

De cualquier manera, el mismo Trump aclaró que aún la OPEP tendría que aceptar primero el inédito acuerdo entre México y EU para un préstamo de producción petrolera que nunca se había visto en la historia.

Incluso, en Washington ayer se preguntaban cómo es que el Presidente estadunidense piensa garantizar esa reducción de 250 mil barriles en su producción sin afectar los intereses de las grandes compañías petroleras de su país que, tras la caída de los precios, no están precisamente en su mejor momento.

En todo caso, la pregunta que en México debemos hacernos es ¿a cambio de qué Trump aceptó ofrecerse como el héroe salvador de México y de su alicaída industria petrolera? ¿Qué nueva condición o apoyo le habrá pedido o le irá a pedir en un futuro al presidente López Obrador si es que la OPEP llegara a aceptar el salvamento para nuestro país? ¿Será que el negociante astuto y ventajoso que siempre ha sido el magnate estadunidense solo pensó en el “pago futuro” de los 250 mil barriles de petróleo que le prestó al Gobierno mexicano o acaso pensará cobrar algún interés o crédito por el préstamo?


Desplante de México a la OPEP

Por lo pronto, México y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, se convirtieron ayer en la “comidilla” del poderoso mundo petrolero no solo por las largas “consultas” que realizaba la responsable energética mexicana con su jefe el Presidente, frenando por más de 7 horas el avance de la reunión de la OPEP. México se negó desde el principio a disminuir su producción petrolera en 23% y proponía que la baja fuera “proporcional” a la producción de cada país, sugiriendo que, a partir de su producción estimada en 1.9 de millones de barriles diarios (según la proyección la OPEP fijada desde el sexenio pasado), Pemex solo podía reducir 100 mil barriles diarios.

Al final, tras un tenso estira y afloja y de que México no aceptó ceder, la secretaria mexicana se paró de la mesa y dejó colgados a los ministros de energía de 26 países. Es claro –aunque no lo entiendan en otros países– que quien llevó esa negociación a distancia fue el propio presidente López Obrador, para quien la posición inédita de México en una reunión petrolera internacional fue un tema de “resistencia” con el que buscó proteger a la deteriorada Pemex y su mermada producción.

Rocío Nahle fue, en la negociación petrolera, como una pieza de ajedrez, y no precisamente la reina, sino un peón. Lo que el Gobierno mexicano defendía ante la OPEP era que mientras bajar su producción en 400 mil barriles menos para Arabia Saudita o Rusia era, sí un esfuerzo importante, para México era el suicidio.

Por eso López Obrador no quiso ceder en bajar más la producción de 100 mil barriles, sobre todo en un tema como la producción petrolera que para él no es solo un tema económico, sino un asunto ideológico en el que está empeñado en demostrarles a los mexicanos que va a lograr “rescatar a Pemex” y devolverla a su estatus antiguo de la gran empresa paraestatal, algo que se ve cada vez más complicado con los graves problemas financieros de la petrolera mexicana.

En realidad lo que está cediendo, México es el equivalente a lo que se había logrado incrementar con la leve recuperación lograda por el Gobierno con la inyección de miles de millones de dólares a Pemex; incluso hay quien dice que el cálculo del Presidente no era ni siquiera obligar a Pemex a disminuir su producción sino que lo hicieran los productores privados que hoy producen más o menos esos 100 mil barriles.

Ya veremos en qué termina todo el enredo petrolero, si Trump nos salva o no, si es que lo aceptan Rusia y Arabia Saudita y cuáles terminarán siendo las “letras chiquitas” del préstamo de los 250 mil barriles que seguro México y López Obrador terminarán pagando con creces.

Por lo pronto en el mercado petrolero internacional, donde México llegó a ser un actor importante en alguna época –aunque hoy seamos un actor marginal con 1.7 millones de una producción mundial de 80 millones de barriles diarios– ahora seremos un peón de los Estados Unidos, al que Donald Trump tiene que salir a “salvar”. El papel que nuestro país llegó a jugar en el pasado en los acuerdos de la diplomacia petrolera, es cosa del pasado.


A rebeldía fiscal llaman empresarios

La fractura que sufrió esta semana la relación entre el Presidente de la República y una parte del empresariado mexicano se expresó esta semana en dos frases: la primera, de Carlos Salazar, dirigente del CCE, diciendo que “nos cerraron las puertas” del Palacio Nacional; y la segunda de López Obrador reiterando su negación de apoyos fiscales y pidiéndole al mismo Salazar que “nos ayude a cobrarle a empresas deudoras del fisco”.

Después de eso, en varios estados, los empresarios locales han comenzado a llamar a la “rebeldía fiscal” y a dejar de pagar las contribuciones federales, estatales y municipales, ante la falta de apoyos del Gobierno para enfrentar la crisis económica por el Covid-19.

Ayer viernes, el primer estado en donde se anunció una huelga de impuestos fue Tamaulipas, donde el dirigente estatal de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco-Servytur) anunció que en una videoconferencia donde se enlazaron los representantes de las Cámaras de Comercio del Estado, que representan a cerca de 20 mil empresas pequeñas, medianas y grandes, acordaron decretar “una suspensión al pago de impuestos y servicios a los tres niveles de Gobierno”. La suspensión, dijo, se decidió por la “actitud retadora” de las autoridades federales de exigir el pago de impuestos obligatorio, cuando las empresas y negocios están teniendo que cerrar y parar por la contingencia sanitaria y porque “México está actuando en sentido inverso a otros países” donde sí se apoya a las empresas ante la crisis económica.

El llamado de los comerciantes y empresarios tamaulipecos –cuyo dirigente Julio César Almanza es muy cercano al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca– es a que las empresas decreten una suspensión en pago de impuestos federales y estatales, así como servicios que incluyen a nivel federal el IVA, ISR, la CFE, el IMSS, Infonavit y a nivel estatal el ISN y los prediales municipales.

Este tipo de movimientos se están gestando también en otros estados, en donde los dirigentes de los organismos empresariales analizan desde la vía del amparo, hasta la huelga o la suspensión de pagos, para no pagar impuestos y contribuciones, si no hay ningún programa de apoyo fiscal del Gobierno federal.

Por cierto, que en algunos grupos de empresarios planean hacer campañas publicitarias con un llamado para dejar de pagar impuestos y servicios utilizando videos o discursos en los que el actual presidente, López Obrador, cuando era líder social, llamaba a la “resistencia de pagos” contra instituciones como la CFE. “Si otros lo hicieron, por qué nosotros no podemos”, dijo un empresario que promueve esas suspensiones.

Los dados mandan Escalera doble. Seguimos con la cuarentena. Ánimo y fortaleza para todos los lectores.
09 Abril 2020 04:07:00
Gobernadores también se rebelan
La crisis del coronavirus no solo ha desgastado la imagen del presidente López Obrador y su complicada relación con los empresarios. Entre los gobernadores de la República, con quienes no ha querido reunirse en toda esta emergencia sanitaria y solo los ha mandado a hablar virtualmente con los miembros de su gabinete, hay varios estados que no solo cuestionan abiertamente la estrategia y la lentitud del Gobierno federal para tomar decisiones, sino que han optado de plano por implementar sus propios modelos locales de contención y atención de la pandemia del Covid-19.

Los casos más visibles en este rebasamiento a la Federación son los de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua, todos ellos encabezados por gobernadores de oposición y en donde mandatarios como el emecista Enrique Alfaro, el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, el priista Miguel Riquelme y los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Diego Sinhué y Javier Corral, han tomado una actitud proactiva y protagónica en el tema de la pandemia en sus estados, con la que acusan falta de respuestas y apoyos rápidos del Gobierno central a las necesidades de sus entidades y, a quererlo o no, desafían el liderazgo y la facultad federal para dictar las medidas sanitarias, sociales y económicas.

En algunos de esos estados, ubicados en regiones altamente productivas e industrializadas del país, como el corredor de Jalisco y El Bajío de Guanajuato, o el norte del país, con Nuevo León a la cabeza y con la Alianza del Noreste con Coahuila y Tamaulipas, mientras Chihuahua se mueve por su cuenta, también coincide que los empresarios de esas entidades han encabezado movimientos de rebelión y desconocimiento a sus líderes de las cúpulas empresariales, además de cuestionar duramente la falta de apoyos fiscales del Gobierno federal.

Es el caso de Jalisco, donde primero Alfaro anunció que los empresarios jaliscienses estaban muy molestos con el presidente López Obrador y con la actitud de sus dirigentes cupulares, y horas más tarde los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, desconocieron a su dirigente Carlos Salazar, por no hacer que se atiendan sus demandas en Palacio Nacional e iniciaron con el hashtag #AJaliscoSeLeEscucha.

La rebeldía de esos estados tiene al menos tres componentes: el primero, la parte política y electoral, en la que algunos gobernadores, sobre todo los que tienen aspiraciones futuras, saben que la crisis sanitaria y económica por el coronavirus es también oportunidad para posicionarse mejor ante sus gobernados y para ganarle terreno político, ellos y sus partidos, al presidente López Obrador que difícilmente saldrá bien librado de la pandemia; segundo, la parte económica en la que hay un reclamo legítimo de que la Federación no concentre todos los recursos públicos, normales y extraordinarios, para atender la emergencia sanitaria y sus efectos económicos, y que apoye con parte de esos recursos a las entidades federativas para atender los daños que sufrirán sus estados en la parte médica y en su economía y empleo; y el tercer componente, que es el más peligroso, la histórica lucha contra el centralismo y la acumulación de poder y facultades presupuestales y hacendarias desde el centro, que se ha acrecentado con el Gobierno lopezobradorista y su presidencialismo vertical, y que puede alimentar proyectos cesesionistas y separatistas que siempre han estado latentes en la República mexicana.

Hasta ahora el presidente López Obrador se ha negado a tener una reunión, ya sea virtual o presencial, con todos los gobernadores, ante la negativa a aceptar que le pidan más recursos para atender la pandemia en sus estados. Ha sido de manera virtual que Olga Sánchez Cordero, la titular de Gobernación se ha estado reuniendo con ellos, junto con el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario Hugo López-Gatell y el coordinador Nacional de Protección Civil, David León, para explicarles las directrices federales de la emergencia sanitaria y escuchar sus dudas, peticiones y reclamos.

Y casi todos los gobernadores, incluidos los que asumen una actitud más crítica y desafiante en esta coyuntura, coinciden en pedir tres cosas: más claridad y certidumbre en los lineamientos federales, más apoyo de la Secretaría de Salud para la realización de pruebas y la atención del Covid-19 en su estados, y tres, y en ese coinciden todos, la posibilidad de hablar directamente con el presidente y que acepten enviar a las entidades federativas más recursos extraordinarias para la emergencia, de los miles de millones que presume tener López Obrador entre sus ahorros y lo que sacará de fideicomisos y fondos de estabilización.

¿Será que en la emergencia por el coronavirus, lejos de la unificación, la cooperación y la solidaridad que requerimos en estos momentos para enfrentar el que todos los países del mundo definen como “el mayor desafío de su historia”, en México terminaremos más divididos y confrontados, sin un liderazgo nacional claro y hasta con una República fragmentada y escindida?
08 Abril 2020 04:07:00
¿Rebelión empresarial contra el Presidente?
En las cámaras empresariales del país hay un clima de rebelión por la falta de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se niega a apoyar fiscalmente a las empresas pequeñas y medianas para enfrentar la crisis económica que dejará el coronavirus. En organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la ira en estos momentos no es solo contra el Gobierno federal por el “abandono” a los principales generadores de empleo, sino también contra sus dirigentes nacionales a los que acusan de “agachones” y de no exigirle al Presidente que entienda que no quieren un rescate empresarial, sino un plan urgente de protección al empleo.

En un chat privado en el que se comunican los empresarios del CCE el lunes circularon fuertes reclamos contra el dirigente nacional del organismo Carlos Salazar, quien, según algunos participantes en ese grupo, estuvo respondiendo y capoteando los mensajes iracundos de varios dirigentes estatales que le reprochaban “tibieza” ante la bofetada que recibieron del Presidente en su mensaje del domingo pasado, en donde nunca tomó en cuenta las propuestas y peticiones del empresariado.

Ante ese clima en las cámaras empresariales y los organismos cúpula que agrupan a la mayor parte de empresarios medianos y pequeños del país, no es casual que López Obrador haya decidido buscar a los empresarios más grandes y fuertes del país para invitarlos a comer a Palacio Nacional, en busca de obtener un respaldo a su plan económico, duramente descalificado por los empresarios agrupados en el CCE y en la Coparmex. Primero el lunes, el Presidente convocó a los principales empresarios capitalinos: Carlos Slim, Alberto Bailleres, Antonio del Valle, Valentín Diez Morodo, Emilio Azcárraga y Alejandro Bailleres, quienes en una comida de más de tres horas escucharon la explicación del Presidente y aunque le dieron su respaldo, también le dijeron que debe contemplar apoyos fiscales necesarios para las empresas pequeñas y medianas.

Luego de conseguir ser arropado el lunes por los empresarios del Grupo Ciudad de México, el Mandatario buscó al Grupo Monterrey o Grupo de los 10, donde están las 10 empresas más grandes de Nuevo León, que juntas producen también el equivalente al 10% del PIB Nacional. Por la noche se difundió un comunicado oficial en el que dice que “los empresarios de Nuevo León le ofrecieron al primer Mandatario su solidaridad, a pesar de tener diferentes puntos de vista acerca de cómo abordar la presente crisis sanitaria”. Y si bien dijeron “respaldar la prioridad de apoyar a los pobres”, los líderes del sector privado neolonés argumentaron que proteger el empleo es complementario a ese propósito, por lo que se requiere una política pública enfocada a cero despidos y cero cierre de empresas para que la actual crisis sea transitoria. “Los empresarios no somos sus adversarios, por el contrario, somos un componente indispensable en la eventual recuperación económica de nuestro país”.

Es difícil que prosperen las rebeliones en las cúpulas empresariales, pero el rechazo de una parte de los empresarios medianos, combinados y azuzados con la grilla política de algunos gobernadores estatales es real, aunque también lo es que AMLO sigue manteniendo el apoyo y la confianza de los grandes empresarios del país. Pero si no quiere que a su Gobierno le pase lo que a Luis Echeverría y José López Portillo, que acabaron peleados y repudiados por los empresarios –uno por la muerte de empresarios, como el regiomontano Eugenio Garza Sada y el tapatío Fernando Aranguren, secuestrados y asesinados por la Liga 23 de Septiembre, y al otro por la histórica nacionalización de la banca– es momento de que AMLO demuestre si atenderá lo que le exponen los hombres del dinero, o si seguirá, como hasta ahora, convocándolos al Palacio solo para tomarse la foto y presumir su apoyo, sin tomarlos en cuenta en sus decisiones, mientras los empresarios tampoco se deciden a invertir porque su Gobierno no les da certidumbre.

07 Abril 2020 04:07:00
Electoral, el otro efecto del Covid-19
A las lamentables pérdidas de vidas humanas y al golpe mayor que le dará a la economía de todos los mexicanos, la crisis del coronavirus tendrá también un impacto político y electoral inevitable. A partir de cómo manejen esta pandemia los gobernantes de todos los partidos políticos y de lo acertado o errático de las decisiones que tomen, tendrán o un costo político en forma de votos de castigo o bien un reconocimiento de sus gobernados en las urnas.

Estamos en el año previo a una elección estratégica, sobre todo para el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador que se juega en los comicios intermedios del 2021 la mayoría en la Cámara de Diputados.

Y hoy más que nunca, en medio de una crisis que pone en jaque a los gobiernos de todo el mundo con una recesión económica comparable solo a la de 1929 y que exhibirá la efectividad y la capacidad –o la ineficiencia e incapacidad– de los líderes y gobernantes para proteger y rescatar a sus ciudadanos de los efectos de esta pandemia, los escenarios políticos también cambiarán cuando pase esta emergencia.

Por ahora, aún en medio de la contingencia, los políticos no dejan de hacer cálculos y de pensar en las elecciones. El presidente López Obrador, por ejemplo, al definir la forma en que su Gobierno responderá ante esta emergencia y los apoyos que otorgará con los recursos públicos, decidió apostar clara y decididamente por su base social y electoral más leal: los beneficiarios de sus programas sociales y asistenciales.

Son 22 millones de beneficiarios de programas sociales, la cifra que hoy manejan en Palacio Nacional y a la que apuestan para ganar las elecciones de 2021. El único problema, nada menor, que tienen los cálculos felices que hacen en Palacio, es que para bajar esos votos y aterrizarlos en las urnas en 2021 necesitarán un partido nacional y fuerte que hoy no tiene el Presidente con Morena. Le ayuda mucho en estos momentos a López Obrador que hoy no se ve una oposición fuerte ni figuras o líderes opositores que estén surgiendo como contrapeso.

Pero también los opositores hacen sus cálculos políticos. Ya antes de la emergencia sanitaria se estaba fraguando y negociando, para el 2021, un polo opositor, una “mega-alianza” electoral entre PAN, PRI, MC Y PRD, para enfrentar a Morena en los comicios intermedios, pero ahora, sin duda el escenario que dejará la pandemia va a facilitar y a mejorar las perspectivas para esa coalición electoral, que sí puede representar un riesgo real para López Obrador y su proyecto en los comicios intermedios.

El cálculo de la “mega-alianza” opositora es simple y su estrategia va por partes: primero quitarle a Morena la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 2021, y a partir de ahí, en el 2024 “sacar a AMLO y a Morena del Palacio Nacional”.

Para retomar la controvertida expresión del Presidente, de que toda esta terrible crisis del coronavirus le vino “como anillo al dedo”, lo que resulte política y electoralmente después de que termine la pandemia será como ese anillo poderoso de la novela de J.R.R Tolkien. ¿Hacia dónde se mueve ese anillo y quién será su “precioso”? ¿Hacia el dedo índice presidencial o hacia el dedo gordo de una oposición unificada?
06 Abril 2020 04:07:00
AMLO perdió y decepcionó
Cuando el Presidente citó a Franklin Delano Roosevelt como “el mejor presidente en la historia de Estados Unidos”, invocaba al político que aplicó el modelo keynesiano para crear el Estado de Bienestar, reconfigurar la economía devastada por la Gran Depresión y golpear con la intervención estatal al liberalismo ultraortodoxo norteamericano; pero si su invocación iba encaminada a autoerigirse como el “Roosevelt mexicano” en estos tiempos de crisis, incertidumbre y recesión nacional y mundial por el coronavirus, a López Obrador le quedó muy chico su mensaje de ayer para estar a la altura del líder, que hoy no están viendo en él la mayoría de los mexicanos.

Si cuando se declaró, el pasado 30 de marzo, la “emergencia nacional” por la pandemia de Covid-19, la ausencia del Presidente en la emisión de ese mensaje sorprendió y significó la primera oportunidad perdida para rectificar su actuación errática y sus comentarios lamentables, y colocarse por fin al frente de la crisis sanitaria y social, ayer domingo, Andrés Manuel perdió una segunda y, tal vez, última oportunidad de hablarle a todos los mexicanos, para que todos lo vieran como el timonel que nos puede sacar a flote del maremágnum en el que estamos inmersos.

Del mismo tamaño del que se veía su imagen solitaria en el patio vacío del Palacio Nacional, así de minúsculo y decepcionante resultó el discurso pomposamente llamado “Informe Trimestral de Gobierno”. Cifras y más cifras, programas y apoyos sociales para describir a un país que en la retórica presidencial “va muy bien” y no tiene miedo ni temor alguno.

López Obrador perdió ayer, con su mensaje, el apoyo de un sector cuyo voto fue clave para que él ganara el poder: la clase media, a la que le negó cualquier tipo de apoyo fiscal o de estímulo y ayuda a empresas pequeñas y medianas que generan más del 75% del empleo.

En cambio, decidió apostar su resto, apenas en el segundo año de Gobierno, por su base social histórica, su clientela política más fiel y ofrecerles que para ellos sí habrá apoyos y créditos, que el Gobierno creará 2 millones de empleos.

Esos apoyos a microempresas, que son generadoras de empleo y a las que va a ayudar el Presidente con sus créditos, son en su mayoría, más del 50% de changarros que están en la economía informal, lo que nos llevaría a una “changarrización” de la economía del país, muy al estilo de la “economía social” que pregonan los teóricos e ideólogos de la 4T, pero significará la muerte de muchos otros negocios formales y de empresas pequeñas también, pero que no alcanzarán los apoyos gubernamentales.

A eso se refería el Presidente con su polémica frase de que la terrible crisis de salud y económica “nos vino como anillo el dedo”: a que su Administración ha decidido, en medio del diluvio global que se avecina, aplicar una especie de “darwinismo económico”, en el que sobrevivan los que puedan.

Al final, la paradoja terminará siendo que, quien tanto critica y detesta a los neoliberales por ortodoxos, ahora con su 4T caminando incluso por encima de los muertos, ya sean humanos o económicos, está demostrando ser mucho más ultraortodoxo al decidir no mover ni un ápice sus prioridades.

Es López Obrador salvando solo a sus más fieles, mientras al resto de los mexicanos, que son mayoría, les grita desde arriba, en un arca por cierto construida con el dinero de todos: “Sálvense solos y háganle como puedan”.

