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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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14 Septiembre 2019 04:07:00
La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su Gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No solo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el Mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su Gobierno, que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su Administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que –inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos– no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su Gobierno, es que el Gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo Gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “michoacanazo” con el que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009.

Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del Gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección.

Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado Gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de fiscal general del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas.

El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo.

Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no solo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al Gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este Gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el Mandatario federal.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes.

El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del Gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.



NOTAS INDISCRETAS…

Mañana será el primer grito de Independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el Presidente en la ceremonia oficial, no solo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la Presidencia.

¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas…

En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios.

Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en Rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”.

Con los años, comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad.

Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la Administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios?

Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!
16 Diciembre 2019 04:07:00
El subsecretario chamaqueado y el Presidente confiado
El 10 de diciembre pasado en Palacio Nacional, en medio de la euforia que ese día lo embargaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante los visitantes de Washington y Canadá, y frente a todos los que atestiguaban la firma del “addendum” del T-MEC, que era tanta su confianza en su negociador único, el subsecretario Jesús Seade, que él no tuvo que leer ni revisar documentos de lo negociado en ese tratado.

“Le tenemos toda la confianza a Jesús, que casi no teníamos que revisar nada, leer documentos, por la confianza que le tenemos. Sabemos que él nos representa con mucho decoro”, sostuvo muy seguro el Mandatario mexicano.

Y al parecer el Presidente no fue el único que no revisó ni leyó los acuerdos negociados en Washington por Jesús Seade. El mismo canciller, Marcelo Ebrard, que ese día, declaró llenó de orgullo ante su jefe: “misión cumplida” o el resto del Gabinete económico que celebraba a tambor batiente sin conocer los detalles de lo que el país había aceptado por conducto de Seade en materia de imposición e intervención de Estados Unidos en materia laboral o comercial, todos festejaron, aplaudieron y después brindaron en una comida privada con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, sin conocer las “letras chiquitas” que incluso obligaron al Senado a aprobar por unanimidad sin explicar los alcances que tendrían las enmiendas redactadas en la capital estadunidense.

El propio Seade se dijo, primero “sorprendido” y después entró en pánico, luego de enterarse de que la redacción de lo que él aceptó y cedió ante el colmilludo Lighthizer apareció en los textos finales del “addendum” de manera muy diferente a lo que él medio explicó ese día en Palacio Nacional y después en su apurada comparecencia ante el Senado, donde el 11 de diciembre les repitió a los preocupados senadores de oposición lo mismo que un día antes le había jurado a todos los mexicanos: “No hay ningún riesgo en lo que firmamos… no hay píldoras amargas”.

Pero el fin de semana, cuando se confirmó que en Washington tenían ya listo el nombramiento no solo de uno, sino de 4 “agregados laborales” para mandar a su embajada en México para que supervisen la aplicación de la reforma laboral (algo así como “sherifs laborales”), el chamaqueado Seade voló de emergencia a la capital estadunidense para reclamarle a Robert Lighthizer que le haya visto la cara con la redacción final de ese y otros acuerdos que nuestro negociador, y al parecer todo el Gobierno mexicano, no supo cómo quedaron finalmente en los documentos finales.

Y es que la legislación que implementa el USMCA (T-MEC para nosotros), elaborada por Lighthizer y que él mismo envió a la Cámara de Representantes, contempla el nombramiento de esos 4 nombramientos de “agregados laborales” para operar en México.

Paradójicamente, el representante comercial de EU, al que ahora culpa Seade y va a reclamarle, es el mismo Robert al que el presidente López Obrador llenó de elogios en Palacio al mencionarlo como “un profesional en la negociación de este tipo de tratados” y dijo que era tan serio y tan bueno que “hasta los demócratas le tienen respeto”.

Claro que también Lighthizer se había encargado de endulzarle el oído al Presidente mexicano aquella mañana del 10 de diciembre: “Me siento honrado de estar con esta figura histórica y también el Presidente de Estados Unidos. El que usted haya logrado eso es histórico, es el mejor acuerdo comercial de la historia”, le dijo el viejo lobo de mar de Washington a López Obrador.

Al final, el enojo y los apuros que pasa ahora el Gobierno de México, al percatarse de lo que aceptaron y del chamaqueo de que el país fue objeto en Washington, tiene que ver con la decisión de haber mandado a un solo negociador, plenipotenciario y que negoció todo solo y sin consultar los cambios al T-MEC.

La soberbia perdió a Jesús Seade, que embarcó al Presidente, al Gabinete económico y de paso al Senado mexicano que aprobó al vapor y sin leer siquiera las enmiendas con todo y las “letras chiquitas” en las que la Administración Trump se aprovechó para verle la cara al negociador mexicano y de paso a todo el país.

Con cuánta razón y conocimiento Donald Trump tuiteó aquel martes: “El gran proyecto de ley comercial del USMCA de Estados Unidos se ve bien. Será el mejor y el más importante acuerdo comercial nunca hecho por Estados Unidos”.

El Presidente estadunidense sabía bien lo que contenía ese acuerdo, sobre todo en los últimos cambios que Lighthizer le sacó a México a través de Seade. Seguro Trump también confiaba mucho en su negociador pero al parecer él sí leyó y revisó “los documentos” o al menos a él no lo engañaron diciéndole “misión cumplida”, que “no vendrían inspectores ni agregados laborales sino panelistas” y que tampoco había “riesgos ni píldoras venenosas”.


14 Diciembre 2019 04:06:00
El rastro que llevó a García Luna y el general que le advirtió a Calderón
Genaro García Luna, hoy detenido en Dallas, estuvo en el radar de las autoridades de Justicia de los Estados Unidos a partir del 20 de noviembre de 2018, cuando Jesús “El Rey” Zambada lo acusó en su testimonio ante la Corte Federal de Brooklyn de haber recibido “sobornos millonarios” por parte del cártel de Sinaloa.

Durante casi un año lo observaron buscando elementos que sustentaran el señalamiento del capo sinaloense durante el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no fue sino hasta hace unas semanas, cuando las autoridades financieras estadunidenses realizaban una búsqueda de cuentas y movimientos financieros de los hijos de Marta Sahagún, cuando el nombre de García Luna apareció vinculado a una de las cuentas de los jóvenes Bibriesca Sahagún y al seguir los rastros bancarios y financieros, dieron con varias cuentas a nombre del exsecretario de Seguridad Pública de México, cuyos saldos suman 87 millones de dólares.

Fue en ese momento que el Departamento del Tesoro de EU, sabedores del alto perfil del exfuncionario mexicano que llevaba ya casi siete años radicando en Miami, mandaron una alerta al Gobierno de México y le pidieron ampliar la investigación y la búsqueda de activos, solicitando información detallada sobre García Luna que pudiera ser de utilidad en su investigación.

La indagación financiera de los hijos de la exprimera dama había sido solicitada previamente a las autoridades mexicanas, de la Unidad de Inteligencia Financiera, al Gobierno estadunidense, como parte de una investigación que se realiza al expresidente Vicente Fox y a sus hijos políticos, los Bibriesca, y fue en esa búsqueda que se encontraron con la perla: asociado con las cuentas de García Luna estaba uno de los hijos de Marta Sahagún.

Por todos esos vínculos políticos y financieros es que el exsecretario de Seguridad Pública y responsable directo de la estrategia de seguridad en el país entre 2006 y 2012, está hoy en espera de un juicio que, con los mismos fiscales y en la misma Corte de Brooklyn, donde fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua “El Chapo” Guzmán, tendrá fuertes repercusiones para los tres gobiernos anteriores en México: el de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.

Eso lo sabía muy bien el Gobierno del presidente López Obrador cuando decidió utilizar este caso como el parteaguas que confirma el nuevo esquema de “cooperación total” con el Gobierno de Donald Trump en el combate al narcotráfico y las redes de protección y corrupción política que han protegido a los cárteles de la droga en México, un esquema de cooperación que, más que poner el énfasis en la tecnología, armamento o recursos financieros por parte de Estados Unidos –que no dejarán de fluir–, se enfoca más en la información de inteligencia y el uso de los aparatos de justicia y de rastreo financiero del país vecino para documentar casos de narcopolítica y de corrupción en México.

Por eso se explica el discurso de este viernes del Presidente en su conferencia mañanera: “Nosotros estamos viviendo en México una situación de inseguridad y de violencia porque fue equivocada la política que se aplicó desde principios de 2007, que se pensó que declarando la guerra al narcotráfico se iba a resolver el problema de la inseguridad y violencia y lo que produjo esa política fue un agravamiento, muchos asesinatos, desaparecidos, destrucción del tejido social, corrupción; bueno, de todo.

“Nosotros heredamos los efectos de esa política equivocada y estamos corrigiendo, pero va a llevar un tiempo. Se supo en el mundo de que el encargado de seguridad del Gobierno del 2006 al 2012 está ahora detenido en EU, acusado de recibir sobornos para proteger a uno de los grupos delictivos de México; entonces estamos nosotros, desgraciadamente, resintiendo los efectos de esa política”, comentó el Mandatario.

En la misma lógica de López Obrador, de repasar y revisar la corrupción y la narcopolítica de los sexenios pasados, en el juicio que le espera a García Luna en Nueva York saldrán también a relucir otros nombres que ya fueron mencionados en el proceso contra “El Chapo” Guzmán, como el de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En el primer caso, el enjuiciamiento a su exsecretario de Seguridad –a reserva de si los jueces y el jurado lo encuentran culpable o inocente– es ya en sí mismo un juicio político del sexenio calderonista y su fallida y polémica estrategia de seguridad que dejó más de 130 mil muertos y un país convulsionado por la violencia en casi todas sus regiones y municipios; pero para Felipe Calderón el impacto podría pasar de la condena pública y política y convertirse también, si su nombre sale a relucir y es señalado como responsable, ya sea por testigos o por el propio acusado García Luna, que siempre tendrá la opción tan común en la justicia estadunidense de negociar información y acusaciones a terceros a cambio de inmunidad o un trato judicial.

En el caso de Peña Nieto, fuentes del Gobierno federal aseguran que el nombre del exmandatario “también va a salir a relucir en su momento, pero va a salir” cuando comience el juicio en la Corte Federal del Este de Nueva York, en donde ya el mexiquense fue acusado por “El Rey” Zambada y por Vicente Zambada “El Vicentillo” de haber recibido también sobornos hasta por 100 mdd de parte del cártel de Sinaloa a cambio de protección.

El general que le Advirtió a Calderón sobre García Luna
Felipe Calderón dice que nunca supo nada de los presuntos vínculos por los que la justicia de EU acusa a Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa.

Pero excolaboradores de su campaña aseguran que siendo presidente electo, allá por el 2006, en el despacho de la Casa de Campaña que tenía en el Eje 6 Sur esquina con Sacramento, en la colonia del Valle de la Ciudad de México, Calderón recibió al general Tomás Ángeles Dauahare, que entonces estaba en la lista para ser secretario de la Defensa Nacional.

A pesar de que el general había pedido hablar a solas con el Presidente, en la plática se quedó como testigo el difunto Juan Camilo Mouriño. Y ahí en esa reunión, el general divisionario le dijo a Calderón que “Genaro protegía al cártel de Sinaloa” y para sustentar su grave acusación le hizo entrega de un expediente que le pedía que revisara a detalle.

El presidente electo lo recibió y le dio las gracias al militar que abandonó la casona en la colonia Del Valle seguro de que algo pasaría, pero cuando el 1 de diciembre de aquel 2006, Genaro García Luna apareció como secretario de Seguridad Pública en el Gabinete, estaba claro que la denuncia del general nunca encontró eco en el entonces Mandatario.

Según lo afirma el mismo general Ángeles Dauahare esa denuncia le costó no solo no llegar a ser titular de la Sedena. García Luna nunca le perdonó haberlo acusado con Calderón y durante todo el sexenio culpó al militar de los ataques en su contra e incluso afirmaba que él era la fuente detrás del libro de la periodista Anabel Hernández, Los Señores del Narco.

Ese enfrentamiento personal y político hizo crisis casi al final del sexenio cuando a Tomás Angeles Dauahare lo acusaron, con base en testimonios de testigos protegidos, de presuntos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva, y lo detuvo la PGR de Marisela Morales el 15 de mayo de 2012 junto con el general brigadier Roberto Dawe González.

El propio Tomás Angeles, después de estar preso durante poco más de un año y de ser liberado por falta de pruebas en su contra el 18 de abril de 2013, ya en el Gobierno de Peña Nieto, comentó: “mi error fue delatar a García Luna, pero era mi deber decírselo”.

Surge la interrogante, con todas las denuncias e investigaciones periodísticas que durante su sexenio se publicaron, con las dos cartas que le envió a su propio despacho presidencial el excomisario general de la Policía Federal División Caminos, Javier Herrera Valles, y que el propio expresidente ya reconoció haber recibido y leído, pero afirma que “no hacía ninguna acusación específica”, pero sobre todo con la denuncia y el expediente que, aun antes de iniciar su Gobierno, afirma haberle entregado el general Tomás Ángeles,

entonces candidato a secretario de la Defensa Nacional, ¿de verdad no supo nada el expresidente Calderón o más bien no quiso saber nada y se negó a escuchar o a investigar a fondo las denuncias y acusaciones que proliferaban contra su secretario de Seguridad Pública, hoy detenido en Estados Unidos y a punto de ir a un proceso judicial en el que también estará a juicio su Gobierno?
12 Diciembre 2019 04:07:00
AMLO, los senadores de oposición y un brindis con jamaica
El martes de la firma del “adendo” al T-MEC, en medio de la euforia política, las paradas de cuello y la lluvia de elogios que se vivió en Palacio Nacional, hubo un hecho político que casi pasó desapercibido en el evento, pero que no fue menor: por primera vez, en el año y 10 días que lleva este Gobierno, los líderes de la oposición en el Senado fueron invitados a un acto con el presidente López Obrador –con quien no se habían reunido ni en público ni en privado– y también por primera vez lo saludaron de mano e intercambiaron palabras, mientras el titular del Ejecutivo les hizo un reconocimiento altrabajo legislativo.

Y es que el Presidente andaba tan contento por la firma del añadido al Tratado comercial (“como pollo en mole”, diría un senador) que esta vez no solo tuvo como sus invitados de honor y en primera fila del evento a los senadores opositores, sino que además los invitó a la comida de celebración que, en petit comité, se llevó a cabo después del acto oficial.

En la larga mesa que dispusieron en el Salón “Rojo” de Palacio Nacional, al centro, como en la última cena de Miguel Ángel, estaba el Presidente, a su derecha, Christya Freeland, la viceprimerministra de Canadá cuyo vestido hacía juego con el rojo de las paredes; a la izquierda el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer y al lado de él Jared Kushner, el influyente yerno y consejero de Donald Trump, seguido del embajador Christopher Landau y de la embajadora mexicana Martha Bárcena. Del Gabinete por supuesto, el primero era Marcelo Ebrard, seguido de Jesús Seade, Alfonso Romo, Luisa María Alcalde y la secretaria Graciela Márquez.

Y enfrente del Presidente estaban los líderes de la oposición en el Senado, todos: Mauricio Kuri, del PAN, que llegó acompañado de Gustavo Madero y Josefina Vázquez Mota; Miguel Osorio Chong, del PRI, que fue solo; de MC estuvo Clemente Castañeda; del PRD, Miguel Ángel Mancera, y no podían faltar los aliados del PVEM, Manuel Velasco; del PT, Alejandro González, y del PES, Sasil de León.

A la cabeza de los senadores iba el líder de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, quien fue el operador de este primer encuentro entre la oposición y el Presidente, y que tuvo que convencer a varios senadores que se mostraban reacios a acudir a Palacio Nacional por temor a un desaire.

Cuando terminaron de servir el pescado, la ensalada y los postres, llegó el momento de los brindis y ante la falta de vino, Marcelo Ebrard levantó el vaso con agua de jamaica para agradecer a los visitantes y el esfuerzo por el T-MEC.

Tras los brindis, llegó el momento del Presidente que, a diferencia de la hora de discurso que aventó en público fue mucho más breve. Contento, casi eufórico, sabedor de que había sido un día redondo para su Gobierno –entre el T-MEC y la detención del “hombre fuerte” de su archienemigo y antecesor Felipe Caderón– López Obrador dijo que eran tiempos de “trabajar pensando en México” y tras los reconocimientos y las bienvenidas a los visitantes extranjeros y de dedicarle otra vez palabras muy elogiosas a Jesús Seade, volvió a reconocer “el gran trabajo de los senadores de todos los partidos, que se han portado a la altura de lo que necesita el país, haciendo a un lado las diferencias”.

Cerca de hora y media duró la comida tras la cual, entre brindis de jamaica, abrazos, elogios y reconocimientos mutuos, el Presidente despidió a sus invitados. Lighthizer, Kushner y el embajador Landau partieron juntos; Freeland hizo lo mismo con su embajador, Graemer C. Clark, mientras los miembros del Gabinete se iban unos por su cuenta y otros acompañaban a López Obrador a su despacho.

Los senadores salieron juntos y se subieron a la camioneta en la que habían llegado desde el Senado; los opositores iban contentos, pero más de uno comentaba que “por fin” el Presidente se había dignado a invitarlos, mientras Monreal salía como el concertador que hizo posible un encuentro que tardó más de un año en realizarse.
11 Diciembre 2019 04:07:00
García Luna, la punta de la madeja
La orden de arresto de la Corte Federal del Este de Nueva York en contra de Genaro García Luna por cargos de conspiración para tráfico de cocaína (5kg) y falsedad en testimonios, está fechada el 4 de diciembre de 2019, justo un día antes de que el presidente López Obrador recibiera en Palacio Nacional al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr.

Y ayer, apenas unas horas después de que el exsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón había sido detenido en Dallas, previo a su traslado a NY donde será juzgado, la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una carpeta de investigación en contra de García Luna por los mismos delitos que le atribuyen en EU, anunció su disposición de “mandar todas las pruebas”, que solicite el Gobierno estadunidense e incluso dijo que el Gobierno de México planea pedir la extradición del exfuncionario calderonista para ser también juzgado en nuestro país por delitos contra la salud y actividades con recursos de procedencia ilícita.

¿Todo esto fueron simples casualidades? Todo indica que no. El caso de García Luna y su relevancia política, por la conexión directa que tuvo con el expresidente Felipe Calderón, es el primer paso de la “nueva cooperación para luchar contra los cárteles de la droga”, pactada entre el Gobierno de Donald Trump y el de López Obrador, y fue parte de lo que México aceptó en la reunión de la semana pasada con el fiscal Barr. Una cooperación, según fuentes federales, que más que de armas o recursos económicos o de la injerencia de fuerzas y agencias de seguridad estadunidense en territorio mexicano, se centra en la inteligencia que proveerá Washington a cambio de que México colabore para el desmantelamiento de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, entre otros.

La captura de García Luna es en ese sentido la punta de una madeja que Estados Unidos empezará a desenredar, con la “total cooperación de México”, como ayer declaró el canciller Marcelo Ebrard, para buscar ya no solo la captura de capos y “objetivos prioritarios”, sino también la exhibición, investigación y captura de funcionarios de sexenios anteriores, particularmente los de Calderón y Peña Nieto, que tuvieron nexos claros con los cárteles de la droga y que les brindaron protección y ayuda para sus actividades ilícitas o incluso para escapar de la cárcel –como el caso de las dos fugas del “Chapo” Guzmán– y en ese objetivo la figura del poderoso exsecretario de Seguridad federal es clave.

No es casualidad que el documento de la orden de captura girado por la Corte Federal del Este de Nueva York y que se titula United States of América vs. Genaro García Luna, el Gran Jurado, cuando formula sus seis cargos contra el mexicano, tres de ellos referidos a la “conspiración para el tráfico de sustancias como la cocaína”, mencione textualmente: “En o entre enero de 2001 y el presente (diciembre de 2019) ambas fechas siendo aproximadas e inclusivas… el acusado Genaro García Luna junto con otros, hizo consciente e intencionalmente conspiración para distribuir y poseer, con intención de distribución, una o más sustancias controladas”, y luego mencionan distintas sustancias entre ellas la cocaína. Enero de 2001 es la fecha en que García Luna fue nombrado director de la desaparecida AFI en el Gobierno de Vicente Fox, cargo desde el cual después ascendería a secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, es decir, que en el juicio que le van a iniciar en Nueva York, en la corte de Brooklyn, la misma donde fue enjuiciado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, estará a revisión toda la trayectoria pública de Genaro García Luna en las áreas de seguridad federal en México.

Finalmente, es muy posible que la madeja que empezaron a desenredar entre Trump y López Obrador –con el caso de García Luna basado totalmente en las declaraciones de testigos como Jesús “El Rey” Zambada o de Vicente Zambada “El Vicentillo”– el hilo llegue hasta otros políticos y funcionarios mexicanos que también fueron mencionados en el llamado “juicio del siglo” y a los que también, los mismos testigos que acusan a Genaro, señalaron de haber recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Y esa lista, en la que pueden sumarse muchos nombres más, por ahora están a la cabeza Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los dos últimos presidentes de México y los dos claramente en la mira de su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.


NOTAS INDISCRETAS…

Será el próximo 6 de enero, justo en el Día de Reyes, cuando la ministra Margarita Ríos-Farjat, tome posesión de su lugar en la Suprema Corte de Justicia. La Ministra que ya estuvo en la sede de la Corte, en una visita de cortesía, conoció la que será su oficina, justamente la misma que ocupaba el defenestrado ministro Eduardo Medina Mora. Dicen que fueron tan fuertes las vibras que se sintieron en esa oficina, que no faltó quien le sugiriera a la nueva ministra hacerle una limpia, por aquello de que los tres últimos ocupantes de ese despacho no terminaron su ministerio. Primero la ocupó el ministro Humberto Román, quien falleció estando en el cargo, luego llegó a sustituirlo el ministro Sergio Valls, que también murió antes de terminar su periodo, y finalmente a Valls lo sustituyó Medina Mora, quien tampoco terminó aunque por razones distintas por su intempestiva e inédita renuncia en medio de acusaciones de corrupción. ¿Valdrá la pena que le hagan la limpia al espacio?... Anoche, después de su primer mensaje de reacción a la detención de su cercanísimo Genaro García Luna, el expresidente Calderón subió un segundo mensaje en su cuenta de Twiiter, en el que se dijo “profundamente sorprendido” y aseguró que desconocía por completo las imputaciones en contra de su exsecretario de Seguridad Pública. Aseguró que espera “un juicio justo y apegado a derecho” en el que si se demuestra la culpabilidad “se aplique todo el peso de la ley”. En lo que pareció un deslinde, Calderón dejó en claro que la política de seguridad durante su Gobierno “ni remotamente era producto de las decisiones de un solo funcionario” y que también en esa política “cooperaba estrechamente el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y justicia”. Es decir, que Felipe Calderón ¿ya se está blindando diciendo que todo lo que hizo en materia de seguridad, con García Luna al frente, fue de la mano con Estados Unidos? Baia, Baia, como dicen en las redes sociales… Los dados mandan Serpiente Doble. Eso se pondrá feo.
10 Diciembre 2019 04:07:00
Listo, el T-MEC; bocanada de aire para AMLO y para México
El presidente Andrés Manuel López Obrador, y con él la alicaída economía mexicana, no podía recibir mejor noticia para cerrar este 2019 que la tan ansiada ratificación y firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La noticia ayer en Washington de dos acuerdos finales, primero entre los demócratas y los principales sindicatos estadunidenses; y luego entre la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el Gobierno de Donald Trump, cayeron como auténtico oxígeno para el Gobierno de la 4T que, hoy con la firma de una “addenda” o apéndice del T-MEC que se realizará esta mañana en nuestro país, se manda el mensaje de los tres gobiernos para que los congresos de Estados Unidos y Canadá finalmente ratifiquen el nuevo tratado, como ya lo hizo el Senado mexicano.

Para eso vienen hoy a México Robert Lighthizer y Jared Kushner, que viajaron ayer por la tarde desde Washington, además de la ministra canadiense Chrystia Freeland, que junto con sus contrapartes mexicanas de la Cancillería y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, firmarían hoy esa “addenda” en la que se incorporan los nuevos acuerdos y compromisos que se suscribieron en las últimas semanas, sobre todo el tema laboral, en donde México fue el país que más tuvo que ceder, y que todavía ayer mandó sus últimas propuestas a Washington para la última negociación que se cerró al mediodía. Para el Gobierno mexicano, la imagen hoy de la firma, muy probablemente en Palacio Nacional, le da un golpe de certeza a la incertidumbre de todo un año sobre la viabilidad del acuerdo comercial que tanto afectó a nuestra economía.

Aún se desconocen los detalles y los puntos finos en los que México tuvo que ceder a fuertes presiones estadunidenses contra industrias claves de nuestro país como el acero y el aluminio. Es muy probable que en la “contrapropuesta” que mandó la delegación mexicana, liderada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y con Jesús Seade como único negociador, haya habido algunas “concesiones” a las peticiones de Washington de las que ya se verán en los hechos; pero por ahora, como dijo el clásico, “haiga sido como haiga sido”, tenemos Tratado ratificado y el hecho de que se vaya a firmar en territorio mexicano confirma que nuestro país supo negociar al menos la sede de la firma a cambio de lo que concedimos, que según el compromiso público del canciller Marcelo Ebrard no cruzaría, en ningún caso, lo que él mismo llamó “líneas rojas”.

Y es que era tan grave la amenaza que se cernía sobre la economía mexicana, en caso de que no se aprobara el T-MEC en el corto plazo, que varias empresas trasnacionales asentadas en México, por ejemplo las poderosas automotrices japonesas, ya habían anunciado oficialmente al Gobierno de México su intención de buscar otros países para llevarse sus plantas ante la falta de certidumbre en el funcionamiento del tratado comercial con Estados Unidos, que era su principal razón para mantener sus inversiones en México. Muchas maquiladoras también ya tenían listos sus planes de traslado a otras naciones porque veían incierto el panorama y la ventaja de México como principal socio comercial con Estados Unidos.

Al final las cosas se acomodaron para las partes y los temas que habían estado frenando la ratificación del Tratado: a México los acuerdos le ayudan en su marcada urgencia comercial y económica por un año de crecimiento cero de la economía; a la Administración de Donald Trump se le alineó con otros temas como la reciente visita del fiscal William Barr, donde el acuerdo comercial también fue moneda de cambio para otros acuerdos en materia de seguridad y combate al narcotráfico; mientras que la urgencia de los demócratas, que aceleraron sus acuerdos con los sindicatos más grandes de EU, era por desahogar primero el tema del T-MEC, para dejar el campo libre a la votación del “Impeachment” en contra de Trump que ocurrirá la próxima semana.

Hoy veremos y sabremos qué contiene el apéndice o “addenda” que firmarán los tres países y qué se añadirá al contenido original de lo que se había negociado previamente en el texto que firmaron el 30 de noviembre de 2018 los presidentes de los tres países y de qué tamaño fueron las concesiones que el gobierno de López Obrador tuvo que hacer para lograr la urgente y anhelada ratificación del Tratado. Pero por ahora, está claro que para el Presidente y para nuestra economía estancada sin duda la ratificación del T-MEC es oxígeno puro, una noticia cuyo tamaño para México está entre un milagro de la Guadalupana o el cumplimiento anticipado de una carta a Santa Claus.


Notas indiscretas…

Por cierto que la fuerza y el nivel de control que ha logrado Marcelo Ebrard en el Gabinete, se hizo sentir ayer con la instrucción tajante que recibieron todas las áreas del Gabinete económico involucradas en la negociación del T-MEC: “nadie habla, nadie informa, todo lo concentra y lo controla Relaciones Exteriores”. Y sí, dirán que es un tema de orden institucional y de manejo uniforme de la comunicación, pero también es un síntoma de quién manda realmente en el Gabinete lopezobradorista… Todo está listo para que Margarita Ríos-Farjat asuma como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero, en cuanto los ministros regresen de su receso navideño en los primeros días de 2020. Aún no se informa quién sucederá a Ríos-Farjat en el SAT, pero en los pasillos del organismo se insiste en que será Rosalinda López, la tabasqueña que además de ser esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es hermana del Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Si Rosalinda llega al SAT, entonces sí, como dijeron algunos columnistas, arrancaría el llamado “tren del sureste” pero familiar… Los dados mandan Escalera. Ya se siente el Guadalupe-Reyes en el ambiente.
09 Diciembre 2019 04:07:00
Trump exigió la cabeza del ‘Mencho’ y envío del ‘Menchito’
Aunque oficialmente el canciller Marcelo Ebrard aseguró en entrevistas a medios que “México no le ofreció nada a Trump a cambio de no designar a los cárteles mexicanos como terroristas”, fuentes del Gobierno federal aseguran que el presidente López Obrador sí hizo compromisos para aumentar el combate a los capos del narcotráfico y, en particular, las autoridades nacionales aceptaron al menos dos “peticiones” del fiscal William Barr: la primera, acelerar la extradición y entrega de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, actualmente preso en Hermosillo, y la segunda, aceptar la integración de una “unidad especial” de búsqueda e inteligencia coordinada por los dos países, con inteligencia estadunidense y marinos mexicanos, que empiece una “cacería” para atrapar al narco mexicano más buscado por el FBI y la DEA: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Los nombres de los dos narcotraficantes mexicanos fueron puestos sobre la mesa por el fiscal Barr, quien según las fuentes gubernamentales, fue directo en transmitir las peticiones del presidente Donald Trump, bajo el argumento de que tanto Oseguera Cervantes como Oseguera González, son parte de los “objetivos prioritarios” que el Gobierno de Estados Unidos tiene en su lista que ubica al CJNG como una de las cinco organizaciones más peligrosas para la seguridad de su país, y en contra de la cual, los departamentos de Justicia, de Estado y del Tesoro de EU declararon desde octubre de 2018 un operativo especial que incluye “una serie de medidas para atacar y desmantelar”, a la organización criminal transnacional a la que le documentaron la compra de 100 millones de dólares en lingotes de oro para lavar dinero, además de que la acusan de traficar muchas toneladas de cocaína, metanfetaminas y heroína con fentanilo a Estados Unidos, además de ser responsables de miles de muertes en México.

En la búsqueda del “Mencho”, según la versión de las fuentes consultadas, se integraría una “unidad de alto nivel” formada por marinos mexicanos y que trabajaría directamente con asesoría, armamento e inteligencia del Gobierno estadunidense para rastrear y detener al líder del CJNG.

El esquema que habría propuesto la Administración Trump y que aceptó el Gobierno lopezobradorista, es similar a los que se utilizaron en varias ocasiones durante el sexenio de Felipe Calderón, cuya estrategia ha sido duramente criticada por el actual Presidente.

En el caso de Rubén Oseguera González, la petición de extradición de EU ya tiene tiempo formalizada y en proceso por parte del Gobierno mexicano, que incluso el pasado 9 de septiembre ordenó el traslado del “Menchito” de un penal federal en Chiapas al Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, al que según la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal llegó solo “de paso, para esperar su extradición a EU”. Lo que ha complicado el envío del hijo del “Mencho” a la justicia estadunidense, es que la defensa ha interpuesto varios recursos legales con el argumento de que Rubén no es hijo de Nemesio Oseguera.

Así que, aun cuando oficialmente se diga que “no ofrecimos nada”, en los hechos se empezarán a ver acciones y situaciones como la que ya ocurrió con la repentina salida de Evo Morales que fue enviado en un vuelo a Cuba “temporalmente”, aunque ahora se sabe que el expresidente boliviano, que abandonó México casi al mismo tiempo que Trump declaraba en Washington que retiraba su amenaza de “declarar terroristas” a los grupos de la droga mexicanos, busca llegar a Argentina donde lo recibirá Alberto Fernández, a partir del martes que tome posesión. Veremos cómo empieza a ocurrir la entrega del “Menchito” y la persecución en contra del “Mencho”, y cómo padre e hijo se convierten en las “ofrendas” para calmar, al menos por ahora, la ira y las amenazas del “amable y respetuoso” Trump.

07 Diciembre 2019 04:08:00
Rosario Robles vuelve a San Lázaro
Este martes Rosario Robles Berlanga saldrá de la cárcel momentáneamente, en medio de un fuerte operativo de vigilancia, para acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro. Por decisión propia, la exsecretaria de Desarrollo Social se presentará a la sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados en la que se discutirá el dictamen de juicio político en su contra. Robles va a defenderse, personalmente, de las acusaciones de ser responsable del desvío de 7 mil millones de pesos en sus épocas como titular de Sedesol y Sedatu en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del esquema de contratación y simulación con empresas fantasma, denominado La Estafa Maestra.

Aunque tenía la posibilidad de enviar por escrito su defensa, tal como se lo ofrecieron los legisladores, Rosario pidió que las Comisiones Unidas que votarán el dictamen aprobado por la Subcomisión de Examen Previo, le permitan asistir personalmente para sostener su defensa ante los diputados que definirán si el juicio político en su contra procede y se manda al Pleno legislativo para que se vote una sanción que consistiría en declararla responsable del millonario desvío de recursos públicos e inhabilitarla para ocupar cargos públicos durante los próximos 20 años.

La Robles que llegaría el martes por la mañana al Palacio Legislativo de San Lázaro, se verá muy distinta a la que hace exactamente un año y dos meses, el 16 de octubre de 2018, todavía como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, llegaba al Palacio legislativo enfundada en un traje blanco de diseñador, corte de pelo ultramoderno y cubierta aún por el blindaje que le daba ser parte del Gabinete del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. La Rosario de hoy llegará procedente del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde tiene ya cuatro meses de estar presa, se presentará con 7 kilos menos, con signos evidentes de depresión y con la sensación de que sus antiguos amigos, poderosos de la política en el sexenio anterior, desde el expresidente Peña (“No te preocupes, Rosario”) hasta varios exintegrantes del Gabinete, la abandonaron y la dejaron sola. Ya no llegará ni con su corte de pelo ultramoderno ni con ropa de diseñador; si acaso con su uniforme caqui y con su palabra, con la misma que ha denunciado “persecución política” y “justicia por consigna” en su contra desde el actual Gobierno del presidente López Obrador.

Pero, aun cuando la escucharán, la reunión en San Lázaro no será ningún foro amigable para la otrora expoderosa secretaria de Estado. Ahí en la sesión estará presente el diputado Pablo Gómez, su archienemigo político, hoy de Morena y antes correligionario de Rosario en el PRD. Gómez preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, precisamente la encargada de procesar las solicitudes de Juicio Político, y declaró recientemente que, empezando por Rosario Robles, se va a llamar a declarar y a rendir cuentas en este proceso a todas las secretarías, universidades públicas y otras instituciones estatales involucradas en el fraude de la Estafa Maestra.

Así es que, si ya en aquel martes 16 de octubre de 2018 a Rosario la impugnaron, la vilipendiaron con mantas acusatorias, le gritaron “corrupta” y le dijeron en su cara que fuera “preparando sus abogados porque terminaría en la cárcel”, ahora, ya en calidad de presa y visiblemente menos fuerte y completamente vulnerable y sin ningún poder ni protección política, Robles volverá a intentar defenderse y denunciar un proceso “politizado y manipulado” en su contra, en busca de que los medios de comunicación y la sociedad atiendan sus desesperados reclamos y peticiones de ayuda que ha intentado una y otra vez con cartas al presidente López Obrador y al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, sin obtener siquiera respuesta a sus misivas.