04 Abril 2020 04:03:00
Por Covid-19, preparan área de ‘Inteligencia en Salud’
Aunque en el discurso el presidente López Obrador diga que solo estamos ante una “crisis transitoria” y que los efectos de la pandemia del coronavirus le cae “como anillo al dedo” a su proyecto de transformación, la realidad es que la dimensión de los efectos negativos que tendrá la enfermedad del Covid-19 en México son aún incalculables para las propias autoridades federales, tanto en la salud de los mexicanos como en la economía nacional por la recesión en que caeremos este año, pronosticada por todas las agencias y analistas nacionales e internacionales y reconocida ya oficialmente por la misma Secretaría de Hacienda y los analistas del
Banco de México.

En el tema sanitario lo único que puede salvar al país de una catástrofe, es el cumplimiento que la sociedad haga del aislamiento social que podría reducir el número de contagios, pero tampoco va a evitar que en las próximas semanas se disparen los casos confirmados de Covid-19 y que la capacidad hospitalaria se vea comprometida, incluso con casos como los que ya comenzaron a ocurrir en hospitales regionales del IMSS, como el de Monclova, donde la falta de equipamiento, insumos y medidas de seguridad y protección para el personal médico (denunciadas en varios estados) convertirán a algunas instalaciones médicas en focos de propagación del virus.

Las muertes serán inevitables y con todo y el Ejército y su Plan DN-III (por cierto un plan específicamente diseñado para “desastres”), la demanda de hospitalización para pacientes críticos podría rebasar la capacidad de respuesta a nivel federal y en los estados.

En esos escenarios, que nadie quiere pero que están contemplados en las proyecciones federales, el Gobierno ha comenzado a tomar algunas decisiones que buscan garantizar la disponibilidad de recursos, sobre todo a partir de dos premisas: el Presidente no quiere aumentar el déficit público ni contraer más deuda (como sí lo están haciendo la mayoría de los gobiernos para enfrentar los efectos de la pandemia) y tampoco se quieren cancelar o sacrificar “por ningún motivo” los “proyectos emblemáticos” de la 4T (Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas, Tren Maya, rescate de Pemex) y, sobre todo, los programas sociales y de apoyo directo a la población más vulnerable.

Por eso la polémica decisión de decretar la extinción de fideicomisos públicos, una figura que siempre ha sido vista con recelo y desconfianza por López Obrador y que, efectivamente fue utilizada en gobiernos anteriores como un instrumento para el desvío y ocultamiento de recursos públicos, aunque en los últimos años se han aprobado reformas legales y mecanismos que transparentan y vigilan el desempeño de esos fondos públicos utilizados en su mayoría para pagos de pensiones, ahorros como los del Fondo de Estabilización (que por cierto ya utilizó este Gobierno para inyectarle recursos a Pemex), prestaciones laborales, desastres naturales y, precisamente Gastos Catastróficos en la Salud.

¿Podría el Gobierno federal en estos momentos disponer de recursos de esos fideicomisos sin estructura orgánica? Sí, en teoría puede, pero el entramado legal y financiero como están diseñados esos fondos, hará muy complicada la disponibilidad de esos recursos, que significan cerca de 878 mil millones de pesos, según el reporte de Finanzas Públicas al cierre de 2019, sin que se afecte a trabajadores, jubilados y a algunos programas públicos importantes o sin que se enfrenten incluso recursos legales de impugnación.

Pero esa es solo una medida, que tiene que ver con los escasos recursos financieros para atender la pandemia; hay otra decisión que están tomando en el Palacio Nacional y que tiene que ver con la forma de atender y enfocar el tamaño de esta emergencia
sanitaria.

El Gobierno de López Obrador tiene lista una reforma a la estructura de la Secretaría de Salud en la que se va a desaparecer la Dirección de Epidemiología, hoy a cargo del doctor José Luis Alomía, para crear en su lugar un “Centro Nacional de Inteligencia en Salud”, algo como el equivalente al antiguo Cisen pero para emergencias y crisis sanitarias como la del Covid-19. Hasta ahí el tema suena lógico y habla del tamaño real con el que las autoridades están viendo los efectos de esta pandemia, que dista mucho de la “crisis transitoria” o el “anillo” a la medida que comenta el Presidente.

La propuesta de reforma, que surge del equipo del doctor Hugo López-Gatell, va en la línea de la gravedad que tiene este tema en el mundo y la forma en que la mayoría de los países está enfocando el problema, y estaría acorde con la intención de crear un área de “inteligencia” especializada en el tema de salud pública.
Lo que no parece encajar con esa intención es el perfil de la persona que están pensando nombrar como titular del Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Entre científicos allegados al Gobierno de la 4T mencionan el nombre de Dwight Dyer, un consultor independiente en temas de energía y seguridad en México, con doctorado en Ciencia Política y maestría en Estudios Asiáticos por la Universidad de California de Berkeley.

Los mismos científicos que conocen el proyecto de reforma de primera mano, cuestionan por qué se nombraría en esa nueva área de inteligencia en salud a un especialista en temas energéticos, políticos y de seguridad, más que a un científico.

El currículum de Dyer confirma experiencia en el sector público y en el privado. Fue subsecretario de Hidrocarburos en la Sener de 2017 a 2018, en el sexenio de Peña Nieto, y antes, en el Gobierno calderonista, de 2009 a 2012 trabajó como director General de Análisis de Inteligencia en el Cisen. El resto de su experiencia en el sector privado fue como analista de riesgos y consultor independiente.

De concretarse la reforma a la estructura de Salud y el nombramiento mencionado en la nueva área de inteligencia sanitaria, el mensaje sería que por el tamaño y el nivel de daño que dejará la pandemia en México –como en el resto del mundo– en el Gobierno lopezobradorista, más allá del discurso falaz y demagógico que maneja el Presidente, están viendo la realidad que también ven los gobiernos del resto de los países: que el Covid-19 es una amenaza histórica no solo para la salud, sino para la seguridad nacional y la estabilidad social y política del país y del mundo.

Notas Indiscretas…
En medio de la contingencia sanitaria en el país y por razones que no están muy claras, el Gobierno federal volvió a otorgarle el 90% de los contratos de la licitación del IMSS para el servicio de laboratorios de análisis clínicos, a empresas que integran el llamado “cártel de la Sangre”, como Hemoser, Centrum Promotoria Internacional e Impromed, a pesar de que varias de ellas habían sido “rescindidas” en sus contratos en Puebla y en varios estados de la República por las delegaciones estatales del IMSS, por diversas irregularidades en el cumplimiento de sus contratos.

Según el “Acta de Fallo” de la licitación LA-050GYR988-E7-2019 de la Dirección de Administración del IMSS, fechada el 1 de abril de 2020, las empresas mencionadas, que habían sido acusadas de conformar un “cártel” en el que sus dueños confabulaban para acaparar, con prácticas de sobornos y “moches”, licitaciones públicas e inhibir la competencia en el área de los suministros para laboratorios clínicos en el sector público, se llevaron el 90% de la millonaria licitación en donde el contrato más bajo fue por 49 millones de pesos, y el más alto por mil 999 millones de pesos, todos para el abasto de insumos para laboratorios de análisis clínicos en el Seguro Social.

La decisión, que pasó desapercibida en medio de la emergencia por coronavirus, echó por tierra la idea de que la 4T iba a “limpiar de corrupción” la industria de suministros para laboratorios y, según versiones que dan algunos laboratorios afectados, tuvo que ver con “cabildeos y padrinazgos” de algunos funcionarios públicos en la Oficialía Mayor de Hacienda y la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud.
Los dados mandan Serpiente. Semana difícil para todos los mexicanos. Arriba el ánimo y la unión
nacional.
02 Abril 2020 04:03:00
Ruiz Esparza, muerte e investigación
Con la muerte del exsecretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, se queda trunca una de las investigaciones de corrupción más importantes del pasado sexenio. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, tiene abierto un expediente en el que investigaban manejos irregulares en varias de las obras millonarias ejecutadas desde la SCT en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que incluye desde el inconcluso Tren México-Toluca, hasta los programas carreteros federales y varios contratos públicos entregados a la empresa OHL tanto en el Estado de México como a nivel federal.

Aunque en la UIF de Hacienda se afirma que el expediente sobre la corrupción en la SCT no se agota solo en la figura del exsecretario y que podría continuar abierta la investigación sobre otros exfuncionarios involucrados, personajes cercanos al político mexiquense que falleció ayer miércoles en un hospital de la Ciudad de México, luego de ser internado esta semana por un infarto cerebral, sostienen que antes de enfermar y morir, Gerardo Ruiz Esparza ya había hecho una “cesión de bienes” notariada, que incluía sus cuentas bancarias e inversiones, a su esposa y a su hijo, Gerardo Ruiz Dosal, y que ese movimiento lo hizo precisamente al enterarse de que era investigado por las autoridades hacendarias.

Con esa maniobra legal de haber cedido y heredado en vida todos sus bienes y recursos financieros, se perdería la ruta del dinero que podía haber investigado Inteligencia Financiera, incluidos recursos que pudieron haber salido de fideicomisos públicos. Ese dinero, en teoría, quedaría “inimputable” y no podría ser reclamado por las autoridades federales aun cuando decidieran continuar la investigación, a pesar de la muerte del extitular de la SCT, y aunque la Fiscalía General de la República llegara a lograr que un juez fallara sobre los presuntos desvíos de recursos públicos.

“Ruiz Esparza -dicen las fuentes cercanas a la familia- sabía que era el siguiente en la lista de Santiago Nieto y por eso se previno cediendo todos sus bienes materiales y económicos a sus familiares, además de que con esa acción legal, pudo haber tratado de proteger también a sus dos jefes en el gobierno anterior: Luis Videgaray Caso y el expresidente Enrique Peña Nieto”.

El comentario de la fuente ilustra el nivel de cercanía que tuvo Gerardo Ruiz Esparza con el presidente Enrique Peña Nieto, quien a pesar de los escándalos y los señalamientos que proliferaron en su contra desde el sexenio pasado, nunca quiso removerlo del cargo y lo aguantó aun después del fracaso del tren México-Querétaro y de todo el costo que tuvo para el gobierno peñista el tema de la inversión china en esa obra, que estuvo detrás del golpeteo y declive político del expresidente.

Ruiz Esparza fue mucho más que un amigo de Peña Nieto. Político de la vieja guardia mexiquense, era uno de los hombres más cercanos al también fallecido Alfredo del Mazo González, de quien fue coordinador de su fallida campaña por el gobierno de la CDMX en 1997. Colaboró con varios gobernadores y, entre la clase política mexiquense, era visto como una de sus posiciones estratégicas en el Gabinete del expresidente. Su paso por la SCT tuvo precisamente la función de garantizar a los políticos y empresarios del Estado de México contratos e inversiones importantes del sexenio que fueron desde el mencionado tren México-Toluca, hasta el cancelado NAIM de Texcoco, pasando por los programas de infraestructura carretera.

Veremos si ese expediente financiero que estaba próximo a judicializarse y que fue uno de los más nutridos del sexenio peñista -atravesado transversalmente por la corrupción en todas las áreas y niveles del Gobierno federal— se cierra y se archiva con la muerte del exsecretario de Comunicaciones y Transportes y con su “cesión de bienes” anticipada, o si Santiago Nieto y la UIF, persistente como es, encuentra materia y presuntos responsables adicionales para continuar las investigaciones y pedirle a la Fiscalía General de la República que proceda penalmente.

NOTAS INDISCRETAS… Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, declaró ayer que no quiere “pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria”, esto ante la postura del subsecretario de Salud de negarse a realizar pruebas masivas de Covid-19 en el país. De hecho, Alfaro, que ha sido uno de los gobernadores más activos en la pandemia y de los más críticos con la estrategia del Gobierno federal, acusó ayer que la Administración General de Aduanas, que depende del SAT y de su directora de hierro, Raquel Buenrostro, siguen poniéndole trabas a la importación de un paquete de miles de pruebas rápidas que el Gobierno de Jalisco compró a una empresa que las trajo del extranjero, pero que han sido retenidas en la Aduana mexicana en la frontera con Estados Unidos. Incluso, el Gobernador tuvo que reconocer que la empresa a la que se había contratado por 20 millones de pesos, canceló la entrega de las pruebas y el contrato, ante los impedimentos que le pusieron en Aduanas para importar los insumos médicos. Por eso Alfaro sospecha que desde el Gobierno federal, y menciona directamente a López-Gatell, le quieren impedir que haga pruebas para que no exhiba las estadísticas oficiales de contagio del Covid-19. ¿Será?… Por cierto que en la primera reunión virtual que tuvieron los gobernadores del país con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario López-Gatell, varios mandatarios sacaron el tema y la exigencia de que el Gobierno federal explique si les va a dar “recursos extraordinarios” para atender la emergencia sanitaria y ayudar a las empresas y negocios locales para cuidar el empleo. Dicen que a cada comentario que hacía un gobernador sobre el dinero, doña Olga, Marcelo y López-Gatell le hacían una faena digna de Manolete, es decir, las toreaban para no comprometerse a hablar de dinero extra para los estados… Otros gobernadores que se quedaron con un palmo de narices en la citada reunión virtual fueron los de Sonora, Claudia Pavlovich; de Chihuahua, Javier Corral, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, quienes no lograron convencer al gabinete del presidente López Obrador, de que incluyera a la minería como un sector esencial y, por lo tanto, exento de ser paralizado durante la actual contingencia. En la reunión remota, los tres mandatarios norteños expusieron las consecuencias que generará la medida para sus entidades, especialmente en los lugares en donde la única opción de trabajo es la minería. Sonora es el principal estado minero del país, con 30% de la producción nacional de ese sector, líder en la extracción de minerales como el cobre, en tanto que Chihuahua genera aproximadamente 12% del total del país, mientras que Coahuila cuenta con la principal cuenca carbonífera de México, que suministra insumos para la Comisión Federal de Electricidad. A pesar de eso y de los argumentos que dieron los tres gobernadores, al término de la reunión se determinó no considerar como esencial a la minería, y esta tendrá que paralizarse hasta el 30 de abril, lo que, sin duda, tendrá efectos negativos como desempleo, falta de pago de impuestos federales, estatales y municipales. Todo un paquete el que le dejó el Gobierno federal a los estados mineros, quienes, tienen una bomba de tiempo en sus manos… Giran los dados. Escalera.
01 Abril 2020 04:00:00
Ebrard, ¿jefe de Gabinete?; Herrera y Durazo, regañados
La decisión de que fuera Marcelo Ebrard quien saliera a hacer la declaratoria oficial de “Emergencia Sanitaria” en el país, en lugar del titular del Ejecutivo o cualquier otro miembro del Gabinete, la tomó directamente el mismo presidente López Obrador, quien designó al secretario de Relaciones Exteriores como el “único responsable de hablar y dar anuncios de la parte política” en la emergencia del coronavirus en el país. “Aquí, en mi ausencia, el que toma las decisiones políticas es Marcelo”, les dijo el Presidente el lunes por la mañana a su equipo de colaboradores.

En Palacio Nacional, durante la reunión de Gabinete que se llevó a cabo a las 6 de la mañana para tratar los temas urgentes de la pandemia del Covid-19, en sustitución de la reunión habitual del Gabinete de Seguridad, López Obrador les habló fuerte y claro a sus colaboradores más cercanos, y en medio de regaños para algunos y llamadas de atención para otros, el Mandatario definió que para hablar de las decisiones de su Gobierno, en relación a la emergencia sanitaria, solo hay dos voceros autorizados para hablar en su nombre: la parte médica la va a manejar el subsecretario Hugo López-Gatell, y en la parte política el único autorizado es Marcelo Ebrard Casaubón.

Eso explica por qué, la noche del lunes, en el anuncio oficial de la declaratoria de emergencia que se hizo en la conferencia de prensa en el mismo Palacio Nacional, al centro de la mesa estaba el canciller, mientras que a su derecha se encontraba el secretario de Salud, Jorge Alcocer, de mero adorno, y a la izquierda el subsecretario Hugo López-Gatell. Y atrás, en el fondo, aparecía la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien ni siquiera sentaron en la mesa, en un claro desplazamiento de la responsable de la política interior en el Gabinete.

Pero así como Marcelo Ebrard salió fortalecido de esa reunión del lunes –tanto que en los corrillos políticos se volvió a hablar del papel del canciller como “presidenciable”, “vicepresidente” o hasta “jefe de Gabinete” virtual– hubo otros secretarios de Estado a los que no les fue nada bien en ese mismo encuentro con el Presidente, que estuvo especialmente “duro” con sus colaboradores, según comentan un par de asistentes a ese encuentro.

Por ejemplo, cuando Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó sus estadísticas más recientes y confirmó un “repunte” en los índices delictivos por el crecimiento de delitos graves en el mes de marzo, como los homicidios dolosos, el Presidente se encendió y le reprochó molesto al sonorense: “Se los dije, que sus cifras anteriores no marcaban tendencia”, comentó en relación al último reporte que Durazo presentó en la conferencia mañanera del pasado 23 de marzo cuando presumió una “baja marginal” en los homicidios dolosos en febrero de este año, cuando reportó 2 mil 766 homicidios en el país, contra los 2 mil 819 registrados en enero. Esa diferencia de 53 homicidios presumida por Durazo le valió el reclamo presidencial.

“Las muertes por coronavirus no podremos hacer nada para evitarlas, eso es algo de la naturaleza, pero esas otras muertes (las de la violencia y la inseguridad en el país) sí las podemos evitar”, recriminó el Presidente a su secretario de Seguridad, a quien le dijo que “no se debe abandonar la estrategia de seguridad” y les exigió reforzar las políticas de seguridad en todo el territorio para abatir los índices de homicidios violentos.

Cuando llegó el momento de revisar las compras de insumos médicos y medicinas para la emergencia del coronavirus, el regaño fue para el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. A la pregunta del Presidente de si ya habían adquirido todas las medicinas y los equipos urgentes, como ventiladores, para atender a los enfermos del Covid-19, Herrera respondió que no, que habían surgido “complicaciones administrativas” porque en otros países no aceptaban las facturas mexicanas, por lo que no se habían realizado todas las compras necesarias y solicitadas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud.

Cuando salieron de esa reunión el lunes pasado, en la que el Presidente, como siempre lo hace, sentó a su derecha a Julio Scherer y a su izquierda a Lázaro Cárdenas Batel, a varios les quedó la sensación de dos cosas: que el Presidente estaba irritable y presionado por toda la situación que enfrenta su Gobierno –entre coronavirus, crisis económica, caída petrolera y el peso vapuleado– y que en el juego de fuerzas y posiciones del Gabinete, la actual emergencia sanitaria y el cambio de escenarios políticos, electorales y sociales que traerá, fortalecen a algunos como Marcelo y debilitan a otros que salieron desplazados, regañados y vapuleados.


Notas Indiscretas…

La enorme difusión y la crítica nacional e internacional que generó el video del saludo del Presidente a la señora María del Consuelo Loera, madre del “Chapo” Guzmán, cayó muy mal en el ánimo del Presidente y en su primer círculo.

Aunque López Obrador explica que fue un “saludo casual” y que a él le avisaron que la señora había ido a encontrarlo en un punto del nuevo camino que iba a supervisar en su gira por Badiraguato, en el análisis interno de la Presidencia hay la idea de que “pudo ser una trampa” la que le pusieron al Mandatario.

Primero porque alguien debió avisarle a la señora Loera o a sus abogados que la acompañaban, el punto exacto donde se iba a detener el Presidente, luego porque, cuando él acepta ir a saludarla en un gesto de “humanidad” –según su propia explicación— hay personas que lo graban desde que se enfila hasta la camioneta, cuando le da la mano y hasta cuando camina de regreso a su vehículo y lo aborda, con excesiva confianza tocándole el hombro y jalándolo del brazo, el abogado defensor del “Chapo”, José Luis Meza.

Lo que más extraña y que incluso se ha pedido investigar desde Palacio Nacional es quién y con qué intención filtraron ese video a los medios y a las redes sociales, pues se tiene la presunción de que todo pudo haber sido planeado para golpear al Presidente ¿Será?... Se baten los dados. Capicúa. Repetimos el tiro.

31 Marzo 2020 04:07:00
AMLO y el cártel de Sinaloa, ¿humanidad o debilidad?
El Presidente implacable contra la corrupción, el que no ha tenido miedo de enfrentar todos los intereses y a los políticos del viejo sistema prianista, el que no soporta a los “delincuentes de cuello blanco” y enfrentó a la mafia del huachicol dentro y fuera de Pemex, el que no le teme ni siquiera al coronavirus y lucha todos los días con las resistencias y las conspiraciones de sus adversarios -los “conservadores”- que quieren que le vaya mal a su Gobierno, solo se ha doblegado y enternecido ante dos apellidos que parecen producirle debilidad muy especial: Guzmán Loera.

Primero fue el contacto con la madre de Joaquín Guzmán Loera, vía epistolar en febrero de 2019. En la primera de tres cartas que le ha enviado, María del Consuelo Loera le pedía ayuda para algo que, López Obrador debió saber, era imposible: la repatriación de su hijo de Estados Unidos. Luego otra carta de la nonagenaria en julio del mismo año y la designación de sus dos abogados, José Luis Meza y Juan Pablo Badillo -los que defendieron al Chapo- para que fueran apoyados por oficinas federales para conseguir su objetivo, además de tramitarle una “visa humanitaria” a la madre del Chapo. Finalmente fue la carta de ayer, 29 de marzo, donde le informa del fracaso de las negociaciones y le insiste que la ayude para ver a su hijo que “tengo más de 5 años sin verlo”.

La segunda vez que ayudó, directa o indirectamente a la familia del Chapo fue en octubre de 2019, con la cuestionada liberación de Ovidio Guzmán López, estando ya detenido por soldados de élite del Ejército Mexicano.

Curiosamente en ambas ocasiones, ante los fuertes cuestionamientos que ha desatado dentro y fuera de México, el Presidente ha invocado las mismas razones para justificar su actuación, que de un modo u otro beneficia a la familia de Guzmán Loera: “fue por razones humanitarias”, ha dicho López Obrador.

El argumento de “humanidad” que invoca López Obrador para apoyar y ayudar de la manera en que lo ha hecho a la señora Loera puede entenderse, pero no alcanza para explicar por qué a ella sí, el Presidente la ayuda, la saluda de mano y le ofrece todo el apoyo de su Gobierno para ayudarla a que vea a su hijo —por cierto uno de los delincuentes más violentos y sanguinarios que ha habido en México— y por qué no a todas las madres de hijos encarcelados, asesinados o desaparecidos.

Por lo pronto, mientras no haya explicaciones más convincentes sobre la actitud presidencial, solo queda concluir que, además de trasnacional, el cártel de Sinaloa ha resultado “transpartidista y transideológico”, pues no solo nació, creció y se consolidó en el régimen del PRI, para después volverse en los dos sexenios del PAN la organización de narcotráfico más poderosa del mundo y El Chapo Guzmán el capo más buscado, sino que ahora en tiempos de la 4T al parecer sigue contando, al menos con el buen ánimo y la “humanidad” del presidente López Obrador. Ahora sí, que parafraseando al clásico que alguna vez citó lo de su plumaje que no se mancha, el cártel sinaloense transitó del neoliberalismo a la 4T sin perder una sola pluma.
30 Marzo 2020 04:03:00
México en la hora cero: #QuédateEnCasa
Lo dicen las autoridades y lo confirman las experiencias en varios países: hemos llegado al momento en el que el aislamiento social, y su cumplimiento estricto por parte de las familias y los ciudadanos, es la última oportunidad que nos queda de evitar que México y los mexicanos vivamos una catástrofe sanitaria, humana y médica por
el coronavirus.
El golpe de la pandemia, en contagios, víctimas y daños económicos, ya no lo podemos evitar, pero sí está en nuestras manos hacer que ese golpe no sea tan duro, reduciendo el número de casos de contagio y salvando así a nuestro sistema de salud del colapso.
El tono de alarma, casi angustiado, con el que el subsecretario Hugo López-Gatell repitió el sábado, hasta en tres ocasiones, que nos quedemos en casa, ilustra el momento clave que vivimos. Lo que el encargado nacional de la estrategia contra el coronavirus quería transmitir es que si no entendemos y no colaboramos como sociedad podríamos caer en una crisis de salud que rebase las capacidades humanas, hospitalarias y de recursos. Algo como lo que le pasó a Italia y España, pero multiplicado por tres por el tamaño
de nuestro país.

La analogía parece absurda, pero para entender lo que López-Gatell quiso decir en su mensaje, estamos en esa escena que siempre se repite en cualquier película de terror cuando la joven que huye despavorida del monstruo o del asesino serial y se encuentra con una bifurcación del camino. En el cine de horror la joven siempre tomará el camino donde le espera el asesino-monstruo que encarna todos sus miedos e irremediablemente morirá.

La pregunta es ¿qué haremos los mexicanos ante esa disyuntiva? ¿Iremos por el camino donde nos espera lo peor o tomaremos el camino que nos puede salvar no de la crisis, pero sí del colapso? Lo dijo también el mismo López-Gatell: hoy podemos aminorar el tamaño de la pandemia mundial en México, pero no evitaremos sus estragos.
Conforme las medidas de aislamiento social y parálisis de la actividad económica continúen, en este momento al menos por un mes más, aunque las autoridades dicen que esta epidemia en el país puede durar hasta siete meses, serán cada vez más los sectores de la producción, del comercio y los servicios los que se verán afectados y más mexicanos los que pierdan su empleo.

Después de un sismo, un huracán o una pandemia como la que vivimos, la experiencia nos dice que es previsible esperar escenarios sociales complicados. La misma Ciudad de México ha vivido ya ese tipo de experiencias con los sismos de 1985 y de 2017, cuando esos desastres provocaron conflictos sociales y de seguridad. Y ahora esta ciudad volverá seguramente a ser el epicentro de la pandemia en su punto más complicado.

Se van a necesitar autoridades muy fuertes y decididas a tomar acciones necesarias para controlar el orden y la estabilidad social. E incluso, en algún escenario extremo, podría ser necesario declarar un estado de excepción en algunas partes del país. El único que tiene facultades legales y constitucionales para decretar el Estado de Excepción con el apoyo de la Guardia Nacional, es el Presidente de la República. ¿Lo haría?

Nadie quiere pensar en escenarios tan difíciles y cualquier político lo pensaría dos veces antes de tomar una medida tan extrema, sobre todo si lo que más le preocupa es su popularidad y aprobación. El viernes pasado fue ubicado por varios encuestadores que miden la aprobación presidencial como el “punto de inflexión” en la popularidad y la aprobación del Presidente, que ya rompió el piso sicológico de 50% de aprobación; y bajando de esa cifra se rompe un límite en el que ya la desaprobación es mayor que la aprobación.

Hoy más que nunca necesitamos un Presidente fuerte, sano y que esté dispuesto a ejercer su autoridad, primero en esta emergencia, para salvar la vida del mayor número de mexicanos posible, y después, en lo que venga, utilizando todos los instrumentos y las facultades que le da la Constitución.

28 Marzo 2020 04:02:00
En medio de la emergencia por Covid, ¿jaloneo por recursos?
Aunque no cuadran las cuentas y los que saben de temas presupuestales ponen en duda la cifra, el anuncio del presidente López Obrador de que su Gobierno tiene listo un fondo extraordinario de 400 mil millones de pesos para combatir la pandemia del coronavirus en México, desató no solo especulaciones por saber de dónde surge ese supuesto fondo y si es real tal disponibilidad de recursos, sino también ambiciones y exigencias de los gobernadores estatales que han comenzado a presionar con que si es real que la Federación tiene esos recursos para la emergencia sanitaria, entonces debe repartir también a las entidades del país.

El Presidente anunció el 24 de marzo pasado en su conferencia mañanera, que gracias a los ahorros y a que ya no hay corrupción en su Gobierno, se tienen “fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos” y dijo que con ellos garantiza que se mantendrán los programas de bienestar en su Administración.

“Además del presupuesto, porque la recaudación ha sido buena, tenemos una recaudación 7% superior a la del año pasado, con como 45 mil millones de pesos; tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones de pesos adicionales. Esto nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, para que continúe la construcción del aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya…”, aseguró el Mandatario.

Nadie sabe exactamente dónde están esos recursos que mencionó el Presidente, porque no aparecen ni en la Ley de Ingresos ni en el Presupuesto de este año, ni siquiera en el apartado de extraordinarios, y algunos han especulado si no se trata de lo que queda del Fondo de Estabilidad que le heredó el Gobierno de Peña Nieto, aunque a ese fondo le quedaban solamente 160 mil millones de pesos después de que se destinara la mayor parte al fallido rescate de Pemex.

Pero por lo pronto, la abultada cifra del supuesto Fondo Extraordinario ya llamó la atención de los gobiernos estatales, sobre todo cuando el país se enfila hacia una recesión económica por los efectos de la pandemia del coronavirus.

Piden gobernadores ‘reunión urgente’

En ese sentido va el llamado que este viernes hicieron los tres gobernadores que conforman la llamada “Alianza del Noreste”: el panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el priista de Coahuila, Miguel Riquelme, y el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, quienes pidieron una reunión inmediata (con el presidente López Obrador) “para coordinar acciones y evaluar recursos médicos, técnicos y financieros” y para que haya mayor consenso en la toma de decisiones conjuntas entre Federación y estados.

En su segunda reunión desde que se erigieron el 19 de marzo pasado como Coordinación Interestatal Noreste en contra del Covid-19, los tres mandatarios estatales se encontraron este viernes en Saltillo y desde ahí lanzaron una petición para que el Presidente tome “acciones urgentes” en la frontera norte con Estados Unidos e incluso propusieron cerrar la entrada a México a viajeros procedentes del país vecino y solo permitir el comercio, ante el agravamiento de los casos en territorio estadunidense.

Los tres gobernadores coincidieron en la necesidad de que López Obrador llame a una reunión con los estados para tomar medidas conjuntas para el “rescate económico” de los distintos sectores que se verán afectados por la crisis que traerá el coronavirus, sobre todo en el Norte del país.

Se deben establecer, dijeron los mandatarios locales, espacios económicos de acuerdo a las necesidades de cada estado en esta contingencia sanitaria.

“Que nos convoque, es importante que hagamos una política todos juntos”, pidió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien reconoció que los estados no pueden ordenar el cierre de la frontera con EU, pero sí pueden pedírselo y acordar con el Presidente que tome medidas como restringir el paso a visitantes de EU o incluso limitar los vuelos y los viajes internacionales.


‘No habrá más recursos’

Pero la intención de los gobernadores estatales de solicitar una reunión urgente con el Presidente, fue leída rápidamente en Palacio Nacional como un intento de presionar a López Obrador a que les aumente los recursos a los estados con motivo de la emergencia por el coronavirus.

De entrada, la posición del Gobierno central es que “no habrá recursos extraordinarios para los estados” y este viernes mismo un funcionario de la Presidencia comentó a esta columna, a pregunta expresa de si se va a compartir con las entidades federativas el fondo extraordinario de 400 mil millones de pesos: “Que se compren un cinturón más pequeño (los estados) porque van a tener que apretarse, ya que no habrá más recursos federales”.

Según ese mismo funcionario, que pidió omitir su nombre, precisamente por la contingencia del Covid-19, la Secretaría de Hacienda ya les adelantó a los gobiernos estatales sus partidas federales para salud y les entregó por anticipado lo que corresponde hasta el mes de junio de este año, a fin de que tengan recursos suficientes para atender la emergencia sanitaria en sus estados.

“Más de eso no va a haber y si quieren ver al Presidente para pedirle más recursos, van a perder el tiempo porque les dirá que ya se les entregó incluso por anticipado lo que les corresponde por ley”, insistió la fuente presidencial.



En fin que, a reserva de que sean reales los 400 mil millones de pesos que el Presidente dice tener listos y “en caja” para sortear la tremenda crisis económica que se viene en el país, y cuyos pronósticos de contracción y crecimiento negativo van del -2% del PIB hasta el -7%, veremos si ese fondo alcanza para salir bien librados de la que sería la peor recesión en la historia reciente de nuestro país, mayor incluso que la de 1995 y la de 2009, y solo por debajo de la que tuvimos en 1930.

¿Será que si existe esa cantidad de dinero el Gobierno federal se la queda toda y no comparte nada a los apurados estados?

Los dados mandan Escalera doble. Fortaleza, paciencia, tolerancia y unión para los lectores y sus familias en estos días aciagos.


26 Marzo 2020 04:07:00
El golpe de Mexicali es contra Valentín
Una fuente del Gobierno federal, cercana a Palacio Nacional, nos llamó para hacernos una precisión: “Lo de la cancelación de la cervecera en Mexicali (Constellation Brands) no es contra todos los empresarios, es contra los del Grupo Modelo, especialmente contra Valentín Díez Morodo”. Y mencionó que detrás de la “consulta popular” que mandó organizar y realizar López Obrador para validar la cancelación de la inversión millonaria están las facturas que le cobran a uno de los principales accionistas y herederos de Grupo Modelo por haber sido, con el IMCO y con su Consejo Mexicano de Comercio Exterior, de los impulsores de la “guerra sucia” contra el entonces candidato presidencial de Morena, con la producción y difusión del video “Populismo en América”.

Díez Morodo, que junto con María Asunción Aramburuzavala heredaron e impulsaron el crecimiento mundial de Grupo Modelo, al que después vendieron por 20 mil 100 mdd a la belga AB InVev, es un empresario mexicano, descendiente de migrantes españoles, al que se le considera “el consejero por excelencia de la clase empresarial del país”. Y es que su nombre está en más de 30 consejos de administración de grandes corporativos, instituciones y museos. Aunque se le considera “políticamente correcto”, también tiene sus filias y fobias políticas y en 2018 participó, junto con otros empresarios como Claudio X. González, en el financiamiento de varias campañas en contra de López Obrador.

Este sábado el Presidente estará de visita en Mexicali y, aunque anunció que tendrá un diálogo con los inversionistas de Constellation Brands, el consorcio estadunidense socio del Grupo Modelo muy seguramente va a validar y a respaldar el resultado de la consulta organizada y ejecutada por la Secretaría de Gobernación y la decisión de cancelar la construcción de la planta, que ya llevaba 70% de avance y en cuyo proyecto se habían invertido 900 millones de dólares. El propio López Obrador ha dicho que le va a plantear al consorcio estadunidense la posibilidad de que construya su planta en otro estado de la República “en donde haya agua” y esa es una de las propuestas que podría negociar con los socios de Díez Morodo.

La animadversión particular contra Díez Morodo, dice la fuente, es porque lo ubican como uno de los que más financió el golpeteo y los ataques políticos en contra del proyecto de Morena en las pasadas elecciones presidenciales. Y es tan personalizado el tema, que ya en septiembre de 2019, cuando se llevó a cabo en Monterrey la entrega del Premio Nacional de Exportación, que entregan cada año precisamente Valentín y su Consejo Mexicano de Comercio Exterior, López Obrador le hizo el desaire de dejarlo plantado y no asistió al evento.

Incluso, comentan que las reacciones y donaciones de varios empresarios, en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, buscan también dejar en claro que el presidente López Obrador “no tiene ni busca pleito con todos los empresarios”, pero sí con aquellos que durante tres campañas presidenciales, incluida la de 2018 que ganó, se encargaron de financiar campañas negras para golpearlo, desacreditarlo y presentarlo como “el peligro para México”.

Eso explica que se difundieran en la mañanera las llamadas, las donaciones y las cartas de apoyo de Carlos Slim, de Alberto Bailleres, y que un empresario tan cercano a la 4T como Ricardo Salinas Pliego, saliera a decir que “vamos a defender al Presidente”.

Será interesante ver cómo termina el asunto de Constellation Brands y la planta cervecera que se quedará al 70% de construcción. Y cómo el Presidente negocia y convence a los empresarios estadunidenses de mantener su inversión de mil 400 millones de dólares pero moverla a otro estado del país y, quién sabe, también tal vez los convenza de cambiar a su socio mexicano de Grupo Modelo. ¿Será?
25 Marzo 2020 04:07:00
SAT impío: ni descuentos ni prórrogas por Covid-19
El mensaje de ayer martes del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la conferencia mañanera, no solo fue anticlimático para los sectores económicos y empresariales que esperaban algún mensaje de aliento y algún programa de medidas y apoyos contracíclicos para enfrentar la amenaza de recesión sobre la economía mexicana; también resultó decepcionante para los contribuyentes, tanto los grandes como la mayoría de cautivos, profesionistas, empleados, creadores, independientes, empresarios medianos y pequeños, prestadores de servicios y otros que no escucharon ninguna medida de apoyo fiscal, ningún descuento o al menos una prórroga del fisco para ayudar a preservar sus ingresos o negocios, y en muchos casos para conservar el empleo.

Y si no lo dijo Herrera, que es casi la cara amable de Hacienda, mucho menos lo dirá la temida Raquel Buenrostro, quien ya como Oficial Mayor no solo fue conocida por su ortodoxia austera que generó el caos y el desabasto en el sistema de compras de medicamentos e insumos y puso en crisis a los hospitales públicos, sino también por su fama de “dura y hosca”, la misma que le precede ahora como directora del Servicio de Administración Tributaria.

Ayer mismo, a una pregunta casi ingenua de una usuaria de Twitter que osó preguntar con cándida preocupación: “¿De plano no va a haber estímulos fiscales? ¿De plano el @SATMX no va a ampliar el plazo de la declaración anual? ¿Qué pasa si me infecto y debo presentar mi declaración, pero no puedo porque estoy enferma?”.

La respuesta desde la cuenta oficial del SAT fue implacable: “Buen día, te informamos que por el momento no se tiene contemplada ninguna prórroga para la presentación de la declaración anual del ejercicio 2019 para personas físicas y morales, por lo que te pedimos presentar tu declaración en tiempo a través de nuestro portal, saludos”.

Es decir que, aunque estés enferma, así estés entubado o con tu familia afectada por el coronavirus, a ver cómo le haces, pero aunque sea desde el hospital o desde la funeraria, pero presentas tu declaración a tiempo o te las verás con el fisco.

Puede entenderse que ni Herrera ni Buenrostro tengan margen para anunciar ningún programa de apoyos, estímulos, descuentos o simples prórrogas fiscales, como los que han propuesto organismos empresariales e incluso organizaciones sindicales ante la emergencia del coronavirus en el país. Primero porque la recaudación de impuestos cayó en el último año, el primero del Gobierno de la 4T, con un ISR que disminuyó 1.6% frente a lo logrado en 2018, y luego con un IVA que cayó 3.7 por ciento.

Aun así, el Paquete Económico 2020 se puso como meta aumentar 3% la recaudación por ISR y 3.6% en IVA, es decir 90 mil millones más para el fisco. Claro que eso lo calcularon con un crecimiento de 2%, cuando hoy, tras el golpe de la pandemia de Covid-19 ya hay pronósticos de contracción económica de 1.5 y hasta de 4.5 por ciento. O sea que de aumentar la recaudación y de las metas fiscales ya nos olvidamos.

Y segundo, el nulo margen de Herrera y de Buenrostro para actuar con sensibilidad y empatía hacia los agobiados contribuyentes, tiene que ver con que, como la mayoría del Gabinete, no tienen ni la fuerza ni el valor para contradecir al Presidente y decirle, como los técnicos que son, que sin medidas de apoyo y estímulo fiscal –que no “rescates neoliberales” ni “condonaciones” como los malentiende López Obrador– muchas pequeñas y medianas empresas, de las que generan el 75% del empleo en el país, y también muchos contribuyentes cautivos, se verán en serios problemas para cumplir con sus obligaciones fiscales porque perderán sus empleos y negocios en medio de la recesión.

Así que, como la mayoría de sus compañeros del Gabinete, el secretario de Hacienda y la dura directora del SAT prefieren “tragar sapos”, quedarse callados y hacer estrictamente lo que el Presidente diga, no importa que sea equivocado y que a la larga vaya a hacer más daño a las mismas finanzas públicas porque si se cae la actividad productiva, el consumo y el empleo, como ya ha comenzado a pasar en la fase 2 de la emergencia sanitaria en el país, no habrá manera ya no de que logren sus irreales metas recaudatorias, sino de que recauden lo suficiente para mantener los intocables y sagrados apoyos sociales y subsidios del Presidente a sus votantes.

Preferible para el brillante técnico que es Arturo Herrera y para la escrupulosa administradora que es Raquel Buenrostro, que los acusen de guardar silencio o de voltear para otro lado, incluso que los consideren los malos de la película que contradecir a su jefe el Presidente que ya decretó que “no habrá condonaciones, ni rescates neoliberales” porque todos los recursos para la emergencia se irán a aumentar pensiones de adultos mayores, a organizar tandas y a ayudar a changarros, que está muy bien todo eso, pero no a ayudar a las empresas que generan la mayor parte del empleo en el país.

Eso explica por qué ni Hacienda ni el SAT están actuando como sí lo han hecho los responsables del fisco de otros países, con programas de apoyo económico y social para los pagadores de impuestos y para las empresas, mientras acá, bajo la consigna ideológica y politizada de “primero los pobres”, se abandona al resto de los contribuyentes a su suerte, en medio de la que puede ser la peor crisis de los últimos tiempos.
24 Marzo 2020 04:07:00
¿Primero los pobres o primero el empleo?
Vaya momento que escogieron en el Gobierno federal para cancelar una inversión extranjera que ya llevaba más de 900 millones de dólares invertidos en una planta que tenía un avance de 65 por ciento. Porque más allá del daño particular causado a la cervecera Constellation Brands, que ayer solo por la “consulta popular” en Baja California perdió 10.2% en la Bolsa de Valores de Nueva York, el daño mayor se le hace en estos momentos a todo un país que, justo cuando está cayendo en recesión económica por una pandemia mundial de proporciones aún desconocidas, manda un pésimo mensaje a los inversionistas del mundo: invertir en México, aún si lo haces legalmente y con todos los permisos, no es seguro; porque si cambia la política, cambian las leyes.

Y por si fuera poco que el Presidente y su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hayan apoyado y organizado esa consulta ciudadana sin ajustarse al marco legal que rige esos ejercicios y plagada de irregularidades e inconsistencias en su votación, López Obrador atizó aún más los ánimos de un empresariado que ya estaba molesto por lo ocurrido en Baja California. Ayer, desde su conferencia mañanera, les dijo a los empresarios de todos los niveles, chicos, medianos o grandes, que “ni estén pensando en que va a haber condonación de impuestos”, ni rescates o programas de apoyo para apoyar a las empresas y evitar despidos de trabajadores ante la crisis que está generando el coronavirus.