Sus amigos le dijeron que no fuera, que “la iban a hacer pedazos”, pero ella insistió y este martes, por la mañana, estaremos viendo el regreso de Rosario Robles Berlanga al Palacio Legislativo de San Lázaro de donde, después de una defensa con resultados aún inciertos, deberá volver, irremediablemente, como en aquella cumbia colombiana, por el camino rumbo a Santa Martha.

¿Dados cargados en el caso Oro Negro?
La semana pasada, el 28 de noviembre, un juez de la CDMX libró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann De Long, ciudadana americana, todos ellos directivos de Perforadora Oro Negro por un supuesto desvío de recursos por 160 millones de pesos. La investigación de una denuncia de acreedores extranjeros en contra de la excontratista de Pemex, Oro Negro, se basa en la acusación de que la Perforadora recibió 250 mdp para pagar IVA, pero la compañía que encabezaba Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, solo pagó 90 mdp, disponiendo así “indebidamente” de 160 mdp.

Con ese argumento, sin más pruebas y sin llamar a declarar a los acusados ni a sus abogados a pesar de estar registrados sus domicilios en todos los expedientes, la defensa acusa al juez 114 de la CDMX, Joel de Jesús Garduño Venegas, de haber dictado “en lo oscurito” las órdenes de aprehensión y haber procesado con “inusual rápidez” la acusación que los acreedores extranjeros o fondos buitres presentaron a través del fiscal y ministerio público, Edgar Pineda Ramírez y Máximino Pérez Hicks, respectivamente.

Según la queja de los abogados de Gil White y sus demás socios acusados, para poder librar las órdenes de aprehensión se ocultó el hecho de que Oro Negro ya había pagado los 160 millones de pesos de IVA y que estaba recibiendo el reembolso por el pago del mismo y que tenía pendiente de pago 90 millones de pesos de IVA, los cuales inmediatamente pagó al SAT. La defensa acusa también que tanto el fiscal y el MP como el juez omitieron también que todos los pagos que hizo Perforadora con esos 160 millones de pesos que le fueron rembolsados, fueron revisados por el juez concursal y por el Conciliador del Ifecom y fueron aprobados.

En un recurso de revisión que preparan para presentar ante el Consejo de la Judicatura de la CDMX, en contra del juez 114, Joel de Jesús Garduño, los abogados de Gonzalo Gil argumentan que de más de 100 jueces penales que hay en la ciudad, en donde el procedimiento de asignación de casos a los juzgados es por estricta rifa, para evitar jueces favoritos, esto no se respetó en el caso Oro Negro, en el que, acusan “los dados están cargados”. Y mencionan que la orden de aprehensión que se dio a conocer el 17 de julio de este año, contra directivos de Oro Negro, también fue solicitada por el ministerio público, Maximino Pérez Hicks con el apoyo del fiscal Pineda y fue librada por el mismo juez 114.

Esta segunda orden de aprehensión del 28 de noviembre pasado fue, como se dijo, también solicitada por el equipo Pérez Hicks-Pineda, pero en teoría las probabilidades de que este nuevo expediente, en asignación aleatoria, le correspondiera nuevamente al juez 114 eran muy muy pocas, pero mágicamente el caso fue turnado también al juez Joel de Jesús Garduño y aquí, dicen los abogados de Gil White, “aplica el viejo refrán de que lo que no suena lógico, suena metálico”.

La investigación habría durado apenas unos cuantos días antes de que se librara la orden de aprehensión, lo cual es una eficiencia excepcional e inusual, si consideramos otros casos mucho más importantes en la Ciudad de México que no tienen atención tan prioritaria y tardan mucho más tiempo en procesarse. ¿Quiénes o qué intereses están moviendo estos expedientes de manera tan pronta, expedita y clandestina en la Procuraduría de la Ciudad de México?, cuestionan los defensores de este caso. ¿Será que el grupo de acreedores extranjeros de Oro Negro ya encontró la llave mágica que desencadena la acción en la Procuraduría capitalina? De ser así habría que pedirles que compartieran esa llave con muchas otras víctimas de delitos graves en la ciudad que no han merecido ni la atención ni el empeño de casos como este. Los dados mandan Serpiente doble. Semana de sube y bajas.
05 Diciembre 2019 04:03:00
¿Nueva luna de miel con los empresarios?
La relación del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su Gobierno con los empresarios nacionales ha sido como la de un matrimonio promedio: se conocían de tiempo atrás (2006) y tuvieron sus affaires, luego se distanciaron por un rato y cuando se reencontraron (2018) el amor les pegó con tanta fuerza que decidieron casarse y vivieron por varios meses un tórrido romance, en el que tanto en privado como en público, derramaban miel, se decían cosas bonitas y se juraban amor eterno. Todo iba viento en popa, pero cuando una de las partes (AMLO) tomó una decisión drástica (cancelar el aeropuerto de Texcoco), la otra parte (los hombres del dinero) se sintieron hostilizados y empezaron a ver con recelo y como amenaza a su seguridad la actitud presidencial.

Hoy, después de meses de haber sostenido una relación de “apariencias”, el impasse entre López Obrador y los empresarios llegó a su fin y hay “reconciliación”, según asegura el “celestino” de esa relación, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. El también empresario reconoció en una plática que sí hubo “desencuentros y cierto enfriamiento en la relación”, del Presidente con los capitanes de empresas, pero también sostiene que nunca dejaron de dialogar ni de reunirse. “Finalmente logramos concretar un gran Acuerdo Nacional de Infraestructura, que lo redactamos conjuntamente el Gobierno y los empresarios, y que significa un parteaguas en la relación que, a partir del próximo año 2020 empezará a verse con obras, proyectos e inversiones concretas en materia de infraestructura”, dijo Romo.

Y, siguiendo con el símil, si dicen que las reconciliaciones son intensas, Romo asegura que el plan de infraestructura no es el único y en breve presentarán un Plan de Inversión del Sector Energético, en el que el presidente López Obrador, se comprometió con los empresarios a reabrir la inversión privada en la Comisión Federal de Electricidad, respetando y manteniendo el 46% privado y 54% público en cada proyecto, y también en Pemex volverán a licitar obras, sobre todo de perforación de pozos petroleros para empresas privadas.

Así, la realidad ha terminado de imponerse y, el propio Romo lo reconoce, en el Gobierno ya entendieron que “necesitamos de la inversión privada en infraestructura, en el sector energético y hasta en el sector salud, porque el dinero público no alcanza”.

Y ante esa dolorosa realidad, finalmente en algunas áreas del Gobierno, como el sector energético, donde se encuentran los funcionarios más “duros” y reacios a la inversión privada –léase Manuel Bartlett y Rocío Nahle– están aceptando el regreso de los proyectos y esquemas de coinversión privada y pública en el estratégico tema de energía.

Así que, no se sabe si en la complicada relación habrá un final de cuento y si vivirán “felices por siempre” o al menos por lo que resta del sexenio, pero lo que sí es un hecho es que desde la semana pasada López Obrador y los señores del dinero han vuelto a la “luna de miel” y que pronto, dice Poncho Romo, se verán los “frutos” de ese amor, en obras, inversiones y proyectos de infraestructura y de inversión mixta, pública y privada, en el sector energético. ¿Qué tanto influirá el nuevo enamoramiento en que la economía del país salga del bache en el que la metió la 4T? Eso ya lo veremos.
04 Diciembre 2019 04:04:00
Del Vicegaray al Vicebrard
La pregunta de la senadora Alejandra Reynoso, secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores, fue directa: “Es usted para muchos un vicepresidente, se ocupa de muchos temas que van desde la migración hasta la seguridad, ¿es sostenible esta situación?” le cuestionó la legisladora panista a Marcelo Ebrard Casaubón. Y el secretario de Relaciones Exteriores, habilidoso como es, no esquivó la pregunta y su respuesta también fue directa: “¿Que si yo tengo funciones de vicepresidente? No, en México no hay vicepresidentes, soy secretario de Relaciones Exteriores… el señor Presidente me ha delegado esa responsabilidad. Tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidentes”.

El titular de la SRE que se ha convertido en el hombre más visible y más influyente del Gabinete del presidente López Obrador, es un político que, dentro y fuera del Gobierno, provoca reacciones a favor y en contra de su trabajo y de su protagonismo. La mayoría le reconoce su experiencia como exjefe de Gobierno y la escuela y el colmillo políticos que heredó de su tutor fallecido Manuel Camacho Solís, y no son pocos los que lo ven como uno de los prospectos más claros para la aún lejana sucesión de 2024.

Pero así como sus amigos y admiradores le ven tamaños y capacidades, sus malquerientes también cuestionan el “excesivo protagonismo” y aseguran que el canciller se vale del desinterés del Presidente en todo lo que no sean sus giras por la República, sus programas sociales y sus obras y proyectos personales, para meterse en todo aquello que el Presidente delega y encarga a otros porque ni le entiende ni le interesa mucho ocuparse: desde la política exterior, la seguridad, la migración, la asistencia a foros, cumbres y eventos internacionales, la negociación del T-MEC y por supuesto el diálogo con la Administración de Donald Trump y la relación con Estados Unidos.

Es tal el poder que tiene Ebrard, que es inevitable compararlo con el otro secretario de Relaciones Exteriores (y antes de Hacienda) que se volvió tan poderoso en el sexenio pasado: Luis Videgaray Caso. Si a Videgaray se le consideraba casi un jefe de Gabinete y se le nombraba también en los corrillos políticos como “Vicepresidente” o en tono jocoso “Vicegaray”, es porque también tenía una injerencia desmedida y extralegal en diversas áreas del Gobierno, más allá de las carteras de la SHCP y SRE que ocupó oficialmente.

Quizás la diferencia no menor entre Ebrard y Videgaray es que en el sexenio pasado Luis Videgaray tenía un contrapeso en el mismo gabinete en la persona del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que era el otro “hombre fuerte” de Peña, mientras que en el Gabinete lopezobradorista no se ven otros “pesos pesados” con la fuerza y la influencia que tiene el hoy canciller.

Los únicos dos que le hacen sombra a Marcelo, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, no están en el Gabinete y con ellos no se medirá hasta dentro de unos años si es que el canciller decidiera que, ahora sí, el 2024 va la suya.

Así que vicepresidente o no, lo que es un hecho es que Marcelo Ebrard hoy va a todas y que, tanta exposición, él sabe bien, es un arma de doble filo: así como tanto poder lo puede catapultar a que lo vean como un sucesor natural, también lo expone a ser el blanco perfecto de tantos grupos de interés y de las tribus salvajes de Morena que, ya demostraron, son indómitas y se van a despedazar en el intento de tratar de controlar el poder y la permanencia en el Gobierno. Como dijera un político cercano al Palacio: “Marcelo es como el zorro en el gallinero, que se da la gran vida espantando a las gallinas y se come todos los huevos, hasta que se le aparezca el cazador”.
03 Diciembre 2019 04:03:00
Gobernadores van por un nuevo pacto fiscal con el centro
Lo que comenzó como una demanda y una inconformidad aislada e individual de algunos gobernadores que se quejaban de un trato injusto en el reparto de recursos y partidas de la Federación, ha comenzado a tomar forma de una demanda conjunta que impulsan varias entidades federativas. Los mandatarios estatales, en principio 9 de los 10 del PAN, ya no solo se quejan de que el centro no reparte equitativamente los recursos federales, sino que trabajan en nuevas propuestas para modificar el Convenio de Coordinación Fiscal entre las 32 entidades y el Gobierno federal, que data de 1947, y que hoy consideran “injusto e inequitativo”.

Tal parece que el control presupuestal férreo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto a las entidades ha empezado a hacer crisis ante las denuncias y las quejas, sobre todo de gobernadores de la oposición que no están de acuerdo con lo que consideran un “manejo político del presupuesto” en el que el Gobierno central concentra cada vez más recursos, mientras a los estados se les limitan y reducen las participaciones.

Fueron precisamente gobernadores panistas los que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, comenzaron a hablar públicamente de un “trato injusto”.

“Hay un decremento de las participaciones y las aportaciones federales, porque aunque nominalmente se habla de incrementos, cuando calculamos el costo de la inflación (3.5%) en términos reales perdemos participaciones en relación al año anterior”, dijo el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el pasado 13 de septiembre, antes de la aprobación del PEF. “La drástica disminución de presupuestos nos está alejando del pacto federal”, dijo Corral, quien la semana pasada, tras la aprobación del presupuesto, reiteró su invitación a que “los estados que podamos hacerlo en función de nuestro PIB y nuestras capacidades productivas, descoordinarnos de la Federación”.

Otros gobernadores, como el de Guanajuato, Diego Sinhué, también panista, secundó la propuesta de Corral. “El Sistema de Salud cuesta 13 mil millones de pesos, 8 mil los pone el gobierno federal, 5 mil millones le pone el Estado; en caso de que el Gobierno federal no quisiera darnos esos 8 mil millones, entonces no tiene caso que estemos en el Pacto federal”.

También el Mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, no descartó abandonar el Pacto Fiscal federal debido al recorte que sufrió su entidad para 2020 y comentó la posibilidad de que los impuestos recaudados en el estado ya no se vayan a la Federación.

Pero no solo los panistas encabezan esta propuesta, también en Coahuila, el gobernador priista, Miguel Riquelme Solís, llamó a los diputados federales y senadores coahuilenses “a unirse en un frente común para luchar a favor de que desde la Federación se defina un presupuesto justo para esta entidad”.

Se ve que esta vez va en serio la exigencia de los estados y sus gobernadores por modificar las reglas y el reparto de los recursos en la República federal. Veremos cómo toma y procesa el presidente López Obrador y su 4T la intención de modificar sus facultades y la enorme concentración que hoy tiene el Gobierno central en materia de reparto, administración y ejercicio del gasto público, y cuántos gobernadores se animan a sumarse a un movimiento que, aclaran los estados, “no es separatismo, pero sí una exigencia de equidad fiscal”, al señalar que no pretenden desconocer el Pacto Federal ni separarse de la República, pero sí exigir que se les den más recursos y capacidades fiscales y que se acabe el trato centralista y político del presupuesto.
02 Diciembre 2019 04:07:00
Un año más, pide el Presidente para resultados
Un Presidente en su elemento. La plaza llena de leales y seguidores “que piensan como nosotros” y un discurso que, entre el informe, la arenga y el mensaje político, se cargó de optimismo para decir que “vamos muy bien y hemos hecho mucho” en este primer año: desde reformas constitucionales que “sientan las bases” del cambio de régimen, reformas contra la corrupción, hasta el reparto del presupuesto a sectores necesitados para equilibrar y mejorar el reparto de la riqueza.

Pero aún en la complacencia, sin llegar a la autocrítica, acepta que un año no es suficiente y que no ha habido crecimiento ni paz en el país, y pide esperar otro año más, al 2020, para que el elefante, reumático y mañoso del Gobierno de la 4T tome vuelo.

Fue un mensaje para las bases lopezobradoristas, para las que estaban ahí, venidas en camiones desde distintos puntos de la República y de todas las alcaldías capitalinas, y para las que no pudieron llegar al Zócalo.

Durante una hora y 20 minutos, el Presidente volvió a repetir y a actualizar sus mismas cifras del primer-tercer Informe de Gobierno del pasado 1 de septiembre. Y en la parte política una elegía “al pueblo, que siempre me levanta”, mientras que para los “adversarios” y los opositores, apenas algunas menciones genéricas y abstractas, salvo para uno, su nuevo “villano favorito” al que sí mencionó por su nombre para hablar de la violenta y “absurda guerra contra el narco”: Felipe Calderón Hinojosa.

Para el resto de los mexicanos que no piensan como él, y que por decenas de miles protestaban pacíficamente y con consignas contra su Gobierno lo mismo a unas cuadras del Zócalo, en el Paseo de la Reforma, que en movilizaciones y marchas en la mitad de los estados de la República, 18 en total, las principales en entidades y municipios gobernados por el PAN, no hubo ninguna palabra de López Obrador ni para bien ni para mal.

Si bien también a ellos se les garantizó su derecho a la manifestación y la protesta pacífica, en el discurso presidencial de ayer todos los mensajes y las arengas fueron para ese sector, entre 68% y 58% de los mexicanos que, según la mayoría de las encuestas, sigue manteniendo el respaldo y la aprobación a la figura del Mandatario y la esperanza de que cumplirá con la transformación prometida.

En términos de números, sobre todo los “oficiales”, la convocatoria del Zócalo fue, con mucho, mayor a la de las marchas anti-AMLO. Pero ninguna de las dos expresiones, con todos sus sesgos de “movilización” a través de camiones, o de la injerencia de partidos opositores, debe desdeñarse.

El Presidente no tuvo problema para llenar la plaza pública, que sin verse totalmente tapizada, el mitin cumplió las expectativas y las formas esperadas. Del crecimiento nulo de la economía, solo el reconocimiento de que “no ha habido el crecimiento deseado”, pero a cambio hay dinero del presupuesto para los sectores vulnerables y un mejor reparto de la riqueza; y de la seguridad, todo es culpa de la perversa guerra de Felipe Calderón que “no volveremos a repetir” y, con cifras inexactas y desactualizadas, que difieren de las oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que la incidencia delictiva “ha disminuido”, aunque la cifra de homicidios violentos ya haya roto todos los registros históricos y esté a punto de convertir el 2019 en el año más violento de la historia.

Pero eso sí, el Presidente no duda de que, en un año más –primero fueron 100 días, luego 6 meses, después un año y ahora al menos otro año– “vamos a serenar al país”, aunque es claro que ya no usa la palabra “pacificar” que prometía en campaña y que suponía la aceptación de que había una “guerra” en México, y ahora que no quiere volver a hablar de guerra, AMLO solo ofrece “serenar” a la República. ¿Le alcanzará un año más para todo eso?
30 Noviembre 2019 04:05:00
Tres estados de AMLO en el primer año
El arribo al primer año de la cuarta transformación se produce con cuatro condiciones distintas que, aunque no se contraponen, tampoco se complementan. Por un lado, a 365 días de desempeñarse como Presidente (sumando los 120 días que ejerció como tal aun siendo electo), Andrés Manuel López Obrador llega como un Mandatario fuerte, con niveles de aprobación, que si bien han disminuido en las encuestas, aún muestran a un político con gran aceptación que sigue conectando y hablándole a la gente que a él le interesa; pero por otro lado su Gobierno empieza a mostrar signos de cuestionamiento y reprobación en temas específicos como la inseguridad y la economía; mientras su Gabinete llega al primer año del sexenio con un desempeño disparejo e irregular en el que pocos brillan y la mayoría se opaca en la incapacidad.

Porque aunque hay quienes ya lo ven cansado o desgastado físicamente –producto de un ritmo tan intenso y agotador que hasta sus más cercanos colaboradores le insisten en que “le baje” y que descanse al menos uno o dos días a la semana, pero no les hace caso–, el motor que sigue moviendo a López Obrador, y se verá este domingo en el Zócalo, es su pasión por estar cerca de la gente.

El contacto y la comunicación permanente con sus seguidores y el efecto que él sabe provocar en ellos, se siguen manifestando en un sector de la población cuyas expresiones de apoyo al Presidente van desde la simpatía hasta el fervor, y de la convicción hasta el fanatismo y el culto al personaje.

Eso lo mantiene así, como el político más fuerte y apoyado de México, sin que ningún líder o personaje de la debilitada oposición, de la sociedad civil o del empresariado, le pueda hacer ni la más mínima sombra.

Gobierno lento
Pero si el Presidente aún no resiente en su imagen y su aprobación el desgaste del primer año, cuando se trata de medir o calificar el desempeño de su Gobierno, en términos de efectividad, la cosa cambia. La percepción de este primer año, en términos de eficiencia gubernamental, no es la misma que la que se tiene el Presidente.

Empezando por el
desorden y el caos que impera en la Administración pública, con áreas que se han paralizado o han burocratizado el ejercicio del gasto federal, los trámites y permisos, las compras o hasta los pagos a proveedores, la imagen del Gobierno lopezobradorista por eficacia y eficiencia no es la mejor en este primer año, aun cuando se alegue la consabida “curva de aprendizaje”.

El desgaste mayor en este primer año, que se confirmará y agudizará con las cifras oficiales en el cierre del 2019, tiene que ver con el desempeño del Gobierno en dos áreas tan estratégicas como sensibles para las necesidades básicas de la población: por un lado la economía –que estancada y en recesión técnica o no– posee un innegable crecimiento cero que amenaza con convertirse en “decrecimiento” o crecimiento negativo, y se mantiene a flote no gracias a su producción o dinamismo, sino a las neoliberales “variables macroeconómicas” de la disciplina fiscal, el déficit controlado y la estabilidad financiera y del tipo de cambio que evitan una caída mayor del empleo (3.26% menos, según el Inegi) y que la incertidumbre y desconfianza que se sienten en el ambiente, no se vuelvan un tema de crisis.

Y por otro lado, la inseguridad y la violencia, que tiene a varias regiones y estados del país fuera de control (Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Baja California y Guanajuato) y a la República en su conjunto viviendo el que será el año más violento de la historia reciente, con una cifra que al final de diciembre podría superar los 33 mil asesinatos, aunado a la creciente violencia feminicida, a las desapariciones y a la actuación cada vez más cruel y desafiante de los grupos del narcotráfico que, terroristas o no, están actuando cada vez más en contra de la población civil e infundiendo miedo y terror entre la población.

Mientras la estrategia de seguridad federal, que nadie conoce y que solo se resume a un despliegue nada efectivo de la Guardia Nacional y el mensaje de “abrazos, no balazos” a los criminales, se encuentra cada vez más cuestionada y rechazada dentro y fuera del país, y con la posibilidad de que, ante la presión y la amenaza electorera de Estados Unidos y de su presidente Donald Trump, termine por dar un viraje a una estrategia más de golpear a los cárteles del narcotráfico, que a querer o no terminará decidiendo el Presidente, tal y como ya lo hizo una vez con su política migratoria, que tuvo que cambiar radicalmente ante las amenazas de Trump.

Lo que importa no es el cargo, sino el encargo.

Y si el funcionamiento y los resultados de Gobierno difieren notoriamente de la fuerza y la popularidad del Presidente, el desempeño del Gabinete de López Obrador es algo que también queda mucho a deber a los mexicanos
en este primer año.

El mismo Presidente, que recién definió públicamente que lo que a él más le importa al elegir a un colaborador no es la experiencia ni la capacidad sino la honestidad (“90% honestidad, 10% experiencia”), ha dicho una y otra vez a sus secretarios y colaboradores cuando se llegan a quejar de que no les gusta el cargo o las condiciones en que tienen que trabajar acotados, sin presupuesto y en muchos casos maniatados: “No te preocupes, lo que importa no es el cargo, sino el encargo”.

Disparejo y disímbolo, el ejercicio de los secretarios y colaboradores cercanos obliga a segmentar al equipo presidencial en por lo menos tres categorías: los operadores, que ante la opacidad general brillan mucho y abarcan más, en donde se ubican en primer lugar el canciller Marcelo Ebrard, que por encima de su responsabilidad legal y constitución de manejar la política exterior y la relación bilateral con EU, también maneja la migración, la seguridad, las negociaciones comerciales y ahora hasta los asuntos de la seguridad nacional y el terrorismo.

De Marcelo dicen algunos en el Gabinete que es como “el zorro en el gallinero, que se da gusto comiéndose todos los huevos y desplumando a las atemorizadas gallinas”. Junto con Ebrard, en los operadores más políticos y de confianza va Julio Scherer, el influyente consejero jurídico que no solo tiene legalmente nivel de secretario de Estado –porque su antecesor Humberto Castillejos modificó la ley para darle ese nivel al consejero jurídico– sino que en la práctica opera al mismo nivel que cualquiera de los titulares del Gabinete legal.

También ahí entraría el secretario de Hacienda, operador en la parte económica y financiera, que con su fama y prestigio de buen técnico y su estilo pragmático, tiene ascendencia en el Presidente, aunque no es para nada el prototipo de secretario de Hacienda fuerte o que tome todas las decisiones de política económica que hoy están sujetas a la última palabra del inquilino del Palacio
Nacional.

Después de esa primera línea que es la que más influye, está otro grupo del Gabinete que es también muy visible y algo influyente, aunque por diferentes razones. Son los “ideológicos” que tienen un peso importante por sus posiciones militantes y comprometidas con el Presidente, y ejercen un control férreo de sus áreas, más con un sentido ideológico que práctico.

Ahí entran figuras como la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; la del Bienestar, María Luisa Albores, y la del Trabajo, Luisa María Alcalde. También en ese grupo se ubica el director de la CFE, Manuel Bartlett, que con todo su desgaste y su cuestionada imagen, es uno de los funcionarios que siguen pesando por su nacionalismo a ultranza.

La tercera categoría podría a su vez subdividirse en dos: “Los floreros”, que aunque ocupan posiciones importantes y estratégicas, no dan resultados ni operan ni resuelven problemas, donde van desde Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Semarnat, Agricultura, Sedatu, Salud y todas las demás; y “Los Fantasmas”, que son aquellos secretarios y directores que nadie ve pero existen, aunque no tengan ninguna incidencia ni pública ni en sus posiciones: y ahí encabezan la lista Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes, y Octavio Ramírez, de Pemex.

Así, en este primer año, llegan en condiciones muy distintas el Presidente, la percepción de su Gobierno y el desempeño de su Gabinete. Uno adelante y jalando el peso del proyecto, otro arrancando con lentitud y falta de resultados en áreas estratégicas, y los terceros –muy pocos– apoyando y al mismo tiempo jalando reflectores para ellos, mientras la mayoría son un fardo a los que carga en la espalda el Ejecutivo.
28 Noviembre 2019 04:07:00
Se entrampa elección de la Corte en el Senado
Como si se repitiera el escenario de una falta de mayoría calificada que se vivió recientemente en el caso de la CNDH, ahora en el Senado de la República el nombramiento de una nueva ministra para la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra entrampado, porque las bancadas partidistas están divididas en sus votos y ninguna de las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene los apoyos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de los senadores que conforman la mayoría calificada que la ley establece como requisito para el nombramiento de un nuevo ministro en la Corte.

Dos son las candidatas que han dividido a los senadores: por un lado Margarita Ríos Farjat, actual directora del SAT, y a quien apoyan Morena, PT, PES y PVEM, además de unos cuantos diputados del PRI y de Movimiento Ciudadano; y por el otro lado Ana Laura Magaloni, la jurista y académica prestigiada a quien respaldan los senadores del PAN, la mayoría de la bancada del PRI, la mayoría también de MC y los tres senadores del PRD. La tercera integrante de la terna para la Corte, Diana Álvarez Maury, actualmente subsecretaria de Gobernación, no ha despertado simpatías ni apoyos entre los senadores, que se dividieron entre las dos primeras.

El problema es que, sumando los votos partidistas que tiene cada una, ni Ana Laura Magaloni ni Margarita Ríos Farjat alcanzan la cifra mágica de los 85 votos que se consideran necesarios para alcanzar una mayoría calificada, aunque la cifra depende de la cantidad de senadores presentes al momento de la votación. A pesar de los cabildeos, las negociaciones y el diálogo que ha sido intenso en estos días en el Senado, el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no ha podido convencer a senadores de la oposición para apoyar a Ríos Farjat, y salvo el caso de algunos priistas y senadores de MC que irían con la directora del SAT, el resto de la oposición del PAN, PRI, MC y PRD está cerrando filas con la doctora Magaloni y defiende que es la única que, además de experiencia y capacidad jurídica, garantiza la autonomía y la independencia necesarias para ser ministra de la Corte, algo que en opinión de los opositores no cumple una integrante del gabinete de López Obrador como Ríos Farjat.

El fantasma de la cuestionada elección de Rosario Piedra para la CNDH también está pesando y contaminando en la decisión para la Corte. Las bancadas de oposición han endurecido su posición y dificultan cualquier tipo de negociación porque la consigna es no darle a la 4T otra ministra cercana, y privilegiar los equilibrios dentro de la Corte con una jurista acreditada y con mayor independencia.

En tanto la bancada de Morena defiende el perfil de Ríos Farjat, que más allá de ocupar hoy la dirección del Servicio de Administración Tributaria, también ha ocupado cargos en el Poder Judicial de la Federación y la consideran una abogada experimentada y con capacidad para convertirse en ministra. Margarita fue colocada en el SAT por su cercanía con su paisano Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Los próximos días serán clave para saber si se resuelve o no el nombramiento de la Corte, pero las cosas están tan entrampadas entre Morena y la oposición en el Senado, que hay incluso quien dice que, como difícilmente se van a mover los votos y las posiciones, es muy probable que dicha terna le tenga que ser regresada al Presidente para que, según la Constitución, presente una nueva terna. Y si en una segunda ocasión la terna presidencial volviera a ser rechazada, entonces el Presidente tendría la facultad constitucional de decidir él a quién nombra ministra de la Corte. Se ve difícil que esto último ocurra, pero lo que sí es casi un hecho es que la actual terna con Magaloni, Ríos Farjat y Álvarez tenga que ser regresada ante la falta de mayoría, y que ya no sea en este año, sino hasta el próximo cuando se discuta una nueva terna en el Senado.

Así de entrampadas se encuentran las cosas con una mayoría de Morena que no le alcanzan los votos y quiere, otra vez, a una ministra cercana como Ríos Farjat en la Corte, y una oposición que, con la consigna de “ya nos lo hicieron una vez, no nos lo volverán a aplicar”, está decidida a respaldar solo a Magaloni y con ella mandar a la Corte a una jurista con autonomía e independencia de la 4T.
27 Noviembre 2019 04:07:00
Entre infraestructura, el pago y el empresariado de la 4T
Económicamente está por verse si el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura resulta tan efectivo y eficiente para detonar el crecimiento y dinamizar a la recesiva economía nacional, y mucho depende de qué tan rápido fluyan y se terminen los proyectos y las 147 obras en las que se pretende invertir 859 mil millones de pesos en lo que resta del sexenio; pero políticamente ese acuerdo ya dio frutos de manera inmediata porque ayer mismo, en la presentación del plan conjunto del Gobierno y un grupo de los empresarios nacionales, terminó de tomar forma lo que podría llamarse el “empresariado de la 4T”.

Los empresarios y las organizaciones empresariales que acudieron ayer al Palacio Nacional a respaldar el Acuerdo, sabían que su presencia les garantizaba no solo ser parte del proyecto sexenal de infraestructura del presidente López Obrador; al mismo tiempo sabían que el Mandatario, con este plan a cinco años que garantiza obras y concesiones a las empresas participantes, termina de saldar y de cubrir cualquier afectación que causara a grandes empresarios su decisión irreversible de cancelar el NAIM en Texcoco. En términos políticos el plan de ayer fue el cierre de la “herida” o el fin a la desconfianza que se abrió entre empresarios y el Presidente tras la cancelación. Por eso, más allá de las cifras y las proyecciones para construir infraestructura en toda la República con un componente mayoritario de inversión privada y obras concesionadas, el acto que encabezó el Presidente sirvió para medir, en las presencias, pero también en las ausencias, a los capitanes de empresa que están alineados ya con el proyecto de la cuarta transformación, algunos incluso al grado de despojarse definitivamente de vínculos políticos que tuvieron en el pasado para apostar por el actual Gobierno y cuidar y blindar sus negocios e inversiones de cualquier desacuerdo o desavenencia con el poder.

El caso más claro y llamativo ejemplo de este realineamiento sexenal que se consumó ayer en el mundo empresarial mexicano, es sin duda el del ingeniero Carlos Slim Helú. Tras varios coqueteos, escarceos, diferencias y hasta autoelogios con el Presidente, el ingeniero finalmente se despojó ayer de su salinismo de origen para comprometerse, al menos por los siguientes cinco años, con López Obrador y con la 4T. Así, el hombre más rico de México, que siempre ha sabido jugar sexenalmente con todos los presidentes, se volvió ayer la cabeza y la certeza por la que otros empresarios importantes decidieron dejar sus dudas, incertidumbres y dubitaciones, para invertir finalmente de la mano de la actual Administración.

Junto a Slim van otros grandes como Rogelio Zambrano, de Cemex; Roberto Hernández; Carlos Mora, de Vidanta; Tania Ortiz Mena, de IEnova; Antonio del Valle, que aunque representa al Consejo Mexicano de Negocios, no garantiza tampoco la presencia de algunos integrantes de ese organismo que tienen pleitos irreconciliables con el Presidente como Claudio X. González, el padre y el hijo; Alejandro Ramírez, de Cinépolis, y Alberto Bailleres y Germán Larrea. Representando a Ricardo Salinas Pliego, y también al apoyo de la banca al programa de infraestructura, estaba Luis Niño de Rivera.

Por parte de otros organismos empresariales, la presencia de Carlos Salazar, del CCE –al que además le atribuyen aspiraciones a una candidatura de Morena al Gobierno de Nuevo León– contrastaba con la ausencia notoria de Gustavo de Hoyos, crítico de la 4T y quien mandó a un representante; y jugando alineados con el Gobierno estaban Francisco Cervantes, de Concamin; José López, de Concanaco y Manuel Escobedo, de la AMIS.

Así que tal vez no sean todos los que estén ni estén todos los que son, pero las presencias y las ausencias de ayer en Palacio Nacional, en la presentación del plan sexenal de infraestructura del presidente López Obrador, se pudo ver claramente que si bien este Gobierno no tendrá una clase empresarial privilegiada y favorecida con contratos, obras, favores y corrupción, como si lo tuvieron casi todos los presidentes antes que él, lo que sí habrá es un sector del empresariado que claramente se alinea con la 4T mientras otros deciden combatirla.


NOTAS INDISCRETAS

El anuncio ayer de Donald Trump, de que en breve su Gobierno declarará a los cárteles del narcotráfico que operan en México como “grupos terroristas”, representa un duro revés a la política exterior del presidente López Obrador y la confirmación de que la lucha electoral en Estados Unidos y la candidatura a la reelección de Trump en 2020, impactarán fuertemente todo lo que tenga que ver con la relación bilateral con México. Porque el mismo Trump confiesa ayer que tiene 90 días preparando este asunto que, no solo ignoraban completamente en Palacio Nacional, sino que además se negaban a ver la intención clara que ya existía en distintas declaraciones que tuvieron como origen la petición del canciller Marcelo Ebrard de que el atentado de El Paso, en el que murieron 8 mexicanos, fuera declarado un “acto de terrorismo” para que México pudiera iniciar un juicio aquí y solicitar la extradición del asesino. Si ya se percibía que esa estrategia de pedir una declaración de “terrorismo” en la balacera de El Paso había sido un error, los comentarios recientes del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, llamando “narcoterrorismo” a la violencia en Nuevo Laredo y todas las críticas y cuestionamientos en Washington tras el operativo fallido de captura de Ovidio Guzmán, en Culiacán, y luego la terrible masacre de las familias LeBarón y Langford, en Bavispe, Sonora, vinieron a reforzar y a confirmar lo que incluso desde un mes antes de esos hechos ya había sido puesto en marcha desde la Casa Blanca, en donde este asunto de declarar “terrorismo” a la violencia criminal del narcotráfico en México se empezó a fraguar desde 2018, cuando el Departamento de Justicia de EU señaló a cinco grupos criminales como las principales amenazas de la delincuencia organizada internacional: Hezbolá, MS-13, cártel Jalisco Nueva Generación, cártel de Sinaloa y cártel del Golfo. ¿Nadie lo vio venir en la 4T?... Y a propósito de la nueva relación entre los empresarios y el Gobierno de la 4T, el lunes pasado Integralia Consultores, de Luis Carlos Ugalde, y la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, organizaron un foro denominado La Industria de los Asuntos Públicos y las Relaciones IP-Gobierno en el México de AMLO. Entre las conclusiones del evento se destacó que “aunque López Obrador encabeza un Gobierno personalista y vertical, hay espacio para influir, por parte de los empresarios, en el diseño e implementación de las políticas públicas”. Justo el evento de ayer en Palacio Nacional, lo confirma…Los dados mandan Serpiente. Mal tiro.