“Yo creo que esto lo comparten todos los mexicanos, ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que le daban a los bancos, a las grandes empresas, no, que ni estén pensando en que va a haber condonaciones de impuestos, otros mecanismos que se usaban antes. Si tenemos que rescatar ¿a quién tenemos que rescatar? A los pobres, por el bien de todos, primero los pobres”, fue la respuesta del Presidente a las propuestas y planteamientos que hicieron organismos empresariales como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para que Hacienda considerara esquemas de apoyos, prórrogas y otros estímulos fiscales, no para “rescate a empresas” sino como “protección al empleo”.

La molestia de los empresarios ante las posiciones del Presidente no se hizo esperar: “Nosotros nunca hemos pedido condonaciones de impuestos. El CEE no ha pedido que se condone ni un centavo de impuestos. Se le ha dicho (al Gobierno) que lo que requerimos es apoyar a los trabajadores y que el dinero que debe de fluir en esto, debe de ser para apoyar a los trabajadores. La mecánica evidentemente tiene que cruzar por el lado de los impuestos, pero es para el uso de los trabajadores, no para ver si la empresa deja de pagar impuestos. Es para cuidar el empleo”, declaró ayer Carlos Salazar, presidente del CCE, y quien ha sido un dirigente cercano a la 4T.

La cancelación a Constellation Brands, también fue fuertemente cuestionada: “El mensaje de hoy no abona en nada a un inversionista privado. Cualquier inversionista va a tener temor de que aunque tenga permisos, aunque haya respetado las normas, siempre podrá haber un Gobierno posterior que venga y le detenga las inversiones. Hemos ayudado como Consejo Empresarial en las decisiones que ha tomado nuestro Presidente como autoridad, en todo, pero esto no lo podemos entender… Estas señales tienen impacto, no es gratis que el peso esté a 25 pesos por dólar. ¿Por qué somos la moneda más devaluada? Porque también tenemos señales internas, donde no estamos tomando buenas decisiones económicas”, dijo el mismo Carlos Salazar, mientras el líder de Coparmex, Gustavo de Hoyos, habló de una “emboscada” del Gobierno en su cuenta de Twitter: “El presidente Andrés Manuel López Obrador tendió una emboscada a Constellations Brands. Ordenó una consulta irregular para cancelar la inversión. Con ello da un duro golpe a la inversión. El Gobierno viola la libertad de emprender y desprecia la legalidad”.

Mientras tanto, el Presidente dejó en claro que no le preocupan tanto los empleos, ni las empresas pequeñas y medianas que son la mayoría en este país, sino solo los más pobres a los que va a ayudar con créditos y tandas: “En cuanto a los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las tandas para el bienestar, y vamos a aumentarlas, para que le llegue a más gente, es parte del plan de recuperación, primero los más necesitados”, aseguró.

Así que en momentos de crisis, cuando se esperaría que el liderazgo social, político y hasta “moral” del presidente López Obrador, emergiera para conducir y apoyar a todos los sectores de la sociedad, en medio de uno de los más grandes desafíos que haya tenido el país y el mundo entero en su historia reciente, el presidente López Obrador vuelve a anteponer sus ideología política y sus convicciones personales, al decir que solo va a apoyar al sector de la población que, seguro es el más necesitado, pero casualmente también es donde están mayoritariamente sus votantes. ¿Y el resto de la sociedad, los empleados, oficinistas, los creadores, los profesionistas independientes, la clase media y los pequeños y medianos empresarios, todos por cierto contribuyentes y pagadores cautivos de impuestos, que se rasquen con sus uñas? ¿Qué ellos no merecen la ayuda del Presidente y del Gobierno?

23 Marzo 2020 04:07:00
Esperan hasta 2 mil muertes por Covid-19 en México
El escenario más crítico de la pandemia de Covid-19 en el país, le fue presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves pasado en la reunión de gabinete legal y ampliado a la que convocó el Mandatario en Palacio Nacional. Ahí, frente a todos los titulares del Gobierno, el equipo coordinador de la estrategia contra el coronavirus, encabezado por el subsecretario Hugo López Gatell y su equipo de epidemiólogos, junto con el ausente secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el titular del Insabi, Juan Ferrer, le informaron al Presidente que la cifra estimada de mexicanos que morirán por este virus va de los 400, la cifra más optimista, hasta los 2 mil fallecimientos, la proyección más alta.

De acuerdo con fuentes directas que participaron en esa reunión, al Presidente le presentaron las proyecciones de cuántos mexicanos se contagiarán del virus, cuántos se estima que desarrollarán síntomas, cuántos de esos requerirán hospitalización y cuántos de los hospitalizados tendrían que estar en terapia intensiva. Con base en esas cifras se estimó la capacidad hospitalaria y se determinó que, además de los hospitales de Alta Especialidad y los Institutos Nacionales de la Secretaría de Salud, 11 en total que requieren reconversión, se añadan la red de hospitales del IMSS, ISSSTE, Pemex y los de las Fuerzas Armadas, a las que se les dará un papel protagónico en el esquema médico de la fase de emergencia por el coronavirus.

En ese reporte, los especialistas del gabinete de salud le comentaron al Presidente que “por un tema de genética, la raza mexicana tiene mayor resistencia a este tipo de virus que otras razas como la europea” y argumentaron que tiene que ver con el genoma mexicano y con el mestizaje, por lo que esperarían que eso influya en el impacto que tenga el nuevo coronavirus entre la población mexicana.

La principal preocupación del Gobierno federal en estos momentos es garantizar la disponibilidad de camas, equipos, insumos y personal suficiente para atender a los pacientes contagiados que requieran hospitalización, sobre todo los que tendrán que ingresar a cuidados intensivos, que según los cálculos presentados por el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Riadura, se estiman en poco más de 10 mil.

Ayer domingo el presidente López Obrador instruyó a Hacienda para que dé una partida de recursos especiales a la Defensa Nacional para que asuma el control de al menos 10 hospitales federales para atender a los enfermos del Covid-19, al mismo tiempo que el subsecretario Hugo López Gatell anunciaba que se está “negociando” un esquema de apoyo de los hospitales privados para que pudieran colaborar en la atención de enfermos cuando llegue el momento más crítico de la epidemia, a finales de abril y principios de mayo.

Veremos, pues, qué tan realista es el informe que le presentó al Presidente su gabinete de salud, qué tan reales son sus proyecciones y qué tan acertada es su estimación sobre la mortalidad de este virus entre los mexicanos. Pero lo más importante es ver si, con nuestro debilitado y desabastecido sistema de salud pública, el Gobierno federal podrá estar preparado, como afirma, para enfrentar una pandemia que ha colapsado a sistemas de salud de países mucho más desarrollados que el nuestro como Italia, España o Estados Unidos.
21 Marzo 2020 04:03:00
El peso en terapia intensiva por Covid-19
La semana que termina fue de auténtica pesadilla para el peso mexicano. Si bien nuestra moneda se contagió igual que todas las del mundo por la llegada del Covid-19, parece que las débiles defensas de la economía mexicana hicieron que la pandemia del coronavirus se volviera más letal para nuestro peso, que se volvió la divisa más castigada frente al dólar estadunidense y en los últimos ocho días perdió toda su fortaleza y se depreció en 2.95 unidades o 13.3%, con lo que llegó a la sala de cuidados intensivos.

Ni siquiera la inyección de 4 mil millones de dólares a los mercados cambiarios, realizada como terapia de choque por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda en menos de una semana, o el anuncio anticipado del banco central de reducir en 50 puntos base las tasas de interés, de 7 a 6.5%, lograron detener el desgaste acumulado de un peso que en estos últimos días le permitió al dólar varios “máximos históricos” y al que, sin que comience todavía la fase más crítica de la epidemia en el país, ya no le queda nada de “fortachón” y dejó de ser el referente favorito del presidente López Obrador para decir que nuestra economía “va muy bien” y que no había de qué preocuparse.

Hoy, la moneda mexicana no solo es la más devaluada en todo el mundo por el impacto de la pandemia, sino que su caída está directamente ligada a las deterioradas expectativas que se ven sobre la economía mexicana. Analistas, inversionistas y calificadoras internacionales ya ven a nuestra economía entrando en una franca recesión y con una contracción y una caída del PIB, de entre 1.5 a 4.5% en lo que resta de este año, con lo que la recesión económica sería de proporciones históricas.

“México se dirige a la recesión económica más larga que se haya registrado en los últimos 90 años, de acuerdo con datos del Inegi. Esta situación va a frenar los planes de expansión de empresas, limitará la creación de empleos y restringirá el aumento de salarios”, decía el viernes un reporte del analista Tláloc Puga para El Universal, a partir de los pronósticos que varios bancos de los más grandes del mundo emitieron sobre el futuro de la economía mexicana, entre ellos Bank of América, JP Morgan y el británico Barclays, en los que anticipan que la recesión que vivió el país en 2019, al contraerse la economía 0.1%, se va a profundizar en este 2020 y agudizará la caída del PIB por segundo año consecutivo.

De hecho si se confirman los pronósticos negativos, dice el analista, sería la primera vez que la economía mexicana reportara dos años seguidos de contracción económica. Eso no pasaba desde 1929 y 1930, cuando la Gran Depresión de los Estados Unidos arrastró a México, cuya economía estaba todavía afectada por la violencia política y el entonces reciente asesinato del presidente Álvaro Obregón, ocurrido en 1928. En aquellos años, el PIB pasó de 0.4% en el 28 a caer 3.6% en 1929 y a desplomarse 6.6% en 1930, según la información del Inegi que cita Tláloc Puga.

El viernes todavía, en medio de las maniobras de Hacienda y el Banxico para tratar de frenar la estrepitosa caída del peso, con medidas orientadas a proveer de liquidez a la moneda nacional e inyección de dólares estadunidenses a la banca para tratar de calmar a los mercados financieros, el Presidente insistía en sus mensajes a la población desde la conferencia mañanera y desde sus redes sociales, que “estamos preparados por lo del coronavirus, tenemos todo lo necesario para aplicar el plan que definimos desde hace tres meses, tenemos dinero, todo el dinero que se necesite…y lo más importante hay mando, hay gobernabilidad en el país”.

Y sobre la economía y el impacto de esta pandemia, sobre lo que ha reiterado que “tenemos un blindaje”, aseguraba el Mandatario: “Tenemos reservas, muchísimo dinero, porque hemos administrado bien, porque hay finanzas públicas sanas, porque no hay corrupción, porque no hay gastos superfluos e innecesarios, entonces vamos a salir adelante”.

Entre el optimismo reiterado del Presidente y el marcado pesimismo de los mercados financieros y de analistas y calificadoras internacionales, lo que tenemos hoy es un peso tirado en el suelo con una cotización de 25.11 por dólar, una Bolsa Mexicana de Valores que, como todas las del mundo sigue perdiendo, los precios del petróleo nacional en 14 dólares y una economía sin inversión ni crecimiento que hoy sufre el embate de la turbulencia mundial y se encamina a la recesión. ¿A cuál de los dos mensajes le creemos, al “vamos muy bien y vamos a salir adelante” del Presidente o al de la crisis de proporciones históricas que nos anuncian desde afuera?


Notas indiscretas…

El viernes en Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, varios escucharon cuando el Mandatario se quejaba molesto y preguntaba: “¿Dónde está Marcelo?”, “¿Por qué no está aquí?”. Y es que al parecer el canciller no solo llegó un poco retrasado a Palacio, sino que además no llevaba muy buenas noticias para el Presidente o las que llevaba más bien no le gustaron nada: que el presidente Donald Trump quería que López Obrador anunciara el viernes en su conferencia, casi de manera simultánea que él lo haría en Washington, que México aceptaba cerrar sus fronteras aéreas a todos los vuelos provenientes de Europa. La medida no le gustó nada al presidente López Obrador que se negó a hacer el anuncio y le pidió, enojado, al secretario de Relaciones Exteriores que lo negara en público, desmintiendo lo dicho por Trump en la Casa Blanca. Veremos en qué acaba este desencuentro y la molestia de AMLO por los acuerdos que aceptó el canciller con sus contrapartes estadunidenses en el tema del Covid-19; ya le contaremos más detalles… Por lo pronto, otras que se llevaron tremendas regañadas fueron las alcaldesas de Acapulco y de Cancún, ambas morenistas. Mara Lezama, del municipio de Benito Juárez, y Adela Román, habían dictado el jueves medidas obligatorias de cierre de restaurantes, bares y otros centros de diversión y reunión en los dos destinos turísticos, como parte de las medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Las dos alcaldesas obligaron a los empresarios de sus municipios al cierre total de actividades y cuando el Presidente se enteró fue tal su enojo que le pidió directamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que les llamara a las dos presidentas municipales de Morena para preguntarles por qué habían decretado el cierre de establecimientos sin que hubiera “sustento técnico” ni casos confirmados de contagio de Covid-19 en sus municipios. “Si no hay elementos técnicos ni de contagio, para qué decretan el cierre”, les reprocharon airadamente a las dos alcaldesas. “Están haciendo un daño a los trabajadores, afectando a los negocios y al turismo que es el sustento de sus municipios y no pueden tomar decisiones así, si no obedece a un sustento técnico de que haya riesgos”, les dijeron a Mara Lezama y a Adela Román en la llamada que recibieron desde Bucareli. Debió haber sido muy fuerte el tono y la molestia que provocaron en el mismísimo Presidente porque el viernes las dos alcaldesas salieron a matizar las medidas de restricción y a decir que no deben cerrar los restaurantes, bares y centros nocturnos, pero sí deben implementar medidas de higiene y seguridad como recibir clientes a solo la mitad de su capacidad total y poner espacios obligatorios entre comensales y clientes. En fin, que donde manda Presidente, no gobiernan las alcaldesas… Los dados mandan Escalera doble. Ánimo a todos los amables lectores, que de esta saldremos adelante y fortalecidos con la cooperación y el apoyo solidario de todos.

19 Marzo 2020 04:01:00
Compras de pánico en Insabi; no están listos para emergencia
A dos semanas de que comience la etapa de emergencia por el crecimiento de contagios del coronavirus en México, el sector salud aún no tiene en sus hospitales e institutos de alta especialidad todos los insumos, personal y equipos necesarios para hacerle frente a la curva mayor de contagios y enfermos de Covid-19 en el país que se espera a partir del 30 de marzo. Apenas el 9 de marzo pasado, 10 días después de que se registrara el primer caso confirmado de coronavirus en México, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) envió la lista que contiene las demandas de los hospitales e institutos “de los insumos para hacer frente a la llegada inminente del coronavirus (Covid-19)” y pidió al Insabi y a la Secretaría de Salud que comiencen las compras de insumos, equipos y contratación de personal para la “reconversión de los hospitales e institutos” para hacer frente a la pandemia.

El coordinador nacional de los Hospitales e Institutos Nacionales, Gustavo Reyes Terán, advierte en una comunicación oficial que esas instituciones médicas no cuentan con recursos presupuestales ni con insumos, equipos ni personal suficiente para hacer frente a la pandemia y para su “reconversión”, por lo que solicita con carácter urgente que Salud y el Insabi le pidan recursos adicionales a Hacienda para realizar compras de emergencia y por asignación directa para 11 hospitales e institutos en todo el país, para los que solicitan adquirir 290 ventiladores; 290 monitores; 21 equipos portátiles de rayos X, 21 ultrasonidos con transductores, además de contratar a 870 enfermeras, 162 médicos y 174 inhaloterapeutas. También se pide la contratación de 70 químicos, 70 auxiliares de laboratorio clínico, 70 técnicos en rayos X, 174 camilleros, 116 afanadores para los hospitales y 106 técnicos en rehabilitación.

De acuerdo con el oficio CCINSHAE-227-220 en poder de esta columna, fechado el 9 de marzo pasado y que tiene como asunto “reconversión de Hospitales e Institutos Nacionales de Salud coordinados por la CCINSHAE”, el titular de esa comisión, Gustavo Reyes Terán, le pide al maestro Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, y al doctor Ruy López Ridadura, director del Centro Nacional de Programas Peventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, que realicen las compras urgentes que solicitaron los institutos y hospitales para poder reconvertirse y atender la pandemia de Covid-19. Para ello, pide a ambos funcionarios que ante la escasez de recursos “es indispensable solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de urgente, una ampliación presupuestaria que permita cubrir los costos de las necesidades de personal, insumos y equipo para la reconversión.

Los 11 hospitales que se van a “reconvertir” para atender la emergencia por coronavirus son Hospital General de México, Hospital Juárez de México, Hospital Nacional Homeopático, HRAE Bajío, HRAE Oaxaca, HRAE Ciudad Victoria, HRAE Ixtapaluca, HRAE Chiapas, HRAE Penínusla de Yucatán, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

¿Se dará a tiempo la “reconversión” y el equipamiento obligado de los Institutos y Hospitales de Salud en todo el país? Y ¿habrá beneficiados con las compras de emergencia del sector salud?


18 Marzo 2020 04:07:00
Coronavirus: lo peor viene en dos semanas
Cuestionado fuertemente por senadores de oposición, que le preguntaron por qué el Gobierno se niega a convocar al Consejo de Salubridad General y por qué no declaran de una vez emergencia nacional y suspensión de actividades y reuniones en todo el país, el subsecretario Hugo López-Gatell, coordinador Nacional contra el Covid-19, respondió una y otra vez a los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado que “de nada sirve” suspender desde ahora la actividad económica o las sesiones parlamentarias, que se hará hasta dentro de dos semanas cuando empezará la Fase 2 de contagios del coronavirus y se declarará emergencia nacional, la cual tendrá su punto más alto el 15 de abril y durará entre 12 y 20 semanas, es decir entre tres y cinco meses.

López-Gatell también les informó a los senadores que la estimación oficial es que el coronavirus lo contraerá 70% de los mexicanos (90 millones de personas) pero según las proyecciones basadas en lo ocurrido en la provincia de Hubei, China, solo 250 mil mexicanos desarrollarán la enfermedad de Covid-19 y de esos enfermos 70% (175 mil 759 mil personas) buscarán atención médica; y de ese universo, 80% solo requeriría tratamiento ambulatorio, sin hospitalización, mientras que el 20% restante de enfermos sí necesitarían hospitalización; el 14% de ellos no ingresarían a terapia intensiva, y el 6%, que serían 10 mil 528 personas, sí requerirían terapia intensiva y serían los casos más graves. Y el dato más fuerte que ayer les dio el subsecretario de Salud a los senadores de todos los partidos, durante su comparecencia de varias horas, fue que la tasa de letalidad o mortalidad que el Gobierno federal está esperando por el coronavirus en esta pandemia es del 2.5% de los pacientes enfermos, lo que significaría cerca de 4 mil muertos por coronavirus.

En una reunión de más de 4 horas con los coordinadores de los ocho bancadas en el Senado de la República, encabezados por el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, el subsecretario designado coordinador nacional para el tema del Covid-19 fue torpedeado por cuestionamientos y preguntas de la oposición y defendido por la mayoría morenista. En lo que fue calificado por algunos senadores presentes como “una de la comparecencias más violentas” de servidores públicos, todas las bancadas de oposición y hasta aliados de la 4T como PT, PES y PVEM se unieron para pedir una “declaratoria de emergencia nacional” y la suspensión total de actividades, entre ellas las sesiones en la Cámara alta, pero López-Gatell “se montó en su macho”, e insistió una y otra vez que “no serviría de nada” suspender actividades en este momento. Morena, en la persona de Ricardo Monreal, se opuso a la suspensión de actividades y a la declaración de una emergencia,

Dante Delgado fue uno de los senadores más críticos. Cuestionó al subsecretario “por venir a hablarnos de todo, de economía, de política, menos de salud”. Los senadores le dijeron a Hugo López-Gatell que hablara con el Presidente para que cancele sus giras y actos masivos por el riesgo de contagio que significa para él y para las personas. Susana Harp, senadora de Morena, de plano le rogó: “Dígale al Presidente que por favor, que no vaya a Oaxaca este fin de semana, que lo queremos mucho, pero que nosotros no tenemos cómo enfrentar este problema”. Pero otros senadores de oposición fueron más rudos y de plano pidieron al funcionario “que el Presidente no sea irresponsable ni incongruente”.

Morena, en la persona de Ricardo Monreal, se opuso a la suspensión de actividades y a la declaración de una emergencia, a pesar de que los coordinadores de las otras bancadas, incluidos los partidos aliados de López Obrador, insistían en que la prioridad era que el Gobierno federal le diera a la pandemia la gravedad que sí le están dando otros países.

Uno de los momentos incómodos fue cuando la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, le preguntó a López-Gatell, “¿por qué la resistencia a convocar al Consejo de Salubridad General si hay un mandato de ley que incluso es constitucional?” y le mencionó la importancia de contar con más expertos para tomar decisiones y medidas como el secretario de Hacienda, el de Economía o incluso al secretario de Salud, de quien la senadora dijo “en lo personal me parece penosísimo su papel sentado en una silla y volteando a escucharlo todo el tiempo, para un país, para la ciudadanía ese es un mensaje patético”. Vázquez Mota le dijo al subsecretario que él no podía asumir todo solo y que “cada quien está haciendo lo que se le ocurre” para enfrentar la pandemia.