25 Noviembre 2019 04:07:00
Remember Texas, ¿vientos separatistas en la frontera?
Tres estados de la República, casualmente los tres ubicados en la frontera con Estados Unidos, han emprendido acciones, declaraciones o movimientos de la mano de sus gobernadores que desafían y cuestionan al poder central de la Federación.

Los tres utilizan argumentos en los que acusan ya sea un “abandono”, un “trato injusto e inequitativo” o una “falta de atención” a las necesidades de sus estados; y aunque se trata de señalamientos distintos, unos relacionado con los problemas de inseguridad y violencia en su entidad, otro con un intento de ignorar la Constitución y a las instituciones federales y el otro con el diseño y funcionamiento del pacto fiscal y la distribución de recursos a los estados, al final en Tamaulipas, Baja California y Chihuahua, los discursos de sus gobernadores tienen un mismo tufo separatista.

Se trata de dos gobernadores del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Javier Corral, de Chihuahua, y de un gobernador de Morena, el recién llegado Jaime Bonilla, de Baja California.

El primero en utilizar ese discurso localista y chauvinista fue el gobernador de Baja California. Aún antes de llegar al cargo, cuando todavía era gobernador electo, Jaime Bonilla inició un movimiento que comenzó por cooptar diputados de la mayoría de oposición en el Congreso local para que le aprobaran una reforma a la Constitución del Estado para ampliar el periodo de duración de su gubernatura de los dos años por los que fue electo y votado en las urnas, a cinco años que él consideraba necesarios para poder llevar a cabo sus planes de gobierno.

Cuando esa reforma fue severamente cuestionada e impugnada por instituciones federales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Instituto Nacional Electoral, además de recibir críticas de distintas organizaciones políticas y civiles, el entonces mandatario electo comenzó a utilizar el discurso de la soberanía estatal y de que “los bajacalifornianos decidimos nuestros asuntos” y lanzó consignas como “ya basta del abandono histórico del centro” y de sus imposiciones.

El otro caso de un Estado que desafía y acusa un trato injusto del poder central es Tamaulipas. Su gobernador, el panista Francisco García Cabeza de Vaca ha sido uno de los más incómodos y críticos hacia la 4T y el presidente López Obrador, quién en casi un año que lleva en el poder se ha negado a recibir en audiencia al Mandatario tamaulipeco, a pesar de que éste se lo solicitó en varias ocasiones primero de manera oficial y luego públicamente.

Cabeza de Vaca ha acusado que el Gobierno federal se ha negado a mandarle toda la ayuda necesaria en materia de seguridad a su estado, que tiene problemas severos, sobre todo en sus municipios fronterizos, donde distintas escisiones y células de cárteles del narcotráfico se disputan con violencia el control de plazas y territorios.

En el caso de Chihuahua y Javier Corral, el motivo de queja hacia el Gobierno central es el fiscal. Dos días después de la aprobación del Presupuesto Federal 2020, el Mandatario panista, que también ha tenido diferencias con la 4T, se pronunció abiertamente por que Chihuahua y otras entidades federativas que tienen las capacidades productivas y económicas rompan el Pacto de Coordinación Fiscal con la Federación, según el cual el Gobierno central distribuye los recursos federales.

“Hay que pensar en la posibilidad de que si no se modifican estas reglas, descoordinarnos de la Federación los estados que podamos hacerlo en función de nuestro Producto Interno Bruto y nuestras capacidades económicas y productivas”, dijo Javier Corral en tono abierto de amago.

Así es como tres gobernadores cuyos estados que comparten frontera con Estados Unidos y donde se ubican expresan abiertamente su molestia e inconformidad con el Centro. Unos lo hacen de manera más política, otros en tono de abierto desafío, pero en los tres casos es innegable que subyace el mismo argumento de fondo que, toda proporción guardada, esgrimían aquellos colonos protestantes de Texas que en el siglo 19, que “el centro no nos atiende ni nos resuelve nuestras necesidades”. ¿Será que en pleno siglo 19 y en plena 4T de nuevo soplan vientos separatistas en la República?

23 Noviembre 2019 04:06:00
Refuerzan hipótesis de sabotaje interno en Pemex
Dos empresas especializadas en tecnología informática y telecomunicaciones que han estudiado el ataque cibernético a Pemex ocurrido el 10 de noviembre, concluyen en sus investigaciones que el hackeo no necesariamente fue obra de piratas cibernéticos desde puntos remotos y manejan la posibilidad de que el virus secuestrador Dopplepaymer, haya sido introducido a la red informática de la petrolera por alguien interno que tenía “credenciales de administrador” o algún empleado que utilizó una memoria USB para infectar el Site con el malware que encripta información y puede impedir el acceso a archivos específicos o incluso desaparecerlos.

En un análisis de Microsoft sobre el ransomware (en inglés ransom: secuestro y malware: software malicioso) que infectó los sistemas de Pemex, se establece que la forma de acceso y dispersión de este virus es a través de operadores humanos que de forma remota utilizan credenciales de administrador de los sistemas a los que buscan infectar y diseminarlo.
“Microsoft ha estado investigando ataques recientes de actores maliciosos utilizando el ransonware Dopplepaymer. En nuestras investigaciones descubrimos que el malware se basa en operadores humanos remotos que usan las credenciales de administrador de dominio existentes para extenderse a través de una red empresarial”, señalan en un comunicado Mary Jensen y Dan West, directivos del Centro de Seguridad de Microsoft.

Por su parte Axtel, que tiene un contrato para la operación y seguridad cibernética de un centro de datos en Pemex, ha alertado a la empresa de la importancia de bloquear los puertos USB, pues por ahí se pueden descargar archivos infectados con fines de ciberataque o cibersecuestro, como el caso que afecta a la petrolera mexicana. El hackeo que sufrió Pemex pudo provenir desde el interior de la compañía, incluso por la conexión de una memoria USB, según declararon técnicos de Axtel en declaraciones a los medios. Luis Ochoa, director de Operación TI y Ciberseguridad, le declaró al diario El Sol de México que, a pesar de que Axtel garantiza la seguridad cibernética de sus clientes, las empresas no están exentas de un ataque debido a la falta de medidas de seguridad interior. “Esto es para que nadie pueda llevar una USB y estar insertando y sacando información o datos que contengan el dispositivo que, si vienen desde afuera, pueden contener virus”.

Aunque Petróleos Mexicanos no ha dado aún un reporte oficial sobre las investigaciones que realizan el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen) y la Policía Cibernética, ni se ha informado tampoco el nivel de daño o de afectación a los sistemas, archivos e información de la empresa pública, las opiniones de expertos refuerzan la posibilidad de que el ataque que sufrió Pemex haya sido ejecutado desde adentro de la propia empresa y que la finalidad, más que un “secuestro” con fines de cobrar una recompensa económica, haya sido el bloqueo o el borrado de información sobre actividades financieras que estaba siendo investigada en casos de corrupción del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La coincidencia de fechas entre un operativo de la Fiscalía General de la República, realizado el viernes 8 de noviembre, para extraer información y expedientes internos de Pemex para una indagatoria sobre corrupción, y el ciberataque a los sistemas informáticos la mañana del domingo 10 de noviembre, hace pensar que el objetivo de quienes infectaron el ransomware Dopplepaymer era, más que chantajear a la empresa con dinero (supuestamente 5 mdd) impedir que el Ministerio Público tuviera acceso a ciertos archivos y expedientes comprometedores por manejos irregulares o ilegales en la petrolera durante el sexenio anterior.

Pemex no sería la primera institución atacada a través de sus dispositivos internos. En 2008, los sistemas informáticos del Pentágono de Estados Unidos fueron objeto de uno de los mayores ataques cibernéticos de la actualidad y, según lo confirmó dos años después el Departamento de Defensa, el ataque fue propagado mediante una descarga hecha por un dispositivo USB que se conectó a las computadoras del Pentágono, al parecer por alguien que tenía las credenciales de acceso.

Dos semanas después, en el caso de Pemex, lo que prevalece es el silencio de sus autoridades y las especulaciones ante el vacío y la falta de información detallada por parte de las autoridades. Pero las opiniones de expertos como Microsoft y empresas de seguridad como Axtel, parecen ir en el mismo sentido de una de las principales hipótesis que están investigando los agentes del CNI y la Policía Cibernética. Sigue faltando un informe oficial sobre las dimensiones y los objetivos del ataque a la empresa pública más importante de este país. Si alguien ve o sabe algo de Octavio Romero Oropeza, avísele que sigue siendo director de Pemex y que como tal, tiene obligación de informar y dar la cara a los mexicanos que pagamos su sueldo con impuestos.

Notas indiscretas
Lo positivo de Presupuesto 2020 es que es un documento que manda señales de certeza a los mercados internacionales al mantener estables las variables macroeconómicas, la disciplina fiscal e incluso al garantizar que no habrá los consabidos “gasolinazos” que nos propinaban a los mexicanos los anteriores gobiernos del PRI y del PAN. También se puede destacar como algo bueno que se eliminaran tantas manos, grupos e intereses que se metían al diseño del presupuesto y que terminaban sacando recursos públicos a través de los llamados “moches” que se eliminaron totalmente. Pero en la parte que ya no es tan positiva, al igual que lo hicieron todos los presidentes, pero al mismo tiempo mucho más que todos los presidentes, el presupuesto fue aprobado totalmente a modo de Andrés Manuel López Obrador. “Ni un punto ni una coma deben quitarle al presupuesto" fue la orden del Presidente y el compromiso que todos los diputados de Morena, PT, PES y PVEM aceptaron y acataron, la mayoría de buen gusto y algunos, los menos, a regañadientes y cuestionando la nulificación y el sometimiento de su papel como legisladores. El resultado ya se sabía: la mayor parte del gasto público, 402 mil millones de pesos, se destinan a los programas sociales que entregan dinero en efectivo y directo a la población vulnerable (que al mismo tiempo son las clientelas más fieles al lopezobradorismo) y a las dependencias que le interesa reforzar y apoyar a la 4T, y el resto a las obras y proyectos prioritarios del Mandatario. Es decir, que tienen razón el Presidente y sus fieles diputados de Morena, cuando dicen que este presupuesto es “diferente”, que “no contiene moches” y que representa, en términos presupuestales, la materialización de un “cambio de régimen”; pero lo que están diciendo también significa que en el PEF 2020 la única voz que se escuchó y las únicas prioridades que se atendieron, fueron las del Presidente y no las de otros actores políticos, gobernantes de otros niveles y mucho menos de organizaciones y sectores de la sociedad. El presupuesto es pues, una reafirmación del enorme poder que hoy concentra el Presidente, que al mismo tiempo que avasalla a los otros Poderes –el Legislativo a sus órdenes y el Judicial sometido– también golpea y debilita presupuestalmente a los órganos autónomos que debieran ser su contrapeso y aplasta a una oposición que, en su pequeñez y desarticulación, tan solo alcanza a patalear y a vociferar sin poder generar propuestas alternativas ni un debate que modifique ni una sola coma del paquete económico. Es como si con la votación de ayer y en todo el desaseado proceso legislativo que se siguió para llegar a esta aprobación –dos horas antes de votarlo les dieron el dictamen a los diputados de la Comisión de Presupuesto– pasáramos del histórico “¿Qué horas son?” “Las que usted diga, señor Presidente” ahora a “¿Qué presupuesto tendrá el país para el próximo año?” “El que usted quiera, señor Presidente”…Los dados mandan Escalera doble. Semana de subidas.
21 Noviembre 2019 04:06:00
2019, violencia histórica y ¿narcoterrorismo?
El de ayer fue un día negro para el Gobierno de la 4T en materia de seguridad. Porque si se evalúa al primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus cifras de inseguridad y violencia, el resultado es catastrófico: los primeros 12 meses de esta Administración, a punto de cumplirse en 10 días, se perfilan ya como el año más violento de la historia reciente, a juzgar por las cifras oficiales de homicidios dolosos y de feminicidio que reportan, hasta el momento, 29 mil 547 asesinatos violentos tan solo de enero a octubre; algo que ya supera en casi mil ejecuciones, las 28 mil 868 registradas en todo el año 2018, el último de Peña Nieto, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Si ya es oficial que la violencia del primero año de López Obrador será la más grave de la historia, a eso hay que añadirle las declaraciones que ayer hizo el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los mandatarios panistas más incómodos para la 4T, quien puso el dedo en la llaga al definir como “narcoterrorismo”, la situación violenta que vive su estado, especialmente la frontera de Nuevo Laredo en las últimas semanas: “Hay situaciones de violencia que se están generando aquí y no vamos a tapar el sol con un dedo. Es el comportamiento de criminales que quieren de alguna manera provocar el caos, el pánico la inseguridad a través de actos de violencia, sobre todo promoviendo el miedo y el terror, su comportamiento es de narcoterrorismo es un tema muy delicado el que está habiendo y se tiene que actuar en consecuencia”.

La palabra más evitada y temida para el Gobierno en estos momentos, es precisamente la que invocó el gobernador Cabeza de Vaca. Y es tan incómoda y delicada, porque al equiparar la violencia desbordada del narcotráfico con el terrorismo, lo que se hace es que la problemática de violencia y criminalidad en México, entren en el radar y en las prioridades del Gobierno de Estados Unidos, que según sus leyes de seguridad nacional, pueden y deben intervenir en aquellos países cuyos problemas por la acción de grupos “terroristas” representen una amenaza para la seguridad de los estadunidenses.

Por algo el canciller Marcelo Ebrard y el Gobierno lopezobradorista se han negado una y otra vez a que se clasifique como “terrorismo” a sucesos de violencia en México, como las masacres recientes de la familia LeBarón y Langford en Sonora.

La declaración de García Cabeza de Vaca reconociendo que lo que pasa en México ya se convirtió en “narcoterrorismo”, proviniendo de un gobernador fronterizo como el de Tamaulipas tendrá un impacto sin duda del otro lado del río Bravo y se convierte en una muy incómoda posición para el Gobierno de López Obrador que no tiene muchos argumentos para defenderse porque las masacres y multihomicidios suman más de 663 víctimas en 149 ataques en este año. Y si se observa la crueldad cada vez mayor en la ejecución de civiles inocentes, niños, mujeres, jóvenes que son torturados, masacrados y baleados con armas de alto calibre y hasta quemados vivos, la pregunta y el tema que plantea Cabeza de Vaca es inevitable e ineludible ¿no es eso narcoterrorismo?
20 Noviembre 2019 04:04:00
Morena, entre la rebelión y la trampa
Aunque muchos pensaron que tras el manotazo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la operación de su enviada, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, las cosas se iban finalmente a ordenar en Morena y sus dirigentes y grupos acatarían las “instrucciones” que les mandó el Presidente para poner fin al enconado conflicto morenista, resulta que el ultimátum desde el Palacio Nacional solo funcionó a medias.

Porque por un lado Yeidckol Polevnsky se negó a acatar completamente la orden presidencial y, aduciendo que “el Presidente dijo que no se mete en los asuntos partidistas”, decidió buscar unilateralmente una prórroga de su mandato por los próximos 6 meses para mandar la realización de las encuestas para elegir al dirigente nacional hasta el próximo año y no este año como quería el Presidente; y por el otro lado, aunque el grupo de Bertha Luján en apariencia aceptó la propuesta de AMLO para validar el método de las encuestas para elegir dirigentes, en el Congreso del próximo 30 de noviembre, se propondrá ahora que en esas encuestas solo se consulte a militantes acreditados y empadronados de Morena, con lo que se mantendría el “candado” y el sesgo de una elección cerrada en el partido y no abierta a toda la sociedad como lo proponía el Presidente.

En el primer caso, la rebelión de Yeidckol la confirmó la propia Sheinbaum, quien en su reporte a Palacio Nacional, después de reunirse por separado con Yeidckol y con Luján –porque Polevnsky se negó a un encuentro conjunto con Luján– comentó que cuando ella transmitió el mensaje presidencial a las dos, para que cancelaran las dos convocatorias a Congresos diferentes y aceptaran el método de las encuestas para renovar la dirigencia nacional, la primera en aceptar fue Bertha Luján que no puso resistencia, mientras que Yeidckol comentó que estaba bien, pero que entonces el proceso para el levantamiento de encuestas debía prepararse con mayor tiempo y por lo tanto no podría realizarse este año.

“Pero eso no es lo que pide el Presidente, sino que se lleven a cabo las encuestas de manera inmediata”, le dijo la mensajera de Palacio a Polevnsky; pero esta replicó el comentario con cierto tono rebelde: “Pues el Presidente dijo que él ya no se metía en los asuntos de Morena, y hay que hacer caso de lo que el Presidente dijo, por lo tanto nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones solos y yo voy a posponer el proceso hasta el próximo año”. Y así fue que Yeidckol aceptó el Congreso el 30 para definir el método de encuestas por la dirigencia nacional, pero al mismo tiempo anunció unilateralmente que pediría una prórroga de seis meses en su actual dirigencia. Es decir, se hará lo que el Presidente quiere, pero no como el Presidente quiera.

Por el otro lado, ahora al interior de Morena se habla de una “trampa” que empujaría el grupo de Luján en el Congreso del 30 de noviembre en el que buscarán sí validar en los estatutos el método de encuestas para elegir al dirigente, pero con un “candado” que beneficia al grupo que tiene el control de la estructura nacional morenista: que en la encuesta solo puedan participar militantes activos y empadronados del partido Morena. Algo que claramente beneficia a Luján, presidenta del Consejo Nacional, y afecta a Mario Delgado, quien tiene más fuerza afuera que adentro de Morena.

Así que, si el Presidente pensó que, con el envío de su muy cercana Claudia Sheinbaum, las cosas habían quedado claras y se acabarían los problemas, al parecer se equivocó. El “Frankestein” en que se convirtió el partido oficial ha cobrado vida propia y ahora ya no escucha ni siquiera a su creador y fundador. Y por más que el líder moral y político quiera evitar el descontrol y el caos en el movimiento que fundó y que lo llevó al poder, al que ahora quiere ver civilizado e institucionalizado, todo apunta a que las ambiciones de poder ya hicieron presa de los grupos morenistas, que se le rebelan o hasta le quieren hacer trampas al que, dicen de palabra, es su “líder máximo”.
19 Noviembre 2019 04:05:00
El camino empedrado de Piedra
Para Rosario Piedra Ibarra no será nada fácil ejercer su cuestionada autoridad como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Primero porque su elección dejó dudas fundadas de un fraude cometido y avalado por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado; segundo porque pocos creen que pueda demostrar la autonomía e independencia que su cargo requiere por su estrecha relación política, afectiva y personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tercero porque casi una tercera parte de los gobernadores estatales de la República, ha desconocido la legalidad y legitimidad de su designación y advierte que no atenderá sus recomendaciones ni su autoridad.

A la renuncia de 5 de los 10 consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH, encabezados por el exsacerdote Alberto Athié, y el cuestionamiento abierto de diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos a las dudas que dejó la votación en que fue electa, se sumaron la semana pasada los ocho gobernadores surgidos del Partido Acción Nacional, que a través de un comunicado calificaron la elección de Piedra Ibarra como “una clara violación a la Constitución y a los tratados internacionales”, al tiempo que dijeron que no reconocerán “la autoridad de quien es producto de un fraude”.

Ayer, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo que en su estado no se atenderán ni tomarán en cuenta las acciones o recomendaciones que emita la CNDH encabezada por Rosario Piedra “porque su elección fue ilegal”.

A pesar de todo eso, Rosario Piedra recibió, desde el 16 de noviembre, la presidencia de la CNDH en un acto formal de entrega-recepción con su antecesor, Luis Raúl González Pérez, y sin dar importancia a los cuestionamientos y desconocimientos a su presidencia, la nueva ombudsperson anunció el inicio de “una nueva etapa en la CNDH que privilegiará los derechos de las víctimas” y en la que ha anunciado también la aplicación de “la política de austeridad del presidente López Obrador” en el organismo autónomo, lo que supone la disminución de sueldos, privilegios y prestaciones para el personal de altos mandos de la institución.

Piedra Ibarra ha hecho hasta ahora caso omiso de la ola de dudas y ataques a su nombramiento y, aunque apenas renunció a su militancia política en Morena el jueves de la semana pasada, algo que según la ley era indispensable con al menos un año de anticipación para que Rosario cumpliera con todos los requisitos necesarios para presidir la CNDH, repite en entrevistas que los que dudan de su capacidad de independencia y autonomía “se van a convencer por los hechos y por mis acciones que sí soy independiente”.

Y mientras muchos auguran una etapa “de decadencia” y sometimiento al poder político para la institución autónoma y ponen en duda que una presidenta manchada de origen y cuestionada no por su persona ni por su trayectoria, sino por su designación ilegal, pueda tener la calidad moral y la legitimidad que requiere la responsable de defender los derechos humanos de los ciudadanos, a Piedra Ibarra, más allá del evidente y notorio apoyo político que tendrá del Gobierno de López Obrador y de la 4T, le espera un camino tortuoso y empedrado para poder consolidar una presidencia que nace bajo sospecha de ilegalidad.
18 Noviembre 2019 04:06:00
La mensajera y el mensaje
El efecto que la disputa enconada de Morena estaba teniendo en la percepción ciudadana de un partido sin control e incapaz de ponerse de acuerdo en lo más elemental, aunado a la cercanía del primer año de Gobierno y a la baja de 10 puntos que las últimas encuestas documentaron en la aprobación popular, fueron determinantes para que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera poner fin al pleito morenista y a la actitud de necedad, confrontación y rebeldía en la que habían caído las dos dirigentes mujeres del partido oficial: Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján.

Cuando el Presidente le pidió personalmente a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que fuera la portadora de un mensaje claro y contundente para las dos lideresas de Morena, fue porque ni Yeidckol ni Bertha estaban atendiendo ya los llamados y las peticiones de Alejandro Esquer, el secretario particular del Presidente, quien había sido designado interlocutor personal del Jefe del Ejecutivo para los asuntos del partido. Pero como a Esquer ya no le estaban haciendo caso ninguna de las dos, ni tampoco Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia, López Obrador decidió que fuera Sheinbaum la encargada de darles el ultimátum a los rebeldes dirigentes que no querían ceder en sus posiciones irreductibles.

Fue así que, tras reunirse con ambas dirigentes por separado este fin de semana, la Jefa de Gobierno fue muy clara en el mensaje que le pidió transmitir el Presidente: o los dos grupos ponían fin a su disputa irracional, cancelando sus dos convocatorias distintas y programando solo una reunión de Consejo Nacional, el 30 de noviembre, en el que se modifiquen los estatutos y se valide el método de las encuestas para elegir al nuevo dirigente nacional, o el Presidente cumpliría su amenaza de renunciar definitivamente a Morena y les quitaría hasta el nombre del partido, tal y como él mismo se los advirtió públicamente el 29 de agosto.

El nombre de la mensajera, por la cercanía que tiene con el Presidente y su influencia indiscutible en Morena, sumado a la contundencia del mensaje tuvieron un efecto inmediato: después de reunirse con la doctora en el Palacio del Ayuntamiento, Polevnsky y Luján, junto con Héctor Díaz Polanco, aparecieron para anunciar el nuevo y único Consejo y la confirmación de que, tras varios meses de pleitos, encontronazos y descalificaciones mutuas, finalmente estaban de acuerdo en que la elección de la dirigencia nacional se llevara a cabo a través de encuestas, cuya cantidad, muestra y fechas para su realización se programarán en semanas venideras para llevarse a cabo el próximo año.

El presidente no recibía a Yeidckol desde febrero, incluso, el 7 de noviembre López Obrador ignoró y no saludó a Polevnsky cuando salía del evento de la Semana Nacional de la Radio y la Televisión y ella se paró en la valla por donde pasaba el Mandatario, quien no se detuvo a saludarla. De hecho, en su decisión de no involucrarse en asuntos de su partido, tampoco tenía diálogo con Bertha Luján y para comunicarse con ambas utilizaba a Alejandro Esquer. Pero cuando la interlocución de su secretario particular ya no funcionó ante el nivel de encono y confrontación que tomaron las cosas en Morena, el Presidente decidió mandar a Sheinbaum para poner fin al caos y el desorden.

Veremos en qué terminan la elección del dirigente de Morena después del manotazo del Presidente. Pero con Sheinbaum operando la solución a la disputa por la vía de las encuestas, un método por el que ya se habían pronunciado Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard al expresar su apoyo a Mario Delgado, está claro que las cosas se van alineando y definiendo al interior del partido. Si los tres políticos mejor posicionados en la 4T y en el ánimo presidencial ya están de acuerdo y se alinean al liderazgo indiscutible del Presidente, es muy probable que las cosas tomen su cauce en el problemático partido de Morena y que de las encuestas surjan nuevos liderazgos y un partido que, por fin, transite por la vía de la institucionalización y empiece a dejar de ser ese conglomerado amorfo y belicoso.
16 Noviembre 2019 04:05:00
Evo no se queda en México
La presencia de Evo Morales en México, en condición de asilado, será sólo temporal y en las próximas semanas el expresidente de Bolivia se trasladaría a otro país latinoamericano en donde tenga condiciones para armar su plan de resistencia y su estrategia para intentar volver en un futuro próximo a Bolivia a recuperar el poder y el movimiento político que se mantiene fiel a su causa, a pesar de que el nuevo Gobierno provisional de Janine Áñez, con el apoyo del Ejército, ha comenzado a reprimir y a dispersar a los grupos de “evistas” que tienen su mayor fuerza en la región de Cochabamba.

Las opciones que tiene Evo para buscar una residencia después de México son Cuba y Venezuela, países donde tendría mayor margen para poder moverse, operar y tratar de rearmar su movimiento político. De acuerdo con fuentes cercanas al exmandatario y también del Gobierno mexicano, ya se realizan las gestiones diplomáticas y políticas para ver a cuál de los dos países se traslada a Morales y a sus colaboradores más cercanos.

Aunque el expresidente boliviano ha sido recibido con todas las cortesías y los honores por el gobierno de López Obrador y por la 4T, y según las fuentes consultadas, “él está muy cómodo y contento con el trato que le han dado en México”, la decisión de moverse de aquí tiene que ver con que necesita un lugar donde tenga menos exposición, política y mediática, y en donde pueda operar más libremente sin comprometer o causarle un problema al gobierno local. Porque aunque el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard han insistido en que “no hay ningún problema ni ninguna tensión” con los Estados Unidos y con la Administración de Donald Trump por la decisión de concederle el asilo político a Evo, la realidad es que aunque haya habido reacciones en Washington, una estancia más prolongada del boliviano en territorio mexicano y sobre todo que desde aquí el expresidente operara políticamente para intentar recuperar el poder en su país, sí se convertiría en un tema delicado para la relación bilateral que no sería tolerado por la Casa Blanca.

Es decir que si bien Trump y sus halcones han sido hasta ahora respetuosos de la decisión soberana del Gobierno mexicano de recibir y asilar a Evo Morales, tampoco verían con buenos ojos que el Gobierno de López Obrador apoyara y menos financiara una campaña del depuesto presidente para recuperar el poder en Bolivia. Por eso es que la presencia de Evo no puede alargarse demasiado en territorio nacional, pues entre más tiempo pase aquí, se convertiría en un foco de tensión entre México y Estados Unidos, sobre todo en el ambiente electoral y las campañas presidenciales para el 2020 que ya están en marcha en el vecino país.

¿AMLO PIDIÓ PERMISO A ESTADOS UNIDOS PARA ASILAR A EVO?
El mismo Evo ha comenzado ya a preparar el terreno para su eventual partida de México y en diversas entrevistas que ha concedido a medios internacionales y mexicanos, ha expresado que su intención es “volver a Bolivia” y recuperar el poder que le fue arrebatado de manera inconstitucional porque su mandato aún no concluía y en lo que él mismo define como un “golpe de Estado”, por la presión y el desconocimiento que sufrió de la Policía y el Ejército de su país.

¿Cuánto tiempo pretende permanecer en México?, le preguntaron a Evo en una entrevista con el diario El País de España: “Ahora mismo quiero irme. Si puedo aportar a la solución pacífica, después de mi renuncia, lo haré”. ¿Usted está dispuesto a volver al país y no seguir en el poder ni ser candidato con tal de pacificar?, le insistió el periodista.

“Claro. He renunciado y sigue la violencia”. Más adelante, en esa misma entrevista, Evo narró cómo se dio el ofrecimiento de asilo político por parte de México y aseguró que hubo una llamada del Gobierno de Estados Unidos al canciller (Marcelo Ebrard) para autorizar su traslado a territorio mexicano en un avión de la Fuerza Aérea, lo que haría pensar que el Gobierno del presidente López Obrador habría consultado con Washington antes de otorgarle el asilo a Morales, según lo que narra el ex presidente de Bolivia: “México nos ofreció asilo. Estados Unidos llamó al canciller para decirle que podían llevarme donde querían. Muy raro fue eso para mí. Yo dije que tal vez no íbamos a llegar a Chimoré, que tuviésemos cuidado de que nos fuesen a atrapar, por eso pedí que se concentraran miles de compañeros.

Cuando nos dijeron que el avión [de la Fuerza Aérea mexicana] iba a aterrizar, fuimos por sendas, pero no lo dejaron entrar al espacio aéreo. Miles de compañeros se quedaron porque veían que algo no estaba bien. Finalmente, el avión aterrizó, llegamos al extremo de la pista, nos subimos y nos dicen que no hay permiso para ir a Lima. Un general nos dijo también que el permiso para volar había terminado. Tenían preparado bajarme al avión. Pero un oficial de la Cancillería mexicana me dijo que no me tenía que preocupar”.

¿Es decir que la decisión de traer a Evo y ofrecerle asilo político no fue del todo una “decisión soberana” del Gobierno de México, tal como lo ha repetido el presidente López Obrador, y tuvo antes de ejecutarse y de mandar un avión militar a recogerlo a Cochabamba que consultar la opinión de Estados Unidos? Al menos eso es lo que afirma Evo Morales cuando dice que “Estados Unidos llamó al Canciller para decirle que podían llevarme a donde querían”, y luego más adelante, ante el temor del expresidente de que lo iban a bajar del avión mexicano, el “oficial de la cancillería me dijo que no me tenía de que preocupar”. ¿Todo el operativo para sacar a Evo de Bolivia y traerlo a México estuvo entonces aprobado y avalado por la Casa Blanca? Eso supondría entonces que no fue tan “soberana” la decisión de la Administración lopezobradorista.

NOTAS INDISCRETAS…
Por cierto que los gastos para la manutención de Evo Morales en México, que han desatado tanto interés y polémica entre los mexicanos, por el costo que significa y el excesivo aparato de seguridad que le pusieron con lo que parecen ser 12 agentes del desaparecido Estado Mayor Presidencial, cuatro camionetas blindadas y hasta una de ellas equipada con una metralleta para reaccionar en caso de atentado, ahora también son motivo de discordia entre la 4T. Porque a pesar de que el subsecretario Maximiliano Reyes, encargado de la Política para América Latina y El Caribe en la SRE, afirma que hay “partidas especiales de recursos” destinados para sufragar los costos de casos de asilo político como el de Evo, han surgido otras propuestas como las del diputado Gerardo Fernández Noroña de que todos los legisladores de Morena y sus aliados cooperen con 500 pesos mensuales de su dieta para mantener al expresidente boliviano. Y aunque en principio las bancadas de diputados y senadores del oficialismo que suman más de 324 en total se dijeron dispuestos a hacer esa donación total de 189 mil pesos mensuales, en corto, tanto en San Lázaro como en el Senado se escuchan algunos legisladores de Morena y de otros partidos aliados que cuestionan que en medio de tanta austeridad que les han aplicado “¿nosotros por qué tenemos que dar parte de nuestro sueldo?”. En fin, que no todos se dicen dispuestos a ser tan solidarios con la causa del indígena aymara…Y hablando de legisladores, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, insiste en que en el zafarrancho que ocurrió en la tribuna el pasado martes, cuando se tomó protesta a Rosario Piedra como nueva presidenta de la CNDH, el agresor inicial fue el senador panista Gustavo Madero, quien se dirigió a ella en actitud violenta y tras jalarla y lastimarla de un brazo, intentaba tirarla de su silla. “Me sentí vulnerada, atacada y entendí cómo se sienten muchas mujeres mexicanas que son violentadas”… Los que se mueven habitualmente en Palacio Nacional afirman que la figura de César Yáñez, durante muchos años el hombre más cercano y leal al presidente López Obrador, está volviendo a cobrar fuerza y que ya quedó superado todo el episodio de su boda que le costó un cierto distanciamiento con el Presidente... Los dados cierran con Serpiente doble. Buen fin, pero semana intensa.
14 Noviembre 2019 04:07:00
El ataque a Pemex ¿hackeo o sabotaje?
La alarma por el ciberataque a los sistemas informáticos de Petróleos Mexicanos se detonó a las 7 de la mañana del pasado domingo y pudo tratarse no de una acción de hackers externos con fines de secuestro y rescate, como se pensó en un principio, sino de un virus ransomware que se introdujo de manera deliberada, a través de una memoria USB, desde adentro de las instalaciones de la empresa y por algún empleado que tenía acceso abierto al site de Pemex.

Esa es la principal hipótesis en las investigaciones forenses en este momento, a cargo del Cisen y de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en las que se indaga la posibilidad de que el virus haya sido introducido al sistema desde un equipo de cómputo de la propia petrolera, con el fin de que no pudieran utilizar información y borrar archivos y carpetas de los CPU, justo el mismo fin de semana en el que la Fiscalía General de la República había comenzado a requerir información interna de Pemex para investigaciones claves de corrupción en el pasado sexenio. Porque precisamente el viernes 8 de noviembre se llevó a cabo un operativo con guardias internos armados y agentes de la FGR para recabar y obtener información de la Subdirección de Finanzas de la petrolera.

Esta “coincidencia” entre el operativo de la FGR el viernes por la tarde y el ataque cibernético 24 horas después, hace pensar que más que un caso de hackeo con fines de secuestro y cobro de rescate de 5 millones de dólares, se trate de un acto interno de sabotaje para tratar de ocultar información clave en los casos de corrupción cometidos en el Gobierno de Peña Nieto y bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin o de otros exdirectores.

De acuerdo a lo que ha trascendido por fuentes cercanas a las investigaciones forenses que se realizan en el site de Pemex, el virus que se introdujo al sistema no es muy sofisticado y ya se ha utilizado en ataques conocidos a otras empresas; sin embargo, el malware sí tiene la capacidad comprobada de borrar archivos y carpetas. Por eso la hipótesis que siguen los expertos del Cisen y de la Policía Cibernética apunta a que quien lo soltó, muy probablemente desde adentro de la empresa, en realidad no quería un pago como el que se manejó de los 5 mdd, sino que la petición de “rescate” sería una fachada para cubrir la intención real que era desaparecer información “confidencial y comprometedora” para las investigaciones de malos manejos financieros en la paraestatal. Sería pues un distractor, para borrar evidencias claves en esquemas de corrupción.