Otros senadores de oposición le pusieron de ejemplo lo ocurrido en España, donde hace apenas dos semanas, el 28 de febrero, estaban en la misma situación que México hoy, pero se negaron a suspender actividades y tomar medidas de emergencia, y hoy tienen un brote fuera de control de los más graves del mundo. Pero a pesar de todos los comentarios, preguntas y cuestionamientos, el subsecretario nunca se movió de su postura: “el problema más grave llegará en dos semanas, hasta entonces estaremos en emergencia”, dijo un inamovible López-Gatell.
17 Marzo 2020 04:07:00
Cría cuervos y te encontrarán infectado de Covid-19
En medio de la crisis del coronavirus en México, ayer lunes se suscitó un duelo verbal y diplomático entre el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de que este último acusara en su cuenta de Twitter de irresponsabilidad al Gobierno de México por permitir que “12 casos confirmados de Covid-19” abordaran un vuelo de Avianca, que iría de la Ciudad de México a San Salvador y al que el Mandatario salvadoreño le cerró su espacio aéreo. “Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto”, dijo Bukele.

De inmediato, el secretario de Relaciones Exteriores le respondió en la misma red social al Presidente de El Salvador, informándole que el vuelo AV431 “se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador”. Y como tratando de corregirlo, Ebrard le pregunta a Bukele: ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso”. Para rematar este conflicto diplomático, enmarcado por la pandemia, la aerolínea colombiana Avianca le dio la razón al Mandatario salvadoreño y también en un mensaje en su cuenta de Twitter, le agradeció: “Agradecemos al Presidente de El Salvador @NayibBukele por darnos información y alertarnos sobre los pacientes con Covid-19 intentando abordar el vuelo de Avianca #431 proveniente de la Ciudad de México. Gracias a eso se evitó poner en riesgo a la tripulación”.

Todavía, en una segunda respuesta a Marcelo Ebrard, el presidente Bukele se dio el lujo no solo de mandarle una copia del mensaje de Avianca en redes sociales donde le agradecen y le dan la razón “por darnos información y alertarnos”, sino que además amenazó al canciller mexicano con que “otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la justicia salvadoreña, al que ustedes dieron asilo político por motivos ideológicos hace unos días”.

En un principio, el Gobierno de México decía desconocer esos 12 casos de Covid-19 en el aeropuerto capitalino, a los que se refirió Bukele y que la aerolínea Avianca también reconoció haber detectado antes de cancelar su vuelo a El Salvador. Pero a las 7 de la noche con 3 minutos, casi tres horas después del primer mensaje del Presidente de El Salvador, Marcelo Ebrard subió otro tuit en el que mencionó: “Las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los pasajeros de Avianca y no encontraron a ningún enfermo, incluidos los 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas. Le he informado al presidente Bukele, a quién sé que le dará mucho gusto”.

En medio del lío diplomático y la desinformación que mostró la Cancillería, lo más doloroso para Marcelo Ebrard y para el Gobierno mexicano debió ser que precisamente al Gobierno de Nayib Bukele, el presidente López Obrador le entregó 30 millones de dólares, como parte de un programa de colaboración para que participara en el programa Sembrando Vida.

De hecho fue el mismo Ebrard quien, el 20 de junio de 2019, en un acto público en Chiapas, anunció que México le entregaría los 30 millones de dólares a El Salvador para que replicaran el programa lopezobradorista de sembrar árboles, como parte de la estrategia mexicana para ayudar a Centroamérica. “Iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa, dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares”, dijo entonces el secretario de Relaciones Exteriores de México, en el arranque del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

Habría que ver si después de todo este asunto, tras las fuertes acusaciones que hizo Nayib Bukele al Gobierno mexicano, aun así le entrega los 70 millones de dólares restantes para el programa Sembrando Vida, que más bien, con el encontronazo de ayer entre el Mandatario salvadoreño y el canciller mexicano se transformó en algo así como “sembrando infundios”. Por lo pronto, queda en entredicho el éxito del programa de aliados diplomáticos centroamericanos y parafraseando aquel viejo refrán, a México y al Gobierno de AMLO le pasó aquello de que “cría cuervos y te encontrarán infectado de coronavirus”.
16 Marzo 2020 04:03:00
AMLO ya perdió la agenda, ¿perderá liderazgo?
Si en el agitado arranque de este 2020, las crisis de medicamentos y abasto en hospitales públicos junto con las protestas y movilizaciones de mujeres contra el feminicidio y la violencia ya le habían arrebatado al presidente López Obrador el dominio total que tuvo de la agenda pública en el primer año de Gobierno, ahora la crisis sanitaria y económica derivada de la llegada del Covid-19 amenaza con afectar el liderazgo del Jefe del Ejecutivo en la República.

Porque ante la posición pasmosa y lenta de su Gabinete para enfrentar y declarar una emergencia nacional por el coronavirus, algo que ya hicieron muchos otros países y gobiernos en el mundo, incluido nuestro principal socio comercial y vecino, Estados Unidos, el Gobierno federal ha empezado a ser rebasado por decisiones de gobernadores estatales, instituciones privadas y empresas que decidieron anunciar e implementar sus propias medidas como una forma de evitar que se reproduzcan los contagios.

Y es que por más que el Presidente insista en negar el impacto grave que tendrá el Covid-19 tanto en la salud, como en la economía, y por más que esa visión de “no pasa nada”, junto a la absurda necesidad de contrastarse con lo que hicieron otros presidentes y otros gobiernos –especialmente el de Felipe Calderón ante la epidemia de H1N1– la realidad y la natural reacción ante una pandemia de un virus desconocido para la humanidad, ha terminado por rebasar a las autoridades federales de salud y a su estrategia que encabeza el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Aunque el Presidente ha dicho y repetido que toda decisión que tome su Gobierno en el control y contención de la pandemia se basará en “criterios científicos y médicos de especialistas”, en los hechos parece que más bien los médicos y científicos de su Gabinete de salud se han sujetado y sometido a los criterios políticos y a los designios de un Presidente que ni siquiera es capaz de observar y respetar las recomendaciones de su Gobierno.

Y es que mientras López-Gatell le exige a la población practicar la “sana distancia” y evitar a toda costa “el contacto físico” hasta para saludarse, López Obrador no suspende sus giras y actos masivos en donde lo mismo viaja en aviones comerciales, que se rodea de multitudes que le abrazan y lo tocan y, ya en el colmo de la desobediencia de las reglas sanitarias, le planta un invasivo beso a una niña.

Pareciera que en el Gobierno de la República no quieren terminar de reconocer que si la pandemia ya golpeó fuertemente a otros países, también nos está golpeando a nosotros cada día, a pesar de los buenos deseos del Presidente.

Por supuesto que todos queremos, igual que López Obrador, que el país salga adelante de este problema económico y de salud, pero no será solo con discursos políticos y con buenos deseos como lo vamos a lograr. La sociedad tiene que hacer lo que le corresponde, pero al Gobierno le toca ir al frente y hacer su parte, que no es otra que dar certidumbre y tranquilidad a la población de que los expertos en salud pública están actuando rápido, con eficiencia, con recursos económicos suficientes y con todos los instrumentos e insumos médicos y científicos necesarios; pero sobre todo que su actuación, la del Gabinete de salud responsable, no obedezca a consignas ni a criterios políticos, aun cuando esos criterios sean los del mismo Presidente.

14 Marzo 2020 04:07:00
Napoleón cede y evita su Waterloo
La discusión sobre la regulación del outsourcing, que se entrampó en el Senado por la división de Morena y el choque de posiciones entre Ricardo Monreal y Napoleón Gómez Urrutia, se destrabará finalmente la próxima semana. Napoleón decidió ceder y modificar su dictamen para eliminar cualquier forma de criminalización de los esquemas de subcontratación laboral, con lo que el presidente de la Comisión del Trabajo finalmente negociará la inclusión en el dictamen de las propuestas que fueron formuladas por empresarios, especialistas y senadores de su propia bancada, en las consultas abiertas que realizó el Senado para consensuar la propuesta de ley que había alarmado a los empresarios e inversionistas, que incluso fueron con el presidente López Obrador a pedirle que frenara una iniciativa que dañaría a las empresas y la inversión en el país.

El propio Presidente fue quien le pidió a Monreal someter a consulta el dictamen de la ley del outsourcing que, Napoleón Gómez Urrutia, había impulsado en noviembre de 2019, llegando incluso a dictaminarla y casi a punto de subirla al Pleno. Tras detener el proceso legal, el tema se reagendó para este periodo y tras recibir a dirigentes empresariales y expertos en el tema de la terciarización, una forma de contratación laboral vigente en México pero carente de regulación precisa, el líder de la mayoría de Morena le encargó al senador Eduardo Ramírez de Aguilar la elaboración de una serie de cambios al dictamen ya aprobado por la Comisión del Trabajo a partir de las propuestas recogidas en las consultas, y ahí fue cuando vino el choque interno en Morena.

Gómez Urrutia se negó a procesar los cambios al dictamen en la Comisión del Trabajo y con el apoyo de Martí Batres y de Germán Martínez, decidió dar la batalla para defender su iniciativa original bajo el argumento de que los acuerdos que hizo Monreal con los empresarios prácticamente “legalizaban el outsourcing” sin ponerle ninguna regulación que garantizara la no evasión fiscal y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. La situación se tornó tensa y el jueves hubo una reunión para intentar conciliar las posiciones de los dos bandos que se formaron en la bancada de Morena y se habló de abrir un espacio de dos semanas para tratar de encontrar un consenso.

Sin embargo, ante la posibilidad de que Monreal y la mayoría de los senadores de Morena decidieran brincarse a la Comisión del Trabajo y su aprobación del nuevo dictamen con cambios e irse directamente al pleno senatorial para hacerle las modificaciones necesarias al dictamen de la ley de outsourcing, en donde por mayoría podían aprobarlo de manera holgada, incluso con los votos de las fracciones de oposición como PAN, PRI y PRD, parece que Napoleón decidió ser él mismo quien modificara su iniciativa original y que desató la reacción adversa de los empresarios por el tema de la criminalización.

Se sabe que Gómez Urrutia recibió también un mensaje de un alto funcionario de la Presidencia, quien le habría pedido a nombre del Presidente que reconsiderara su posición radical en el tema del outsourcing y que aceptara modificar el dictamen de su iniciativa para no provocarle un problema a López Obrador con los empresarios, con los que se comprometió desde finales del año pasado a que se tomaría en cuenta la opinión de los inversionistas para no criminalizar una práctica laboral que utilizan muchas de las empresas mexicanas y que el mismo Gobierno federal y los poderes Legislativo y Judicial tienen subcontratados trabajadores por la vía del outsourcing para algunas labores y servicios subrogados.

Al final, el senador Napoleón supo leer que iba a una batalla perdida porque desde Palacio Nacional apoyaban la necesidad de los cambios al dictamen y la eliminación de cualquier forma de criminalización del outsourcing, por lo que él mismo decidió meterle mano al dictamen que se aprobó en diciembre y eliminar todas las partes que consideraban el outsourcing ilegal como un delito, incluso equiparado a delincuencia organizada, y prefirió salvar las partes en donde se busca garantizar el cumplimiento estricto de la Ley Federal del Trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores contratados a través de esquemas de terciarización.

Para decirlo en términos del emperador de quien lleva el mismo nombre, Napoleón Gómez Urrutia tuvo finalmente la habilidad de evitar su Waterloo porque supo que si insistía en no cambiar su dictamen no solo perdería ante la mayoría de Morena y la oposición, que le modificarían su iniciativa en el Pleno, sino que corría el riesgo de hacer enojar más al presidente López Obrador que, con la pandemia del coronavirus, los reclamos de justicia de las mujeres y ahora la amenaza de una crisis económica y hasta una recesión por los efectos del Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, lo que menos necesitaba era un problema más provocado por senadores de su partido.

El Napoleón francés terminó sus días derrotado en la Isla de Santa Helena, a donde fue exiliado por los británicos tras perder la histórica batalla de Waterloo; el senador tal vez no hubiera sido enviado a una isla, pero sí corría el riesgo de ser “aislado” de la 4T y exiliado definitivamente del ánimo presidencial.


Notas Indiscretas…

Nada bien le cayó al presidente López Obrador que algunos gobernadores decidieran, por encima de las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal, cancelar eventos masivos y emitir restricciones en sus estados, donde también universidades públicas y privadas suspendieron las clases presenciales para evitar contagios y se fueron al modelo de clases on line. Casos como el de Enrique Alfaro en Jalisco, Jaime Rodríguez “El Bronco” en Nuevo León y Javier Corral en Chihuahua, con sus anuncios de cancelaciones y restricciones, estaban detrás del mensaje del Presidente cuando criticó a “politiqueros” que andan hablando del coronavirus y “hasta dan conferencias”. La realidad es que en varios estados decidieron no esperar más a que el Gobierno federal declare emergencia y comenzaron a tomar sus propias medidas, como también los están haciendo instituciones educativas públicas y privadas. Por lo pronto, como no les puede prohibir a los gobernadores que dicten medidas para la protección de sus poblaciones, ni tampoco a las universidades como la de Guadalajara, el TEC de Monterrey, el ITESO, la Universidad Panamericana y muchos otros colegios y escuelas que ya anunciaron la suspensión de sus clases en esos estados, lo que sí hizo López Obrador fue prohibirle a todos los integrantes de su Gabinete que den información, entrevistas, comentarios y hasta recomendaciones sobre el Covid-19, dejando solo a la Secretaría de Salud como la única vocera oficial autorizada por su Gobierno para dar información a los mexicanos. La medida busca evitar que haya distintas voces y fuentes oficiales y controlar mejor el flujo de información científica y certificada sobre las estrategias de contención de la pandemia en México…

Por cierto, que en toda esta situación crítica del coronavirus el que ha brillado por su ausencia es el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Aunque su desaparición de la escena pública no es nueva y comenzó desde que estalló la crisis de desabasto en los hospitales públicos, el secretario prácticamente ha sido hecho a un lado ante la coordinación y el protagonismo que el Presidente decidió darle al subsecretario Hugo López Gatell, por la experiencia que tiene en el manejo epidemiológico, pues fue parte del equipo de Salud federal que en 2009 enfrentó con éxito la epidemia del virus H1N1 bajo la coordinación del entonces secretario José Ángel Córdova. La última vez que se supo del secretario actual fue con su desafortunada declaración cuando escaseaba el Metrotexato para las quimioterapias de niños con cáncer en hospitales públicos: “Si no se da una dosis, puede esperarse unos días. No hay ninguna urgencia médica”. No, pues con esas declaraciones, con razón al secretario lo mandaron a guardarse…

Este viernes, en la clausura de la Convención Bancaria en Acapulco, el discurso tan esperado del Presidente causó cierta decepción entre los dueños de los bancos que esperaban, dicen, un pronunciamiento más fuerte y contundente del Ejecutivo federal, en el contexto de la recesión mundial que se viene y el fuerte impacto que tendrá en la débil economía mexicana. En el mismo foro donde hace dos años, aún como candidato, López Obrador amenazó con que si soltaban “al tigre”, con un intento de fraude en las elecciones presidenciales de 2018, él no haría nada y se iría a su rancho, y “a ver quién amarra al tigre, el que lo suelte que lo amarre”, ahora se limitó a pronunciar un discurso poco realista en el que afirmó que “estamos en condiciones inmejorables para crecer” y hasta se puso a exigirles a los banqueros que prestaran más dinero y que dieran créditos a tasas de interés mejores. Es decir, nada de lo que esperaban escuchar los varones del dinero. Tal vez aquel “tigre” al que se refirió hace dos años López Obrador nunca se soltó por su triunfo contundente e histórico, pero hoy parece que a México y a la 4T se le viene otro “tigre” con la crisis que nos traerá el Covid-19…

Los dados cierran semana con Escalera. Un poco de ánimo en tiempos difíciles e inciertos.

12 Marzo 2020 04:07:00
Pemex y sus hospitales, más letales que el Covid-19
La cifra de pacientes muertos por haber recibido un medicamento contaminado en el hospital Regional de Pemex en Villahermosa ya va en cinco, sin que las autoridades de esa paraestatal, ni el director general, Octavio Romero Oropeza, ni el director del Hospital, José Luis Oramas Vargas, se dignen a dar públicamente la cara y a explicar este caso de negligencia criminal. Los cinco muertos eran pacientes de hemodiálisis a los que se les suministró Heparina sódica contaminada que Pemex compró a un particular de dudosa experiencia como distribuidor de medicamentos, de nombre José Roche Pérez, cuyo domicilio fiscal, resultó ser una vivienda sencilla ubicada en la calle Antonio Rullan Ferrer 208 A, en el municipio de Centro, Tabasco.

El presidente López Obrador, cuando se refirió escuetamente al tema, la semana pasada, lamentó la situación y dijo que se realizaría “una investigación para determinar las causas” y prometió que “habría castigo para los responsables” de este acto de negligencia. Sin embargo han pasado ya dos semanas desde que se reportó la primera muerte, el 27 de febrero, y hasta la fecha no se ha dado a conocer ningún resultado de esas investigaciones y mucho menos se ha señalado qué autoridades fueron responsables de la compra de un medicamento caducado y que transmitió bacterias a los pacientes que lo recibieron durante su proceso de hemodiálisis, causándoles una severa infección que les costó la vida.

La crisis de Pemex, con las cinco muertes lamentables y más de 26 casos de pacientes afectados, vuelve a poner sobre la mesa el tema de los supuestos ahorros presupuestales en la compra de medicamentos (ahorros que en el mejor de los casos fueron de 5%) y el cambio de proveedores y laboratorios que tenían años, décadas surtiendo de medicamentos e insumos a los hospitales públicos. Una austeridad mal aplicada y sospechas de corrupción llevaron a autoridades, tanto de la Oficialía Mayor de Hacienda, en la época de Raquel Buenrostro, como a los hospitales de Pemex, a adquirir medicamentos de dudosa calidad y de proveedores no certificados ni confiables, con lo que se puso en riesgo no solo los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas sino, como en el caso del Hospital Regional de Villahermosa, también su vida.

Sorprende en toda esta penosa situación no solo el silencio vergonzoso de las autoridades de Pemex, sino su poco tacto y su falta de atención a las familias de las cinco víctimas fatales, que se quejan de que no han tenido apoyo de las autoridades. Pareciera que la vida de cinco beneficiarios de su sistema de salud, no son un problema que amerite que Octavio Romero salga de su ostracismo habitual y asuma la responsabilidad de deslindar al menos quiénes fueron los responsables de comprar y de administrar a los pacientes medicamentos en mal estado; su actitud, junto con la del director del hospital, José Luis Oramas Vargas, hermano del exsenador del PRI Arquímedes Oramas Vargas, quien es cercano y fue suplente en el Senado del también priista Humberto Mayans, que recientemente fue nombrado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como consejero independiente de Pemex.

Para colmo, está el caso de la subdirectora administrativa del Hospital de Pemex, Norma Gabriela Ergaiz Zurita, quien según se comenta en Villahermosa, llegó al cargo apenas el año pasado y lo hizo presumiendo en el hospital su cercanía “de amiga íntima” del presidente López Obrador. Ella es la directamente responsable de la compra de los medicamentos y de la adquisición de la Heparina sódica caducada que ocasionó la muerte de los cinco pacientes hemodializados en el hospital. ¿Con tantos vínculos políticos y amistades y cercanías realmente habrá “castigo a los responsables” como prometió el Presidente?

Por lo pronto, mientras las investigaciones ordenadas por el presidente avanzan lentas y hay también una investigación abierta por la CNDH para indagar la violación de derechos humanos de los pacientes muertos, lo que es un hecho es que Pemex y su hospital en Villahermosa están resultando más letales para los mexicanos que el Covid-19, ya con cinco decesos por negligencia y sin justicia para las víctimas ni sus familias.


NOTAS INDISCRETAS… al cuestionado director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barttlet Díaz, le estalló ayer en Coahuila la llamada “Rebelión del Carbón”, que reclamó la falta de compras de esa paraestatal de toneladas del mineral, lo cual ya provocó el cierre de empresas. Mineros, empresarios y proveedores de esa industria, realizaron ayer marchas en las principales ciudades coahuilenses, debido a que la CFE suspendió desde que empezó la 4T la compra del mineral para sus carboníferas, lo que provocó el colapso de la principal zona carbonífera del país, ubicada en el norte de esa entidad. Tan solo en Monclova marcharon 20 mil personas, desde empresarios hasta obreros, pequeños industriales y familias para llamar la atención y exigir solución, al problema. Desde fines de 2018 se agravó la situación de la cuenca carbonífera, cuando la comisión anunció la suspensión de contratos que garantizaban la compra de 3 millones 200 mil toneladas anuales de carbón. La empresa pública solo ha mantenido compras menores emergentes, pero insuficientes para las mineras de carbón, que han quebrado de manera paulatina. La principal región carbonífera del país representa 95% de las reservas del mineral y se encuentra al norte del estado de Coahuila, en una extensión de 16 mil kilómetros cuadrados…Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
11 Marzo 2020 04:07:00
Investigan al círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco
Al menos cinco personajes del círculo más cercano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, que detectó movimientos de dinero inusuales en sus cuentas bancarias y, a partir de un seguimiento detallado de transferencias, depósitos y pagos a empresas fantasma, ha integrado expedientes por delitos de lavado de dinero y desvío de recursos contra varios de los colaboradores de mayor confianza del Mandatario postulado por la alianza PES-Morena.

Las investigaciones de la UIF, que registran movimientos financieros desde 2015, cuando Cuauhtémoc Blanco era alcalde de Cuernavaca y varios de sus hombres cercanos, hoy en el Gobierno del Estado ya trabajaban con él, mencionan a varios colaboradores, pero el expediente que ya está terminado y que incluso ya fue entregado a la Fiscalía General de la República, es el que se refiere a José Manuel Sanz Rivera, actual Jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos y quien fuera secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca de 2015 a 2018.

En el expediente judicial, por delitos de lavado de dinero y desvío de recursos, al que tuvo acceso esta columna y cuyos datos se reservan por razones legales, se menciona junto con Sanz Rivera a su esposa, Claudia Mondragón, a quien se vincula con los movimientos financieros de su esposo, a través de pagos y transferencias documentadas a una empresa de nombre Comercializadora SAIME, S.A. de C.V., a la que se le habrían enviado fuertes cantidades de dinero como presuntos pagos, pero en realidad se trataba de recursos cuyo origen, presumen las autoridades financieras, es ilícito.

José Manuel Sanz, ha sido el colaborador más influyente y cercano en la carrera política de Cuauhtémoc Blanco. Se volvió una figura polémica por su ascendencia española y porque pasó de ser manager del exastro del futbol mexicano para convertirse en el “cerebro político” que lo condujo primero a la candidatura del PES a la alcaldía de Cuernavaca y luego a la nominación a la gubernatura junto con Morena, después de una negociación con Julio Scherer, el actual Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, y quien fue el artífice de que el presidente López Obrador aceptara la alianza con el PES en Morelos y la postulación de Blanco.

A Sanz se ha vinculado desde hace tiempo con los manejos financieros tanto del Ayuntamiento de Cuernavaca como de la gubernatura. Su figura fue cuestionada por dirigentes del PES como Hugo Éric Flores, actual delegado de los Programas Federales en Morelos, y quien se convirtió en un contrapeso en el Gobierno de Cuauhtémoc al impulsar en la Secretaría de Gobierno a Pablo Ojeda Cárdenas, quien le arrebató gran parte de la operación política al grupo de Sanz Rivera. Paralelamente, la presencia de Ulises Bravo, medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, también le restó fuerza a José Manuel, y hubo toda una operación interna del grupo del PES para neutralizarlo y restarle influencia y poder.

Hoy que el tema ha llegado a la Fiscalía General de la República, a través de los expedientes integrados por la UIF, es cuestión de tiempo para que estalle el escándalo de las investigaciones y denuncias en contra de algunos integrantes del equipo de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien no tendrá más remedio que dejar que las autoridades federales procedan contra sus cercanos, si es que quiere salvar su propia cabeza.

Es decir, que Cuauhtémoc tendrá que jugar “de sacrificio”, como lo llegó a hacer en la canchas, y dejar que le limpien su Gabinete, porque en Palacio Nacional no están nada contentos con su propio desempeño.

Notas indiscretas… a partir de ayer se realiza en la capital británica, la vigésima Semana de México, en la London Economics School, en la que habrá a lo largo de toda esta semana una serie de foros, mesas y conferencias sobre la política y las políticas de nuestro país. Temas como la democracia mexicana, los derechos humanos, la seguridad y el combate a la corrupción y la política energética, entre otros, serán abordados por expertos mexicanos que han sido convocados por la institución británica. Entre los ponentes y conferencistas invitados está el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, quien dará una plática sobre cómo se están combatiendo prácticas como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción política y privada en el Gobierno de la 4T. También destaca la presencia de Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien participará en una mesa sobre la democracia en México, junto con analistas como el encuestador y director de Parametría, Francisco Abundis, entre otros invitados…
10 Marzo 2020 04:07:00
El paro que sacudió a México
Nunca en la historia del país se había registrado un paro nacional de labores tan grande y visible como el que ayer lunes realizaron millones de mujeres mexicanas en casi toda la República. La mayoría de las ciudades más grandes, comenzando por la Ciudad de México y siguiendo por Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Chihuahua, Veracruz, Xalapa, Tijuana, Hermosillo, Acapulco y muchas otras ciudades medias y capitales, lucieron ayer semivacías en sus calles y con poco tránsito vehicular; con comercios, oficinas públicas y privadas, negocios, fábricas, escuelas y universidades, mercados y centros comerciales en los que la ausencia de mujeres fue notoria y afectó las ventas, labores y actividades productivas.

Aunque no hay aún un cálculo oficial del tamaño de la afectación económica que provocó a la industria, el comercio, los servicios y la educación, organismos empresariales estiman en al menos 35 mil millones de pesos el impacto que tendrá en la productividad de las empresas y negocios este primer gran paro nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras. Es decir, que por donde se le vea, el 9M y su convocatoria resultó ser un éxito y sienta un precedente histórico no solo para el tema que le dio origen, que fue exigir el fin de la violencia hacia las mujeres y el castigo al feminicidio, sino también en materia laboral, donde nunca en México se había logrado un paro de tal magnitud.

Y si a eso se suma que el paro ocurrió en un “lunes negro” para la economía internacional, con la caída estrepitosa de las bolsas de valores de todo el mundo, y también para la economía mexicana, por la depreciación del peso que ayer llegó a los 21.53 por dólar para cerrar finalmente en 20.78, el derrumbe en la Bolsa Mexicana de Valores que cerró con 6.74% abajo en sus operaciones, además de la caída de la mezcla mexicana de petróleo hasta los 24 dólares por barril (de 49 dólares en que se estimó en el Presupuesto 2020).

Para colmo, el país está sufriendo también el impacto económico por la presencia del coronavirus Covid-19, que aunque según las autoridades federales de Salud está “bajo control” con solo 7 casos, la falta de información y protocolos y operativos de emergencia y prevención contra la emergencia sanitaria en México, ya empieza a preocupar y a despertar suspicacias de especialistas que se preguntan si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente está tomando las medidas necesarias y urgentes para enfrentar la pandemia internacional o si se está manipulando y controlando la información en aras de no “sobrerreaccionar”, como ha dicho el Presidente.

Y es que el Presidente lo mismo minimiza y desestima el impacto de las marchas y paros multitudinarios de las mujeres, que dice que “todo está bajo control” con el coronavirus o asegura que la turbulencia financiera internacional, que golpea al peso y al precio del petróleo, no le preocupa porque tenemos “finanzas públicas sanas y suficientes reservas internacionales”.

Lo mismo decían las autoridades federales y hacendarias en 2008, curiosamente en el Gobierno de Felipe Calderón el hoy “villano favorito” de la 4T, durante la crisis de las viviendas en Estados Unidos.

Hoy López Obrador y su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, parecen caer en la misma tentación de no alarmar ni aceptar que viene una tormenta para la economía con la afectación del Covid-19, el nulo crecimiento y el golpe letal a Pemex por la crisis petrolera, y le apuestan a dos variables que ya fallaron en 2009 y van a volver a fallar hoy: las finanzas públicas sanas y las reservas de capitales volátiles que llegaron atraídas por un peso fuerte, pero que volarán en cuanto perciban el inicio de una crisis económica. Ante la amenaza que se cierne sobre la economía del país, ya no valen ni los “otros datos” ni las teorías conspiracionistas ni mucho menos un optimismo falaz. Más realidad y ajustes urgentes a la política económica, a la sustitución de importaciones y a la baja de tasas de interés para reactivar el crecimiento, es lo que nos urge.
09 Marzo 2020 04:07:00
Un lunes sin mujeres y con el peso débil
Este no será un buen lunes para la economía mexicana. Tonos negros y morados pintarán este inicio de semana. Primero porque cientos de miles de mujeres, tal vez millones en todo México, pararán sus actividades cotidianas, laborales, académicas y profesionales, además de que una gran parte del sector femenino no saldrá a realizar ni compras ni las actividades que diariamente aportan a la fuerza laboral y productiva del país. Y segundo porque hoy nos amanecemos con una caída en picada del petróleo que, parte por el coronavirus y sus afectaciones y parte por el fracaso de negociaciones en la OPEP, ayer domingo desplomó los precios internacionales del energético hasta los 30 y los 20 dólares, como no se veía desde la Guerra del Golfo en 1991.

Podría decirse que este será un lunes morado, porque al paro histórico de Un Día Sin Mujeres, cuyos efectos además de sociales, por el grito sordo que significará la ausencia de las mujeres, le antecedieron las protestas multitudinarias que ayer tuvieron lugar en México y en el mundo, donde cientos de miles de mujeres salieron a las calles de varias ciudades mexicanas y de todo el planeta, para hacer sentir su voz como nunca en un grito único y enérgico: “¡Basta de violencia!” y “Fin del patriarcado”.

Será difícil que autoridades y la sociedad misma ignoren a partir de ahora el reclamo no solo de desterrar y cambiar una cultura socialmente aceptada y tolerada de machismo, misoginia y violencia de todo tipo hacia las mujeres, sino también que los políticos y los gobernantes, sean del partido que sean, crean que con discursos huecos y buenas intenciones podrán responder a la exigencia, cada vez más fuerte, de detener la violencia feminicida, los asesinatos y violaciones de niñas y mujeres.

El primer paso ya lo dieron las mujeres mexicanas. Hoy con su ausencia que las hará más visibles y nos dejará ver todo lo que pesa y lo que vale la fuerza de su trabajo y su esfuerzo cotidiano en la economía y en nuestras vidas, y ayer con el grito unánime de los ríos de mujeres de todas las edades, clases sociales, orígenes y profesiones y ocupaciones.

Pero para que este movimiento trascienda se necesitará que los grupos y colectivos que lo impulsan sean capaces de institucionalizar esta enorme fuerza femenina.

Ayer fue inevitable que el nombre del presidente López Obrador saliera a relucir en las marchas con pancartas y hasta en el mensaje final que dieron en el Zócalo los colectivos de mujeres.

Así que este no será un buen lunes ni para la economía ni para el Presidente. A los reclamos de las mujeres se sumará el golpe al peso que ayer colapsó y la histórica caída de los precios del petróleo. Si hay algo que le importa a López Obrador en términos económicos son precisamente el precio del dólar y el “peso fortachón”, al que defiende y presume casi todos los días, y la producción y recuperación de Pemex que irremediablemente se verá arrastrada por el derrumbe ocasionado por Arabia Saudita y su agresiva política energética, con la que respondió a la ruptura de acuerdos en la OPEP. Ese será el “lunes negro” para la economía.







07 Marzo 2020 04:00:00
El Presidente que no quiso defender a las mujeres
Nadie entiende cómo el político más hábil y sensible del país no fue capaz de distinguir entre un movimiento femenino y feminista, que parte de una incuestionable realidad de violencia, feminicidios e inequidad de género, y una “conspiración política” en su contra.

Nadie se explica cómo el hombre que habita en Palacio, que durante años supo leer y montarse hábilmente en la indignación y el coraje de los movimientos sociales y políticos –incluso hasta llegar a la Presidencia de la República–, esta vez no fue capaz de entender el enojo y el hartazgo de las mujeres y lejos de sensibilizarse y mostrar empatía con esa rabia femenina en contra la violencia real y colocarse, como muchas veces lo hizo, del lado de las víctimas, prefirió confrontarlas, cuestionarlas y descalificarlas con el argumento de que sus opositores “conservadores” están detrás de las reivindicaciones feministas.

Andrés Manuel López Obrador se equivocó rotundamente no solo la primera vez, cuando pidió a las periodistas en su conferencia mañanera dejar de hablar de feminicidios porque “se ha manipulado mucho y aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación”; se volvió a equivocar una y otra vez cuando, en su necedad y terquedad de no apoyar un movimiento disruptivo de mujeres hartas de discursos e impunidad contra sus asesinos y violadores, se preocupó más por su Palacio –“no nos pinten las puertas, las paredes”– y decidió ignorar y minimizar los llamados a un Paro Nacional de Mujeres inédito e histórico –“yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista”– para después mandar, tardíamente, a las secretarias de su Gabinete a tratar de deslindar a su Gobierno del enojo de las mujeres.

Pero los últimos y más graves errores los cometió el Presidente cuando primero se negó a defender a una mujer periodista que le pidió ayuda ante las amenazas proferidas en su contra (“Yo le deseo que le den un balazo”) por un bloguero de los que acuden cotidianamente a su conferencia mañanera.

El Presidente no solo fue incapaz de cuestionar al agresor, “porque yo con la prensa no me meto”, sino que justo a dos días de las manifestaciones que habrá este domingo en la Ciudad de México y en más de 24 ciudades del país por el “Día Internacional de la Mujer” y del Paro Nacional Un día Sin Nosotras del próximo lunes 9 de marzo, López Obrador de plano pintó su raya y le dio la espalda a los reclamos de las mujeres al declarar, a pregunta expresa, que él no era feminista: “Yo me considero humanista porque también debemos de pensar, yo creo que eso fue lo que produjo la confusión... la cuarta transformación es un despertar de las conciencias. Yo considero que lo fundamental es el humanismo, ese es mi punto de vista. Los conservadores se disfrazan de feministas, muy raro ¿por qué? Vieron que era la posibilidad de atacarnos, cuando nosotros siempre hemos defendido los derechos de las mujeres”.

¿Qué le pasó en toda esta coyuntura desafortunada al Presidente que terminó confrontándose y descalificando a un movimiento encabezado por el sector de la población que representó el 49% de los votos que lo llevaron en julio de 2018 a la Presidencia? ¿Cómo fue que no hubo nadie de sus asesores y colaboradores del Gabinete que le dijera que una batalla en contra de la lucha feminista y la exigencia de justicia y seguridad para las mujeres era una batalla políticamente perdida incluso para un Presidente tan popular como él, sobre todo en momentos en que sus niveles de aprobación y popularidad han empezado a mostrar una tendencia a la baja y una caída de casi 20 puntos en los últimos meses?

Porque ya sabemos que al Presidente le gusta la provocación como estrategia política, como cuando dice que tiene “otros datos” de crecimiento económico o de bienestar que nadie más defiende, o incluso cuando sostiene que sí hay suficiente abasto de medicamentos y de tratamientos para enfermedades como el cáncer, aun a contracorriente de las quejas y las denuncias reiteradas de pacientes y familiares; esa necedad y cerrazón del Presidente llega a molestar e incluso a irritar, sobre todo en el tema de las medicinas porque se está atentando contra la salud y la vida de mexicanos enfermos, en muchos casos niños a los que se pone en riesgo incluso de morir por el retraso o la ausencia de sus tratamientos.

Pero en el caso de las mujeres, López Obrador ni siquiera invocó sus consabidos “otros datos”, aunque tampoco se atrevió a negar la violenta realidad, sustentada en cifras, datos oficiales y estadísticas que confirman que a las mujeres mexicanas no solo las están matando –10 asesinatos diarios– sino que las están violentando, acosando, discriminando e invisibilizando todos los días en un país que no ha podido o no ha querido hacer nada para detener la ola feminicida.

Decir y repetir que “estamos haciendo muchas cosas para apoyar a las mujeres”, como lo hizo el Presidente a cada cuestionamiento sobre su posición ante las movilizaciones y protestas femeninas, es algo que solo viene a confirmar que nunca entendió o de plano la soberbia y la terquedad no lo dejaron entender, que ni su Gobierno, ni los gobiernos estatales, municipales, ni el resto de los poderes del Estado mexicano y ni siquiera la sociedad, están haciendo lo suficiente para detener la violencia que comienza con maltratos, acosos, sometimiento económico, discriminación y golpes, y que termina con violaciones, torturas, vejaciones y hasta mutilaciones para las mujeres mexicanas.

Para tratar de entender por qué Andrés Manuel López Obrador no quiso de plano dar ni apoyo ni crédito ni legitimidad a la movilización y el paro feminista de este fin de semana, lo más grave sería pensar que el poder cambió al político que conquistó la Presidencia precisamente por su habilidad para conectar y entender las causas sociales o que los efectos de la Presidencia vertical que ejerce, le restaron al tabasqueño su sensibilidad para leer un movimiento que, aún concediendo que sus opositores se hayan montado en él –exactamente como él mismo lo hizo en infinidad de ocasiones y movimientos cuando fue opositor– no deja de representar las exigencias, los reclamos y sobre todo la rabia y el hartazgo de más de la mitad de la población, de la fuerza laboral y productiva de este país y, sobre todo, del electorado, el mismo electorado femenino que en su momento le dio su voto al hoy Presidente, casi en la misma proporción que los votantes hombres.

Por lo pronto, al Presidente que se define como “humanista”, pero se niega a declararse “feminista”, valdría la pena recordarle lo que dice la experta en estudios de equidad, Sherrie Silman: “El Feminismo no se llama Humanismo ni Igualitarismo porque tanto en el Igualitarismo como en el Humanismo bulle un concepto preexistente; el que defiende que ‘las mujeres pueden o incluso deben ser reconocidas como personas’ sin tener en cuenta la lucha por la equidad de género y contra la homofobia, el racismo u otras discriminaciones que la Declaración de Derechos Humanos pretende erradicar.

“El Feminismo se niega a eliminar el fem- de su nombre porque eliminar el femenino de la palabra sería discriminatorio y contraproducente. El Feminismo debe su nombre precisamente al sentimiento de odio hacia lo femenino que impregna todo el planeta”.

Algo similar defiende la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, al cuestionar que decirse humanista o hablar solo de derechos humanos “es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos. Es una manera de negar que el problema del género las pone a ellas en el punto de mira”.

Adichie relata que una vez mientras hablaba de temas de género, un hombre le dijo: “¿Por qué tienes que hablar como mujer? ¿Por qué no hablas como ser humano?”. Los dados mandan Escalera doble.


05 Marzo 2020 04:00:00
El PAN, sin liderazgo y con la cuña calderonista
El escenario para el principal partido opositor en México no luce nada fácil de cara a los próximos comicios intermedios. Los propios panistas reconocen que, tras la derrota de 2018 y el desgaste que sufrieron por la fractura interna que provocó su excandidato presidencial Ricardo Anaya, el panismo se quedó sin liderazgos fuertes y con una división aún latente entre la dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés -quien no acaba de consolidar su presencia y liderazgo partidista- y los 11 gobernadores de Acción Nacional que tratan de llenar ese vacío, pero tienen enfrente el férreo control presupuestal del presidente López Obrador.

En esas condiciones y sin un líder nacional que los aglutine, el panismo se propone el ambicioso objetivo de “romper la mayoría de Morena y de López Obrador” en la Cámara de Diputados, para lo cual tendrían que ganar al menos 100 distritos electorales, algo que no se ve fácil ante la fuerza con la que, a pesar de su caída en las encuestas, llegará el Presidente a los comicios y las tendencias que, con todo y sus pleitos internos, siguen favoreciendo al partido gobernante.

Pero por si fuera poco enfrentar a AMLO y a sus programas sociales, el PAN tendría muy probablemente en los comicios de 2021 otro problema si México Libre, del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, obtiene el registro como nuevo partido político. La organización va directamente por el voto panista y terminará mermando la base electoral de Acción Nacional y afectando sus posibilidades de triunfo en distritos y estados tradicionalmente blanquiazules.

Además la renovación de 13 gubernaturas que estarán en juego, 4 de ellas gobernadas actualmente por el PAN (Chihuahua, Nayarit, Baja California Sur y Querétaro), también es un elemento que va a impactar la votación en los comicios intermedios. En ese dilema el PAN está revisando la posibilidad de hacer alianzas con distintos partidos, especialmente con Movimiento Ciudadano, sobre todo en los estados del occidente del país; con el PRI de plano la dirigencia nacional panista descarta alianzas electorales, aunque hay una propuesta para buscar, si no coaliciones formales, sí una especie de “voto cruzado” con los candidatos priistas en algunos distritos.

Dependiendo de cómo le vaya en la aduana de 2021, los días de Marko Cortés en la dirigencia parecen contados. Ya hay incluso gobernadores que empiezan a moverse en pos de la presidencia del PAN, algunos incluso con miras a un proyecto presidencial en 2024. Es el caso, por ejemplo, del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien recientemente hizo modificar la ley en su estado para adelantar la fecha de su informe de Gobierno, para que en vez de darlo en noviembre, pudiera darlo el próximo 7 de marzo. Ese cambio legal, dicen cercanos al Mandatario tamaulipeco, tiene por objeto que el próximo año, después de los comicios de julio de 2021, Cabeza de Vaca esté en posibilidades de dejar la gubernatura, antes de su quinto año, para lanzar su campaña por la dirigencia nacional del PAN.

La jugada tendría un doble efecto: por un lado Cabeza de Vaca buscaría suceder a Marko Cortés, que termina su periodo oficialmente en noviembre del 2021, y por el otro, al mismo tiempo que desde el CEN del PAN comienzan a preparar una posible candidatura presidencial en 2024, también al dejar un gobernador sustituto en su estado, posibilita que no sea él quien apoye primero la candidatura a gobernador de su hermano Ismael García Cabeza de Vaca y, si este gana el estado en 2022, que la transición de gobierno no sea entre dos hermanos. Ese modelo, dicen, es una mezcla de lo que hicieron en su momento los priistas Humberto y Rubén Moreira en Coahuila, y en el PAN, el difunto Rafael Moreno Valle en Puebla.