Ayer, de nueva cuenta ante el silencio ya acostumbrado del director de Pemex, Octavio Romero, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, tuvo que dar la cara y aseguró que el problema del ciberataque “ya se está resolviendo” y que “no habría ningún pago de rescate”. Por lo pronto, el sabotaje, más que hackeo, tiene todas las huellas de un “inside-job” que no necesitó de evadir sistemas de seguridad y fire-walls pues se habría infestado desde dentro al site. La gran pregunta que tendrán que responder los investigadores es no solo quién introdujo el malware, que pudo ser cualquier empleado, sino quién fue el autor intelectual del ataque y qué información querían esconder sobre la enorme corrupción en Pemex.…Tiro caliente. Capicúa de los dados. Repetimos.
13 Noviembre 2019 04:07:00
¿Habrá coletazo de Washington?
Un par de horas después de que recibiera con abrazos y apapachos a Evo Morales a su llegada a México, los periodistas le preguntaron a Marcelo Ebrard si la decisión de dar asilo al depuesto presidente de Bolivia, cuya dimisión fue celebrada por Washington como un “triunfo democrático”, no generaba tensión en la siempre compleja relación entre México y Estados Unidos. Y el canciller mexicano, que ha sido al mismo tiempo el principal interlocutor con el Gobierno de Donald Trump y ahora promotor denodado de la condena al “golpe de Estado” del asilo de Evo en territorio mexicano, respondió con notoria seguridad que no esperaba reacción alguna de la Casa Blanca.

“Estados Unidos tiene otro punto de vista; bueno, cada quien tiene su punto de vista, son distintos. Los intereses de México no son exactamente los de Estados Unidos. Vamos a seguir así, no tenemos tensión”, sostuvo Ebrard, quien fue el encargado de organizar el complicado traslado y el periplo que tuvo que sortear Evo Morales para poder llegar ayer al hangar presidencial, luego de que Bolivia y Perú le impidieran sobrevolar su espacio aéreo. Fue el mismo Marcelo quien recibió con toda la formalidad oficial y con un claro afecto al defenestrado mandatario y se encargó de mandarlo a una “casa oficial”, dispuesta por el Gobierno mexicano, cuya ubicación no se reveló por razones de seguridad.

Y aunque ayer mismo trascendía por fuentes oficiales mexicanas que Evo solo estará por un lapso breve en México y que de aquí será llevado a Cuba o a Venezuela en donde él quiere residir para “reorganizar su movimiento”, mencionan excolaboradores de la embajada estadunidense en nuestro país que desde el operativo fallido en Culiacán, hasta la masacre de mujeres y niños de las familias mormonas de los LeBarón y Langford, sumada a la reciente visita del peronista argentino Alberto Fernández que vino a hablar del “nuevo eje progresista” en Latinoamérica, rematando ahora con la posición mexicana sobre el golpe de Estado en Bolivia y el asilo a Evo, “hay muchas cosas que han ido acumulando tensión y molestia en Washington”. Y es que aunque el Gobierno lopezobradorista y el canciller Ebrard crean que el rol activo de México defendiendo y arropando a los cuestionados gobiernos del Grupo del Alba, junto con la promoción de un nuevo alineamiento del llamado “eje socialista o izquierdista” en la región latinoamericana, no le preocupan a Washington, la realidad es que por muy soberana y respetuosa de la Doctrina Estrada que resulte la política exterior mexicana, sí está chocando con las posiciones y los intereses de la política imperialista de EU.

De hecho, Carlos Trujillo, representante del Gobierno de Trump, hizo un ataque indirecto a México: “Estados Unidos nota la hipocresía de Estados miembros de la OEA que afirman su apoyo a la democracia y la no injerencia (…) y decidieron violar ambos principios: se oponen a todos los esfuerzos para que Bolivia tenga elecciones libres y justas, y ahora intervienen mediante el apoyo a funcionarios del exgobierno, quienes planearon y ejecutaron un fraude electoral masivo”, dijo en clara alusión al asilo que México concedió a Morales y sus colaboradores. Con este choque abierto, ¿es tan seguro pensar que no habrá un “coletazo” desde Washington en los próximos días? ¿En qué forma llegará la reacción del Gobierno de Donald Trump si es que la hay?… Los dados mandan Escalera doble. Subida y felicitación para el cumpleañero de Palacio que hoy festeja entre tanta bajada.
12 Noviembre 2019 04:07:00
¿Qué pasa en Pemex?
Algo extraño está pasando en Petróleos Mexicanos. Ayer circularon profusamente versiones confirmadas por trabajadores y empleados de la petrolera nacional que hablaban de un “ciberataque” o secuestro cibernético a la red interna que se utiliza en las operaciones en el sur del país. Según una nota informativa que Pemex manejó internamente, el 10 de noviembre a las 13:00 horas, en la empresa productiva del Estado ocurrió “un incidente en el centro de cómputo” denominado SITE.

De acuerdo con la información que se manejaba en esa tarjeta interna se trata de un ataque de un virus denominado “ransomware”, el cual tiene capacidad de bloquear y cifrar el contenido del disco duro de todos los equipos de la empresa a nivel nacional. A los empleados se les informó que “se están tomando las previsiones técnicas para mitigar el ataque” y que “la persona o personas que instalaron el virus mencionado son los únicos que tienen la capacidad de eliminar el ‘ransomware’”.

La empresa, se precisó, está haciendo investigaciones de los posibles responsables, aunque también al interior de la petrolera se comenta que Pemex no pagó su licencia corporativa de antivirus desde diciembre pasado, lo que ocasionó que se paralizaran las operaciones en plataformas, refinerías, almacenamiento y distribución y centros administrativos, lo que afectó los sistemas de distribución de combustibles y desató los rumores de un posible “desabasto”. Sin embargo, ayer la secretaria de Energía, Rocío Nahle, salió al quite y desmintió que exista riesgo de escasez de combustibles y garantizó que hay reservas de gasolina y diésel suficientes para garantizar el consumo nacional por varios días.

Pero más allá del ciberataque, que ayer negaban oficialmente en la Dirección de Comunicación Social, los empleados de la petrolera narraron que el viernes pasado se llevó a cabo un operativo judicial en el corporativo de Pemex, en el que participaron integrantes de la Guardia interna, equipados con armas largas, de uso exclusivo del Ejército y que fueron acompañados por agentes de la Fiscalía General de la República.

Aunque todo se manejó herméticamente, se denunció la sustracción de documentos confidenciales de la Dirección Corporativa de Finanzas, a cargo de Alberto Velázquez, y los guardias y agentes de la FGR se habrían llevado “discos duros con información sensible”, según trabajadores de la dirección mencionada. ¿Qué estarían buscando los agentes de la Fiscalía y con qué investigación penal puede estar relacionado ese operativo para llevarse documentos oficiales de la petrolera nacional?

En fin, que en medio de todo esto llama la atención el silencio del director de Pemex, Octavio Romero, quien no salió a responder a ninguno de los graves hechos que se estuvieron denunciando desde adentro de la empresa que dirige.

Veremos qué sucede en la petrolera mexicana y si se aclara si existe o existió el ciberataque y qué tanto afectó en la fuga de información confidencial y delicada. Por lo pronto, todas estas versiones y rumores que tienen su origen en el propio Pemex, no son buenas noticias para la empresa del Estado que de por sí ha recibido muy malas noticias en las últimas semanas con las cifras recientes de producción que confirman que, a pesar de la millonaria inyección de recursos y el intenso plan de “rescate” del Gobierno de la 4T, la producción petrolera siguió cayendo en el tercer trimestre del año con 6.7% menos de barriles y una pérdida financiera de 87.8 mil millones de pesos; eso sin contar que también la producción de combustibles en las seis refinerías de Petróleos Mexicanos cayó en ritmo descendente, al pasar de 264 mil barriles diarios en la semana 27 de este año, a 165 mil barriles de gasolinas Magna y Premium para la semana 42, según datos de la Sener.

Y entonces, entre el caos interno y las caídas de producción, vale la pena hacer dos preguntas. La primera: ¿qué está pasando en Pemex y quién se hace responsable? Y la segunda: ¿está funcionando el “plan de rescate” que nos está costando miles de millones de pesos a los mexicanos?
11 Noviembre 2019 04:07:00
La caída de Evo y el eje socialista latinoamericano
La efervescencia política de las últimas semanas en Sudamérica cobró ayer su primera víctima: Evo Morales, el Presidente de Bolivia que intentó forzar su cuarta reelección en los comicios del 20 de octubre, con un triunfo que fue denunciado como “fraude escandaloso” por sus opositores, dimitió en medio de agitadas protestas populares, y después de que la policía nacional se le rebeló y que los altos mandos del Ejército boliviano le sugirieran públicamente “renunciar a su mandato presidencial permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad”.

La caída de Morales, que llevaba ya 14 años en el cargo y buscaba reelegirse hasta 2025, significa un revés para el llamado “Eje Socialista” latinoamericano. Lo que no ha podido hacer EU en Venezuela, con el intento de derrocar a Nicolás Maduro, ni pudieron hacerlo los campesinos sublevados en Ecuador contra Lenin Moreno, ni los jóvenes chilenos que se han levantado en contra del Gobierno de Sebastián Piñera, lo hizo la oposición boliviana en tres semanas de protestas y revueltas apoyadas por la derecha y que lograron primero el apoyo de la policía y después la presión del Ejército, que fue decisiva para que Evo decidiera dimitir.

Paradójicamente, la caída de Evo se produce 10 días después de la victoria del peronista Alberto Fernández en Argentina y apenas 48 horas después de que el expresidente brasileño Luis Inacio Lula Da Silva, dos hechos que, junto con la visita a México del argentino Fernández y su reunión con López Obrador, fueran interpretados como un fortalecimiento de un nuevo “Eje socialista” en la región latinoamericana.

Y como en este intento de realineamiento de la izquierda continental México juega un papel clave incluso de liderazgo, el Gobierno mexicano también recibió como una “afrenta” la dimisión obligada de Evo. El canciller Marcelo Ebrard había intervenido el fin de semana apoyando la convocatoria a nuevas elecciones que había hecho Evo y que el presidente López Obrador había calificado como “un triunfo de la democracia”.

Pero después de que el Ejército se pronunció sugiriendo la renuncia a Evo, las gestiones mexicanas para convocar a nuevas elecciones fracasaron. Por la noche, el Gobierno de México rechazó el golpe de Estado y ofreció asilo al depuesto presidente. El canciller Ebrard confirmó que 20 excolaboradores cercanos del Mandatario boliviano ya dormían anoche en la embajada mexicana en La Paz en calidad de refugiados políticos.

López Obrador dijo que hoy su Gobierno fijará una postura más amplia sobre el tema, pero de entrada anoche el ánimo en la Administración lopezobradorista era de total respaldo al caído presidente y de rechazo a las presiones militares que recibió para que dimitiera.

Veremos en qué termina el caso boliviano y cómo impacta en los esfuerzos por impulsar una nueva alineación de países latinoamericanos, a la que el presidente argentino Alberto Fernández llamara desde México “el nuevo eje progresista” que pidió construir “de norte a sur, no para molestar a nadie sino para lograr la igualdad social en la región”. Y está claro que el Gobierno del presidente López Obrador quiere liderar ese nuevo eje que sí molesta a EU y que ayer sufrió un duro revés con el primer presidente indígena de Bolivia que intentó su cuarta reelección y terminó siendo obligado a dimitir.



09 Noviembre 2019 04:06:00
El ánimo del Presidente
Las últimas dos o tres semanas, a partir del fallido operativo de Culiacán, los que están más cerca del inquilino del Palacio Nacional confirman un cambio notorio e inocultable en el ánimo presidencial que se siente crispado.

A las crisis de seguridad que se han sucedido una tras otra desde el 17 de octubre, empezando con la vergonzosa liberación de Ovidio Guzmán, la masacre en Sonora de nueve mormones, niños y mujeres de nacionalidad estadunidense, junto con otros hechos graves de violencia como los 10 ejecutados en Cd. Juárez, se añaden los jaloneos y confrontaciones por la discusión del presupuesto federal 2020 al interior de las bancadas de Morena en el Congreso y el duro impacto del crecimiento 0 reportado por el Inegi y el estancamiento de la economía nacional; todo eso ha afectado y alterado el estado de ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay incluso quien comenta que, con sus gentes de más confianza, el mismo Presidente que públicamente repite como mantra “vamos muy bien”, ha aceptado que se acerca al primer año de su Gobierno con una situación y un panorama que nunca visualizó en su proyecto de la cuarta transformación. “No imaginé nunca que el primer año fuera a ser así”, ha dicho en corto
el Mandatario.

Y aunque públicamente López Obrador explica y justifica la turbulencia que está marcando los primeros 12 meses de su Administración, como el efecto de “un cambio de régimen, no de gobierno” y una transformación –la cuarta en vida de la República, según el discurso oficial– que busca erradicar la corrupción y la impunidad, y que trastoca intereses y privilegios de grupos, y provoca inconformidades, en privado el Jefe del Ejecutivo se reconoce insatisfecho con la forma en que camina su proyecto.

Un reflejo de ese ánimo alterado que por estos días trae el Presidente, se observa en las varias confrontaciones y diferencias que ha tenido con distintos sectores dentro y fuera de su Gobierno.

Desde el enfrentamiento con un sector cupular del Ejército que lo desafió públicamente, al grado que lo hicieron hablar de un posible “golpe de Estado” que después intentó corregir y alejar, hasta la confrontación abierta y sin sentido contra la prensa y los medios de comunicación a los que cuestionó y descalificó por criticar y cuestionar la actuación de su Gabinete de Seguridad, reprochándoles que “muerden la mano del que les quitó el bozal”, pasando también por una ríspida reunión el jueves pasado con los diputados de la bancada oficialista en San Lázaro –a los que López Obrador llamó “corruptos” en una reunión en la que el Presidente salió en medio de rechiflas de legisladores del PES– cuando los diputados de la mayoría de Morena y sus aliados le reprocharon la eliminación de rubros del presupuesto 2020, que dejan a los legisladores federales sin recursos para “bajar a sus distritos”, mientras que a su pupilo y operador Gabriel García le da “manga ancha” para mover los recursos federales en todo el país.

Y si a todo eso sumamos la presión real que ha comenzado a ejercer la Casa Blanca y la mayoría republicana del Senado de los Estados Unidos para que la violencia criminal de los cárteles de la droga en México sea clasificada como “terrorismo” y con ello se abra la puerta a la intervención legal de las agencias de seguridad estadunidenses para combatir al narcotráfico y a sus violentos capos y sicarios en el territorio mexicano, es claro que aún en el político que muchos consideran el más astuto, completo y hasta taimado, el efecto de tanta presión terminará con un efecto como el que por estos días se ve en el Presidente mexicano.

El choque con diputados oficialistas
El último episodio en el que afloró el ánimo molesto del Presidente ocurrió apenas el jueves por la tarde en Palacio Nacional. El Presidente recibía a las bancadas de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados para escuchar sus posiciones sobre la discusión del Presupuesto de Egresos federal de 2020.

Los legisladores llegaron encabezados por el coordinador Mario Delgado y lo que se planeó como un encuentro de diálogo y entendimiento, terminó con una imagen que confirma el ambiente de crispación que se vive en estos momentos en la 4T: López Obrador abandonando el salón sin despedirse, enojado, mientras un grupo de legisladores del PT y del PES, dos bancadas aliadas, le lanzaban chiflidos de rechazo desde el Salón Tesorería de la sede presidencial.

Versiones de varios diputados asistentes proporcionadas a esta columna, afirman que el encuentro, que no duró ni una hora, se tensó cuando los diputados oficialistas, en su mayoría petistas y de Encuentro Social, pero también algunos de Morena, comenzaron a quejarse de que se hubieran eliminado del paquete presupuestal todos los conceptos y partidas que permitían a los diputados federales hacer labor de gestión y “bajar recursos y programas federales” en sus distritos, porque todos esos conceptos fueron erróneamente considerados como “moches”, cuando se trataba de presupuesto que terminaba beneficiando a los ciudadanos por la vía de sus diputados.

Al Presidente no le gustó el tono del reclamo, que se agudizó cuando algunos legisladores se quejaron de que mientras a los congresistas se les escamoteaban y negaban los recursos para hacer trabajo social, al coordinador de los Programas Federales de la Presidencia, Gabriel García, se le daba “manga ancha” en el manejo del presupuesto con sus “súper delegados” y sus coordinadores regionales de los “servidores de la Nación”.

Lo que más irritó al Presidente fue cuando un par de legisladores del PES lo interrumpieron en su mensaje para reclamarle a voz en cuello que lo que imperaba en el presupuesto federal del próximo año eran criterios de “clientelismo” a través de los programas sociales, le reprochó uno, mientras el otro diputado de plano aseguró que los apoyos para el campo nacional eran una “mentira”.

Fue entonces cuando López Obrador perdió la calma y lanzó la primer pregunta a los diputados del oficialismo: “¿Será que aquí hay corruptos?”, preguntó el Mandatario, ante lo cual surgieron los primeros chiflidos. Y entonces el Presidente arremetió: “Hay algunos que se están volviendo conservadores, y créanme, no les conviene”.

Para ese momento, el coordinador morenista, Mario Delgado, intentaba acallar las expresiones de inconformidad en las bancadas oficiales, pero los reclamos se habían desatado. López Obrador insistía en que la 4T debe estar a la altura de otras transformaciones que le antecedieron en el país y hablaba de establecer en la Constitución los derechos a los apoyos sociales de los sectores más vulnerables del país.

Pero hubo un momento en que la tensión entre el Presidente y varios diputados se volvió evidente en el murmullo que se escuchaba cada vez más fuerte, mientras el Mandatario trataba de explicarles a los legisladores.

Hasta que de plano AMLO perdió la paciencia y se levantó del presidium para retirarse sin una despedida, mientras atrás sonaban las rechiflas de algunos grupos petistas y del PES, en algo que deja claro que los ánimos están alterados no solo en la casa presidencial, sino también entre sus aliados.
07 Noviembre 2019 04:04:00
¿Y dónde está el general?
Asistente asiduo a las conferencias mañaneras y uno de los miembros del gabinete con los que a diario hablaba el presidente López Obrador, al general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, no se le ha visto en lo que va de esta semana en Palacio Nacional y no ha aparecido en eventos en donde se convoca al gabinete de seguridad federal.

Su ausencia llama la atención porque se produce justo cuando crecen las versiones de una “fractura” y un “choque” en la relación entre los mandos del Ejército Mexicano, sobre todo en las cúpulas castrenses, y el mando civil del Presidente de la República, a partir de cuestionamientos a la política del actual Gobierno y a la ideología, “dominante que no mayoritaria” de la 4T, que fueron hechos en un discurso del divisionario Carlos Gaytán Ochoa con generales del Ejército que encabezaba precisamente el titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio, justo cinco días después del fallido operativo en Culiacán que terminó con la liberación de Ovidio Guzmán.

Los comentarios de ese discurso, avalado en aquel evento del 22 de octubre con aplausos de pie por los miembros de las cúpulas castrenses, que conocieron y consensuaron previamente el contenido del mensaje leído por Gaytán Ochoa, provocaron la molestia del presidente López Obrador, que primero los calificó ingenuamente como “un acto de libertad de expresión”, pero después, cuando el tema creció y se dimensionaron las críticas y el desafío que aquellas palabras significaban al venir de un sector importante de las Fuerzas Armadas, el Mandatario comenzó a hablar de una amenaza de “golpe de Estado” a su Gobierno y consideró “imprudentes” las palabras del exsubsecretario de la Defensa.

Por eso extraña que la última vez que se vio en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, al secretario de la Defensa, fuera el viernes que estalló el escándalo y la tensión entre esos grupos cupulares del Ejército y el Presidente. La ausencia del general se hizo más evidente el martes durante la crisis del cruel atentado contra nueve integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, a donde el Presidente mandó a Marcelo Ebrard, a la cabeza del gabinete de seguridad, pero en el grupo que acompañaba al canciller iban el secretario de la Marina, Rafael Ojeda; el director de la Comisión Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Homero Mendoza Ruiz.

Curiosamente el canciller Ebrard justificó la ausencia del secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo “porque tenía comparecencia en el Congreso”, pero nunca explicó por qué no había acudido el general Cresencio Sandoval y en su lugar iba solo el jefe del Estado Mayor de la Sedena.

Desde que nombró al general Luis Cresencio Sandoval, a quien no conocía, pero recibió muy buenas referencias de su militar de más confianza, el general retirado Audomaro Martínez Zapata, el Presidente rompió con las reglas históricas y con el escalafón que operaba en el Ejército para el nombramiento del general secretario. Cresencio ocupaba el lugar número 12 en la lista de escalafón de los generales elegibles para titular de la Defensa y al nombrarlo, varias generaciones de divisionarios que se sentían con méritos y trayectoria se sintieron desplazados e ignorados por el nuevo Gobierno.

Hoy no está claro si en la molestia que corre en las cúpulas del Ejército y del desafío abierto que un sector de los militares le lanzaron al presidente López Obrador está o no incluido el secretario de la Defensa, porque también hay otro sector del Ejército que sigue leal a la Cuarta Transformación. Por lo pronto, lo que es un hecho es que el general secretario estuvo presente, escuchó y avaló el discurso incómodo y rebelde del general Gaytán Ochoa, y que, a diferencia de los 11 meses de este Gobierno, cuando no pasaba día sin que se le viera o en la mañanera o conversando con el Presidente en su despacho después de la reunión diaria del gabinete de seguridad, hoy no se ve al general Sandoval y la tensión entre un grupo cupular del Ejército y el Gobierno lopezobradorista es ya inocultable.
06 Noviembre 2019 04:04:00
El caos mexicano, en la mira de Estados Unidos
En menos de un mes, dos crisis graves en materia de inseguridad y violencia del narcotráfico en México han involucrado directamente a Estados Unidos: primero, el operativo fallido en Culiacán el 17 de octubre, en donde el Gobierno mexicano no pudo retener a Ovidio Guzmán ni cumplir una petición de extradición de la justicia estadunidense, y luego, la terrible masacre de nueve ciudadanos norteamericanos, tres mujeres y seis niños, todos ellos pertenecientes a la poderosa comunidad mormona.

Con esos hechos, la situación caótica de la inseguridad en nuestro país y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador, para contener la violencia y controlar a los cárteles del narcotráfico, se ha puesto directamente en la mira del radar estadunidense. El impacto de la violencia en México provoca reacciones cada vez más fuertes y directas desde el vecino país, que van desde la preocupación por sus intereses y la vida de sus ciudadanos, hasta la duda y la crítica abierta a la incapacidad del Gobierno mexicano para controlar los niveles de violencia.

Ayer mismo, justo cuando el presidente Donald Trump decía que “si México necesita o solicita ayuda para limpiar estos ‘monstruos’, Estados Unidos está dispuesto a involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, lo que subyacía en ese ofrecimiento no era solo un acto de generosidad de Trump, sino más bien una forma elegante y algo sarcástica de decir que el Gobierno mexicano no puede con la crisis de inseguridad en el país y que ya no están viendo, desde la Casa Blanca, capacidad de la actual Administración para enfrentar a los “monstruos” que el Presidente de EU ve en los narcotraficantes y sus crueles sicarios.

Paralelamente, en el discurso de los medios y los analistas estadunidenses, comenzó a ser utilizado el término de “terrorismo criminal”. Y hablar de “terrorismo” desde EU, en cualquiera de sus acepciones, en este caso de “terrorismo criminal”, es abrir la puerta a un terreno que siempre ha rechazado el Gobierno de México, pero que al Gobierno de EU le daría elementos legales, de acuerdo con sus leyes extraterritoriales de Seguridad Nacional, para intervenir en cualquier país donde grupos terroristas amenacen intereses o a ciudadanos norteamericanos.

Hubo voces de la política estadunidense que empezaron a hablar del riesgo de un “Estado fallido” en México y cuestionaron duramente la política de “Abrazos, no Balazos” de López Obrador, entre ellas las del senador y excandidato presidencial Mitt Romney, quien exigió que su Gobierno trabaje “en conjunto” con el Gobierno mexicano para detener a los culpables de lo que llamó una “violencia sin sentido” contra la comunidad mormona, de la cual el propio Romney es integrante; mientras otro senador republicano, Lindsey Graham, dijo en un video que prefería “ir a Siria que a México” ante los niveles de violencia que se registran en nuestro país.

Pero el tono de las reacciones subió no solo en la Unión Americana. El actor Gael García Bernal, quien había sido un entusiasta defensor y votante del presidente López Obrador, publicó ayer en Twitter: “Si no cambia el Gobierno y @lopezobrador_ de narrativa para asumir sus responsabilidades ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Más vale que asuman por completo su responsabilidad y hagan lo imposible para que esto no suceda más. Que se vuelva su mantra y su objetivo (sic)”, dijo el actor.

Está claro que, por más que al presidente López Obrador le cause gracia y hasta se ría en medio de la tragedia al decir que, “aunque no quieran voy a tener que hablar del pasado”, el discurso de eludir su responsabilidad y culpar a las estrategias fallidas de presidentes o gobiernos anteriores, cada vez funciona menos, ya no solo en México, sino en Estados Unidos, donde tienen la mira puesta en el caos de violencia en que se está sumiendo nuestro país, sobre todo cuando afecta directamente a sus intereses y ciudadanos.
05 Noviembre 2019 04:04:00
Calderón, el nuevo ‘villano favorito’
Si Ernesto Zedillo hizo de Carlos Salinas de Gortari “el villano favorito” de los mexicanos, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en el expresidente Felipe Calderón a su “villano favorito”.

Con los instrumentos del poder, desde la Presidencia de la República, el actual mandatario ha convertido a su antecesor –al que culpa de haberle “robado la Presidencia” en 2006– en el catalizador de todos los males y todas las culpas, al tiempo que intenta borrar cualquier legado del sexenio calderonista.

Es la reedición de un viejo pleito, pero ahora agravado también por la imprudencia y el nulo tacto político del expresidente Calderón que, no conforme con haber tenido su sexenio y haber dejado al país convulsionado por la violencia tras su fallida guerra, y de haber luego intentado hacer presidenta a su esposa Margarita Zavala, hoy pretende crear un nuevo partido político y un nuevo movimiento que se le oponga al lopezobradorismo.

¿Tiene derecho a hacerlo? Sí, pero políticamente es como si el exmandatario agitara un capote rojo cuando tiene enfrente a un toro de Miura de la política. Eso explica no solo el último episodio de esta confrontación abierta y cada vez más virulenta entre el Presidente en funciones y el expresidente de México.

Las alusiones a un intento de “golpe de Estado” que el fin de semana hiciera López Obrador, fueron la respuesta al discurso fuerte y crítico de un exjefe castrense retirado que fue cercano al Gobierno de Felipe Calderón, el general divisionario Carlos Gaytán Ochoa, cuyos comentarios molestaron y le parecieron “imprudentes” al jefe del Ejecutivo que ayer aclaró, tras azuzar el tema golpista en las redes sociales presidenciales, “que no hay condiciones para un golpe de Estado en el país”.

También el embate contra las “granjas de bots” y la supuesta #prensasicaria que según el Presidente “atacan a su gobierno”, se inscriben en esa animadversión creciente hacia todo lo que huela a Calderón. Pero esta vez el Presidente escaló el pleito al señalar desde Palacio Nacional al hijo, Luis Calderón Zavala, y atribuirle acciones casi conspiracionistas desde las redes sociales, junto con otros personajes del panismo y del peñismo como el exsecretario de Educación Aurelio Nuño y el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

El Presidente confunde y se confunde él mismo –aunque lo haga con toda la intención– al equiparar a la crítica y ejercicio informativo de la prensa hacia su Gobierno con sus odios y rencillas políticas.

Alguna vez durante su campaña presidencial de 2018 al candidato López Obrador se le escuchó decir, en corto a sus colaboradores, que si llegaba a la Presidencia se iba a encargar “de que no quede piedra sobre piedra de lo que fue el Gobierno de Calderón”.

Y hoy, parece claro que ya como presidente Andrés Manuel está decidido a borrar todo vestigio del paso del calderonismo por el poder, empezando por atizar y azuzar contra la imagen pública del exmandatario, al que claramente ubica como líder de los “conservadores hipócritas y doblecara”.

Y detrás de varias decisiones y políticas de su gobierno se ve esa intención de extinguir al calderonismo; lo mismo en invitar a su gobierno a expanistas como Germán Martínez o Manuel Espino, que se pelearon con Calderón, como al desaparecer las estancias infantiles, idea impulsada por la exprimera dama Margarita Zavala, hasta en la desaparición de la Policía Federal, apoyada con todo por Felipe Calderón, y en la más clara y directa declaración para satanizar y borrar al calderonismo: la estrategia de seguridad federal que declara “terminada la Guerra contra el Narco” y afirma que “ya no hay guerra” y que fue un error “combatir el fuego con el fuego”.

Así que no hay duda de que Felipe es el nuevo “villano favorito” para Andrés Manuel, tanto, que ya incluso enterró y jubiló de esa posición a Carlos Salinas de Gortari, con un epitafio brutal: “Fue el padre de la desigualdad moderna”.

El pecado original de Calderón fue el fraude electoral del 2006 y que durante su sexenio se dedicó a proscribir a López Obrador; y su nuevo pecado es pretender ahora atravesársele al Presidente con un nuevo partido y pretender ejercer un liderazgo opositor que desde Palacio no parecen dispuestos a concederle.
04 Noviembre 2019 04:04:00
Del golpe al Estado,  al golpe de Estado
En tan solo 15 días el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de asestarle un golpe al Estado mexicano, con su decisión de liberar al narcotraficante detenido Ovidio Guzmán López, a empezar a hablar de un posible “golpe de Estado” en contra de su Gobierno. ¿Qué pasó en ese lapso que desató en la mente y el discurso del Presidente un tema históricamente vetado para los presidentes mexicanos?

Hubo dos consecuencias relacionadas con el fallido operativo de Culiacán detrás del alterado estado de ánimo presidencial. La primera fue el fuerte impacto que causaron en el Presidente las duras críticas a la actuación de su Gobierno por parte de la opinión pública nacional e internacional y el manejo informativo de los medios de comunicación en ese suceso que, en el juicio particular de López Obrador, fue excesivamente crítico y despiadado.

La segunda consecuencia, que es la que más explica la aparición del fantasma “golpista” en el discurso presidencial, tiene que ver con el malestar y la indignación que causó en las Fuerzas Armadas el maltrato y el desprestigio de que fueron objeto por las decisiones civiles tomadas aquel 17 de octubre en la capital de Sinaloa.

Fueron esos mensajes de molestia, que comenzaron a circular en las cúpulas castrenses, los que más preocuparon y afectaron al Presidente. El discurso revelado en medios y redes sociales del general divisionario Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, pronunciado en presencia del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, donde se cuestionaban las decisiones tomadas por el “Comandante Supremo” en el operativo de Culiacán y se criticaba la situación de “polarización” en que se encuentra el país.

Al interior del Gobierno esos mensajes calaron fuerte y motivaron que López Obrador comenzara a hablar del maderismo y de la figura del último presidente de México que fue derrocado por un golpe de Estado.

No está claro si el Presidente tiene información real de la existencia de una deslealtad grave en las filas castrenses o incluso de un intento real de sectores de la derecha empresarial, que él ubica como “conservadores”, de desestabilizar a su Administración, o incluso si sospecha o teme una injerencia extranjera en contra de su Presidencia.
O también, cabe la posibilidad, de que lo que esté haciendo López Obrador es concitar e inflamar a sus bases sociales y políticas ante las expresiones de inconformidad y molestia en las Fuerzas Armadas pretendiendo anticipar un “blindaje” que lo proteja si ese tipo de manifestaciones crecieran o se agravaran ante sus decisiones en materia de seguridad.

En cualquier caso lo que más llama la atención que el origen del discurso sobre la posibilidad de un “golpe de Estado” es el mismo Presidente aunque no queda claro si lo hace para alertar de un riesgo real o para inflamar el fanatismo de sus bases; en cualquier caso, parece claro el intento de cambiar el foco y la atención de la opinión pública para que, en vez de hablar del daño que se le hizo al Estado mexicano en Culiacán, hoy hable de la amenaza de un golpe de Estado, después de los yerros en Culiacán.
02 Noviembre 2019 04:07:00
El nuevo ‘outsider’ de la política nacional
Con Jaime Bonilla en la gubernatura de Baja California –ya dirá la Corte si por dos o por cinco años– no solo termina una era política de 30 años de panismo para el estado fronterizo donde inició la alternancia política en México; también emerge una nueva figura en el escenario nacional que, al mismo tiempo que será polémica, se convertirá en el gobernador más fuerte y visible políticamente del partido Morena y de la cuarta transformación, donde el resto de los mandatarios estatales brilla por su medianía e inexperiencia política.

Bonilla no solo tiene cercanía y confianza con el presidente López Obrador, sino que su origen y personalidad, más de empresario que de político, le dará un margen que hoy pocos gobernadores tienen en una República en la que los poderes estatales se han eclipsado por el férreo control presupuestal de la Federación y una fuerza creciente del poder presidencial.

Un mensaje claro de cómo irrumpe Bonilla en el escenario local y nacional, fue su toma de protesta en la que, desafiando a todas las voces y actores nacionales que cuestionan e impugnan la modificación del tiempo de su gubernatura, asumió el cargo por los cinco años que dice en este momento la Constitución local de Baja California, sin importar que haya en este instante más de seis recursos en la Suprema Corte que piden revisar la constitucionalidad de la reforma local que alteró la duración de su Administración.

Y para que no haya dudas de que el nuevo Gobernador bajacaliforniano no está solo en esa intención, está la grabación en video donde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la representación personal del Presidente, le dice ayer en tono no solo festivo sino aprobatorio: “Acabo de hacer una declaración muy importante; me dijeron ¿es legal por cinco años? (la toma de protesta por cinco años). Es legal porque la norma está vigente y porque hay una norma que así lo dice”. Y la respuesta no menos festiva del flamante Gobernador: “Es todo lo que necesitamos ¿no? Aunque no nos den los cinco años con eso tengo”.

Esa fuerza y ese espaldarazo desde el Gobierno federal, combinada con la personalidad entrona y echada para adelante del empresario tijuanense, lo convierten en el nuevo outsider de la política nacional, que además llega al cargo con la espada desenvainada y dispuesto a cortar cabezas y a sacudir a la clase política local y a instaurar a una nueva élite gobernante en el que caben lo mismos sus amigos y compadres empresarios, que la vieja clase priista que, ante el desplazamiento local y el desmoronamiento del PRI en los comicios federales de 2018, se adhirió al bonillismo y a Morena para acabar con el dominio panista de tres décadas en Baja California.

De entrada su antecesor Francisco “Kiko” Vega debió haber cruzado ayer mismo la frontera para irse a San Diego porque desde sus primeros discursos como Mandatario, Bonilla ha retomado su promesa de campaña de que llevará a la cárcel al exgobernador panista y a buena parte de su Gabinete que le entregaron, dice, unas “arcas vacías y un panorama tétrico en los recursos presupuestales del Estado”. Si a eso se añade su intención de crear la versión local del “Instituto para devolverle al Pueblo (de Baja California) lo Robado”, es claro que los primeros meses del nuevo Gobierno serán una calca de lo que ha sido la cuarta transformación a nivel nacional, al hacer del combate a la corrupción y de la cacería de exfuncionarios del Gobierno estatal, una de las principales líneas de acción de la Administración entrante.

La diferencia entre el gobernador Bonilla y otros gobernadores de Morena que hasta ahora han resultado grises y fallidos, es que además de la personalidad y el estilo tan peculiar del Mandatario, también tiene en su equipo a políticos tan experimentados y colmilludos como su secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, un consumado operador político del viejo priismo, además de Fernando Castro Trenti, excandidato a la gubernatura por el PRI y otros nombres que le darán al gobierno de Baja California un peso político que no tienen otras administraciones morenistas, donde a la improvisación e inexperiencia del Gobernador, se suman gabinetes sin perfiles capaces de ayudar a sus gobernadores.

Por eso y por la polémica que lo ha rodeado desde que impulsó en el Congreso la multicitada reforma constitucional de ampliación de mandato, la mirada nacional estará puesta en Baja California en el arranque de mandato de un Gobierno que, más allá de lo que dure, se volverá un referente dentro de la llamada cuarta transformación y también del resto de los gobernadores estatales que hoy muy pocos levantan la voz y la cabeza, por miedo a que se las corten desde el Palacio Nacional.


Notas Indiscretas

A propósito de la secretaria Olga Sánchez Cordero, tal parece que su reciente viaje por Japón la regresó revitalizada. Después de varios intentos de sus adversarios y malquerientes dentro del Gabinete, la funcionaria no solo se siente fortalecida sino que ella misma dice que tener “todo el afecto y el cariño del Presidente”.

Incluso, a quienes la ven confrontada o amenazada por el canciller Marcelo Ebrard, doña Olga les dice que tiene una “extraordinaria relación con Marcelo, a quien conozco desde que era pequeño y le tengo un enorme cariño”. En fin, que a juzgar por sus comentarios de ayer en Baja California, la secretaria de Gobernación se siente muy segura de lo que es y de su cargo…

En la disputa por la CNDH el argumento del PAN para rechazar a Rosario Piedra Ibarra, es que la activista e hija de Rosario Ibarra no solo es cercana al ánimo del presidente López Obrador, sino que fue militante de Morena, como lo confirma un registro del padrón de ese partido en 2014, unos meses antes de obtener su registro oficial.

Aunque Piedra Ibarra dijo ante las Comisiones Unidas del Congreso que “nunca ha militado en ningún partido político”, los panistas mandan copias de ese padrón que obtuvieron vía el INE y sostienen su negativa a darle los votos porque consideran que su llegada a la CNDH significaría “entregarle al Presidente la autonomía de esa comisión”.

Este martes se volverá a someter a votación el nombramiento del ombudsperson nacional y veremos si Morena insiste en su candidata o, ante la insuficiencia de votos, opta por Jesús Orozco o Arturo Peimbert, los otros dos integrantes de la terna…Se lanzan los dados. Escalera doble. Semana perfecta.
31 Octubre 2019 04:07:00
Revés del Tribunal Electoral a los duros de Morena
Lo que no fueron capaces de entender y escuchar los grupos de Morena, cuando el presidente López Obrador les dio “línea” en forma de la “sugerencia” de que se dejaran de procesos internos que los dividían y confrontaban y que eligieran a su dirigente nacional a través del método de las encuestas, lo entendieron y acataron mucho más rápido y claro los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ayer, por mayoría, anularon la elección interna y los Congresos y Asambleas del partido gobernante, ante la “falta de certeza en su padrón nacional y la exclusión de militantes”. Y aunque el Tribunal no lo dijo, en su fallo que invalida el cuestionado proceso interno en el que se registraron denuncias de irregularidades, rasuramiento de militantes, robos de urnas e incluso balaceras, los magistrados electorales dejan implícito que al final Morena tendrá que recurrir al método de las encuestas para elegir a su dirigente nacional, tal y como lo había “recomendado” desde hace dos meses, el 29 de agosto pasado, el presidente López Obrador.

Pero en una muestra de lo tensas y complicadas que están las cosas en Morena, donde los grupos más duros desafiaron incluso al presidente López Obrador e impusieron un proceso estatutario que sólo apoyaba la facción más radical que apoyaba a Bertha Luján, en contra de la opinión de los otros tres aspirantes como Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas Durán que exigían la aplicación del método de las encuestas, ayer precisamente el ala dura morenista intentó presionar e intimidar a los magistrados federales y se lanzaron duramente contra la sentencia de los juzgadores electorales. Fue precisamente Bertha Luján quien encabezó un grupo que acudió a la sesión del Tribunal y lo acusaron de intervenir en “la vida interna de Morena” y de pretender decidir por los militantes de su partido. “La historia los va a juzgar y vamos a empezar por investigar su situación patrimonial, porque ahí es donde están las ganancias que reciben por este tipo de actitudes”, dijo Bertha Luján entre gritos de “!bravo, bravo!” de sus seguidores que llamaban “traidores” a los magistrados electorales a los que ella no sólo acusaba de recibir sobornos a cambio de su fallo, sino que llamaba a “levantar las banderas de la autonomía y la independencia de Morena”.

Era tal la molestia de doña Bertha, que se opone férreamente al método de las encuestas, que después de amenazar y acusar de corruptos a los magistrados, arremetió también contra sus correligionarios de Morena a los que, sin identificar por nombre o apellido, llamó “traidores a la democracia, traidores a la 4T y traidores a la Patria” por haber impugnado su proceso interno. “Hay gente de Morena que está metida aquí y le está haciendo el caldo gordo a esta gente y no digamos a los adversarios de Morena”, sentenció Bertha Luján.

Veremos si doña Bertha y el ala radical que ella representa en Morena, le pone nombre y apellido a esos “traidores” a su partido y a la 4T, pero por lo pronto está claro que el partido gobernante empieza a crujir y que soplan vientos de fractura. Si el morenismo logra sobrevivir a esta crisis y si antes el Presidente no cumple su amenaza de irse, abandonarlos y hasta quitarles el nombre, está claro que aquel gran movimiento se va a dividir en por lo menos dos grandes bloques ¿quién se queda con la marca y quién se va? ... Los dados mandan Serpiente. Descendemos.
30 Octubre 2019 04:07:00
El cónsul caído de Las Vegas y su padrino
¿A quién se le ocurrió nombrar como cónsul de México en Las Vegas a un sujeto acusado y procesado por estupro en contra de una menor de edad? El nombramiento de Alberto Barreras Castro, aprobado por la Secretaría de Relaciones Exteriores apenas el pasado 7 de septiembre se hizo a partir de una recomendación del secretario Alfonso Durazo, quien previamente había contratado al agresor sexual de una niña de 14 años en Ciudad Obregón, Sonora, como director general de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El escándalo destapado por la periodista Dolia Estévez en su columna en donde publicó el número de la Averiguación Previa con la que el flamante cónsul mexicano fue acusado de estupro en 2011 en Sonora, puso en evidencia el poco rigor con el que algunos funcionarios de la cuarta transformación contratan y otorgan nombramientos a personajes de muy dudosa honorabilidad, pues antes de que el canciller Marcelo Ebrard aceptara otorgarle el nombramiento diplomático para representar a México en Las Vegas, Alberto Barrera Castro ya había ocupado una posición importante nada menos que en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este martes tras la revelación periodística que trascendió al país y tuvo impacto hasta en los Estados Unidos, donde los escándalos del “Me Too” y las recientes acusaciones contra la red de pederastia del empresario Brian Epstein, quien se suicidó en prisión tras ser acusado de controlar un esquema de abuso y explotación sexual de menores de edad en el que participaban políticos y empresarios estadunidenses y que además era amigo personal del presidente Donald Trump, el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció en su cuenta de Twitter que había ordenado la suspensión del nombramiento del cónsul Barreras Castro, y le pidió intervenir al Comité de Ética de la Cancillería.

Ebrard tuvo que sacar la cara y destituir a un recomendado de Alfonso Durazo, quien también intentó deslindarse rápidamente del escandaloso caso de su excolaborador, con un mensaje en su cuenta de Twitter: “En relación al artículo publicado por Dolia Estévez el día de hoy, expreso mi pleno respaldo a la decisión del canciller Marcelo Ebrard. He dado instrucciones a los órganos correspondientes de la SSPC para apoyar sin reservas al Comité de Ética de la SRE”, dijo Durazo.

Lo que no explicó el secretario de Seguridad es por qué él recomendó a Barreras Castro para ocupar ese consulado y por qué lo contrató y le otorgó un nombramiento tan importante si había antecedentes de su paisano sonorense.

La periodista Estévez publicó que en mayo de 2011 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Penal de Ciudad Obregón, giró orden de aprehensión en contra de Barreras por el delito de estupro (relaciones sexuales con menores de edad) pero quedó libre tras el pago de fianza y una negociación de compensación económica con la familia.

Lo más grave del caso es que la denuncia de los antecedentes de Alberto Barreras Castro ya se había hecho pública desde que éste fue dirigente de Morena en el comité municipal de Cajeme. Pero entonces se desecharon los señalamientos en su contra argumentando que se había realizado una búsqueda del expediente y este no había sido encontrado en los archivos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Penal de Cajeme.

Hoy que la periodista publicó el expediente número 141/2011 y dijo tenerlo en su poder, se sabe que el ahora cónsul destituido mandó
desaparecer el expediente del juzgado referido para tratar de borrar el delito grave de su pasado.

La pregunta que queda después de la vergüenza para el Servicio Diplomático Mexicano es si ¿el secretario Durazo desconocía los antecedentes penales graves de su colaborador y recomendado y si aun así lo contrató y después lo promovió para que fuera enviado como representante a Las Vegas?

Mucho se dice que las cosas en la 4T cambiaron o están cambiando. Pues en este caso, donde se sigue contratando a amigos o recomendados sin importar su historia y sus antecedentes, y donde además se nombra como embajadores o cónsules del país a personas sin experiencia diplomática pero con “palancas” y recomendaciones dentro del Gobierno, parece que nada ha cambiado y en el Gobierno del presidente López Obrador se sigue actuando igual que lo hicieron en su momento el PRI y el PAN… Los dados mandan doble
Escalera. Mejora el tiro.

29 Octubre 2019 04:07:00
Morena sigue en ruta de colisión y AMLO toma distancia
Mientras que su partido continúa en una ruta de choque y se ahondan los conflictos internos por la renovación de su dirigencia nacional en un accidentado proceso al que no se le ve salida, Andrés Manuel López Obrador parece decidido a tomar distancia y por lo pronto, desde principios de este año, solicitó una licencia a su militancia partidista, por lo que en estos momentos no es militante en activo de Morena.

En enero, según fuentes de la Presidencia, presentó ante las instancias internas de Morena, una petición de licencia por tiempo indefinido como militante de ese partido, del cual fue fundador y dirigente desde su creación en 2015 y hasta que comenzó su campaña presidencial en diciembre de 2017. La intención de suspender su militancia, explican los cercanos al Presidente, tiene que ver con su convicción de no hacer del Movimiento de Regeneración Nacional un “partido de Estado” que se aproveche del poder y de los recursos públicos para obtener ilegalmente ventaja sobre los partidos de oposición.

Por eso López Obrador no solo ha sido un Presidente distante y ajeno a los asuntos de su partido sino que, literalmente, puso en pausa su pertenencia y su liderazgo moral y político sobre el partido, lo que ha desatado una crisis interna porque son varios los grupos morenistas que se sienten con el derecho de asumir la dirección del partido.

En ese distanciamiento de su partido, el presidente ha evitado intervenir y hasta opinar sobre los temas y disputas partidistas y cada que le preguntan, repite “ya no quiero intervenir en los asuntos de los partidos”. Solo en tres ocasiones ha hecho de lado esa convicción: la primera la hizo en su conferencia del jueves 29 de agosto cuando habló por primera vez de la posibilidad de abandonar a Morena.

La otra ocasión lo hizo ese mismo jueves por la tarde, primero en privado, cuando se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de diputados y senadores de su partido, además de miembros de la dirigencia nacional. Ahí, les sugirió a los morenistas lo mismo que un día después revelaría él mismo en la conferencia matutina del viernes 30 de agosto: que para evitar “confrontaciones y pleitos” realizaran una encuesta nacional para elegir a su nuevo dirigente nacional.

Pero la “opinión” y el “punto de vista” de López Obrador fueron olímpicamente ignorados por el Consejo Nacional de Morena y por la Comisión de Honestidad y Justicia, cuyos titulares, Bertha Luján y Héctor Díaz Polanco, argumentaron que “los estatutos no permiten la elección de dirigentes mediante el método de encuestas”.

Veremos en qué termina el cuestionado y descalificado proceso interno. Por lo pronto, está claro que al pedir licencia a su militancia, el Presidente dio un primer paso y que si no le gusta lo que suceda en Morena o el rumbo que tome ese partido y si él cree que “se echó a perder” no dudará en dejar a su partido y llevarse hasta el nombre. Y hay muchos grupos políticos, que recibirían felices al Presidente y a los que se fueran con él si abandona Morena, que se calcula serían más de la mitad de los militantes, y esos van desde el Partido Encuentro Social, de Hugo Erick Flores, que busca recuperar el registro, hasta las Redes Sociales Progresistas de Elba Esther Gordillo o el Partido Ambientalista Nacional que busca crear Nicolás Mollinedo, exchofer y asistente de Andrés Manuel López Obrador. Así que la pregunta se mantiene en el aire: ¿se irá AMLO de Morena?
28 Octubre 2019 04:03:00
La ‘trifecta perfecta’ de García Cabeza de Vaca
“Las mujeres en Tamaulipas daremos la sorpresa”, reza un enorme espectacular en las calles de Ciudad Victoria y en las de otras ciudades del estado. Junto a esa leyenda aparece una foto en grande con la imagen de Mariana Gómez Leal, la esposa del Gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca. Al mismo tiempo, en las redes sociales del panismo se reproduce profusamente la imagen de la señora que “quiere dar la sorpresa”, y cuya promoción de su imagen personal forma parte del proyecto político de su esposo rumbo a la sucesión de su gubernatura en 2022.

Y es que Cabeza de Vaca no solo busca emular los pasos del fallecido Rafael Moreno Valle y postular a su esposa para un cargo de elección que, no se descarta pudiera ser la candidatura a gobernadora, sino que además tiene otras dos apuestas con las que el Mandatario panista busca tener en sus manos el control total de su sucesión: por un lado su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, que sería su otra carta para la gubernatura por el PAN, y por el otro su cuñado, José Ramón Gómez Leal, quien es actualmente superdelegado de programas federales en Tamaulipas y podría ser un prospecto de candidato a gobernador para Morena.

Es decir, que el gobernador de Tamaulipas no tiene una, sino tres apuestas familiares, y no está pensando solo en controlar la decisión de la candidatura del PAN en 2022, ya sea con su esposa y su hermano (ella podría como plan B ir de candidata al Senado si no da para la gubernatura) sino que también busca influir en la postulación de Morena, con su cuñado el superdelegado estatal de la 4T.

Así Cabeza de Vaca prepararía la apuesta perfecta para los comicios estatales dentro de año y medio, porque con cualquiera de los tres ganaría él; es lo que en las carreras de caballos se conoce como la “Trifecta”, en la que el jugador apuesta no solo al ganador sino a los tres primeros lugares.

Con todo, su verdadera apuesta es hacer ganar a Acción Nacional y mantener para su partido el Gobierno de Tamaulipas y dejar ya sea a su hermano o a su esposa. Sería una sucesión dinástica por vía de consanguinidad o por afinidad matrimonial, algo que para él sería clave si decidiera ir, una vez definida su sucesión, por la otra gran apuesta que tiene en mente Francisco García Cabeza de Vaca: la candidatura presidencial de PAN en 2024.

En todo este plan político-familiar, en el que la campaña de posicionamiento de su esposa ya está en marcha y su hermano el senador hace constante presencia y proselitismo en el estado, solo hay un pequeño problema: el cuñado del Gobernador, el superdelegado de Programas Federales en el estado, José Ramón Gómez Leal, ha sido denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por utilizar a los “Servidores de la Nación”, la estructura operativa de los programas sociales de la 4T, para hacer proselitismo en favor de su candidatura a gobernador y también en favor de la campaña de Bertha Luján a la dirigencia nacional de Morena.

Así que veremos si al Gobernador le avanza bien su “trifecta” en la carrera rumbo a 2022 con su esposa, hermano y cuñado, o si en el año y medio que falta no se le cae algún jinete o se le cansa algún caballo. Por lo pronto, Cabeza de Vaca juega de dueño del hipódromo, de entrenador y hasta de jinete de su sucesión.
26 Octubre 2019 04:07:00
La filtración que enloqueció al ‘Mayo’ y desató la guerra en Culiacán
La reacción virulenta del cártel de Sinaloa, que lo llevó, en contra de su costumbre, a declararle la guerra al Gobierno federal y a sacar todo su poderío de fuego a las calles de Culiacán el pasado jueves 17, se debió a una filtración que salió desde el Gabinete de seguridad. Según fuentes federales, desde la oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo Montaño, se filtró la información de que una célula del Ejército había capturado a Ovidio Guzmán, incluso antes de que los militares extrajeran de la capital de Sinaloa, al presunto narcotraficante.

Cuando personal de la oficina de Durazo comenzó a confirmarle a medios y periodistas que el hijo de Joaquín Guzmán Loera había sido detenido “con fines de extradición a Estados Unidos”, antes de las 6 de la tarde, la reacción del jefe del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, rompió todos los cánones de institucionalidad que suele manejar y ante la amenaza de que el hijo de su compadre “El Chapo” fuera enviado a EU, “El Mayo” dio la orden de sacar a las calles todo el poder armamentístico y de sicarios de la organización del Pacífico para evitar “a cualquier precio” que Ovidio Guzmán “El Ratón” fuera extraditado.

Fue entonces que “El Mayo” tomó el control total del levantamiento armado del cártel sinaloense y ordenó incluso la liberación de los más de 50 reos del penal de Aguaruto, que salieron a reforzar al ejército del narco, que ya para entonces superaba con creces a los 30 soldados que tenían en su poder a Ovidio.

Pero el movimiento táctico que terminó por doblegar al Ejército, al presidente López Obrador y a su Gabinete de seguridad, fue la orden de tomar las unidades habitacionales donde vivían los militares destacamentados en Culiacán y amenazar con que mantendrían como rehenes a las familias, mujeres y niños incluidos, y que empezarían a matar uno por uno de los familiares de los oficiales de la Sedena, hasta que soltaran al hijo de Guzmán Loera.

Eso y los videos donde se mostraba a un grupo de soldados capturados, a los que les habían quitado las camionetas, y se grababa la ejecución de uno de ellos por parte de los sicarios del cártel, fue lo que llevó al Presidente y a los secretarios de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y al jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, a dar la orden a los soldados, que resistían escondidos, con Ovidio Guzmán en su poder, el embate letal de las tropas del “Mayo” Zambada y de Iván Guzmán, de que entregaran al detenido “para evitar más muertes” y que se cumplieran las amenazas de matar a más soldados y a sus familias.

Sedena dirigió el operativo y Durazo quiso colgarse la medalla

Las fuentes que confirmaron la existencia de una filtración que detonó la declaratoria de guerra del cártel sinaloense, confirman también que la organización y ejecución del operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, cumplimentando una petición del Gobierno de EU, fue totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo aparato de inteligencia diseñó la operación de captura “en total sigilo” y sin informar detalles ni tiempos al Presidente ni al resto de las dependencias del Gabinete de seguridad. “Lo que se pretendía era una operación quirúrgica y de bajo perfil, que no llamara la atención, precisamente para evitar una reacción del cártel de Sinaloa”, dice la fuente. “Pero nadie contaba con que, desde el mismo Gabinete de seguridad, cuando se enteraron en otras áreas, se filtraría la información, por personajes que pretendieron adjudicarse el mérito de la detención y colgarse una medalla que no les correspondía, pero además lo hicieron antes de tiempo”.

Hasta antes de que se filtrara, desde la Secretaría de Seguridad, la captura de Ovidio Guzmán, pero sobre todo que se revelara en esa filtración que había una “petición de extradición de EU”, la situación estaba complicada, porque ante los rumores ya habían salido algunos grupos de hombres armados del cártel a las calles, pero todavía el Ejército tenía el control y ya se preparaba el operativo de extracción del detenido, con el envío de helicópteros que lo sacarían de Culiacán con rumbo a la Ciudad de México, para de ahí enviarlo extraditado al Gobierno estadunidense, pero en el momento que al “Mayo” Zambada le avisaron de la intención de extraditarlo, la ofensiva de los sinaloenses escaló, en armamento y en número, hasta el grado de amenazar con matar a mujeres, niños y soldados capturados.

Fue por eso que, cuando desde las 6 de la tarde varios periodistas comenzaron a difundir en sus redes sociales la información “confirmada” que les llegó desde la oficina de Durazo, la guerra en Culiacán estalló con toda la fuerza. Y el cártel sinaloense, que suele declararse un “grupo institucional” que evita la confrontación violenta con el Gobierno y suele mandar mensajes de que su interés solo es comerciar la droga, pero no generar violencia y menos en la capital del estado de donde ellos son originarios, donde viven, conviven y se mueven sus familias, esta vez rompió sus propios códigos y enseñó su poder armado con tal de evitar la extradición del hijo de “El Chapo”.

Esa es la explicación, dicen las fuentes oficiales, de porqué el Ejército tuvo que aceptar una rendición humillante, pero también de por qué, con toda la experiencia de las áreas de inteligencia militar, que durante más de 13 años han coordinado y ejecutado operativos de captura de capos de la droga y criminales peligrosos, esta vez el fracaso fue total y terminó con la entrega de un delincuente capturado no por la falta de preparación, de valor o de capacidad de los militares que habían capturado a Ovidio Guzmán, sino por la filtración y la ambición de funcionarios civiles que quisieron colgarse una medalla que no era suya y que con su protagonismo dejaron en ridículo al Presidente, al Ejército y al país dentro y fuera de nuestras fronteras.


Notas indiscretas

Con ropa sport y como simple mortal, el miércoles, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, fue visto en las oficinas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al parecer haciendo trámites para el desbloqueo y descongelamiento completo de sus cuentas y las de sus familiares. Sin el boato de seguridad que le acompañaba cuando era ministro y con una actitud que contrastaba con la soberbia de otros tiempos, el abogado Medina Mora hacía sus trámites y gestiones como cualquier otro ciudadano, claro salvo que él, hasta donde se sabe, sigue siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Fiscalía General de la República. A menos que después de que entregara su escueta y enigmática renuncia le hayan otorgado una carta de impunidad y le hayan dado carpetazo a las investigaciones abiertas que incluso mencionó el presidente López Obrador como causa de su renuncia… Ayer en Tamaulipas estalló un escándalo de presunta corrupción y tráfico de influencias en la delegación regional del IMSS en ese estado, luego de que se revelaran grabaciones de una conversación telefónica en donde el delegado, Juan Manuel Gochicoa Gutiérrez, hablaba con un proveedor de medicinas de la empresa Medigesa, S. A. de C.V. sobre una licitación de medicamentos para ls entidad. El delegado del Seguro Social le pedía al representante de la empresa que “se hiciera a un lado” y renunciara a competir por el contrato para permitir que ganara otra compañía en la que el funcionario tenía especial interés. Anoche el IMSS confirmó que destituyó al funcionario y presentó una denuncia ante la FGR para que se investigue la actuación del delegado Gochicoa Gutiérrez, y se sancione si hubo una conducta ilegal porque “no toleraremos ningún acto irregular o de corrupción”... Los dados mandan Serpiente doble. Semana complicada.
24 Octubre 2019 04:04:00
¿AMLO se va de Morena?
En Palacio Nacional, entre los integrantes de la cúpula del Gobierno, circula una pregunta inquietante: ¿en qué momento y en qué día, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador anunciará su renuncia a Morena y que se va del partido que él mismo fundó y que lo llevó a la Presidencia de la República?

Porque los desacuerdos, el desorden y el enfrentamiento que prevalece en Morena, en el proceso de renovación de su dirigencia nacional, han ahondado la “molestia y la decepción” que el Presidente expresó hacia su partido, en la advertencia que les hizo públicamente desde el pasado 29 de agosto.

Y es que en Morena han ignorado los llamados y las amenazas del Mandatario, como la recomendación que les hizo de renovar su dirigencia mediante el método de las encuestas, por la insistencia de una facción en llevar a cabo un proceso de elección interna con asambleas de militantes que han resultado turbulentas y cuestionadas porque el padrón que se está utilizando no es confiable y fue realizado y controlado por uno de los grupos que buscan la dirigencia.

Pero además de las reyertas internas, lo que ha aumentado la molestia de López Obrador con su partido, son los intentos de un grupo de utilizar los recursos públicos, a través de los delegados federales en los estados, para favorecer la campaña de una de
las candidatas.

Por eso, en la reunión que sostuvo el martes pasado con los 32 superdelegados de cada una de las entidades federativas, y con su coordinador Gabriel García, el Presidente fue muy duro en la amenaza de que se va a despedir e incluso a acusar penalmente a aquellos coordinadores estatales de su Gobierno que desvíen recursos y programas federales para intervenir en el proselitismo de los candidatos de Morena.

“No somos el PRI para repetir lo que nos hicieron a nosotros, fraudes con el aparato y los recursos del Estado. Hacer proselitismo con el dinero público ya es delito grave por iniciativa de nosotros mismos y se va a despedir y a aplicar la ley a aquellos que lo hagan desde este Gobierno”, les advirtió López Obrador a sus superdelegados y al propio Gabriel García, incluso con algunas palabras subidas de tono.

El ambiente, en esa reunión de Palacio Nacional, cuentan algunos de los asistentes, fue totalmente tenso y ante el fuerte regaño y la amenaza del Presidente, varios de los coordinadores estatales volteaban a ver a Gabriel García, pues según afirman algunos de ellos, fue el coordinador de Programas Federales de la Presidencia, quien les pidió movilizarse para apoyar la candidatura de Bertha Luján.

Así que, ante el desgarriate morenista, y la incapacidad del partido gobernante de resolver sus pugnas y estar a la altura de lo que les exige la cuarta transformación, que nadie se sorprenda si un día de estos, desde la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que se va de Morena.

No sería la primera vez que abandona a un partido que fundó y dirigió, ya lo hizo con el PRD y antes con el PRI. Solo que ahora, siendo Presidente, el hecho cobraría una nueva dimensión y, todo indica que sin AMLO Morena se desinfla y, según estimaciones internas, más de la mitad del partido seguiría al Presidente y abandonaría también las filas morenistas. ¿Qué pasaría si eso ocurre en las elecciones intermedias de 2021?
23 Octubre 2019 04:02:00
Mentiras, deslindes y responsabilidades, Culiacán cimbra a la 4T
A la luz de las contradicciones, el cambio de versiones y posturas, deslindes, ocultamiento de información y hasta mentiras que hemos escuchado en el Gobierno de la República sobre la crisis en Culiacán el jueves pasado, está claro que el fallido operativo de captura y liberación de Ovidio Guzmán, la rendición del Ejército y las responsabilidades penales que se configuran en las decisiones y acciones que derivaron en los hechos ocurridos en la capital de Sinaloa, están provocando un cisma en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en su Gabinete de Seguridad Federal.

Porque amén de la desinformación oficial que priva en este caso y las versiones encontradas que han manejado los responsables en esta crisis, están emergiendo datos, acciones y consecuencias que conducen el tema al ámbito de las responsabilidades públicas, oficiales y penales en las decisiones erróneas que se tomaron desde el Gabinete de Seguridad y que fueron la causa de una situación límite que puso en riesgo la vida de miles de personas, desde la población civil, hasta los militares y sus familias que fueron tomadas como rehenes y amenazadas de muerte.

El indicador más claro de la tensión que Culiacán ha provocado en el Gobierno de la 4T, es el deslinde abierto que ayer hizo el presidente López Obrador de la decisión de enviar un operativo mal hecho a capturar al hijo de “El Chapo” Guzmán a la cuna del cártel de Sinaloa. “Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa (Sedena)”, dijo ayer el presidente, contradiciendo totalmente sus afirmaciones de apenas 24 horas antes, en donde sostuvo que sí supo del operativo: “El Presidente de México tiene información y sabe muy bien todo lo que está sucediendo y toma las decisiones”.

¿Qué pasó en menos de un día para que López Obrador se desdijera y se deslindara de la decisión de su Gabinete de seguridad que él mismo avaló y respaldó el viernes pasado, un día después de los hechos? Todo indica que alguien de su círculo más cercano, que conoce de leyes y que sabe de las responsabilidades penales que se configuran en la liberación de un presunto delincuente detenido, asesoró al Presidente y le recomendó no asumir una responsabilidad que podría derivar en una acusación penal grave, que incluso amerita cárcel.

Porque hay por lo menos dos ordenamientos legales que claramente se refieren al delito de evasión de un detenido, procesado o condenado y de las graves penas en que incurre quien ayude a los servidores públicos o integrantes de las Fuerzas Armadas que ayuden a escapar o liberen a un delincuente sea presunto, procesado o sentenciado. Y podrían aplicarse no solo a los soldados o guardias nacionales que liberaron a Ovidio Guzmán, sino también a los mandos superiores que les dieron la orden de soltarlo cuando ya lo tenían detenido o ubicado, es decir desde el Presidente hasta sus secretarios del Gabinete de Seguridad.

El primer precepto legal que se configura en los hechos de Sinaloa se refiere al Título Cuarto del Código Penal Federal, Delitos contra la Seguridad Pública, que en su capítulo 1, Evasión de Presos dice en el Artículo 150: “Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impodrán de siete a 15 años de prisión o bien, en tratándose de la evasión de un condenado se aumentarán hasta 20 años de prisión”. Luego añade: “Si quien propicie la evasión fuese servidor público se incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este Artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a 12 años”.

Si ese Artículo ya es delicado y aplicable a toda la cadena de mando que participó en la decisión de liberar a Ovidio Guzmán –y según versiones del corresponsal del NYT también dejar escapar a Iván Guzmán, el jefe y heredero de “El Chapo” y quien organizó la rebelión del cártel de Sinaloa con el apoyo de su tío Ismael “El Mayo” Zambada– hay otro en el Código de Justicia Militar que suena aún más delicado. En el capítulo IV Bis titulado, Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas, establece en su Artículo 275 inciso Tercero: “Se sancionará con pena de prisión de 15 a 60 años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que: (y en el apartado XI) Ponga en libertad a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa o proteja o facilite su fuga”. Y aunque ese precepto no aplica a todos los miembros del Gabinete de Seguridad, sí lo hace para aquellos que formen parte de las fuerzas armadas, a saber el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, y el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Andrés Manuel López Obrador.

¿Es eso lo que explica por qué han comenzado los deslindes y la contradicción en declaraciones y posiciones entre el titular del Ejecutivo, la Secretaría de la Defensa y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Quién dio la orden de mandar el fallido operativo de captura en Culiacán y quién la de liberar al detenido narcotraficante Ovidio Guzmán? Lo dicho: Culiacán está cimbrado y marcará a la 4T…Los dados mandan Escalera doble. Subimos.
22 Octubre 2019 04:02:00
La ‘lista negra’ de los peñistas en la mira de la 4T
En lo que parece ser un estrechamiento del cerco en torno a Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha pedido información detallada de los movimientos financieros y bancarios de 56 políticos, empresarios, excolaboradores y amigos del expresidente de México, todos ellos originarios o avecindados en el Estado de México, y a quienes están rastreando lo mismo en la banca privada y en las Sofom, que en sus “operaciones inusuales”, que en peticiones a la Fed de Estados Unidos, vía la embajada en México, y la Interpol, o en información pedida a la Unión Europea, a la Defensa y la Marina, en la Plataforma México, que en los tribunales penales y administrativos.

La lista de peñistas y mexiquenses, todos vinculados al Grupo Atlacomulco y cercanos al expresidente Peña Nieto, incluye desde el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; su oficial mayor, Rodrigo Ramírez Reyes; el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el extitular de Sedesol, Luis Miranda Nava; el exdirector de la CFE y exdirigente del PRI y actual diputado federal, Enrique Ochoa Reza, y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, hasta el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos; el exsecretario particular, Erwin Lino; el exvocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández; el exsecretario auxiliar y actual diputado federal del PVEM, Jorge Corona Méndez; el extitular de la UIF de Hacienda, Alberto Bazbaz; el extitular de Capufe, Benito Neme Sastre; la excoordinadora de Estrategia Digital de Los Pinos, Alejandra Lagunes, y el exsecretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar.

A todos ellos se les rastrean además sus vuelos nacionales y extranjeros, tanto privados como comerciales con rutas y destinos; sus compras en agencias de vehículos, y autos en el Registro Público Vehicular y en los estados, sus movimientos en notarías públicas, y se solicita un Reporte Blanco y del antiguo Cisen, además de que son objeto especial de un seguimiento por parte de un equipo especial de la SHCP y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Una fuente del Gobierno de la República confirmó que derivado de los hallazgos de estas investigaciones se solicitará a la Fiscalía General de la República que inicie carpetas de investigación en contra de los políticos y empresarios mexiquenses, cuya información será “administrada y dosificada” para, en los casos en que se detecten irregularidades o delitos graves que perseguir, solicitar las investigaciones y las posibles órdenes de aprehensión en contra de quienes hayan incurrido en violaciones legales.

En la “lista negra” de peñistas mexiquenses también aparecen los empresarios Armando Hinojosa Cantú, constructor y compadre de Peña Nieto y quien financió la “Casa Blanca” de Las Lomas; Francisco Funtanet Mange, Gabino Fraga Mouret, José Chedraui Budid, quien operó el esquema de las tarjetas Monex para financiar la campaña de Peña; Ricardo San Román Dunne, Jorge Antonio Haua Rancher y José Miguel Bejos.

El listado en poder de la UIF la completan Alejandro Quintero Íñiguez, publicista y exvicepresidente de Televisa y acusado de producir documentales y campañas negras en contra de Andrés Manuel López Obrador; Luis Maccise Uribe, empresario de medios que adquirió varias empresas en el sexenio anterior; Juan Carlos Morales, exfotógrafo oficial de Los Pinos; Gustavo Cárdenas Monroy; Luis Felipe Puente Espinoza, exdirector de Protección Civil de Segob; Manuel Cadena Morales, Ricardo de la Cruz Musalem, Fernando Florez Fernández, Erasto Martínez Rojas, Maribel Cervantes Aguirre, Xavier Lazcano Díaz, Gabriel O’Shea Cuevas, Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, Pedro Acra Negrete, José Manzur Quiroga, exsecretario de Gobierno del Edomex; Carlos Rello Lara, extitular del Fondo de Expropiación de los ingenios azucareros; Daniel Madariaga Barrilado, Eduardo Gasca Pliego, Jesús Alcántara Núñez, Eduardo Luque Altamirano, José Antonio Rodarte Leal, Óscar Callejo Silva, Isaac Gamboa Lozano, Antonio Chemor Ruiz, Ricardo Mercado Galán, Héctor Velasco Monroy, Evangelina Lara Alcántara, César Nomar Gómez Monge y Adrián Fuentes Villalobos.

La pregunta, con tantos peñistas del círculo cercano político, empresarial y de colaboradores, que están siendo investigados en sus movimientos y manejos financieros, es cuántos de ellos serán llamados a cuentas por la FGR y cuántos de esa larga “lista negra” estarían dispuestos a “cantar” o a dar información que conduzca a la punta de la pirámide que los une a todos: el expresidente Enrique Peña Nieto. Será cuestión de tiempo para ver cuántos de los políticos, empresarios, exfuncionarios y colaboradores empiezan a aparecer en investigaciones judiciales que, según insisten las fuentes gubernamentales, no serán sacados todos de golpe sino, poco a poco, conforme la cuarta transformación vaya requiriendo de un poco de “sangre” y otro poco de “caja china” para enfrentar los tropiezos y complicaciones naturales en cada Gobierno.