Veremos cómo le va al PAN primero con sus conflictos internos y luego con la fuerte competencia en los comicios del 2021 en donde, además de enfrentar a la fuerza de López Obrador y la 4T, también tendrá que enfrentar a la cuña calderonista con su México Libre. Y como dice el dicho, para que la cuña apriete, ha de ser del mismo PAN... Los dados repiten Serpiente. Mala racha.

04 Marzo 2020 04:02:00
Divide y vencerás, estrategia de López Obrador para 2021
Como en la vieja máxima de los emperadores romanos, que cuando querían conquistar a una nueva nación para su imperio aplicaban la política del “divide et impera”, así hoy el Gobierno del presidente López Obrador, le apuesta a dividir y pulverizar el voto opositor en el país para enfrentar las complicadas elecciones de 2021 y el riesgo real de que Morena pierda su mayoría en la Cámara de Diputados.

La estrategia, decidida directamente desde Palacio Nacional, parte del diagnóstico realista de encuestas y sondeos internos que reconocen que el partido del Presidente se ha debilitado y que, entre sus pleitos y reyertas internas y la incapacidad de sus dirigentes para movilizar una estructura nacional aún dispersa y desarticulada, Morena no le garantiza en estos momentos a López Obrador ganar la mayoría de los 300 distritos electorales en los que se elegirán diputados federales en julio del próximo año, muy distinto el panorama para las gubernaturas en donde las mismas encuestas dicen que los candidatos morenistas pueden arrasar en al menos 11 de 15 estados que eligen
Gobernador.

Para subsanar la debilidad de Morena en la estratégica elección parlamentaria e intentar garantizar que en la segunda mitad de su sexenio haya una mayoría legislativa en San Lázaro, que consolide los cambios y reformas de la cuarta transformación, el Presidente y sus asesores idearon un esquema que le apuesta ya no tanto a los morenistas, sino a sus partidos aliados actuales y, sobre todo a los llamados “partidos emergentes”, que son los nuevos partidos que obtendrían registro ante el INE y a los que López Obrador ya operó para “amarrarlos” como sus aliados en la Cámara de Diputados.

Personalmente, el Presidente desplegó una fina operación política para asegurarse de que, de las siete opciones políticas que ya cumplieron todos los requisitos legales y entre las que los consejeros del INE decidirán a cuáles les otorgan el registro oficial en junio próximo, al menos 5 de esas nuevas organizaciones tienen “afinidad política e ideológica” con la 4T, además de que sus dirigentes ya fueron recibidos en Palacio Nacional para pedirles su alianza con la bancada oficialista en San Lázaro.

Entre los posibles nuevos partidos políticos que son afines a López Obrador y ya habrían comprometido su apoyo al proyecto de la 4T, están Redes Sociales Progresistas (RSP), del grupo de Elba Esther Gordillo; Encuentro Solidario (PES) que ya es aliado actual en el Congreso y lo sería con su nuevo registro; el Grupo Social Promotor de México (GSPM) perteneciente al SNTE; y marcadamente Fuerza Social por México (FSXM), el partido convocado por Pedro Haces, líder de la CATEM y a quien se dice que personalmente el Presidente le pidió crear el nuevo partido político.

Es decir que de siete, solo dos nuevas opciones políticas no están con el lopezobradorismo: el primero México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, por razones obvias, y el segundo Fundación Alternativa AC, que encabeza el expriista César Augusto Santiago. La paradoja es que aún en el caso del partido de los Calderón, podría terminar beneficiando al presidente López Obrador y a su mayoría en la Cámara de Diputados, porque México Libre a quien le va a quitar votos es al PAN, con lo cual terminaría favoreciendo también la estrategia presidencial de pulverizar y debilitar al voto opositor.

Basado en los datos históricos, el Consejo General del INE podría avalar, en junio próximo, la creación de tres o hasta cuatro nuevos partidos políticos, según ha declarado el consejero presidente Lorenzo Córdova. Suponiendo que fueran cuatro, ya podemos dar por hecho que tres de los nuevos partidos serán afines al presidente López Obrador y a la 4T, y que solo uno será de oposición, el de los Calderón, aunque paradójicamente el expresidente, con su obsesión de tener su propio partido, podría terminar beneficiando a la estrategia presidencial para el 2021 del “divide y vencerás”.


03 Marzo 2020 04:04:00
Siguen gastos suntuosos de empresas ligadas a Odebrecht
En las investigaciones financieras del caso Odebrecht, el Gobierno federal investiga a varias empresas que tuvieron vínculos y tratos comerciales con la compañía brasileña acusada de sobornar con 12 millones de dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto.

Para rastrear la actividad de esas empresas y su vinculación con la trama de corrupción de Odebrecht se revisan los “gastos suntuosos” de algunos de sus dueños y accionistas, cuyas cuentas y gastos están siendo revisados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

El mecanismo, similar al que se utilizó para seguirle la pista al dinero público desviado por Javier Duarte en Veracruz, consiste en revisar las compras y gastos realizados por los empresarios en cuestión en agencias de autos de lujo, joyerías de alta gama, bienes raíces, viajes al extranjero, etcétera.

Y en esa labor minuciosa, casi obsesiva, que se dirige desde la oficina del titular de la UIF, Santiago Nieto, en coordinación con el SAT, se están revisando a detalles los gastos y operaciones reportados tanto por personas vinculadas a las investigaciones de Odebrecht como por algunos de los negocios donde se realizan esos gastos y compras de lujo.
Las investigaciones, en ese sentido, según nos confirman fuentes muy cercanas a Hacienda, están llevando al SAT y a la UIF a hacer una compulsa en las principales joyerías de México, en concreto en dos de los negocios más exclusivos de ese sector que están ubicados en la avenida Masaryk, en Polanco.

A estos dos negocios que venden joyería de alta gama se les está abriendo un expediente para verificar los gastos de algunos de sus clientes, sobre todo cuando éstos estén vinculados a alguna investigación federal, ya sea que se trate de personas políticamente expuestas o de empresarios.

Al mismo tiempo se revisa la facturación que los establecimientos realizan en torno a los productos que venden para detectar posibles prácticas de evasión fiscal, tanto de los clientes y compradores como de los propios negocios, pues se presume que en algunos casos se emiten facturas de relojes más sencillos para ocultar la venta de un reloj de marcas más caras y lujosas.
Veremos en qué termina esta búsqueda de “gastos suntuosos” y qué nombres salen a relucir en las investigaciones que realizan la UIF y el SAT vinculadas a indagatorias y expedientes federales en proceso.

Por lo pronto, los propios dueños de algunos de los negocios en donde se realizan esas compras de lujo deberían estar poniendo sus asuntos al día, especialmente un par de joyerías de la zona de Masaryk, donde empezarán a hacer las compulsas las autoridades financieras y hacendarias.

Notas Indiscretas…

A propósito de investigaciones federales, nos dicen las fuentes consultadas que las indagatorias contra el empresario más importante del outsourcing en México ya están en manos de la Fiscalía General de la República y que pronto podría haber noticias al respecto.

Por cierto que en la Concamín, el organismo cúpula de los industriales mexicanos, cuentan que ese mismo empresario hace algunos años se acercó a ellos con la intención de registrarse, pero los dirigentes de la Confederación de Cámaras Industriales, después de revisar el caso y los antecedentes, le respondieron cortésmente, pero con una negativa al empresario, que finalmente terminó afiliado a una Cámara de Comercio.

¿Pues qué verían en la Concamín para negarle el registro?… Apenas un día después de que el presidente López Obrador se enojara en Tabasco por lo que llamó “grillas y politiquerías”, ante el reclamo de sus seguidores, ayer lunes se produjo una renuncia en su Gabinete que parece tener eco con los temas
tabasqueños.

Javier May, paisano tabasqueño de López Obrador, renunció a su cargo como subsecretario de Evaluación de la Secretaría del Bienestar y coordinador del Programa Sembrando Vida, uno de los más importantes para la 4T.







02 Marzo 2020 04:08:00
Gobernadores y alcaldes, otro ‘talón de Aquiles’ de la 4T
En su propia tierra, Macuspana, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cortar su discurso, al enfrentar la molestia de pobladores que le gritaban consignas y reclamos al Alcalde de Morena, Roberto Villalpando, y al Gobernador, también morenista, Adán Augusto López.

“Miren, ahí, están los gritos… ¿que ganamos con eso? ¿Van a seguir gritándole al Presidente Municipal?”, preguntó el Presidente a la multitud enardecida: “Sííí”, le respondieron. “Pues yo no estoy de acuerdo”, dijo el Mandatario, que se quedó callado e interrumpió molesto su discurso.

La escena, que claramente incomodó y molestó la gira presidencial que se proponía ser un “diálogo con el pueblo chontal” ocurrió justo en el municipio de donde es originario el Presidente, quien se negó a escuchar los reclamos en contra del Alcalde: “ya no voy a seguir hablando porque así no se puede”, dijo mientras calificaba esos reclamos como “grilla y politiquería”.

Así, el Presidente se ofendió por un reclamo que no era para él, pero sí para los dos gobernantes locales de su partido a los que decidió defender al grado de suspender su discurso y hacerse el ofendido.

Muy distinto actuaba el Presidente cuando, al inicio de su Gobierno, la gente solía abuchear y gritarles a los gobernadores de oposición durante las giras presidenciales en los estados. Entonces nunca suspendió un discurso ni se molestó por los gritos, a lo sumo llegó a pedirles a sus seguidores, entre sonrisas cómplices, que “respeten al gobernador, somos amigos”.

Hoy, cuando se trata primero de su tierra natal y luego del alcalde y del gobernador de su partido, López Obrador sobrerreacciona y hace suyo un reclamo que no era para él. De paso, descalifica las expresiones de la gente en contra de sus autoridades locales, al llamarlas “grillas y politiquerías”, sin tomar en cuenta que se trata de sus mismos paisanos y base social, quizá de las más fieles que tenga en el país, que están inconformes con las decisiones y políticas del alcalde Villalpando y del gobernador Adán Augusto.

Con esa reacción iracunda y que descalifica a sus seguidores, el Presidente no está viendo el fondo del asunto que emergió ayer domingo en Tabasco, pero que está ocurriendo en casi toda la República: una buena parte de las autoridades locales emanadas de Morena, síndicos, alcaldes y gobernadores, están enfrentando rechazo y fuertes cuestionamientos a sus administraciones y a la forma en que están gobernando. La prueba de la plaza casi nunca la pasan las autoridades locales y en este caso tampoco las de Morena.

La escena de ayer domingo en Macuspana podría haber sido en Veracruz, en Chiapas, en Morelos o en alguna alcaldía de la Ciudad de México, todas ellas gobernadas por alcaldes o mandatarios estatales morenistas, cuyas gestiones están resultando tan fallidas para atender los reclamos básicos de la población, ya sea por falta de experiencia, por soberbia o por malas decisiones administrativas y presupuestales, que la gente se dice decepcionada de Morena en esos niveles de Gobierno.

Eso es algo que, aunque claramente no están midiendo en Palacio Nacional, le explotará a Morena y al propio Presidente en las próximas elecciones de este 2020 y 2021 en donde la inconformidad que ya se hace pública, incluso en las giras del Presidente, va a provocar serios reveses al partido gobernante y a la 4T, sobre todo a nivel del voto en alcaldías.

Ese será otro “talón de Aquiles” para el proyecto lopezobradorista si no se exige a los alcaldes y gobernadores emanados del partido oficial que se pongan las pilas y atiendan el descontento y la molestia de sus gobernados.

Alguien tendría que decirle al Presidente que, más allá de las “grillas y politiquerías”, la inconformidad de la gente contra sus alcaldes y gobernadores, por más amigos suyos que sean, le va a generar un problema electoral si no se hace algo más que molestarse y parar un discurso.
29 Febrero 2020 04:03:00
Salud en México: entre coronavirus y cártel de la Sangre
Justo en momentos en que el sector salud en México se encuentra en medio de una crisis de desabasto y falta de insumos en hospitales públicos, el coronavirus Covid-19 llegó al país con el contagio de dos mexicanos que estuvieron en Italia e importaron el virus al territorio nacional. Los dos casos ya confirmados oficialmente activaron todos los protocolos y los planes de emergencia que el Gobierno federal había presentado en la víspera para “mitigar” el impacto de la nueva cepa, y pusieron finalmente a trabajar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales en una pandemia que, por más que el presidente López Obrador intentó minimizar, que pedía “no exagerar” y que hasta llegó a vincular con “malos deseos de nuestros adversarios que quieren que nos vaya mal”, finalmente ya está en México y tendremos que enfrentarla.

Los primeros impactos no solo fueron en el tema de la salud con los dos contagios confirmados y algunas escenas de pánico y compras alocadas de desinfectantes, cubrebocas y geles antibacteriales en ciudades del país; también el arribo del Covid-19 se sintió este viernes en la economía de México a la que el contagio del coronavirus la agarró débil y con un crecimiento cero del PIB, sin inversiones y con pronósticos cada vez más recortados en 2020.

El primer efecto se sintió en el peso, que después de llevar meses fortalecido e incluso ser “el orgullo de don Andrés”, quién lo presumía cada que podía en sus conferencias mañaneras como una señal de que “vamos muy bien, el peso está fortachón”, el viernes vivió una de sus peores semanas desde noviembre de 2016. El peso cerró febrero con una depreciación mensual del 4.06% o 76.4 centavos, con lo que cotizó en un promedio de 18.66. Sin embargo, la concentración de las pérdidas se dio en las últimas dos semanas del mes, cuando la divisa mexicana retrocedió un 5.76% o 1.07 pesos, justo cuando el coronavirus se extendió a países como Corea del Sur e Italia, y cuando se confirmaron los dos primeros casos de contagio en México.

El otro golpe del coronavirus fue a la Bolsa Mexicana de Valores, que se sumó a la crisis mundial de los mercados bursátiles. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hiló su quinta jornada de pérdidas, con lo que acumuló un retroceso del 7.76% en la semana, el peor registro para la BMV desde septiembre de 2011. Las mayores pérdidas bursátiles se concentraron en los grupos aeroportuarios, ante una posible disminución en el tráfico de pasajeros.

A partir del viernes por la noche, el presidente López Obrador ofreció a las 21:00 horas un mensaje televisivo que pretende dar cada noche, junto con el subsecretario Hugo López Gattel, designado como responsable directo del manejo del coronavirus Covid-19. En el primer corte reportado se confirmaron los dos casos oficiales, uno en la Ciudad de México y el otro en Culiacán, Sinaloa, y se hizo énfasis en las dos cosas que más parecen preocuparle al Presidente en esta pandemia: por un lado decir que en su Gobierno “estamos preparados” para enfrentar la emergencia sanitaria, y por el otro pedir a la población que no se alarme porque hay los operativos necesarios y la capacidad de su Gobierno ante esta situación.

Y es que López Obrador tiene en la mente, y está convencido, de que su antecesor y villano favorito, Felipe Calderón Hinojosa, se equivocó al “sobrerreaccionar” ante la epidemia del virus de la influenza H1N1 y que eso, dicen en Palacio Nacional, fue más dañino para la economía del país que el mismo virus. Y como hoy en la 4T no quieren repetir nada que huela al calderonismo, el Presidente está presionando a su Gabinete de salud –en el que por cierto brilla por su ausencia el secretario Jorge Alcocer, quien ha dejado todos los reflectores al subsecretario López Gatell– para que cada anuncio, cada comunicado y cada protocolo que se ponga en marcha sobre el Covid-19 sea cauteloso, mesurado y sin producir alarma.

Por eso decidió ser él mismo quien encabece los mensajes nocturnos con el parte de cada día. Así que, con la pandemia de coronavirus ya presente en México, ahora no solo veremos todos los días a López Obrador en sus eternas conferencias mañaneras, sino también dando el parte diario de la emergencia sanitaria. Veremos cómo le va al Presidente y a su Gobierno que, más allá de conspiraciones o de buenos o malos deseos, tiene ante sí un enorme reto que le va a complicar el panorama a la 4T, tanto por la salud como por lo económico, y que también pone a prueba la capacidad de un cuestionado y debilitado sistema de salud pública.


Los vampiros quieren seguir chupando el presupuesto

Por si fuera, poco con la llegada del coronavirus, el sector salud mexicano también enfrenta el embate de empresarios-vampiro que pretenden seguir de-

sangrando el presupuesto público. El llamado “cártel de la Sangre”, que por años ha monopolizado la distribución de medicinas, bancos de sangre e implementos médicos, amenaza con mantener sus afilados colmillos sobre el sector salud a pesar de las acciones que han emprendido las propias autoridades federales para inhabilitarlos y denunciarlos por “prácticas monopólicas” para quitarles control en las licitaciones públicas.

Las empresas que participan en licitaciones en ese sector exigen que las cosas cambien y que cesen las asignaciones directas de contratos, que lo único que provocan es corrupción y opacidad. La existencia del llamado “cártel de la Sangre” se hizo pública desde 2016 cuando fueron revelados audios que exhibían llamadas telefónicas entre directivos de empresas poniéndose de acuerdo para participar en la licitación 019GYR988-T3-2015 de servicios de laboratorio que tenía en marcha el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El 10 de marzo de 2016, después de que se hicieran públicos los resultados de esa licitación que efectivamente se repartieron las empresas que se ponían de acuerdo, el entonces director del IMSS, Mikel Arriola, denunció a esas firmas ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas, misma que abrió la indagatoria DE-011-2016, “por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con estos, contratados por el Sistema Nacional de Salud”.

Se supo entonces que entre las firmas denunciadas por el IMSS y hoy en investigación por parte de la Cofece están: Falcon, de Noé Ramírez; Impromed-Intermet, de Fernando Chein; Selecciones Médicas del Centro, de Francisco Pérez Fayad; Centrum, de Valentín Campos; Hemoser, de Ignacio Higareda, y Dicipa, de Francisco Pallach. A ese grupo de empresas y empresarios que se coludieron en aquel momento y que lo hacían comúnmente para repartirse las multimillonarias licitaciones del IMSS en medicamentos, bancos de sangre e insumos de laboratorio, se les llamó el “cártel de la Sangre”.

Lo más extraño de este caso es que tuvieron que pasar tres años, de 2016 a 2019, para que el asunto se moviera en la Cofece, en donde los comisionados tuvieron la denuncia del IMSS durmiendo el “sueño de los justos” y nunca movieron por años ese expediente, a pesar de que hubo exhortos desde el Senado de la República, como el que les hicieron el 27 de julio de 2016. En los pasillos de la industria farmacéutica se comenta que detrás del largo silencio de los comisionados de competencia hubo razones de peso y de pesos, pues a los empresarios del “cártel de la Sangre” se les vio varias veces haciendo labor de “cabildeo” para retrasar la investigación.

Fue hasta septiembre de 2018 que finalmente la Cofece publicó el acuerdo de conclusión de investigación emitido por su Dirección de Investigación de Prácticas Monopólicas Absolutas y, ya en el Gobierno actual, el 28 de marzo de 2019, la misma comisión emitió la notificación COFECE-017-2019 en la que anuncia el emplazamiento “a los agentes económicos por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre”, por lo que se inicia procedimiento seguido en forma de juicio, en el cual los agentes económicos podrán defenderse de las imputaciones que se hacen en su contra.

La investigación de la Cofece se mantiene y es vital para evitar que las prácticas monopólicas del “cártel de la Sangre”, sigan afectando al mercado de medicamentos y de servicios de salud. Pero eso es solo una parte del problema, porque ahora lo que también exigen el resto de las empresas del sector, las que se veían afectadas por ese cártel que acaparaba licitaciones con colusión y prácticas monopólicas, es evitar que las autoridades del sector no entreguen licitaciones directas porque beneficiarían a ese grupo poderoso de empresas que, aun investigadas y sancionadas, siguen moviéndose para mantener su control en el mercado y seguir chupándose, ellos solos, el presupuesto federal del IMSS y de otras dependencias de salud.

Lo que el resto de empresas y laboratorios que participan en las licitaciones de salud le piden al Gobierno de López Obrador es que los millonarios recursos con que cuenta el cártel no sigan siendo la llave que abra las puertas de las instituciones del sector salud, sino el apego a la legalidad de las licitaciones. ¿Volverá a imponerse el “cártel de la Sangre” a pesar de las investigaciones y denuncias en su contra? Los dados mandan Doble Escalera para los mexicanos ante el coronavirus. Semana dura.

27 Febrero 2020 04:07:00
La extradición del ‘Menchito’
Sigilosamente y cuando aún estaba en curso un amparo a su favor, el Gobierno del presidente López Obrador le entregó a Estados Unidos a Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera González “El Mencho”. La entrega se produjo el jueves 20 febrero en la frontera entre Arizona y Sonora, y la seguridad y reserva y discreción con que actuaron las autoridades mexicanas fue por una petición directa desde Washington, en donde pidieron “acelerar la extradición” ante el retraso que provocaron las demandas y amparos interpuestos por sus abogados.