Y como el momento actual, con todo lo que pasó en Culiacán, generó una fuerte crisis al interior del Gobierno de López Obrador, no sería raro que por estos días salieran algunos nombres de peñistas y mexiquenses encumbrados desde la Fiscalía General de la República.
21 Octubre 2019 04:07:00
¿AMLO juró sobre la Constitución o la Biblia?
El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó ayer al terreno moral y religioso el debate nacional sobre la actuación de su Gobierno y su Gabinete de Seguridad en Culiacán, Sinaloa, el jueves pasado. Al defender su decisión de liberar a un presunto narcotraficante detenido y haber rendido al Ejército y a su Guardia Nacional ante el poder armado de grupos criminales, como una “decisión muy difícil, pero muy humana”, el titular del Ejecutivo sostuvo que “la paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia, la hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este Gobierno”.

Incluso, dijo que no le importa que “los conservadores, los autoritarios quieran que se gobierne de otra manera, ya ellos lo hicieron y no dio resultados, enlutaron a México, convirtieron a México en un cementerio. Esa estrategia de apagar el fuego con el fuego, de combatir la violencia con violencia nunca más”.

Extrañamente, en toda la argumentación de López Obrador para justificar su polémica decisión, no aparece nunca la aplicación de la ley, el cumplimiento de la Constitución y de todas las leyes que de ella emanan, tal como él juró al rendir protesta como Presidente. Aparecen sí conceptos pacifistas, morales y hasta religiosos como la “no violencia”, la “hermandad” y “el amor al prójimo”.

Y la pregunta obligada que surge es si ¿al Presidente le importan más sus creencias y convicciones personales a la hora de gobernar que lo que dicen las leyes y la Constitución de la República?

Por qué cuando dice que la decisión fue “difícil” y que tuvieron que optar por “las vidas humanas”, lo que no dice el presidente López Obrador es que esa situación no se generó de manera espontánea, y que el peligro para esas vidas humanas lo generaron sus mismos secretarios del Gabinete de Seguridad, al haber ordenado y enviado un operativo mal diseñado, que no tomó en cuenta ni el nivel del narcotraficante que iban a detener, ni el lugar en donde querían detenerlo y menos la capacidad de respuesta de un grupo criminal como el cártel de Sinaloa, que además estaba en su tierra y con todo el control territorial.

Y ante el desastre y el caos que ellos mismos generaron por decisiones negligentes e incapaces, en vez de buscar una salida legal y constitucional, a la que estaban obligados, optaron por negociar la ley con el crimen organizado, aduciendo principios “humanistas y pacíficos”.

Si esa es la “doctrina de su Gobierno” ¿para qué entonces mandaron a 25 soldados a Sinaloa a capturar, sin el apoyo de fuerza suficiente, a Ovidio Guzmán? Si no tenían la capacidad ni la decisión de ejecutar una acción tan arriesgada, no debieron entonces actuar de la forma en que lo hicieron.

Y ahora para tratar de enmendar el fuerte daño que se hicieron ellos mismos y que le causaron al Estado y a la sociedad, al rendirse ante criminales armados y mandar el mensaje que los que mandan son los delincuentes, justifican esa grave decisión con un discurso de “paz y hermandad”.

Decir que decidió no enfrentar a un grupo de criminales armados, “para salvar vidas humanas” es una forma dramatizada de encubrir una actuación inepta de su Gabinete de Seguridad. Porque al verse rebasados en número y en armamento por el cártel de Sinaloa, el Gobierno tenía la posibilidad de mandar refuerzos y apagar lo que ya era una “rebelión” del crimen organizado.

Al no hacerlo se salvaron sí las vidas de los soldados, que ya estaban copados cuando no secuestrados, pero también se salvaron la vida de los criminales, los que se sublevaron contra el Gobierno y los más de 50 asesinos, secuestradores y violadores que fueron liberados de la cárcel de Aguaruto para apoyar al cártel como sicarios. La población civil, para esas horas, ya estaba toda resguardada. Así que el Presidente debería ser más claro en su discurso: no quisimos sacrificar a más soldados y preferimos rendirnos a ser humillados con una derrota.

La posición del Presidente en estos momentos difíciles y de crisis para su Gobierno, define claramente qué lo que más le importa a este Gobierno no es el cumplimiento de la ley, sino la actuación según las convicciones y creencias del Ejecutivo.

Y eso remite a una pregunta que se plantea el politólogo y filósofo italiano, Norberto Bobbio, en su libro El Futuro de la Democracia: ¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes?, una interrogante que siempre se han planteado los estudiosos de la filosofía política para dilucidar si un buen gobierno ¿es aquel en el que los gobernantes son buenos porque respetan las leyes, o bien aquel en el que son buenas las leyes porque los gobernantes son sabios?

Citando textos clásicos y reflexiones de estudiosos del Derecho y del Estado, Bobbio explica, de forma sintetizada, que el Gobierno de leyes es aquel donde el gobernante decide con las leyes y evita incurrir en arbitrariedades o en aplicar su juicio sobre lo justo y lo injusto, al sujetarse a normas y a las leyes generales que privan para todos sin distingo de intereses y no ejercer el poder parcialmente y en defensa de intereses privados; en el caso del Gobierno de los hombres no importan tanto las leyes como la sabiduría del gobernante, el hombre “regio” y “sabio” que busca dar a cada quien lo suyo y que no necesita sujetarse al imperio de las leyes porque parte de la idea de que es un “buen gobernante”.

El mismo autor concluye más delante de su texto que “la respuesta ampliamente predominante a lo largo de los siglos ha estado en favor de la superioridad del gobierno de leyes, generalmente ha sido negativo el juicio sobre aquellos a los que la suerte o la virtud, o una combinación de ambas (por emplear las conocidas categorías de Maquiavelo) han puesto en condiciones de regir los destinos de un Estado”.

Tal vez ese sea el verdadero “punto de inflexión” que nos deja la crisis de Culiacán, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya definió claramente que lo que a él más le importa son sus convicciones y sabiduría personal más que lo que digan las leyes.

Así que en lo que reste de su Gobierno habrá que atenerse a que, en cualquier situación que amerite una decisión de aplicar la ley en este país, por encima de lo que diga la Constitución y las leyes, estarán siempre los conceptos personales y morales del jefe del Ejecutivo, “aunque no les guste a los conservadores”.

19 Octubre 2019 04:08:00
La crisis de Sinaloa marcará a la 4T
Reconocida ya al interior del gobierno como la “crisis más grave” que hayan enfrentado en estos 11 meses, lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, sacudió fuertemente a la administración del presidente López Obrador, al grado de que anoche fuentes bien informadas del Palacio Nacional, aseguraban que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, le presentó su renuncia al Mandatario pero que éste decidió no aceptarla.

Y es que más allá de argumentos, pretextos y justificaciones que se invoquen –sean de “privilegiar la paz”, “salvar vidas” o “hacer las cosas diferentes”– la crisis de Culiacán representa un hecho sin precedentes que marcará un antes y un después en la llamada Cuarta Transformación y que, a querer o no, provoca un daño incuestionable a la imagen del Presidente no sólo ante los mexicanos, sino ante el mundo.

Ningún jefe de Estado al que un grupo armado, sea criminal o subversivo, lo desafíe de esa manera, le secuestren y le maten cruelmente a soldados y le tomen una ciudad entera, y como única respuesta a todo eso decida finalmente rendirse y entregar a un presunto delincuente al que tenían copado y detenido, saldrá bien librado de una decisión tan difícil como polémica.

Primero porque renuncia a su principal obligación y facultad, que es la de garantizar la seguridad de sus gobernados, con la aplicación de la ley y del monopolio de la fuerza que esa misma ley le concede; y segundo porque la población no lo eligió para ser sólo un predicador que proclama la paz y la no violencia con muy buenas intenciones, pero no demuestra que esté tomando acciones reales, contundentes y necesarias para garantizar esa paz, más allá de plegarse o rendirse ante los criminales.

Al impacto de la orden presidencial del jueves por la noche, porque la decisión de rendir y retirar al Ejército entregando a Ovidio Guzmán al Cártel de Sinaloa no pudo ser de nadie más que del Presidente como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se suma el error garrafal de un pésimo operativo, mal planeado y peor ejecutado, que decidió mandar a una de las plazas más importantes del narcotráfico, cuna del Cártel del Pacífico, a 25 soldados para cumplir una orden de aprehensión –hoy se sabe que con fines de extradición a los Estados Unidos– en contra de un desconocido hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, lo que terminó desatando la peor crisis de seguridad que se recuerde en los últimos años y una solución que también es tan controvertida como inédita.

Si el Presidente decide no aceptar las renuncias, si es que se presentaron, de sus titulares del gabinete de seguridad, no por la decisión que él tomó y respaldó de abortar la detención de un presunto criminal, sino por la planeación y ejecución equivocada de un operativo judicial y militar que terminó en crisis y le costó la vida a algunos soldados secuestrados y masacrados por los sicarios del crimen organizado, entonces el daño será mayor y total para él mismo.


¿CAMBIO NECESARIO DE ESTRATEGIA O CONVICCIÓN DOCTRINARIA?

El efecto de desgaste, a tan sólo unas horas de lo ocurrido, ya se siente en una estrategia de seguridad que perderá toda confianza y certidumbre no sólo de los mexicanos sino también de otros países donde deja la percepción de un gobierno rebasado y sometido por la delincuencia. Ya comenzaron las voces, dentro y fuera del mismo gobierno y de la 4T, a sugerir o reclamar un “cambio urgente” una “rectificación” o un “golpe de timón” a la fallida estrategia que ayer sucumbió y se hundió junto con la dignidad de las fuerzas armadas, obligadas a rendirse y capitular.

Porque cuando se habla de “cambiar la estrategia” no necesariamente se aboga por una respuesta violenta, como la que quiere evitar a toda costa el Presidente, sino por muchas otras medidas, de inteligencia y coordinación intergubernamental, de golpes financieros contundentes a los cárteles y de decomisos patrimoniales y desmantelamiento de la red de narcopolítica y narcoempresarial que lava las millonarias ganancias del crimen organizado mexicano.

Aunque lo quiera ver o no, aunque insista en que “vamos muy bien” y que no va a hacer las cosas de otra manera, la seguridad ya no sólo es el problema mayor y prioritario que enfrenta AMLO. A partir del “jueves negro” en Culiacán y de la decisión presidencial de replegar, rendir y capitular al Ejército y con él a la fuerza del Estado mexicano, la seguridad de los mexicanos se convirtió en un tema de emergencia nacional para este gobierno, la obligación más apremiante.

Y para hacerlo, algo distinto y realmente efectivo tendrán que idear, porque esta semana violenta que tuvimos en el país, cerrada con la peor crisis que haya enfrentado este gobierno, dejan muy claro que ya no les va alcanzar sólo con un discurso retórico a favor de la paz y con reuniones muy tempranas del gabinete de seguridad... Los dados mandan Escalera doble.

18 Octubre 2019 04:01:00
Del Estado fallido al Estado rendido y derrotado
Un Gobierno que decide negociar la paz ante la fuerza de las armas del crimen organizado, es un Gobierno que se rinde y capitula al sentirse rebasado y derrotado por la capacidad de violencia de los delincuentes. Pasamos así, con la inédita entrega de un presunto criminal que es devuelto a los grupos armados que exigieron su liberación a balazos y tomando y sitiando la capital de una entidad federativa, de un Estado que parecía fallido, a un Estado rendido y sometido por la capacidad de fuego y desestabilización del narcotráfico.

Porque al haber entregado ayer al hijo de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán, con el argumento de “garantizar la paz y la seguridad de la población”, el Gobierno del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad claudicaron a su obligación y facultad máxima y decidieron ceder el monopolio de la fuerza y la violencia, que les concede la Constitución, a los criminales que pudieron más con el poder de sus balas y su despliegue armamentístico y doblegaron a todas las fuerzas federales y estatales y a su comandante en jefe.

Si la detención de un hijo del “Chapo” desató tanta violencia por la innegable capacidad de fuego y movilización del Cártel de Sinaloa, el Estado y sus instituciones de seguridad debieron haber enviado todo su poderío para aplastar a los sicarios, que al tomar y sitiar ayer toda una capital estatal, de uno de los estados más productivos del país, se convirtieron en una fuerza rebelde y sublevada a la que el Gobierno debía haber enfrentado, sometido y derrotado con toda su capacidad y fuerza. No haberlo hecho, esgrimiendo que se quería preservar la paz y la seguridad, significa que este Gobierno se reconoce impotente y débil para enfrentar una amenaza real a la estabilidad de toda una ciudad y sus habitantes.

Se manda así el peor de los mensajes no solo a los grupos del crimen organizado y narcotráfico que ya de por sí llevan más de una década desafiando al Estado, sino a todo el mundo: en México el Gobierno no puede ni quiere usar legítimamente la fuerza que la ley le concede para garantizar el orden y la prevalencia de la certidumbre y la seguridad de la población. Si eso pudo hacer, en unas horas, el dividido y fragmentado Cártel del Pacífico, que no es hoy el grupo más poderoso y violento del narcotráfico mexicano, ¿qué no podrían hacer otros cárteles que hoy tienen mucho más poder logístico, de fuego y mayor presencia y control a nivel nacional que los sinaloenses, como por ejemplo el Cártel Jalisco Nueva Generación? Solo pensarlo asusta y nos hace sentir una gran vulnerabilidad total como país.

Si López Obrador y su fallido gabinete de seguridad ya de plano se rindió y declinó usar la fuerza que legítimamente le concede la Constitución y le otorgaron de manera clara la mayoría de los votantes, entonces tendrá que tener otra estrategia, de combate al dinero, a la narcopolítica o a golpear y confiscar a fondo los bienes patrimoniales del crimen, porque si unos cientos de sicarios, armados eso sí hasta los dientes, pudieron desquiciarle una ciudad como Culiacán en unas cuantas horas, doblegarlo y obligarlo a rendirse y a entregar a un presunto criminal que había sido capturado legalmente, entonces el resto de los mexicanos estamos por nuestra cuenta y en la indefensión total con un Estado rendido.
17 Octubre 2019 04:02:00
Caerán más cabezas de líderes sindicales
El Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dialoga con varios dirigentes de sindicatos importantes para promover rotaciones ordenadas en las cúpulas del sindicalismo, a partir de la salida de los actuales secretarios generales o presidentes, que den paso a la elección de nuevos dirigentes que sean electos mediante procesos democráticos en los que voten de manera libre y secreta los trabajadores para elegir a sus representantes.

Por encargo directo del presidente López Obrador, la secretaria Olga Sánchez Cordero, que fue la encargada de negociar la renuncia de Carlos Romero Deschamps, que se concretó ayer, ha iniciado también conversaciones con Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE), organismo cúpula que aglutina a los sindicatos de la burocracia federal; con Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y hasta con el dirigente de telefonistas, Francisco Hernández Juárez.

La intención del Gobierno de la 4T es buscar que los actuales dirigentes de esos y otros sindicatos nacionales importantes, tanto públicos como privados, ayuden a facilitar la aplicación y consolidación de la reforma laboral aprobada en abril pasado por el Congreso federal y cuyos postulados de libertad y democracia sindical, junto al Nuevo Sistema de Justicia Laboral que desaparece las corruptas juntas de Conciliación y Arbitraje y las sustituye por salas Especializadas de Justicia Laboral, que se integran al Poder Judicial de la Federación, fueron parte de los condicionamientos que pidió el Congreso de Estados Unidos, especialmente la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, para otorgar su aprobación pendiente al nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Sánchez Cordero, se ha reunido en varias ocasiones con los mencionados líderes sindicales. Lo hizo también con Romero Deschamps y es la responsable de buscar, mediante el diálogo y la operación política, que las actuales dirigencias, sobre todo con las que ya tienen varios años al frente de los sindicatos en los que se han mantenido a través de varias reelecciones, acepten transitar de manera voluntaria y ordenada, hacia la elección de nuevos dirigentes mediante las nuevas leyes que obligan a que haya votaciones libres de los trabajadores.

Así que la salida ayer del líder del sindicato petrolero durante los últimos 26 años, podría ser la primera de un “efecto dominó” que incluiría a dirigentes como Ayala Almeida, que tiene ya 21 años al frente de la FTSE, a la que llegó a dirigir en 1998; o el dirigente Carlos Aceves del Olmo, que aunque tiene apenas tres años al frente de la CTM, lleva toda la vida siendo parte de la cúpula de la que fuera durante décadas la central obrera priista más importante, además de que tiene graves problemas de salud; y el otro que estaría en pláticas con Gobernación para pactar su salida es Francisco Hernández Juárez, el líder que lleva ya 43 años al frente del sindicato de los telefonistas, a donde llegó en 1976, cuando Telmex era una empresa paraestatal encabezando un movimiento democrático, y es hoy en día el más sempiterno de los líderes sindicales, solo superado por Fidel Velázquez, el histórico líder de la CTM que duró 47 años como secretario general, desde que fue electo en 1950 hasta que murió en 1997.

Así que, parafraseando al deporte nacional, varios de los líderes del charrismo sindical que sobreviven en México, tendrán que hacer el “paso de la muerte” para buscar una salida digna y negociada con el Gobierno de la 4T, antes de que, como a Romero Deschamps, les inicien investigaciones de sus considerables fortunas en la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Empezó la temporada de charros.

NOTAS INDISCRETAS…
Todo parece estarse encaminando a que la Ley Bonilla termine quedando firme y que la gubernatura de Jaime Bonilla Váldez termine siendo de cinco y no de dos años. Porque después de la cuestionada “consulta popular” en Baja California y su resultado, por fin apareció el decreto de Reforma Constitucional que estaba perdida en el Congreso de aquel estado y aunque ya la entregaron a la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado, será hasta el viernes, según ha dicho el gobernador saliente Federico Vega, cuando la promulgue en el Diario Oficial del Estado. Es decir que si se publica el viernes 18, dependiendo de la hora, y descontando el fin de semana, las impugnaciones y acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezarán a llegar hasta el lunes 21 y, en lo que le dan trámite y llega finalmente al Pleno de los ministros, pasarán algunos días más. Se ve difícil, muy complicado, que la Corte pueda analizar y dictar sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Bonilla en una semana. Y el 1 de noviembre, Jaime Bonilla rinde protesta como Gobernador ante el Congreso local. Si lo hace y tomando en cuenta que la constancia como Gobernador electo que le entregaron en el Instituto Estatal Electoral de Baja California no establece cuánto va a durar el cargo, podría pasar que cuando en la Corte tengan que votar el asunto, el hecho a revisar ya esté consumado y entonces los ministros podrían decir que, al tratarse de un “acto consumado” ya no hay materia sobre la que dictar constitucionalidad. ¿Será que todo se armó para que así termine el debate nacional que desató el caso de Baja California, que abriría una peligrosa puerta a la modificación de la duración de los cargos de elección más allá de lo que se vote en las urnas?...Se lanzan los dados. Escalera doble.
16 Octubre 2019 04:05:00
La caída de Romero Deschamps
Hace un par de meses, Olga Sánchez Cordero se reunió en privado con el líder del sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. El encuentro había sido solicitado por la secretaria de Gobernación y a la cita acudió puntual el sempiterno dirigente del sindicato de Pemex.

Ahí, recibió un mensaje del Presidente: “que considere su renuncia anticipada a la dirigencia del sindicato para dar paso a la elección de una nueva dirigencia por voto abierto, directo y secreto de los trabajadores petroleros”.

Romero Deschamps salió de aquel encuentro con el compromiso de que prepararía las cosas para una “transición pacífica” en la dirección nacional del SNTPRM, y desde entonces se dedicó a planear el momento de su salida de la secretaría general que finalmente se hará oficial en este miércoles, a pesar de que todavía le quedaban cinco años para concluir el periodo para el que fue reelecto el 11 de diciembre de 2017 y que terminaba hasta el 2024.

Solo el primer mensaje se lo dio Olga Sánchez Cordero y posteriormente los términos, tiempos y acuerdos para su salida los negoció con otros personajes cercanos al Palacio Nacional con los que Romero Deschamps siempre mantuvo un diálogo fluido con el que intentó evitar cualquier embate de la 4T en su contra y prefirió pactar una salida tersa y negociada, que incluye la inmediata convocatoria para una elección democrática entre las distintas secciones sindicales de Pemex para votar a un nuevo secretario general.

Con todo, el enriquecido dirigente petrolero no se salvó de que ayer el presidente López Obrador confirmara que sí hay investigaciones abiertas en su contra en la Fiscalía General de la República y que “si él quiere renunciar (a la dirigencia del sindicato) está en su derecho, como lo hizo también el ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, pero eso no evitará que se sigan las investigaciones que hay sobre su dirigencia sindical”.

Y es que por la forma en que él llegó a la dirigencia del sindicato petrolero hace 26 años, después de cuatro años del “Quinazo” de Carlos Salinas de Gortari contra el dirigente Joaquín Hernández Galicia, y para desplazar a los secretarios de transición, los quinistas Salvador Barragán Camacho y Sebastián Guzmán Cabrera, Romero Deschamps sabe muy bien el precio de enfrentarse a un Presidente de la República y, al mismo tiempo, sabe también lo que puede lograr una buena “negociación y sumisión” al gobernante en turno, pues así fue como construyó su emporio político y económico en las últimas dos décadas al frente del sindicato petrolero, en el que no solo acumuló cargos como senador y diputado para él y los suyos, sino también amasó una considerable fortuna que ha sido denunciada por los trabajadores petroleros y que es parte de lo que investiga la FGR.

Todavía está por verse si es verdad lo que dice el presidente López Obrador de que lo seguirán investigando una vez fuera de la dirigencia sindical por acusaciones de corrupción y lavado de dinero o si, como parte de su salida, el líder tampiqueño negoció también un “perdón y olvido” del Gobierno de la 4T con el que siempre colaboró y se plegó desde la campaña del hoy presidente de la República.

Por lo pronto lo que sí es un hecho incontrovertible es que, con la caída hoy de Romero Deschamps, se suma una cruz más a los asistentes a la llamada “boda maldita” de la hija del abogado Juan Collado, que se celebrara aquel sábado 18 de mayo en el “venue” de Jajalpa, en el Estado de México.

El líder petrolero es otro de los invitados a aquel evento, al que también acudió como invitado principal el expresidente Enrique Peña Nieto, lo que tanta molestia causó en la 4T.

Aquella boda y la difusión de sus videos en las redes sociales detonaron una serie de investigaciones por temas de corrupción, desvío de recursos y lavado de dinero por la que ya han sido acusados el propio anfitrión de aquella boda, Juan Collado, preso; Rosario Robles, presa; Eduardo Medina Mora, ministro renunciante de la Suprema Corte; Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, señalado por tener una cuenta en Andorra; y ahora Carlos Romero Deschamps, que renuncia a la dirigencia del poderoso sindicato de Pemex. ¿Quién es el próximo?…

Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
15 Octubre 2019 04:07:00
De operador de Duarte a secretario en Morelos
Derivado de una investigación iniciada en 2016 por la extinta PGR, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda tienen abierta una investigación en contra de Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, actual secretario de Gobierno del estado de Morelos, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de empresas fantasma que formó con la complicidad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente bajo proceso.

Pese a los antecedentes delictivos con que cuenta, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo mantiene a Ojeda Cárdenas como secretario de Gobierno y, según denuncias de diputados locales de oposición que pidieron el anonimato, Pablo Héctor “es el encargado de recaudar los ‘moches’ entre empresarios y funcionarios y junto con Ulises Blanco Bravo, el influyente medio hermano del Gobernador, toman importantes decisiones en Morelos, entidad que se encuentra sumida en la violencia e inseguridad.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público Federal, en 2016 se realizó una denuncia en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de su círculo cercano, formado por varios colaboradores, amigos y funcionarios que fungían como prestanombres y operadores financieros.

Según indagatorias de la FGR, la lista la integran 34 personas, en la que figura Ojeda Cárdenas. Derivado de ello, se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF-VER/0000691/2016 iniciando las diligencias de la investigación, como es la búsqueda de antecedentes mediante el oficio girado por la entonces Procuraduría General de la República CGI-II-052/2016.

Entre los avances de las indagatorias se logró identificar la utilización de un esquema empresarial en donde participaron familiares y personas de confianza de Javier Duarte, para la creación de 400 empresas fantasma con el objetivo de desviar 3 mil 617 millones de pesos. En varias de esas empresas aparece el nombre de Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, quien fungía como integrante del Consejo de Administración.

Durante la administración de Duarte en Veracruz, Ojeda mantuvo una posición estratégica en la red delictiva como operador financiero, con el objetivo de ocultar y encubrir los recursos provenientes del enriquecimiento ilícito, señala la investigación de la desaparecida PGR, con base en la cual la Fiscalía y la UIF mantiene abierta la investigación sobre los operadores financieros de Duarte.

Será cuestión de ver si en la FGR y la UIF deciden reactivar e ir a fondo en las investigaciones que involucran al secretario de Gobierno o, si por tratarse de un gobierno afín a la 4T, como es el de Cuauhtémoc Blanco, prefieren dejarlo pasar y congelar la carpeta judicial. ¿Será que, como no se trata de opositores, sino de “amigos” a Ojeda le darán la gracia de no ser acusado por su participación en las redes de corrupción y desvíos millonarios de Javier Duarte? A lo mejor don Alejandro Gertz se apega fielmente a la máxima juarista: “A los enemigos justicia; a los amigos justicia y gracia, cuando quepa esta última”.
14 Octubre 2019 04:03:00
Contratos millonarios y sin licitación en Turismo y la SEP
Sin explicar de manera clara y suficiente por qué no se puede licitar y por qué prefieren cancelar “por excepción” las licitaciones públicas para otorgar por Adjudicación Directa a proveedores previamente seleccionados, dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Turismo han otorgado varios contratos en los últimos meses por montos que superan los 25 millones de pesos en la primera y los 42 millones de pesos en la segunda.

En ambas secretarías, los montos adjudicados de manera directa, además de los servicios que se contratan, no siempre observan la normatividad legal que dicta la Secretaría de la Función Pública, ni el discurso de “austeridad republicana” ordenado por el presidente López Obrador.

En el caso de la SEP, que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, su Unidad de Administración y Finanzas aprobó, el 17 de septiembre, la adjudicación directa de un contrato por 25 millones de pesos a la empresa Eventos de Occidente Los Generales, S.A. de C.V., “para la detección de talentos de Beisbol en México”. Según la ficha de Compranet AA-01100099-E652019, donde se reporta dicho contrato, a la citada empresa se le pagará por sus servicios de búsqueda de talentos un monto que va de los 10 millones 800 mil pesos a los 25 millones 200 mil pesos, solo por tres meses de trabajo que van de octubre a diciembre del presente año.

En ninguna parte se explica por qué este contrato era tan urgente y por qué se pidió la excepción de una “Adjudicación Directa” y no se buscó licitar entre varios proveedores la mejor oferta, como lo marca la Ley de Adquisiciones.

Algo muy similar hicieron en la Secretaría de Turismo, que encabeza el empresario Miguel Torruco. Sin licitar ni explicar tampoco por qué no se concursaron esos servicios entre distintos proveedores que ofrecieran las mejores condiciones y precios, la dependencia otorgó el 27 de febrero de este año cuatro contratos por Adjudicación Directa por un valor total de 42 millones de pesos, para servicios que tienen que ver lo mismo con el abastecimiento de combustibles a través de tarjetas con chip y refacciones, que con el arrendamiento de vehículos para sus servidores públicos, en los que se mencionan 6 camionetas para altos mandos, a pesar de que el presidente López Obrador ha pedido eliminar ese tipo de prestaciones a los mandos jerárquicos superiores.

Todos esos contratos adjudicados de manera directa se aprobaron con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2019, a pesar de que la Secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias federales en el que les pedía no otorgar ningún contrato con vigencia superior a junio de este año, porque después de esa fecha se definirían las “contrataciones consolidadas” obligatorias desde la SHCP. De hecho, según se lee en la copia del acta de la sesión del Comité de la Sectur, hubo varios funcionarios que advirtieron que no podían otorgar contratos con vigencia hasta diciembre. Otros cuestionamientos que se hicieron en aquella sesión tenían que ver con la falta de austeridad al ordenar la compra de 6 camionetas para mandos altos.

Varios de los funcionarios que defendieron la necesidad de ajustar los contratos, fueron despedidos. Sin embargo, los contratos por más de 42 millones de pesos, otorgados de manera directa, siguen vigentes.
12 Octubre 2019 04:08:00
¿Por qué los demócratas no aprueban el T-MEC?
La economía del país en los tiempos de la 4T, ya de suyo estancada, sin crecimiento y sumida en la incertidumbre y la falta de inversiones públicas y privadas, se ve ahora seriamente amenazada por los nubarrones que se ciernen sobre la economía internacional y las advertencias de una posible recesión mundial, derivada de la caída del crecimiento en Europa y los Estados Unidos.

Al deterioro de los indicadores económicos en casi todo el mundo y la “desaceleración sincronizada” sobre la que ha alertado el FMI, se suma la no aprobación del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá, que puede ser “la puntilla” para la recesión económica para la que “México debe empezar a prepararse”, según la advertencia que ha lanzado el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Y es que sigue sin verse con claridad si la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes va a ratificar el T-MEC antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el Congreso estadunidense, en noviembre próximo, sobre todo a partir del extraño retraso que los demócratas han mostrado sobre el tema y que hoy se ve aún más complicado por el inicio de un juicio político o “impeachment” en contra del presidente Donald Trump.

En México parece haber confusión sobre las razones de fondo por las que los demócratas han retrasado el análisis y la definición sobre el T-MEC. La mayoría de los análisis atribuyen la indefinición de la bancada que encabeza Nancy Pelosi, a que los representantes demócratas “no quieren darle a Trump y a su Gobierno, el triunfo político que representaría la ratificación y entrada en vigor del T-MEC”.

Pero esa lectura está equivocada, porque la verdadera razón que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, tiene más que ver con que no ven todavía “garantías completas” de que su demanda de cambios e igualdad de condiciones en el ambiente laboral de México con respecto a los sindicatos de EU y Canadá se esté cumpliendo cabalmente.

La Reforma Laboral aprobada por el Congreso mexicano, en la que se introducen cambios importantes como la libertad y la democracia sindicales, además de un cambio total del modelo de justicia laboral, fueron sí un primer paso en el cumplimiento de las condiciones que puso el partido Demócrata para dar su aval en el Congreso al nuevo Tratado comercial, pero la sola aprobación de la nueva ley laboral, que aún no sienten que tenga todas las condiciones para cumplirse realmente en la práctica, es algo que sigue frenando el voto de los demócratas en el Congreso de EU.

Por ejemplo, el grupo de Nancy Pelosi ha cuestionado y ha expresado “serias dudas” de que en el Presupuesto 2020, el Gobierno del presidente López Obrador esté destinando los recursos suficientes para la instrumentación, en la práctica, de las nuevas leyes laborales. Las reducciones presupuestales a la Secretaría del Trabajo, del 33% para el próximo año, metieron mucho ruido en la Cámara de Representantes de EU, en donde no ven presupuesto suficiente, por ejemplo, para construir y echar a andar todo el nuevo sistema de justicia laboral, consistente en desaparecer las actuales juntas de Conciliación y Arbitraje, y echar a andar las salas laborales en el Poder Judicial.

Y ahí estriba uno de los temas que el Gobierno de López Obrador no ha sabido explicarle al grupo comandado por Nancy Pelosi: que los recursos para construir la nueva infraestructura física y jurídica del nuevo modelo de Justicia Laboral que operará en México, no están en manos de la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde, sino del Poder Judicial de la Federación, que son los que construirán, equiparán y operarán los nuevos tribunales para resolver las demandas, pleitos y recursos en el ámbito laboral.

Hace un mes, cuando detectaron la verdadera preocupación demócrata que estaba frenando la votación del T-MEC, desde el Gobierno de la 4T mandaron al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, como encargado de ir a hablar con Nancy Pelosi y transmitirle a los demócratas la seguridad de que la reforma laboral y su nuevo modelo de sindicalismo democrático y justicia laboral, cuentan con los recursos económicos suficientes para caminar el próximo año.

Cuentan fuentes del Capitolio que el 11 de septiembre pasado, hasta la oficina de Pelosi llegó el subsecretario mexicano dispuesto a informar y convencer a la líder demócrata. Pelosi lo recibió con toda la cortesía y el protocolo político y lo empezó a escuchar con atención. Pero después de media hora de hablar sin detenerse, la mayor parte del tiempo sobre él y su participación en las negociaciones del T-MEC y sobre su importante papel en la relación comercial entre México y EU, el discurso egocéntrico del subsecretario Seade, comenzó a aburrir a la líder de la mayoría demócrata, que comenzó a ver su reloj y hacerle señas a sus asesores para que le cortaran el discurso al funcionario mexicano.

Al final, en cuanto pudo, Nancy Pelosi le dio las gracias a Jesús Seade por la visita y salió, no solo sin la información que necesitaba sobre el avance y las garantías de implementación de la reforma laboral mexicana el próximo año, sino con cara de “¿Quién me manda a perder el tiempo con estos mexicanos que hablan mucho y no dicen nada?”.

Ante el fracaso de Seade y la desinformación que aún priva en el bancada demócrata de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto para la Reforma Laboral, se hablaba de que podrían ir a Washington, a hablar ahora sí del tema y a explicarlo bien, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la misma secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; pero hasta ahora lo único confirmado es que Herrera sí estará en Washington la próxima semana, pero para asistir a la reunión del Banco Mundial y del FMI, aunque no está confirmado en su agenda un encuentro con Nancy Pelosi.

Sería bueno que el secretario Herrera se diera un tiempo para explicarle a la líder demócrata el tema presupuestal en México y despejar cualquier duda –sin dedicarse a hablar de sí mismo como hizo Seade– para ver si, en medio del tema del “impeachment” contra Trump, los demócratas resuelven sus dudas y se dan un tiempo para ratificar, a mediados de noviembre, el T-MEC.

Si no es entonces, ya no será sino hasta el 2021, y eso, en medio del negro panorama de recesión al que se enfrenta, son pésimas noticias para la economía de México.

Los dados mandan Doble Serpiente. Semana intensa.
10 Octubre 2019 04:03:00
El extraño caso del decomiso de coca más grande de la historia
En la gestión de Eduardo Medina Mora como Procurador General de la República del Gobierno de Felipe Calderón, se llevó a cabo el “mayor decomiso de cocaína de la historia”, al asegurarse 23.5 toneladas de la droga en la Aduana del Puerto de Manzanillo, Colima, a donde había llegado en un buque procedente de Colombia. A pesar de que el “golpe histórico” fue realizado por la Policía Federal y la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, atendiendo a un reporte de la DEA, la PGR nunca detuvo a ningún responsable por el ingreso de aquel cargamento ni imputó a ninguno de los funcionarios de la Administración de Aduanas del Puerto de Manzanillo, entre los que estaba Ardelio Vargas Carrillo, hijo del entonces director del Centro de Análisis para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), Ardelio Vargas Fosado.