Rubén Oseguera, quien para EU era “el segundo al mando en el CJNG, también era el segundo en una lista de 11 presuntos integrantes de ese cártel que fueron solicitados en octubre de 2018 por el entonces fiscal general de EU, Jeff Sessions, el jefe de la DEA, Uttam Dillon, y el agente especial de la DEA en el área de Los Angeles, Daniel Comeaux. En el documento de ‘acusación’ emitido por las dos instancias estadunidenses, se señala que el CJNG ha emergido como la fuerza más poderosa de los cárteles de la droga en México y es considerado por el Departamento de Justicia una de las cinco organizaciones criminales internacionales más peligrosas”.

Esa lista, en la que se pide la detención de los mencionados con fines de extradición, se envió desde finales de 2018 al Gobierno mexicano y la tiene en su poder la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La encabeza Nemesio Oseguera González, seguido de su hijo, Abigael González-Valencia, líder de “Los Cuinis”; Jesús Contreras-Arceo “El Canasto”, Erick Valencia-Salazar “El 85”, todos ellos identificados por el procurador estadunidense y por la DEA como “cabezas” del cártel; la lista la completan “individuos vinculados al CJNG”, entre los que mencionan a Osvaldo de Jesús Miramontes Díaz, Gerardo González-Valencia “El Lalo”, José Valencia González “El Chepa”, Ulises Giovani Mora Tapia “El Yiyo”, Juan Manuel Abouzaid “El Bayeh” o “El Escorpión” y Alfredo Galindo Salazar “El Tucán”.

El interés especial que el Gobierno de Donald Trump tiene en “El Menchito” quedó claro al radicarse su asunto directamente a un juzgado federal en Washington, donde el hijo de Nemesio Oseguera será procesado por delitos de “conspiración para distribuir cantidades significativas de narcóticos para su ilegal importación a Estados Unidos”, además de portar armas de fuego en sus actividades delictivas en su territorio.

Hasta ahí el asunto es estrictamente jurídico y forma parte de la relación y los acuerdos de cooperación entre el Gobierno de Trump y el de López Obrador. Pero esta historia da un giro político interesante. Un día después de la extradición de Rubén Oseguera y de su traslado directo a Washington, en un chat de abogados encumbrados –del que esta columna posee una captura de pantalla– uno de los abogados participantes preguntó al resto de sus colegas: “Buenas tardes, ¿algún penalista en Washington que lleve temas de alto impacto? Saludos”, varios de los integrantes le respondieron para darle nombres.

Lo interesante es que ese abogado es Emiliano Robles, quien públicamente se firma como Emilio RGM, y quien es muy cercano al expresidente Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala, con quienes participa para la creación y registro del Partido México Libre. ¿Será casualidad que el reconocido abogado de la Libre de Derecho y promotor del partido México Libre estuviera buscando un penalista en Washington para ·temas de alto impacto”, un día después de la entrega de “El Menchito” al Gobierno de EU? Ahí dejamos la pregunta. Por lo pronto, la relación entre ellos es tan cercana que el abogado es uno de los encargados de organizar y articular la logística de México Libre, además de asesorar en la parte legal. ...Los dados mandan Escalera doble. Gran tiro.
26 Febrero 2020 04:07:00
Investigan en México al ‘rey del outsourcing’
Justo cuando en el Senado de la República se debate intensamente el esquema de subcontratación denominado “outsourcing”, con posiciones encontradas entre el empresariado nacional y secretarios del Gabinete, en el Gobierno federal han abierto una investigación en contra del mayor empleador que hay en el país bajo ese esquema: Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, a quién le indagan sus cuentas y manejos financieros por sospechas de “defraudación fiscal” y movimientos financieros irregulares.

Fuentes de la Secretaría de Hacienda confirman que hay abierta una carpeta financiera en contra de Beyruti, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT le comprobaron tan solo en un año una facturación de 34 mil millones de pesos, lo que entre otros temas dio pie a que se revisaran las cuentas personales del empresario y la del conglomerado de empresas que agrupa GINgroup.

Raúl Beyruti es un empresario que gusta de los reflectores y que ha hecho de su exitoso negocio de tercerización el más grande y rentable de México, con clientes como Walmart, Femsa, Inditex, Comex, HSBC y Mapfre entre otras 4 mil 500 compañías que le otorgan sus esquemas de subcontratación de empleados y el manejo de nóminas.

Según la página oficial de GINgroup, manejan a 180 mil trabajadores de sus clientes, tienen 2 mil expertos en distintas actividades, 11 centros operativos en la República Mexicana, 70 sucursales, 10 mil colaboradores y más de 50 filiales. Además se ufanan de que su “equipo de colaboradores, ha desarrollado de manera constante una garantía 100% anticorrupción”.

Un mes antes del inicio en el Senado los foros de Parlamento Abierto para discutir la regulación del “outsourcing”, a partir de la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, Beyruti apareció en la portada de la revista Forbes México en su edición de enero, en donde además de su fotografía le publican una extensa biografía y su posición sobre el debate de la terciarización en el Senado.

En algunas reuniones de las comisiones que analizan el dictamen de ley, el senador Germán Martínez aludió al imperio del outsourcing de Raúl Beyruti mientras mostraba la revista Forbes con su imagen y decía “esto es lo que no puede volver a pasar”.

En la entrevista y la portada de Forbes, que causó incluso un cisma en la revista con la renuncia del director editorial, Jonathan Torres, quién ayer martes confirmó en entrevistas que su salida fue porque no estuvo de acuerdo no solo con el reportaje y la portada sino con la llegada de Beyruti como “socio accionista” de la revista de origen estadunidense.

Pero la polémica y los señalamientos políticos que desata, no parecen afectar al empresario que se presenta como “el mayor empleador en México” y que ahora es investigado por la UIF y el SAT. En la entrevista con Forbes habla del debate del “outsourcing” en el Senado: “hay una persecución, desde hace tres o cuatro años, contra la tercerización, la subcontratación y el outsourcing, porque (algo) se ha confundido. Por desgracia, hay empresas que se han dedicado a vender facturas”. Y dice que su grupo se prepara ya con la revisión integral de sus procesos y la transparencia.

Y, como quien quiere mandar un mensaje de que no le preocupan las investigaciones federales, Beyruti dice que, además de sus empresas de “capital humano”, sus varios restaurantes y sus inversiones y compras de medios como El Financiero, El Economista y ahora la revista Forbes, además de dos canales de televisión por cable, Salud TV y Travel Chanel, estaciones de radio y revistas como Mundo Ejecutivo, Playboy entre otras, ahora su objetivo es “conquistar China”, operar un Banco y emitir una OPI en la BMV, pero no con su negocio mayor, que es el “outsourcing”, sino con su grupo restaurantero.

Veremos si los ambiciosos planes del empresario de origen poblano, dueño de un emporio laboral, mediático y restaurantero se concretan. En su relato de vida, que él mismo define como “39 años de trabajo y

sacrificio”, mientras le cuenta a Forbes su historia de un niño de clase media baja, con un padre supervisor en las tiendas Sears y una madre secretaria que los mantenía a él y a sus hermanos, que después estudió contaduría y encontró en el “outsourcing” una auténtica mina de oro, no aparecen ni sus conexiones políticas con los gobiernos de los últimos sexenios y mucho menos sus millonarios movimientos financieros de 34 mil millones de pesos que llamaron la atención de las autoridades financieras y fiscales para investigarlo, pero no sería lejano que, para inaugurar la nueva ley que regulara la subcontratación en México, le peguen al “Rey” para demostrar que van en serio.


Notas Indiscretas…

Las órdenes de aprehensión que se solicitaron ayer en la FGR contra el dueño del Grupo Hidrosina, William Karam, y su hermano Paul, además de otros tres personajes vinculados al Gobierno de Peña Nieto como el general León Trauwitz, exdirector de Seguridad de Pemex, son reales y las confirman en el Gobierno federal.

En el caso concreto de los hermanos Karam Kassab, el tema tiene que ver con una defraudación fiscal por al menos 9 millones de pesos que le documentó la UIF de Hacienda al dueño de Hidrosina y amigo personal de Emilio Lozoya. También tiene denuncias por huachicol y vender gasolina robada en sus establecimientos, pero esa investigación aún no se activa en la FGR.

Así que, tal como aquí lo dijimos, al “gasolinero favorito de Lozoya”, al que se le señala incluso de haber protegido al exdirector de Pemex en su huida del país, por una fotografía que tienen de ellos en el departamento de Rubén Darío 115 en Polanco, parece que le llegó la hora…

En Baja California, mientras se sigue retrasando la discusión en la Corte sobre la duración de su periodo de Gobierno, Jaime Bonilla impulsa la construcción de cuarteles para la GN en el estado. El primero ya funciona en Tijuana y están ya proyectados seis cuarteles más para todos los municipios del Estado.

Bonilla parece decidido a reforzar la frontera más transitada del mundo… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.

25 Febrero 2020 04:07:00
Justicia imparcial para la libertad de expresión
La primera condición que debe cumplir un Juez, para poder serlo e impartir justicia, es la imparcialidad. Si un juzgador no es imparcial y además no tiene independencia para dictar sus decisiones o fallos, su actuación coloca a los ciudadanos en la total indefensión y vulnera un principio primordial de la justicia que consagra el Artículo 24 de nuestra Constitución: que todas las personas “tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

En el pleito legal que desde 2018 sostiene El Universal por la publicación del reportaje que reveló parte del patrimonio inmobiliario del entonces candidato presidencial Ricardo Anaya, el juez que hoy lleva el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el ministro Luis María Aguilar, expresidente de la Corte, quien es señalado por una de las partes como un juzgador que ha perdido la imparcialidad a la que le obliga la Constitución por tener motivaciones personales vinculadas a una denuncia periodística que se hizo en su contra en las páginas del mismo diario al que busca sancionar.

La insistencia del Ministro en proponer una sentencia que condene a El Universal por lo publicado en contra de Anaya, como lo ha hecho ya en tres proyectos de sentencia –los tres en contra del diario y dos de ellos ya rechazados por la mayoría de sus compañeros ministros– hace pensar que el expresidente de la Corte no solo perdió su imparcialidad, sino que está buscando venganza por la publicación que en abril de 2019, hizo el periódico sobre su gestión al frente del Poder Judicial, basado en un informe del Consejo de la Judicatura Federal que encontró inconsistencias en la construcción de un Centro de Justicia Penal Federal.

Lo grave radica en que, más allá de cómo se resuelva un pleito legal entre una empresa periodística, como El Universal, y un político como Ricardo Anaya, un fallo como los tres proyectos de sentencia que hasta ahora ha intentado el ministro Aguilar dañaría la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, porque supone que el derecho de réplica al que ya tuvo acceso Ricardo Anaya, debió haber sido para que el diario dijera que su información era falsa, a pesar que ya se demostró la veracidad esa información, y no para que, como la misma Corte lo ha dicho en sentencia existentes sobre acciones de inconstitucionalidad, se difunda y publique la versión del aludido, cosa con la que hace tiempo cumplió el diario.

Por esas razones y por desconfiar de su imparcialidad ante sus motivaciones personales, El Universal solicitó que el ministro Aguilar se recuse y no sea más el ponente en este caso y que la Suprema Corte nombre a un nuevo Ministro que no tenga motivaciones personales o ánimos de venganza para redactar su proyecto de sentencia.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su Artículo 219, la recusación puede ser solicitada por una de las partes en los asuntos civiles, como este, y podrán hacerlo por 16 causas.

Si el tercer proyecto de sentencia del Ministro ponente se llegara aprobar –cosa poco probable, pero no por ello menos peligroso– sentaría un precedente que atacaría la libertad de expresión al abrir la puerta para que los políticos utilicen el derecho de réplica para debilitar a cualquier medio o periodista que los critique o cuestione y hacer, a partir de que se obligue a los medios a decir que su información es falsa, propaganda política y personal de las figuras públicas. Eso, en tiempos en donde la crítica y el ejercicio periodístico son vistos como “ataques políticos” contra los poderosos, significaría acabar con la libertad de prensa y el periodismo libre en México.
24 Febrero 2020 04:07:00
AMLO y Madero, entre la devoción y la obsesión
Envuelto en las crisis de feminicidio, seguridad y desabasto de medicamentos, el presidente López Obrador aprovechó ayer el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, uno de los héroes y expresidentes que más admira, para reafirmar su discurso conspirativo y reiterar que detrás de cada problema o reclamo social que lo rebasa, que se le desborda y se sale de control, está la mano “de los conservadores”, los mismos que, dice, asesinaron a Madero y a Pino Suárez en el Palacio de Lecumberri después de apresarlos y encarcelarlos junto al general Felipe Ángeles en Palacio Nacional.

No es la primera vez que el Presidente expresa en un discurso público su admiración por la figura del llamado “apóstol de la democracia” y de que utiliza la figura de Madero para mandar mensajes que establecen un cierto paralelismo entre él y el expresidente originario de Parras, Coahuila.

Pero al mismo tiempo que le admira por sus ideales democráticos y su propuesta de justicia social –incluso al nivel que los otros dos expresidentes que son su referencia: Benito Juárez y Lázaro Cárdenas– López Obrador tiene una especie de obsesión con la incomprensión, el vilipendio público y “la traición golpista” de que fue objeto el coahuilense: Madero, aseguró, “fue un político extraordinario y fuera de serie, a pesar de que en su momento lo consideraron insignificante, inepto de la política, poca cosa, desequilibrado mental y hasta loco”.

Apenas en la semana pasada, el Presidente había conmemorado el también aniversario luctuoso de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó, ambos asesinados el 18 de febrero de 1913 por las fuerzas golpistas de Victoriano Huerta. Un día después, reunido en el Zócalo de la Ciudad de México con los mandos y tropas del Ejército, les agradeció a los militares del país “que no hayan escuchado el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo”.

Todos estos discursos conectan sí con su devota filia maderista, pero también con su personalidad de mártir y su obsesión personal y permanente por una posible conspiración o reacción de sus adversarios en su contra.

López Obrador es un conocedor y apasionado de la historia de México y recurre a ella de manera constante no solo para sus discursos y mensajes políticos, como cuando llamó a la oposición “moralmente derrotada”, sino también para definir su estrategia política.

Así es que acostumbrémonos a que cualquier crisis que le estalle a este Gobierno, producto de sus errores, fallas o decisiones, sea respondida con el expediente de la “reacción conservadora” ante los cambios que está haciendo la 4T. Y nadie duda que hay intereses y reacciones de grupos económicos y de poder que se están viendo afectados con las decisiones de este Gobierno y que algunos de ellos tienen la fuerza y la capacidad de intentar desestabilizar a la Administración lopezobradorista; pero en la visión conspirativa del Presidente, ningún reclamo social, popular o ciudadano, así sea de mujeres, padres de niños enfermos, madres de niños de guardería o pobladores que se oponen a una de sus obras, será válido ni legítimo porque todos los que cuestionen a su Gobierno estarán bajo sospecha de ser “conservadores” y “adversarios”.
20 Febrero 2020 04:02:00
Lozoya, ¿testigo colaborador contra Peña Nieto?
Entre las opciones jurídicas que analiza la Fiscalía General de la República y que estaría negociando con Emilio Lozoya Austin y sus abogados, hay dos figuras jurídicas que podrían aplicarse al exdirector de Pemex una vez que sea extraditado de España y traído a México. La primera sería que aceptara su culpabilidad en los delitos graves que se le imputan a cambio de una reducción de pena, conocida como el “allanamiento a cargos”, figura contemplada en la legislación española, y la segunda sería que aceptara, una vez en México, acogerse a la figura de “testigo colaborador” del Código Penal federal para que, a cambio de información relevante sobre la corrupción en Pemex, obtuviera un beneficio penal.

Y en esta última figura, la de colaboración de un acusado, antes llamada “testigo protegido”, Lozoya Austin podría convertirse en el eslabón que la FGR está buscando para poder acusar e iniciar un procedimiento judicial en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, y contra quien fuera el llamado “hombre fuerte” de su sexenio, el influyente exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray Caso. Esa sería la forma en que, por primera vez en la historia del país, un caso de corrupción contra un exmandatario nacional pudiera ser judicializado y confirmaría la información que difundió ayer The Wall Street Journal: “México está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto”, atribuida por el diario estadunidense a un “alto funcionario mexicano”.

La información que fuentes vinculadas al caso Lozoya dieron a esta columna, coincide con la presencia en España del abogado Javier Coello Trejo, quien se reunió en la cárcel de Málaga con su cliente Lozoya Austin. La estrategia legal que ha desplegado Coello, con el envío de mensajes de amenaza o advertencia como “Emilio Lozoya no actuó solo” o “Mi cliente solo siguió órdenes del Presidente (Peña) y del secretario de Hacienda (Videgaray)” también concuerda con una negociación o al menos un diálogo en curso con la Fiscalía mexicana para que el exfuncionario preso “colabore” con las autoridades con información para llegar al expresidente.

Las mismas fuentes judiciales corroboran que también su padre, Emilio Lozoya Thalmann, aceptó colaborar con la Fiscalía y fue clave para lograr la detención de su hijo el pasado 12 de febrero, tal como lo informó el periodista Roberto Rock el domingo pasado. Incluso, al haber sido el vínculo de su hijo con los expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas, para quien trabajó como secretario de Energía en su sexenio, y durante sus meses de fuga el “correo humano” entre los tres personajes, Lozoya Thalmann habría decidido “cooperar” con el fiscal Gertz Manero, después de que sintió que su junior había sido “abandonado y dejado solo” por parte de Salinas y Peña. Una fuente cercana a la familia, que afirma que en su última plática con Peña en Madrid, antes de acercarse a la FGR, Lozoya padre se despidió con un mensaje: “Si Emilio se va a la cárcel, no se irá solo”.

Así que todo va cobrando sentido en el caso Lozoya con la frase que hace unos días le declaró el fiscal general Alejandro Gertz Manero al diario El País: “Estamos cerrando el cerco en torno a Peña Nieto”, y con lo que también este martes nos decía Santiago Nieto, poderoso titular de la UIF, en una entrevista que le hicimos para Las Noticias de la Noche, de El Heraldo TV: “Hay procesos de investigación abiertos en muchos frentes. Hemos aportado a la FGR 660 notas de investigación en 2019 y muchas involucran a gente cercana al expresidente Peña Nieto. Y es una parte fundamental de la agenda pública del presidente López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”… Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
19 Febrero 2020 04:04:00
El gasolinero favorito de Emilio Lozoya
William Karam, dueño del grupo Hidrosina, fue el empresario gasolinero que más creció en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Su cercanía y amistad con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y con el poderoso exdirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, le ayudaron a construir uno de los emporios más rentables del sector gasolinero.

Fue tan cercana su relación con Lozoya que fue la última persona que lo vio en su departamento de Polanco, antes de que se fugara del país ante las órdenes de aprehensión que le giró la Fiscalía General de la República.

Según publicó el columnista Mario Maldonado en estas páginas, el 28 de mayo de 2019, cuando se libraron las primeras órdenes de aprehensión en su contra, el exdirector de Pemex estaba en su departamento de Rubén Dario 115, en Polanco, acompañado de su amigo Karam, quien además lo ayudó y lo protegió durante su huida del país.

El también columnista de El Financiero, Darío Celis, ha publicado que el empresario gasolinero fue clave para que Lozoya entrara en contacto con personajes de alto nivel del Gobierno ruso que lo habrían ayudado a refugiarse en San Petersburgo varios meses antes de moverse a España, donde fue capturado.

El problema para Karam es que, al tiempo que sus amigos del Gobierno de Peña Nieto han ido cayendo en desgracia, él mismo se volvió un empresario non grato para la 4T que con el arranque de la Estrategia Nacional contra el Huachicol, que lanzó el presidente López Obrador en enero de 2019, puso en la mira de empresas “sospechosas” por vender combustibles robados al Grupo Hidrosina.

Desde aquella fecha la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, comenzó a investigar las cuentas de la empresa Hidrosina y de Karam y sus hermanos Jorge, Jesús Gabriel y Paul Karam Kassab, socios del grupo. Hubo un primer intento, en enero de 2019, por congelarles 31 cuentas, aunque la investigación finalmente no cuajó en ese momento y sólo quedó en señalamientos públicos. Por aquellos días también el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, arremetió desde la conferencia mañanera contra el Grupo Hidrosina, al que acusó de vender la gasolina a los precios más altos en todo el país en esas fechas.

Pero la investigación contra Karam y su grupo gasolinero nunca se detuvo, y en este 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera tiene documentadas transferencias financieras irregulares que forman parte de un expediente que documenta la compra y venta de gasolina y diésel robados a Pemex que eran comercializados por Hidrosina. El expediente, que también tiene medidos los volúmenes de gasolina y diésel que el grupo de Karam compraba a Pemex, en contraste con lo que vendía, serán parte de las denuncias que ya se preparan en la Fiscalía General de la República para acusar al importante grupo gasolinero de huachicoleo y venta de combustibles ilegales.

Así que la gran amistad y los buenos negocios que hicieron durante el sexenio pasado Lozoya y Karam en una de esas continúan; solo que ahora, si se vuelven a encontrar, no habría restaurantes de lujo en Polanco ni departamentos o viajes fastuosos, y en lugar de los costosos trajes de sastre que ambos suelen usar, podrían ir los dos vestidos de color caqui.

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