De acuerdo con documentos oficiales que obran en los archivos tanto de la desaparecida PGR como de la extinta SSP federal, la Procuraduría de Medina Mora desestimó la participación de funcionarios de aduanas en el ingreso de las 23.5 toneladas de cocaína, que llegaron en dos contenedores a bordo del citado buque colombiano y que, según documentó entonces la inteligencia federal, eran propiedad de Arturo Beltrán Leyva, del cártel del Pacífico, y de Oscar Nava Valencia, “El Lobo”. Los contenedores fueron ingresados a la Aduana de Manzanillo con una declaración de pedimento a nombre de Importadora y Exportadora Alucapo, S. A. de C. V., una empresa de origen colombiano que tenía un domicilio en el Condominio Cristal, ubicado en la calle de Paseo del Prado, 102 despacho 901, en la colonia Del Prado, en Querétaro, y de la que aparecía como encargado Carlos Alberto Guzmán Palazuelos “El Chiva”.

En su momento, las líneas de investigación de las áreas de inteligencia de la SSP, a cargo de Genaro García Luna, apuntaron también a la participación de cuatro funcionarios clave de la Administración de Aduanas del Puerto de Manzanillo que aparecían como sospechosos en el ingreso y la recepción de la cocaína procedente de Colombia: Héctor Armando Mejía Arce, administrador; Mario Alberto Prado Ramírez, subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; Ardelio Vargas Carrillo, subadministrador de Recintos Fiscales e hijo del director del Cenapi, Ardelio Vargas Fosado; y Alejandro Aldapa Coronel, encargado de despacho de la Subadministración de Operaciones Aduaneras.

Sin embargo, la PGR de Medina Mora nunca investigó la posible complicidad de los funcionarios de Aduanas y, prácticamente sin atender las “líneas de investigación” de las áreas de inteligencia federal que participaron en el operativo para la ubicación y confiscación de los 23.5 kilogramos de cocaína, el responsable del Ministerio Público exoneró, apenas cinco días después del mayor decomiso de cocaína en la historia, a todos los funcionarios que controlaban los cargamentos que ingresaban a las aduanas de
Manzanillo.

“¿Se va a investigar al personal de la Aduana de Manzanillo?, ¿hay detenidos, gente, vamos, funcionarios que permitieron la llegada de estos cargamentos de coca?, le preguntó el 5 de noviembre de 2007, cinco días después de que se anunció la confiscación de la droga, el periodista José Cárdenas en radio. “Mira, en este momento con respecto a la Aduana de Manzanillo, yo te puedo decir que el personal de la aduana actuó con pleno apego a la normatividad y a los procedimientos operacionales que la propia Aduana ha fijado y eso es lo que nos permitió, precisamente, localizar específicamente este embarque, independientemente de la información de inteligencia, que nos decía que venían estos embarques a nuestro país. Pero ahí no hay ninguna conducta que pudiera ser sospechosa o fuera de procedimiento; al contrario, estamos obviamente generando un nivel de protección hacia el personal de la Aduana”, respondía el procurador Medina Mora, quien apenas cinco días después de que entrara el mayor cargamento de cocaína por un puerto mexicano, exoneraba públicamente a todo el personal y los directivos de la Aduana por donde había entrado el barco colombiano cargado de droga.

No era lo mismo que reportaban otras áreas de seguridad como la Policía Federal, en donde se tenía documentado que desde el 26 de octubre, por la mañana, se tuvo la primera información de inteligencia policial que alertaba de un cargamento de coca que llegaría a Manzanillo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde la DEA avisó también a las autoridades mexicanas que tenía información de que venía un barco con cocaína de Colombia y que llegaría a la aduana de Manzanillo. Dos días después, el 28 de octubre, fue la misma DEA la que confirmó la alerta y dio el nombre del buque carguero “Esmeralda” que arribaría con varios contenedores con droga. El 29 de octubre los policías federales realizaron labores de revisión en la “plataforma” y ubicaron cuatro contenedores y con un oficio, le solicitaron al Ministerio Público de la delegación de la PGR en Colima que ordenara la retención de los contenedores señalados y ese mismo día se ordena al personal de la Aduana no permitir la salida de los contenedores identificados para verificar la mercancía que trasladaban.

El 30 y 31 de octubre, según una relatoría de la entonces PF, se revisaron los cuatro contenedores en presencia de funcionarios de PGR, Defensa, Marina, Secretaría de Hacienda, y Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y tras abrir los contenedores y analizar las muestras se confirmó la existencia de cocaína y se pesó la droga de los dos contenedores dando como resultado los 23.5 toneladas, la mayor cantidad de cocaína nunca encontrada en ningún país. Los otros dos contenedores, donde supuestamente se transportaba pseudoefedrina, se analizaron y se determinó que en realidad se trataba de jabón.

La Policía Federal ordenó entonces el traslado de Héctor Armando Mejía, administrador de la Aduana de Manzanillo, de Colima a la Ciudad de México, para que fuera presentado e interrogado para esclarecer la participación de él y el personal a su cargo en la recepción de cargamentos de droga para el Cártel del Pacífico a través del Puerto. Junto con la SSP pidió investigar a Mario Alberto Prado Ramírez, subadministrador de Control de Trámites y Asuntos Legales; Ardelio Vargas Carrillo, subadministrador de Recintos Fiscales e hijo del director del Cenapi, Ardelio Vargas Fosado; y Alejandro Aldapa Coronel, encargado de despacho de la Subadministración de Operaciones Aduaneras. Pero ninguno de ellos fue ni investigado ni mucho menos imputado por la PGR a cargo de Eduardo Medina Mora.

Por esas mismas fechas, el 11 de octubre de 2007, en una bodega de la empresa de Transportes Unidos de Tampico, elementos del Ejército encontraron y confiscaron 11.7 toneladas de cocaína. A diferencia de lo que ocurrió en Manzanillo, el Ejército detuvo a 7 personas en el operativo y pidió a la PGR el arraigo de 10 funcionarios de la Aduana de Tampico, empezando por el administrador Felipe Ángel Zamora, el subadministrador José Cossío Hernández, hasta los operadores de rayos gama, los choferes y copilotos de la Aduana, todos bajo la sospecha de colaboración para recibir los cargamentos de droga.

No fue el mismo trato que Medina Mora ordenó darle al decomiso de Manzanillo, que era dos veces la cocaína encontrada en Tamaulipas y el mayor cargamento de cocaína nunca confiscado. ¿Por qué el entonces procurador no ordenó investigar a fondo la complicidad del personal de Aduanas en Manzanilo, entre ellos el hijo de un cercano colaborador suyo como Ardelio Vargas? ¿A quién benefició o se encubrió entonces y por qué desde la PGR que encabezaba Eduardo Medina Mora?
09 Octubre 2019 04:07:00
Si el Estado se disculpó ¿Calderón por qué no?
Prudencia política o precaución para evitar verse envuelto en una protesta de jóvenes universitarios, el caso es que, parafraseándolo a él mismo, “haiga sido como haiga sido”, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México decidió declinar ayer a la invitación para asistir hoy como ponente a un Seminario de Derecho en el Tec de Monterrey, campus Monterrey, luego de las protestas y manifestaciones de rechazo a su presencia en esta universidad, en cuyas puertas fueron brutalmente asesinados, en 2010, los estudiantes de excelencia, Jorge Mercado y Javier Arredondo, a manos de miembros del Ejército que participaban en la “guerra contra el narco” declarada por el expresidente en su sexenio.

Entre la dimensión que tomó el llamado de estudiantes a firmar en internet para rechazar a Calderón en el campus, con más de 25 mil personas apoyando la petición, y la defensa que hizo la directiva del Tec, que mantuvo la invitación bajo el argumento de la “libertad de cátedra” y el respeto a la “libre expresión de las ideas” en sus instalaciones educativas, lo que finalmente orilló al exmandatario a cancelar su ponencia fue la declaración de la madre de Jorge, Rosa Elvia Mercado, quien apoyó las expresiones de los estudiantes en solidaridad con su hijo y su compañero que fueron ejecutados por soldados que los confundieron con presuntos narcotraficantes a las puertas de su universidad.

“¿Felipe Calderón no tiene memoria o ya se le olvidó lo que le hizo al país?”, se preguntó la señora Mercado en una declaración ante los medios en Monterrey. “Gracias a Dios los muchachos sí tienen memoria y están luchando. Aunque no conocieron a Jorge y Javier; me sumo a la petición de los muchachos que no quieren la visita de Calderón al Tec de Monterrey”, declaró Rosa Elvia Mercado.

Después de los comentarios de la señora, el expresidente mandó una carta al Tec de Monterrey donde le agradece la invitación, pero anuncia su decisión de no presentarse al seminario. “Su parecer, en mi opinión, es razón más que suficiente para que se suspenda mi visita. Para mí es fundamental respetar ese dolor, independientemente de que haya quien utilice esa circunstancia con propósitos mediáticos y políticos”, argumentó Calderón.

Lo más rescatable de la carta es que pide reunirse con los padres y familiares de Javier y Jorge “para poder dialogar con ellos, escucharlos de viva voz y precisar también alguna de la información que se ha divulgado”. Será muy interesante ver ese encuentro entre el expresidente que dio la orden al Ejército de salir a las calles a librar una “guerra sin cuartel” contra el crimen, en la que hubo miles de vidas de civiles mexicanos inocentes, considerados “daños colaterales” por su Gobierno.

Y la gran incógnita es si en ese encuentro con los padres de Jorge y Javier, Calderón tendrá la humildad de disculparse por el brutal asesinato de los dos estudiantes de excelencia a manos de soldados comandados por él y de reconocer que fue su decisión y su política de seguridad la que metió al país en una espiral de violencia, muerte y dolor que todavía hoy, en plena cuarta transformación, no puede resolver el presidente López Obrador y su Gabinete de seguridad.

Si el Estado mexicano ya se disculpó y reconoció ante sus familiares la ejecución brutal y extrajudicial de esos dos jóvenes estudiantes a manos del Ejército mexicano ¿por qué no lo haría Felipe Calderón?

08 Octubre 2019 04:03:00
Elba Esther, cerca de su partido, pero lejos del sindicato
Con una fuerza menguante dentro del magisterio nacional, donde su organización Maestros por México, apenas llega a representar al 10 o 15% del total de los maestros, y lejos de la fuente de recursos que le representaba la dirigencia sindical, Elba Esther Gordillo ya no es para nada la otrora poderosa lideresa del magisterio. Sin el apoyo del Gobierno del presidente López Obrador –donde no la vetan, pero tampoco la quieren ver de nuevo empoderada– cada vez se aleja más el sueño de recuperar el control del sindicato que perdió en 2013 cuando su antiguo aliado, Enrique Peña Nieto, ordenó su detención y encarcelamiento.

Hoy sin una plaza activa como maestra y sin tener al corriente el pago de sus cuotas sindicales, Gordillo Morales no cumple los requisitos estatutarios para aspirar a cualquier cargo de dirigencia en el SNTE y, aunque no quita el dedo del renglón de buscar ser candidata a la Secretaría General en un proceso abierto, la realidad es que eso se ve cada vez más lejano. Primero, porque ella ya no tiene la fuerza suficiente dentro del sindicato para intentar recuperar lo que siente que le arrebataron injustamente; y segundo: en el sindicato magisterial no están pensando en un proceso nacional en estos momentos, y quizás no antes de 2024, porque por un lado no tienen la capacidad ni económica ni logística para organizar una elección por voto directo en la que participarían más de 2 millones de maestros de todo el país, y que incluso el INE ya les dijo que no puede organizarla “porque no tiene facultades legales” para intervenir en un proceso sindical, y por el otro el periodo para el que fue electo el actual dirigente, Álvaro Zepeda, concluye hasta el último año del actual sexenio.

Ante ese panorama y ante la realidad de que su liderazgo ya dejó de ser un factor de poder real dentro del SNTE, a Elba Esther Gordillo no le va a quedar más que concentrarse en lograr el registro de su partido político, Redes Sociales Progresistas, porque ese sería el único lugar, si logra cumplir con todas las asambleas y acreditar todos los requisitos ante el INE, donde podría hacer política en el ocaso de su carrera política y sindical. Así lo ven incluso en la SEP y en el Gobierno de López Obrador en donde, aunque dicen que no ven “ni bien ni mal” un posible “regreso de la maestra”, tampoco la ven con la fuerza suficiente para pelear en estos momentos el control del sindicato.

“No es lo mismo operar con todos los instrumentos de poder y los recursos económicos que representa el control del SNTE que hacerlo desde fuera del sindicato. Ella tiene su corriente sindical, pero no es un grupo fuerte en estos momentos en el magisterio. Es más probable que logre el registro de su partido y que se dedique a hacer política desde ahí, con un partido pequeño pero bisagra, a que tenga posibilidades de volver a dirigir el sindicato”, comenta un alto funcionario del Gobierno lopezobradorista.

El único problema ahora es que, en el equipo promotor de Redes Sociales Progresistas, acaba de producirse un rompimiento entre la maestra Gordillo y su yerno Fernando Yáñez González con Juan Iván Peña Neder, el exfuncionario de Gobernación en el sexenio calderonista y quien es el creador de la marca y de la mayor parte de la logística sobre la que se armó el proyecto de la nueva fuerza política. El pleito estalló por un desaire de Elba Esther a la esposa de Juan Iván, Lizette Clavel, diputada del PT en el Congreso de la CDMX, y ahora los elbistas intentan sacar a Peña Neder del nuevo partido, pero este amenaza con quitarles el nombre de RSP y la mayoría de asambleas que él operó en buena parte de la República, y pondría en riesgo la realización de las asambleas que faltan para obtener el registro del partido ante el INE.

Es decir, que en una de esas la maestra a la que el SNTE ya se le fue de las manos, ahora se le complica también su nuevo juguete, perdón, partido político. A menos que desde las alturas, con tal de que ya se olvide de sus sueños de regresar a controlar el magisterio, le den una “ayudadita” y le resuelvan no solo cualquier pleito interno, sino también el aval de los consejeros para su RSP que suena, al menos fonéticamente, como su única opción de “reanimación política”.
07 Octubre 2019 04:07:00
Una mujer, pero no una ‘incondicional’ para la Corte
Será hasta que la Suprema Corte le notifique oficialmente de la existencia de una “vacante”, lo cual ocurrirá una vez que el Senado acepte formalmente y por mayoría simple de sus integrantes la renuncia de Eduardo Medina Mora, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador comience a integrar la terna que mandará a los senadores para el nombramiento del nuevo ministro o ministra.

Todas las apuestas y las opiniones apuntan, tanto en el Poder Judicial como en la sociedad civil, a que, por un tema de equidad de género, el Ejecutivo optará por mandar una terna exclusivamente integrada por mujeres.

Se garantizaría así la llegada de una nueva ministra a la Corte, aunque también son muchas las voces que, sin dejar de reconocer la facultad exclusiva y constitucional que tiene el Presidente, piden que los perfiles de quienes proponga López Obrador garanticen no sólo la experiencia, capacidad y reconocimiento que deben tener las o los candidatos que integren la terna, sino sobre todo la cualidad acreditada de independencia y autonomía del Poder Ejecutivo.

Y es que en el actual contexto, tras el cisma que representó la renuncia histórica de un ministro como Medina Mora, claramente opositor y adverso a la llamada 4T, parecería un despropósito y hasta un grave error político que el presidente López Obrador repitiera, como ya lo hizo en los dos nombramientos que le tocó hacer para la Corte, perfiles de juristas no solo cercanas, sino abiertamente militantes comprometidas con su partido y con su movimiento político.

Ese es el caso de las doctoras Celia Maya y Loretta Ortiz, que han sido ya dos veces rechazadas por el Senado, por su inocultable simpatía y militancia política con la “cuarta transformación”.

¿Podría el Presidente repetir en la nueva terna a las dos juristas? Sin duda que podría, es su decisión y su facultad unipersonal; pero pretender que sea una de ellas la que resulte electa por el Senado sería no solo una ofensa a los senadores, que ya en dos ocasiones se las regresaron por no cumplir con los criterios de autonomía e independencia que deben privar en los integrantes de la Suprema Corte, sino que representaría un error político monumental.

Porque si López Obrador cae en la tentación de mandar nuevamente una terna formada por mujeres u hombres incondicionales y políticamente comprometidos con su Gobierno, le daría la razón a quienes han visto en la renuncia de Medina Mora un golpe político a la Corte y un intento del Ejecutivo por someter y controlar al máximo tribunal y dominar así al Poder Judicial federal, y no un tema de corrupción de un ministro investigado y que utilizó su cargo para hacer negocios y para operar políticamente para el grupo que representaba, que es lo que hasta ahora ha documentado la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y lo que indaga la Fiscalía General de la República.

De la decisión que tome el Presidente y de los nombres y perfiles que ponga en su terna, dependerá cómo quiere que se recuerde y se interprete el hecho histórico de la caída, por renuncia, de un ministro de la Corte: si como un acto de combate a la corrupción que rompió paradigmas y confirmó que el cambio en contra del mal uso de los cargos públicos es real y va para todos los poderes y niveles de Gobierno, o como un “manotazo” presidencial contra un “ministro conservador” y de derechas que le estorbaba en sus afanes de control autoritario de todos los poderes del Estado. ¿Cuál de las dos versiones querrá Lópe




05 Octubre 2019 04:06:00
Objetivo Peña: primero cayó su abogado, ahora su juez
El cerco en torno al expresidente Enrique Peña Nieto se va estrechando. La estrategia gradual de la 4T para investigar y castigar la escandalosa corrupción del pasado sexenio ha sido cuidadosamente jurídica, pero también maquiavélicamente política.

Fueron contra uno de sus colaboradores más cercanos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia y con varias órdenes de aprehensión en su contra; luego contra otra de sus colaboradoras consentidas, Rosario Robles, pieza clave en el entramado del saqueo de recursos a través de universidades e instituciones públicas y los pagos a empresas fantasmas, pero hay dos detenciones que son fundamentales en la estrategia contra Peña y su grupo político: primero le detuvieron y neutralizaron a su abogado, Juan Collado, quien se encargaría de la defensa de todos, empezando por el expresidente; y ahora le inhabilitan al ministro Eduardo Medina Mora, que era el juez que los ayudaba a procesar todos sus asuntos, juicios y acusaciones en el Poder Judicial federal.

Así, lo que ha ido haciendo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Fiscalía General de la República como su brazo jurídico, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda como el sabueso del dinero, es desmantelar y desarticular -paso a paso y casi por manual- el blindaje jurídico, político y financiero que había construido el grupo peñista para garantizar su tranquilidad y cubrir muy bien las huellas de su cuestionada actuación y turbio manejo de los recursos públicos durante su sexenio.

Medina Mora, a quien orillaron a renunciar tras haber documentado en investigaciones de Hacienda y de la FGR sus extraños manejos financieros y los “negocios” que instrumentó siendo ministro de la Suprema Corte, era el principal operador del grupo para los asuntos judiciales e interlocutor con los jueces. Su cuestionado nombramiento avalado por la mayoría senatorial del PRI y del PAN en 2015, al que Peña Nieto se aferró entonces contra viento y marea, formaba parte de un plan de protección a futuro en el que el ministro operaba y lideraba un ala de la Corte para empujar y cuidar asuntos que afectaran los intereses o a los mismos integrantes del grupo.

Por eso fue que Medina se involucró en la defensa y el desbloqueo de cuentas de personajes como Alejandro Quintero, el publicista que manejó las dos campañas de Peña, primero como gobernador y luego como presidente, y al que la Unidad de Inteligencia acusó de haber financiado y producido el documental Populismo en América, junto con su hermano Jesús Quintero, por lo que en marzo le fueron bloqueadas sus cuentas financieras por Hacienda; o también ayudó a Juan Collado, el abogado del grupo peñista al que le facilitó desbloquear momentáneamente un par de cuentas antes de que lo detuvieran, a través de un engrose de amparo que publicó sin avisarle a otros ministros y sin tomar en cuenta jurisprudencias previas, lo que le permitió a Collado sacar en dos días casi 10 millones de euros de sus cuentas, antes de que se las volvieran a bloquear.

Con ese engrose, que publicó por cuenta propia, Medina Mora pretendía sentar un precedente y eventualmente buscar una jurisprudencia para complicar el bloqueo de cuentas bancarias para que solo pudiera hacerse mediante una orden internacional y enviada previamente a un juez del país, algo con lo que se blindaría a muchos de los exfuncionarios y políticos del anterior Gobierno que pudiesen verse involucrados o investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que buscaba el ministro era revertir el mecanismo de intervención y bloqueo de cuentas financieras que durante todo el sexenio de Peña Nieto utilizaron para armar desde Hacienda las principales acusaciones y casos judiciales como el de Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y otros que fueron acusados y procesados con evidencias obtenidas a través del trabajo de la UIF.

Al final, en todos los casos por corrupción que hasta ahora han armado, documentado y consignado en el actual Gobierno lopezobradorista, la constante es que todos, de algún modo y con toda la intención, conectan hacia el expresidente Enrique Peña Nieto. Es evidente que no hay prisa y que tal vez falten todavía varios políticos y colaboradores importantes del sexenio anterior que serán investigados en la estrategia anticorrupción que ha puesto en marcha la Cuarta Transformación. Pero lo que es un hecho es que, tarde o temprano, cuando lo tengan todo muy bien armado o cuando políticamente más lo necesiten, veremos la culminación de todo este trabajo jurídico y político, en otro hecho histórico que, igual que los que se han ido dando, sacudirá a la política y a la opinión pública nacional: el primer expresidente acusado y eventualmente procesado por delitos de corrupción en el país.

Dos exgobernadores en capilla
En el mismo tema del combate a la corrupción de gobiernos anteriores, en la Fiscalía General de la República están muy avanzados dos expedientes por diversas irregularidades y desvíos de recursos contra dos exgobernadores: Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, y Graco Ramírez Garrido, de Morelos.

Ambos casos están en proceso por razones y delitos que tienen que ver con corrupción, a partir de denuncias que se formularon desde los estados y en las que han participado directamente los gobernadores actuales, tanto de Morelos como de Veracruz. Porque, más allá de las pruebas de presuntos desvíos y manejos financieros irregulares que les documenten a los dos exmandatarios, en los dos estados está claro que una acusación contra Yunes y contra Graco, no obedece solo a compromisos que hicieron en campaña Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco, sino también a que proceder en contra de sus antecesores es para los dos gobernadores de la 4T, en estos momentos, casi una urgencia de sobrevivencia política por los cuestionamientos que los dos enfrentan por la situación de descomposición e ingobernabilidad de sus estados.

Así que, en el caso de Yunes, ya se dio el primer paso con la destitución del fiscal, para quitarle el blindaje jurídico que se había asegurado el exgobernador, de tal modo que ya pueden proceder en su contra, como muy probablemente lo harán en fecha próxima.
Mientras que en el caso de Graco, se están terminando de documentar expedientes por varios casos de irregularidades en su Gobierno, y ahí entran en juego no solo las denuncias del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco y su urgencia por darle a los desesperados morelenses la cabeza de su antecesor, sino también la animadversión histórica del inquilino de Palacio Nacional que hace poco, a propósito de una visita del Gobernador morelense para pedirle apoyo de la FGR para procesar las denuncias y expedientes de corrupción en el sexenio anterior y su queja de que un funcionario federal las obstaculizaba, les hizo un comentario a todos sus colaboradores cercanos: “No quiero que le abran la puerta del Palacio a Graco. No lo quiero metido aquí”. ¿Lo querrá metido en otro lado?...

Los dados mandan escalera doble. Buena semana.
04 Octubre 2019 04:08:00
¿Por qué renunció el ministro Medina Mora?
Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó su renuncia al cargo para el cual todavía le quedaban 11 años del periodo de 15 años para el que fue electo por el Senado en 2015. El escrito de renuncia del ministro, de acuerdo con el Artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tendrá que ser aceptado por el Presidente de la República y luego enviado al Senado para su aprobación.

La carta de renuncia de Medina Mora, que fue presentada al ministro presidente Arturo Zaldívar, representa un hecho inédito en la etapa contemporánea de la Suprema Corte y, aunque no aduce razones específicas para explicar su decisión, han transcendido dos razones de fondo en esta renuncia: a) un tema médico familiar, luego de la muerte de su esposa hace unos meses; y b) las investigaciones que autoridades nacionales y extranjeras han hecho en cuanto a sus recursos financieros y a transferencias millonarias realizadas en bancos de varios países, de los cuales en esta columna le dimos cuenta el 5 de junio pasado.

Sobre las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, a pesar de su supuesta buena relación con las autoridades británicas y estadunidenses, luego de que el ministro fuera embajador de México en ambos países, fuentes de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda confirman que los dos gobiernos han seguido enviando información financiera sobre las cuentas del funcionario judicial a las autoridades mexicanas.

Las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, aseguran que la estrecha relación para combatir la corrupción que existe entre la FGR, la UIF y el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos de inteligencia extranjera, ha permitido documentar y fortalecer el expediente judicial sobre los manejos financieros del ministro. Pero tampoco ayudó mucho a Medina Mora haber operado a favor de su amigo y socio el publicista y exvicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero, quien desde 2006 y hasta la pasada elección de 2018, se le ubica como el operador de las “campañas negras” contra Andrés Manuel López Obrador.

Una vez que la UIF congeló las cuentas de Quintero, el ministro operó para que ordenaran el desbloqueo de algunas de las cuentas. También ayudan con ese tema a Quintero el exdirector del Cisen en el pasado, Alberto Bazbaz, y el exconsejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez. Para desbloquear sus cuentas, de las que había incluso pedimentos del FBI y de la DEA, el equipo de Quintero-Medina exhibió en el juzgado los nombres de los agentes encubiertos norteamericanos involucrados en la investigación, algo que nunca les perdonaron en EU.

Por eso fue que empezó a llegar a México y al Gobierno federal la información de las cuentas bancarias de EU y la Gran Bretaña, de las que el funcionario judicial nunca pudo dar explicaciones claras ni convincentes.

A las autoridades también les llegó información de las empresas que le transferían recursos a sus cuentas, ubicadas en paraísos fiscales de Centroamérica. Y la suma de las transferencias nunca cuadró con lo reportado en sus declaraciones patrimoniales.

El ministro también dejó de ser cuidadoso en sus operaciones desde la Corte y la presunción de varios “negocios” no sólo detonó investigaciones internas, sino que lo confrontaron y enemistaron con otros ministros. Un ejemplo de esto fue haber subido un engrose de la Segunda Sala de la SCJN para descongelar cuentas bancarias, antes de que fuera firmado y saltándose varias tesis previas en el Seminario Judicial. Esta publicación irregular, que hizo el 31 de mayo, permitió que en el par de días que estuvo vigente la disposición, su cercano amigo, el abogado Juan Collado, pudiera casualmente mover 10 millones de euros de sus cuentas. Un mes después de aquella operación que le facilitara el ministro Medina Mora, Collado sería arrestado por la Fiscalía General de la República y encarcelado por acusaciones de lavado de dinero en la Caja Libertad.

Así fue como la polémica historia del exdirector del Cisen, exsecretario de Seguridad Pública y exprocurador General de la República, quedó expuesta junto con sus cuentas, empresas y transferencias financieras catalogadas como “sospechosas” por otros gobiernos.

03 Octubre 2019 04:04:00
¿Ingenuidad o irrealidad en la 4T?
Ni la ocurrencia de los “cinturones de paz” formados por miles de burócratas capitalinos, ni la amenaza presidencial de acusar “a los malcriados con sus papás y sus abuelos para que les jalen las orejas”, sirvieron para evitar que ayer grupos de jóvenes encapuchados provocaran desde pintas, hasta destrozos y vandalizaran calles y edificios. Tuvo que ser finalmente la policía antidisturbios de la Ciudad de México la que, entre toletes, escudos, golpes y empujones, encapsulara a los grupos de estudiantes más radicales, para evitar que causaran daños mayores durante las movilizaciones conmemorativas de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Bastaron 20 minutos de marcha pacífica para que los grupos de jóvenes con la cara cubierta sacaran los sprays y amenazaran a los trabajadores del Gobierno de la CDMX, para que las “cadenas humanas de paz” se disolvieran a los primeros empujones y los más de 10 mil trabajadores enviados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a realizar labores de vigilancia para la que no han sido capacitados, se abrieran para dejar que los estudiantes escribieran en muros y cortinas sus consignas, mientras algunos lanzaban piedras, proyectiles y bombas molotov en contra de los grupos de policías que, como era de esperarse, comenzaron a repeler las agresiones y a intentar aislar y encapsular a los estudiantes, deteniendo incluso a varios de ellos.

Para esa hora, pasadas las 5 de la tarde, entre el humo y el caos que invadió la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico, los burócratas rompían filas y huían despavoridos; los más valientes eran pintarrajeados o despojados de sus camisas blancas con la leyenda “2 de octubre no se olvida”. En el barullo de la protesta y el vandalismo desatado, nadie recordaba -y si lo hacían era solo para mofarse- el mensaje que por la mañana les mandara “a los que se tapan la cara, se encapuchan y hacen estos actos” el presidente Andrés Manuel López Obrador. “¿Qué les diría yo? Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos; porque estoy seguro que sus abuelos, las mamás y los papás, no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel, estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de oreja o sus zapes”.

Al final lo ocurrido ayer en los 51 años de la represión brutal de Tlatelolco, demuestra que no es ni con ocurrencias “buena onda”, ni con absurdos “regaños moralinos” como se puede contener a grupos con expresiones violentas. Para decirlo claro y concreto: si las autoridades de la Cuarta Transformación, tanto las de Palacio Nacional como las de la Ciudad de México, creen que van a reinventar y a reemplazar las funciones primarias e históricas del Estado, que son garantizar la seguridad de la población administrando y ejerciendo el monopolio de la fuerza pública, para cambiarlo por ideas y ocurrencias, que por más bien intencionadas y pacifistas que sean, confunden con “represión” el ejercicio de su autoridad y su obligación primordial como Gobierno de imponer el orden y evitar el caos, lo único que conseguirán transmitir es una imagen de gobernantes débiles, timoratos e ingenuos.

Nadie en este país quiere que vuelva la represión brutal ocurrida el 2 de octubre de 1968; pero, respetando el derecho a la protesta, a la manifestación libre de ideas y la libertad de expresarse, tampoco nadie quiere que cada marcha conmemorativa de una fecha histórica o de una causa importante para cualquier grupo de la sociedad, termine en caos, vandalismo y ataques a negocios, personas y a la propiedad pública y privada. Si eso no lo entienden los inquilinos del Palacio Nacional y su vecina del Palacio del Ayuntamiento, los gobiernos de la 4T terminarán cambiando su intención loable de no ser vistos como “represores” para ser tomados por los grupos sociales más radicales e incluso por los criminales, como simpáticos “buena onda”, pero también peleles ocurrentes.
02 Octubre 2019 04:05:00
Morelos y Veracruz: rescatando a gobernadores ineptos
Desde Palacio Nacional salió la orden de ayudar a dos de los gobernadores que, aunque reconocen ya como “una carga política negativa” para la 4T, decidieron rescatarlos para evitar un colapso en sus estados. A Cuitláhuac García en Veracruz y a Cuauhtémoc Blanco en Morelos, se les está apoyando con todo desde la Federación con una estrategia que incluye el envío no solo de la Guardia Nacional para enfrentar la grave inseguridad, sino la intervención directa del Gabinete de seguridad para lograr la detención y de-sarticulación de células del crimen organizado que estaban amenazando incluso la gobernabilidad en ambos estados.

La instrucción fue directa del presidente López Obrador: apoyar a los dos inexpertos mandatarios estatales se volvió un tema de prioridad en las reuniones diarias del Gabinete de seguridad en donde se lleva un seguimiento puntual de la situación particular de Veracruz y Morelos, y se coordinan operativos que están permitiendo la detención de líderes del narcotráfico y la desarticulación de grupos ubicados como “generadores de violencia”.

Parte de esos operativos, coordinados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, fueron las detenciones ocurridas en las últimas semanas en Morelos, a partir de la aprehensión de Santiago Mazari “El Carrete”, líder de Los Rojos, el pasado 2 de agosto en Guerrero y posteriormente la captura también de su hijo, Alexis Oswaldo “N”, así como de los principales operadores de la organización criminal que domina buena parte de Guerrero y Morelos.

En el caso de Veracruz, además del envío de la Guardia Nacional y de los operativos federales, también se decidió desde Palacio Nacional, después de la masacre de Coatzacoalcos, armar una estrategia para ir directamente contra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se le abrieron varias investigaciones en la Fiscalía General de la República por acciones irregulares en su breve Administración, las cuales están avanzando y podrían generar pronto órdenes de aprehensión.

Pero, para intentar la detención de Yunes, no sólo arman a detalle los expedientes judiciales, sino que antes decidieron echar a andar una estrategia muy parecida a la que implementaron en el caso de los peñistas acusados de corrupción Emilio Lozoya Austin y Rosario Robles, a los que antes de girarles órdenes de aprehensión, primero detuvieron al abogado Juan Collado, que sería el encargado de coordinar su defensa legal. Lo mismo hicieron en Veracruz para empezar la “cacería jurídica” contra Miguel Ángel Yunes: primero destituyeron y acusaron al fiscal general del Estado, Jorge Winckler, que era el encargado de blindar jurídicamente al exgobernador y a todo su grupo político. Una vez removido, ahora sí procederán en cualquier momento contra el “intocable” Yunes Linares.

Así, a pesar de que el Presidente y sus colaboradores más cercanos saben y reconocen que tanto Cuitláhuac García como Cuauhtémoc Blanco son dos gobernadores fallidos la orden presidencial fue tajante: se les tiene que rescatar a los dos, al menos hasta que legalmente se pueda nombrar a un sustituto sin que se tenga que convocar a elecciones en los dos estados, y en espera de que su ineptitud e incapacidad no haga crisis y afecte a Morena en las elecciones intermedias de 2021. Ni hablar, no a todos los gobernadores y estados se les da el mismo trato desde Palacio Nacional: prioridades son prioridades.
01 Octubre 2019 04:04:00
El dilema en Morena: institucionalizarse o morir
La crisis del partido en el poder se está agudizando ante la imposibilidad de sus dirigentes de ponerse de acuerdo en algo tan básico como el método para renovar su dirigencia nacional. En Morena en este momento, ante la ausencia intencional de su líder fundador y caudillo, Andrés Manuel López Obrador, están en la orfandad. Su situación se parece más a la de una familia que, al faltar el padre y no haber un testamento para repartir, los hijos comienzan a pelearse por la ambición y la avaricia de ver quién se queda con la casa y los bienes, y en su pleito corren el riesgo de perderlo todo.

Los morenistas no se ponen de acuerdo ni en el padrón de militantes, ni en el método para procesar su sucesión interna. El Presidente ha tomado distancia y lo que está viviendo Morena es la descomposición típica de un partido de corte caudillista, ante la ausencia de la figura central que los formó; el partido está huérfano de “línea” y todos se sienten con el derecho de ocupar el liderazgo que dejó el Presidente; a pesar de sus llamados a la cordura y a la mesura, eso ya se convirtió en una batalla campal de todos contra todos.

En este momento, lo que sucede en el partido gobernante va más allá de una simple disputa interna. Lo que se está definiendo no es solo el nombre de quién dirigirá al partido a partir de noviembre próximo, sino si el perfil del nuevo liderazgo y la forma en que esto se procese, le dan al lopezobradorismo la posibilidad de contar con un partido político institucionalizado y civilizado, capaz de conducir la “transformación” a la que los ha llamado el Presidente y darle continuidad a su proyecto de Gobierno.

Los intereses y ambiciones internas han hecho que se desoiga la sugerencia presidencial de detener la confrontación interna y evitar un proceso interno que los desgastara recurriendo al método de las encuestas, que siempre ha utilizado Morena, para elegir a su nueva dirigencia. La que se sintió en desventaja con el tema de las encuestas fue Bertha Luján, porque sabe que su nivel de conocimiento está muy por debajo de los otros aspirantes; ella pide elecciones en convenciones de delegados, porque trae de su lado la operación de las bases territoriales de los servidores de la Nación, que coordina Gabriel García Hernández. Esa estructura es la que apoyaría a la actual presidenta del Consejo Nacional, que perdería en un sondeo ante el resto de los aspirantes.

Y como los estatutos internos tampoco son totalmente claros sobre si se puede elegir a un dirigente a través de las encuestas, como sí se puede elegir a candidatos a puesto de elección, ahora lo que se propone es un “método mixto” que combine las encuestas con una elección interna por voto de delegados. Lo más lógico sería modificar los estatutos e introducir claramente las encuestas como método para la dirigencia, pero para ello se tendría que convocar a un Congreso Nacional, algo que sería más laborioso y costoso en este momento; ante ello la solución que están dando es que se levanten primero tres encuestas nacionales para ver quién sería el candidato mejor posicionado y ese resultado se lleve a convenciones, en donde se valide con el voto de los delegados, de tal forma que se cumpla con el procedimiento estatutario y se eviten futuras impugnaciones al método de elección.

El otro gran problema, por el que prácticamente se descartó ya una elección abierta y por voto directo de militantes, es que Morena, como todos los demás partidos, no tiene un padrón de militantes totalmente confiable y validado por el INE. Hay en este momento dos padrones, el de Yeidckol, que cerró en 2015, y otro que se actualizó y cerró en 2017. El primero es el que quiere utilizar Polevnsky porque es el que tiene ella controlado, y el segundo es el que quiere utilizar Bertha Luján porque en ese ya se incluye a los servidores de la Nación, la estructura territorial que está de su lado. El problema es que ninguno de los dos tiene el aval del INE.

El tiempo apremia para que Morena defina ya cómo va a elegir a su nuevo dirigente en noviembre y si el resultado de esa elección será respetado y aceptado por todos los grupos y corrientes internas que se disputan el partido. El gran riesgo que en estos momentos corre el proyecto político del presidente López Obrador, y que ya se dijo con total claridad, es que si Morena no logra institucionalizarse y resolver civilizadamente sus disputas internas, el actual partido no le va a servir al Mandatario para concretar su proyecto de gobierno. Él ya tiene una nueva estructura territorial, más allá de Morena, que se llama los “servidores de la Nación”, y que está desplegada por todo el territorio nacional.

Esa podría perfectamente ser la base de un nuevo movimiento político que sustituyera a su actual partido si este no logra civilizarse e institucionalizar sus procesos internos. El único problema es que ya no le alcanzaría el tiempo de aquí a las elecciones de 2021 para dar forma y vida a un nuevo partido y el gran riesgo es que si Morena se colapsa y no supera sus disputas tribales, podría perder la mayoría en las elecciones intermedias y la mayoría en la Cámara de Diputados, además de retroceder en los estados y municipios en las próximas elecciones.

Para ponerlo en un contexto histórico, lo que le está pasando a Morena es lo que en su momento vivió el PRI en sus orígenes. Cuando nació como Partido Nacional Revolucionario, el viejo partido venía de un movimiento de caudillos que resolvían sus disputas de poder por la vía de las armas, entre los antiguos generales y militares revolucionarios. En 1928, Plutarco Elías Calles, en un discurso que dio en la Cámara de Diputados, delineó lo que en ese momento necesitaba el movimiento que había ganado la Revolución Mexicana: “Hay que orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida institucional, procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica de país de un solo hombre, a la de nación de instituciones y de leyes”.

Eso aplica hoy, con todas sus diferencias y proporciones y en otro contexto histórico, para el movimiento político y social que representa Morena y que ganó abrumadoramente el poder en 2018 para plantear una “transformación nacional”. ¿Quién será el Plutarco Elías Calles de Morena? ¿Habrá un líder que pueda hacer esa transición obligada? Sin eso, Morena difícilmente va a sobrevivir. Y ya recibió la primera llamada en las elecciones locales de 2019, cuando ya sin el presidente en la boleta, perdió cerca de 60% de su votación, comparada con las elecciones de 2018 en los mismos estados donde acudieron a las urnas en junio pasado. La advertencia de su fundador, Andrés Manuel López Obrador, fue más que clara: o se institucionalizan o los dejará morir y les quitará hasta el nombre.
30 Septiembre 2019 04:02:00
García Cabeza de Vaca se lanza contra la 4T
Con un expediente abierto en la Fiscalía General de la República que investiga la presunta infiltración del crimen organizado en su Gobierno y con una petición de desaparición de poderes en su estado, presentada por la mayoría de Morena en el Senado de la República, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se lanzó contra la cuarta transformación del presidente López Obrador.

Sin mencionar nombres, el mandatario panista acusó al Gobierno federal de violentar la soberanía de su estado y de castigarlo con recortes presupuestales al campo y a los alcaldes, al tiempo que arengó a los tamaulipecos a “iniciar una lucha” para que les devuelvan el dinero que aportan “para mantener a la República”, pues dijo que “después de la Ciudad de México, Tamaulipas es el estado que más aportaciones da al Gobierno federal con 275 mil millones de pesos; eso es lo que vale Tamaulipas”. Y con la voz entrecortada por el coraje, llamó a sus correligionarios panistas a “no rendirse, ¡aquí nadie se rinde, aquí vamos a enfrentar a aquellos que han atentado contra la soberanía de Tamaulipas! que lo entienda y lo entiendan bien, Tamaulipas es un estado libre y soberano, aquí mandan los tamaulipecos, con Tamaulipas no se juega”, dijo entre gritos Cabeza de Vaca en la reunión en la que el PAN estatal festejó el sábado pasado los 80 años de su partido en el Polyforum de Ciudad Victoria.

Justo el sábado, mientras el Gobernador arengaba con gritos y amenazas a sus correligionarios panistas en contra del Gobierno federal, aparecieron en Reynosa, su tierra natal, narcomantas dirigidas a él y su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca, en las que presuntos integrantes del Cártel de Golfo acusan que les dieron “apoyo de millones de pesos, a través del comandante Toro”, para su campaña y se dicen ahora traicionados y atacados por “el grupo de delincuentes del CAIET”, con la amenaza de que “nos veremos pronto por que no se nos olvida nada”. Al Centro de Análisis, Información y Estudios de la Policía de Tamaulipas pertenecen los más de 20 agentes que han sido acusados de haber secuestrado y asesinado, con ejecuciones extrajudiciales, a ocho jóvenes, cuyos cuerpos fueron utilizados para fingir un “montaje” de un presunto enfrentamiento con el crimen organizado, de los cuales sólo siete han sido acusados y son buscados por la procuraduría Estatal.

Mientras tanto en Victoria, Cabeza de Vaca defendía los niveles de seguridad en su estado y aseguraba que en la Federación “les duele” reconocerle el avance en ese tema. “Les duele mucho, cuando el mismo Secretariado Ejecutivo del SNSP les dice que Tamaulipas está en el número 20 y hoy en día está en semáforo verde. Y son sus propios datos, yo no tengo otros datos, son los de ellos”, gritaba. “Cómo les duele cuando les hacemos ver que somos el estado fronterizo más importante, reconocido por propios y extraños, menos por ellos. Cómo les duele cuando les decimos lo que estamos avanzando. Y cuando acabamos de dar a conocer en el más reciente informe de la semana pasada, lo que contribuye Tamaulipas para sostener a la República. Es el segundo estado que da más aportaciones al Gobierno federal, solamente por debajo de la Ciudad de México, 275 mil millones de pesos, eso es lo que vale Tamaulipas, eso es lo que hace para mantener a la República. De cada peso que damos solo nos regresan 14 centavos y esperan que el Gobernador se quede callado, se equivocaron, se los voy a recordar todos los días”, amenazaba.

Por lo pronto, el Gobernador ya convocó a una reunión de los mandatarios panistas en la que pedirán revisar las fórmulas con las que Hacienda y el Gobierno federal asignan las partidas presupuestales y los recursos a cada estado de la República. Está claro que el panista no se va a dejar y que se siente amenazado por las investigaciones federales. La pregunta es qué tanto estará investigando la FGR sobre el crimen organizado y sus vínculos con el Gobierno estatal.
28 Septiembre 2019 04:06:00
En la UNAM sí habrá reelección
Con la convocatoria emitida esta semana, la UNAM se enfila hacia la reelección del rector Enrique Graue. No se ve en estos momentos ningún otro candidato que pueda hacerle sombra y el médico tiene ya el apoyo de todos los grupos de poder, tanto de la burocracia universitaria, como del poder político y gubernamental que, aunque por muy distintas razones, lo ven todos como la “mejor opción” y apuestan por la continuidad en la Rectoría de la máxima casa de estudios.

Tras algunos escarceos y luego de haber sondeado el ambiente, Morena y el Gobierno federal decidieron no apoyar ni impulsar a ningún candidato y le dieron su respaldo a Graue Vilches, porque confían en que, una vez reelecto, el rector les abrirá espacios clave en la Universidad y, al fortalecerse, podrá tomar distancia o incluso romper con su antecesor, José Narro Robles.

Incluso el exrector Narro, con el peso importante que tiene en la Junta de Gobierno, apoya la reelección porque confía en que Graue le va a respetar la red de funcionarios cercanos a él que operan en todos los ámbitos de la vida universitaria. Y la derecha de la UNAM, que representa el exrector José Sarukán, quiere que el rector se reelija porque creen que les garantiza “la defensa de la autonomía universitaria”, y que puede mantener a raya a Morena y al binomio Narro-PRI.

Con todos esos apoyos en la bolsa, todo indica que Enrique Graue conseguirá con facilidad los 15 votos dentro de la Junta de Gobierno y será reelecto, muy posiblemente por unanimidad, para ocupar un segundo periodo como rector. Su problema vendrá cuando tenga que cumplir sus compromisos con grupos tan disímbolos y hasta confrontados. Tendrá que hacer malabares para tener contentos a tirios y troyanos dentro de la UNAM y eso nunca ha sido tarea fácil.


¿Continuidad vs Eficacia?

Si los criterios con los que decidirá la Junta de Gobierno se basan principalmente en las conveniencias y los intereses de los grupos de poder dentro de la Universidad Nacional –con los que Graue ha sido hábil para mantener puentes– eso no significa que la reelección garantice criterios de eficacia y de que el actual rector continuará en el cargo porque cumplió con todo lo que ofreció durante su primer mandato.

El actual rector tiene varios pendientes en los que avanzó muy poco dentro de sus propios compromisos. El primero, y más grave, es el que tiene que ver con la inseguridad y la violencia que padece la comunidad universitaria, no solo en CU, sino en los distintos planteles e instalaciones. El incremento de casos y denuncias por temas de inseguridad se agudizó en los últimos cuatro años y, a pesar de marchas, protestas y de discursos con compromisos públicos tanto de la Rectoría como de las autoridades de la Ciudad de México, los universitarios sufren en sus propios planteles muerte, disparos, violaciones, acoso, robos, amenazas, venta de drogas y otros lastres, todo con un alto grado de impunidad. Los terrenos e instalaciones universitarias no han escapado a la crisis de seguridad que vive la capital y toda la República; la zozobra y el temor son ahora parte del ambiente y el paisaje de la UNAM, ante la ineficacia de las autoridades gubernamentales y universitarias, para bridar seguridad en sus territorios autónomos.

La gobernabilidad y el orden dentro de la Universidad son otro de los pendientes que arrastrará a su reelección el rector Graue. Desde hechos tan particulares como que no haya podido cumplir su promesa de liberar el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, que bajo el nombre impuesto de “Auditorio Ché Guevara”, sigue bajo el control de un puñado de fósiles y delincuentes que cobran derecho de piso a los comerciantes de la zona y vende y trafican todo lo traficable, hasta la presencia de porros y encapuchados que, intermitentemente aparecen en CU para causar destrozos y romper con protestas y reclamos pacíficos de los estudiantes. Aquí se han publicado denuncias de estudiantes universitarios, sobre todo del CCH, que señalan directamente a Jaime Vázquez, alto funcionario de la Secretaría de Atención, como responsable de la operación de grupos porriles y anarcos que son utilizados para azuzar y presionar constantemente lo mismo a las autoridades que a la comunidad universitaria. También en esta columna se ha dado voz a la denuncia de estudiantes del CCH que solicitan la destitución del director general de esos colegios, Benjamín Barajas, a quien señalan como promotor de la inestabilidad y de movimientos inducidos en los distintos planteles universitarios como una forma de presionar y confrontar a las autoridades de la UNAM.

Para cerrar, otro de los pendientes que se autoheredará Graue Vilches es uno, que aunque puede parecer banal le importa mucho a los universitarios: la situación del Club Pumas de futbol, que amén de sus malos resultados futbolísticos durante la rectoría de Graue, se habla en CU de las malas decisiones futbolísticas y empresariales, además de los “manejos turbios” que se atribuyen a Rodrigo Ares de Parga, quien tiene una relación muy cercana con el rector.

Lamentablemente parece que ninguno de esos temas pesarán en la decisión y el voto de los 15 conspicuos integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM que se apresta a iniciar un proceso de selección que ya parece tener, al menos hasta ahora, una definición clara a favor de la reelección del actual rector. Veremos si en el mes y medio que falta para que en la primer quincena de noviembre salga “humo blanco” en Ciudad Universitaria, cambian en algo las condiciones y si surge alguna candidatura que desafíe el alineamiento de las fuerzas y grupos que hoy están a favor de la continuidad. Si eso no ocurre, entonces ya podría adelantarse una felicitación al rector Graue por su casi segura reelección, aunque lo que él mismo se heredará será una “bomba de tiempo” si su segundo periodo resulta como el primero.


¿Rebelión en el PRI?

Fue solo un saludo que no llegó, pero en la escuela de formas y símbolos del viejo régimen, muchos le atribuyeron un significado más grave. El que el Gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, nieto del Grupo Atlacomulco, haya pasado por alto saludar y agradecer al presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno, por su asistencia a su segundo informe de Gobierno el martes en Toluca, desató toda clase de lecturas en la clase priista: desde que Del Mazo marcaba distancia del líder nacional, hasta que había un distanciamiento o una ruptura entre los dos políticos. Porque si por algo se caracteriza la clase política mexiquense, es por ser cuidadosa en extremo de las formas políticas, por lo que muchos no creyeron que se tratara de un simple descuido o un olvido por parte del Mandatario del bastión más importante que le queda al priismo nacional. Lo que empezó siendo casi una especulación, comenzó a cobrar sentido cuando lo ocurrido en Toluca se relacionó con la noticia que, dos días antes, un periódico de la CDMX publicó sobre la existencia de una investigación en la Fiscalía General de la República en contra del dirigente del PRI, Moreno Cárdenas, por un presunto “enriquecimiento ilícito”.

Al principio muchos pensaron que la filtración de dicha investigación federal, a partir de una denuncia del también priista Ulises Ruiz, era un “mensaje” enviado desde la cuarta transformación al líder partidista por temas como su discurso crítico al Gobierno o incluso a la posibilidad de alianzas electorales con el PAN en 2021.

“No nos van a callar…Quienes pretendan dividirnos se encontrarán con un partido fuerte…No permitiremos intimidaciones ni revanchas políticas que busquen silenciarnos”, respondió en Twitter el mismo Moreno Cárdenas, en una clara respuesta al Gobierno federal.

Pero un día después, el lunes, el mismo presidente López Obrador confirmó la existencia de una investigación de la FGR, pero se deslindó de cualquier persecución o mensaje político: “No somos como los anteriores gobiernos que usaban a la Procuraduría para perseguir a los opositores, para fabricarles delitos”, dijo el Presidente. Y entonces, si la filtración de la denuncia no fue del Gobierno, ¿quién quiso golpear al líder priista? Y ahí es donde el asunto toma tintes de un “fuego amigo”, pues según se sabe, fue un personaje cercano a Coahuila el que filtró el documento que habla de la existencia de una carpeta de investigación en la FGR contra Moreno Cárdenas. ¿Será que grupos y liderazgos internos del priismo, incluso aliados, quieren desgastar al actual dirigente y le mandan mensajes lo mismo en la prensa que en los informes de Gobierno? Es pregunta, pero sí mueve las aguas dentro del PRI…

Los dados mandan Escalera doble. Semana completa.
26 Septiembre 2019 04:06:00
Ayotzinapa, el principio del fin
Cinco años se cumplen hoy de uno de los casos judiciales más complejos, viralizados, politizados y emblemáticos de la crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace 13 años. El secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no solo evidenció en su momento la gravedad de la podredumbre, descomposición y colusión entre gobiernos y el crimen organizado, sino que se convirtió en la pesadilla de dolor para decenas de padres que desde entonces claman -igual que otros muchos miles de padres de familias mexicanas- por conocer el cruel destino y el paradero de sus hijos, y representó también, políticamente, el principio del fin del Gobierno y la figura del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Aquella noche triste de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, las balas disparadas por los policías locales que detuvieron los camiones donde viajaban los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, no solo rompieron vidrios, metales y huesos; también hicieron añicos la imagen del “Salvador de México”, Peña Nieto, que apenas seis meses antes aparecía en la portada de la revista estadunidense Time, con una foto de cuerpo entero.

Las imágenes de jóvenes golpeados, heridos, sometidos y apilados en camionetas, que fueron entregados por las autoridades que debían protegerlos a los sicarios de Guerreros Unidos -ante la mirada pasiva y complaciente de militares del Ejército Mexicano-, combinadas con la indolencia y la torpeza de un Gobierno federal que confundió y trató el tema como “un asunto local”, fueron el comienzo de una avalancha política que terminaría arrasando a la administración peñanietista.

Cinco años después, con casi la mitad de los presuntos asesinos materiales acusados y procesados puestos ahora en libertad por jueces extremadamente garantistas, seguimos sin saber quién o quiénes fueron los autores intelectuales de esta masacre. Y seguimos haciéndonos casi las mismas preguntas de hace cinco años: ¿Quién dio la orden de detener, levantar, secuestrar y asesinar a los estudiantes?, ¿Quién es el Patrón al que tanto se refieren en las comunicaciones telefónicas grabadas y transcritas de aquella noche? ¿Qué relación tiene en todo esto el apellido Figueroa, de los caciques históricos de esa región de Guerrero? ¿Cuál fue el motivo real por el que decidieron masacrar y desaparecer a los 43 normalistas? ¿Dónde terminaron sus restos? ¿Qué papel jugó en todo esto el tráfico de goma de opio y heroína desde el sur mexicano a los Estados Unidos? ¿Por qué el Ejército no actuó en defensa de los jóvenes atacados, a pesar de que presenciaron cómo eran perseguidos y heridos varios de ellos? ¿La Policía Federal por qué no actuó al conocer del secuestro masivo?

¿Cuántos de ellos fueron quemados realmente en Cocula y cuántos asesinados en otros lugares?

Si se quiere llegar al fondo, tendrán que empezar por ser realistas con los padres de los normalistas y, sin negarles el derecho a la esperanza, demostrarles de manera fehaciente cómo fue que sus hijos fueron asesinados y sus restos desaparecidos o escondidos en distintos puntos de Iguala.

Lo peor que podría hacer el Gobierno lopezobradorista y el fiscal Gertz es alimentar “falsas esperanzas” y expectativas irrealizables para los doloridos padres y para toda una sociedad. Llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa es un imperativo primero legal y luego moral para cerrar una herida que lleva cinco años abierta y supurando…

Los dados mandan doble serpiente. Descendemos.
25 Septiembre 2019 04:03:00
Los gobernadores, ¿‘fichas de cambio’ en la grilla nacional?
La última vez que el Senado de la República aplicó el Artículo 76 de la Constitución federal para declarar la “desaparición de poderes” en un estado, fue en 1975. Por órdenes del presidente Luis Echeverría Alvarez, la mayoría del PRI destituyó al gobernador de Hidalgo, Manuel Sánchez Vite, quien se había revelado a los designios del centro y pretendía imponer a su sucesor, en contra de los intereses del grupo echeverrista.

El hidalguense fue el último de una lista de 62 gobernadores destituidos a través de esa facultad constitucional del Senado, entre 1917 y 1975, cuando el mecanismo funcionó como una forma de presión y represión para resolver diferencias entre la Federación y los estados, aunque también para apagar revueltas populares, rebeliones y escándalos de corrupción de los mandatarios locales.

De hecho, entre los presidentes que más desaparecieron poderes en su sexenio está el general Lázaro Cárdenas, que removió utilizando el Artículo 76 a cerca de 18 gobernadores por distintas razones. El otro presidente con más gobernadores removidos es Carlos Salinas de Gortari, quien hizo renunciar a cerca de 17, aunque en el caso salinista se trató siempre de remociones extraconstitucionales que se operaban, también por los mismos motivos políticos y de control del centro, casi siempre desde la Secretaría de Gobernación.

Después de 61 años de haberse aplicado sin una Ley reglamentaria, fue el presidente José López Portillo, quien en un intento de tomar distancia del autoritarismo de su antecesor Echeverría, ordenó la aprobación de la ley secundaria del Artículo 76 de la Constitución, en 1978, para imponer cinco requisitos para hacer más difícil la declaración de desaparición de poderes en un estado, en caso de que los titulares de los poderes constitucionales:
1. Quebranten los principios del régimen federal; 2. Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; 3. Estuvieren imposibilitados para el ejercicio de las funciones inherentes a su cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados por ellos mismos, que afecten la vida del estado impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; 4. Prorroguen su permanencia en el cargo fenecido el periodo para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para nombrar a nuevos titulares; y 5. Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas a las fijadas en los Artículos 40 y 115 de la Constitución.

Desde el último caso de Sánchez Vite en 1975, la “desaparición de poderes” solo se ha utilizado como forma de amenaza o de presión política. Hoy que el tema vuelve a ser discutido en el Senado, a raíz de que se presentarán en la última semana tres peticiones formales para aplicar el Artículo 76 en igual número de estados de la República, parece que la utilización de esta facultad constitucional no ha dejado de ser eminentemente política, aunque la novedad ahora es que ya no es la Federación amenazando a los estados, sino que la “desaparición de poderes” se invoca como una forma de resolver reyertas políticas entre partidos y fracciones en el Congreso.

Porque primero fue el PAN el que, la semana pasada, anunció que pediría “desaparecer poderes” en Veracruz para remover al gobernador de Morena, Cuitláhuac García, con el argumento de que violentó la Constitución estatal y federal al ordenar la remoción, con su mayoría en el Congreso local, del titular de un órgano autónomo del estado como era el fiscal Jorge Winckler.

Y la reacción vengativa de los morenistas no se hizo esperar. Ayer, Morena pidió formalmente la destitución no de uno, sino de dos gobernadores de Acción Nacional, al invocar la “desaparición de poderes” en Tamaulipas, donde gobierna Francisco García Cabeza de Vaca, a quien acusan de haber permitido la ejecución extrajudicial de 8 personas para sembrar sus cuerpos en un montaje de un presunto enfrentamiento; y el otro fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, a quien también responsabilizan de una crisis de seguridad, violencia e ingobernabilidad.

Las reacciones no se hicieron esperar y, tanto en los estados gobernados por el PAN, como en Veracruz, han surgido movimientos que defienden el trabajo de sus gobernadores, especialmente en Tamaulipas, en donde la situación de Cabeza de Vaca parece más endeble por la existencia de investigaciones federales sobre las ejecuciones extrajudiciales, que ahora involucrará a la ONU, además de que el Mandatario panista rinde hoy su tercer informe de Gobierno.

Está claro que, al menos hasta ahora, el duelo entre Morena y el PAN en el Senado parece más un tema de “venganzas y reyertas políticas”, enfocadas a la disputa electoral que se viene en 2021, que una intención real de aplicar el Artículo 76 de la Constitución.

Lo que está claro con todo esto es que en los tiempos de la 4T y su presidencialismo revitalizado, los gobernadores realmente se han devaluado en su papel político; porque pasaron de ser virreyes y mirreyes en sus estados y poderosos alfiles en el tablero nacional, para convertirse ahora en simples peones del ajedrez político y en monedas de cambio de la grilla nacional.
24 Septiembre 2019 04:06:00
No pudo con AMLO con poder, ¿podrá sin poder?
La primera vez que Vicente Fox intentó “darle en la madre” al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, tenía consigo todo el poder de la Presidencia de la República. Y, aprovechando las leyes y el respaldo del Poder Judicial, echó a andar el “desafuero”, basado en un desacato del entonces Jefe de Gobierno del DF; el resultado en aquel 2005 es de todos conocido: ni con toda la fuerza de Los Pinos el entonces Presidente pudo frenar al tabasqueño que, lejos de debilitarse con las amenazas de ser desaforado y encarcelado por no haber cumplido un fallo judicial, el embate político-jurídico del foxismo terminó por hacer crecer el proyecto político de López Obrador, ante la idea popular de que era víctima de un embate y un intento para frenarlo desde el poder.

Catorce años después, ya sin el poder, desgastado y dañado en su imagen pública por sus constantes cambios y desvaríos políticos, Fox intenta nuevamente “darle en la madre” al proyecto de Andrés Manuel.

Y el ranchero guanajuatense se propone repetir la hazaña histórica que lo convirtiera en el primer presidente de la alternancia en México; pero esta vez, en vez de “sacar al PRI de los Pinos” –al que después ayudó a meterlo de nuevo con Peña Nieto– ahora dice que su ambiciosa misión será “sacar a AMLO del Palacio Nacional”.

La primera gran duda que surge, además del poco o nulo entusiasmo que despertó en la oposición el soez llamado del expresidente, es si Vicente Fox será capaz de cometer semejante empresa política para frenar el avance de Morena y de un López Obrador, tan popular o más que el que enfrentó en 2005, en los comicios
intermedios de 2021.

No es lo mismo el Fox presidente que encabezó el “Gobierno del cambio”, que cargaba aún con la estrella de haber sido el primer político capaz de “sacar al PRI de Los Pinos”, que el Fox expresidente que no sólo ayudó de nuevo a meter a los priistas a la antigua residencia presidencial, sino que dilapidó su enorme capital político en los tres lustros desde que terminó su Gobierno.

Porque si con todo el poder de la Presidencia, aún en el último año de su sexenio y con el desgaste de no haber concretado los grandes cambios, ni haber desmantelado el viejo sistema priista con el que prefirió convivir y coexistir, Fox no pudo frenar ni detener el avance del lopezobradorismo y terminó, involuntariamente ayudándolo a fortalecerse, hoy se ve muy difícil, casi imposible, que al guanajuatense le alcance su desgastado liderazgo para unificar a una oposición dividida, fracturada y sumida en sus crisis internas.

En ese sentido parece muy arriesgada la apuesta del PAN y de su dirigente Marko Cortés, de confiarle al expresidente que renegó del panismo y que apoyó abiertamente al PRI, una empresa tan estratégica y necesaria para Acción Nacional, como es convocar a una gran alianza opositora en 2021, que pueda enfrentar y evitar que la hegemonía de Morena y el efecto político de los programas sociales de López Obrador arrasen con la elección de diputados federales y se lleven la mayoría absoluta en la próxima Legislatura.

Un bloque opositor en los comicios intermedios es casi un tema de supervivencia para el PAN y para el resto de las fuerzas opositoras, ¿en serio lo dejarán en manos de una figura como Vicente Fox?

23 Septiembre 2019 04:07:00
Cuauhtémoc y la crisis de gobernabilidad en Morelos
Después de la reciente visita de Cuauhtémoc Blanco a Palacio Nacional, en la que el Gobernador de Morelos se quejó amargamente por la falta de apoyo federal a su estado y hasta amenazó con dejar el cargo, el presidente Andrés Manuel planteó el tema de qué hacer con la entidad morelense y con el gobernador en una reunión de su gabinete de seguridad.

Las cifras y el diagnóstico que le presentaron hablaba de un estado con serios problemas no solo de seguridad, sino también de gobernabilidad, ante la debilidad e impericia del Mandatario y la existencia de varios grupos que se disputan el control del Gobierno estatal.

Fue tan duro el diagnóstico que le presentaron al Presidente, que uno de sus secretarios planteó incluso la posibilidad de tomarle la palabra al Gobernador y buscar un proceso constitucional para aceptar su licencia y dar paso a una sustitución constitucional, aunque según la Constitución morelense, al no cumplirse aún los primeros tres años del mandato, el sustituto tendría que convocar a elecciones.

Pero la propuesta fue atajada de inmediato por el Presidente con un argumento que dejó claro que, más que la permanencia de Cuauhtémoc Blanco, lo que preocupa en estos momentos en Palacio es el efecto político que tendría su salida: “No podemos mover a Cuauhtémoc porque eso llevaría a que también salga Cuitláhuac de Veracruz”, se dijo en esa reunión, ante lo cual el tema se cerró y la instrucción fue “enviar toda la ayuda necesaria a Morelos”.

El problema para los morelenses no es sólo la inexperiencia y falta de oficio político de Cuauhtémoc Blanco Bravo, sino la indebida intromisión de su medio hermano Ulises Bravo Molina en asuntos públicos.

Sin tener ningún cargo que lo justifique, el medio hermano del Gobernador está generando una grave crisis en los poderes estatales, que puede conducir a un clima de ingobernabilidad.

Hay de hecho una fuerte pugna en el Gobierno en el que se reconocen dos grupos: la llamada “Banda de los Güeros” integrada por el jefe de la Oficina del Gobernador, José Manuel Sanz Rivera; el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Aureliano Mercado; el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, y el director de Comunicación Social, Alexander Ismael Piza Metcalfe.

En el otro grupo, el que encabeza el medio hermano, Ulises Bravo, destacan el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, excolaborador cercano del exgobernador preso de Veracruz Javier Duarte; el director del IEBEM, Eliasin Salgado de la Paz, así como el director general de Procesos para la Adjudicación de Contratos, el exfutbolista Efrén Hernández Mondragón, quien, según se menciona entre proveedores del Gobierno estatal, pide 20% del importe de las adjudicaciones, para entregárselas al jefe del grupo.

Mientras esto ocurre, Morelos se ubica como uno de los estados más violentos del país, con un homicidio violento cada siete horas en promedio, una entidad de alto riesgo para las mujeres, sin un proyecto consistente de desarrollo económico que impacte en la generación de empleos, en el apoyo al campo, el impulso a actividades productivas o la instalación de nuevas industrias.

En suma, con un gobernador que no gobierna, un Gabinete en pugna y la actuación irregular de familiares y allegados a Cuauhtémoc Blanco, en Morelos no solo no hay gobierno, sino que la ingobernabilida

21 Septiembre 2019 04:08:00
Una fiesta, una grabación y una llamada
Aquella cálida tarde del 18 de mayo de 2019, en el venue de Jajalpa, nadie de los encumbrados invitados del abogado Juan Collado, que celebraba la boda de su hija, se imaginó que aquella fiesta sería el principio del fin para muchos de los que estuvieron presentes.

Fue una reunión de la élite del poder del sexenio pasado en la que, en torno a la figura del abogado que los defendía a muchos de ellos, se reunieron expresidentes, ministros de la Corte, líderes sindicales, gobernadores, congresistas, juristas y toda una pléyade de poderosos que ignoraban el efecto político que aquella reunión tendría para muchos de ellos.

Porque al calor de los brindis y la celebración, cantando canciones de Julio Iglesias, nadie se percató de que había invitados que se dedicaron a grabar no solo la fiesta, sino algunas de las conversaciones sobre temas políticos que se escuchaban en aquella lujosa olla de grillos. Y no faltaron los que, sintiéndose en confianza, se sinceraron y comenzaron a despotricar sobre el nuevo Gobierno, el Presidente y su llamada “Cuarta Transformación”.

Hubo desde críticas lapidarias y comentarios soeces, hasta burlas a la nueva clase gobernante del país y a su líder, todas en voz de algunos personajes del pasado Gobierno, pero también de otros que aún ocupan posiciones importantes en la vida pública.

No pasó mucho de aquel sábado para que algunas de las grabaciones de la fiesta de Juan Collado llegaran hasta el Palacio Nacional y fueran escuchadas con atención en los despachos del poder presidencial. Algunos de los videos incluso se filtraron a la prensa el mismo lunes 20 de mayo y comenzaron a volverse virales en las redes sociales.

Las reacciones políticas y mediáticas no se hicieron esperar. El grupo reunido en aquella boda fue identificado por la gente como la “Mafia del poder” y los comentarios de cómo muchos de ellos celebraban tan campantes, mientras el presidente López Obrador decía que estaba “acabando con la corrupción y con los corruptos”, calaron fuerte en el Gobierno, que comenzó también a reaccionar no solo a aquel encuentro, sino a lo que ahí se dijo en privado, pero sobre todo al mensaje que, a querer o no, mandó la vieja élite, desplazada del poder, a los nuevos gobernantes.

La llamada a Peña
Muchas cosas se activaron después de aquella fiesta. Una de ellas, un mensaje personal del presidente López Obrador a su antecesor Enrique Peña Nieto, con quien hasta ese momento el actual mandatario había sido más que cuidadoso, al grado de que evitaba siempre mencionarlo cuando hablaba de temas de corrupción del Gobierno pasado, lo que alentaba versiones de un presunto “pacto de impunidad” con el expresidente.

A través de una llamada telefónica que salió de una oficina jurídica del Palacio Nacional, el importante mensajero transmitió fiel y comedidamente el mensaje a Peña: “El Presidente le pide, de la forma más atenta y respetuosa, que cuide su perfil, que lo baje y no se exponga”.

Pero la respuesta del mexiquense, lejos de corresponder a la cortesía política, fue seca y cortante: “¿O sea que para no molestar al Presidente yo tengo que abandonar mi vida social? Pues dígale al Presidente que tomo nota”. Y colgó.

No se sabe si Peña Nieto realmente tomó nota, pero lo que sí es evidente –por su comportamiento posterior y sus constantes apariciones en imágenes y actividades en público con su nueva pareja sentimental– es que no tomó muy en serio el consejo que le mandó el Presidente a través de un mensajero de todas sus confianzas.

Quizás el expresidente fue el único de los asistentes de aquella fiesta al que le corrieron la atención de hacerle una cortés llamada. Porque a otros, empezando por el anfitrión Juan Collado, los avisos le llegaron con formas mucho más rudas: primero de una investigación a sus cuentas bancarias y a sus negocios financieros, que lo llevó incluso a salir del país por el temor a ser detenido, y casi dos meses después de la lujosa boda de su hija, en forma de una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que desde el 10 de julio pasado lo tienen preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, junto con algunos de sus socios detenidos el pasado 9 de septiembre en San Luis Potosí.

Otra de las asistentes a esa fiesta fue Rosario Robles, a quien el 29 de julio le activaron también un citatorio para que declarara sobre el expediente judicial, abierto desde el sexenio pasado, por los desvíos millonarios de la llamada “Estafa Maestra” en Sedesol y Sedatu.

A pesar de que ella se presentó a declarar voluntariamente una semana después, el 8 de agosto, en su segunda audiencia en la que le informarían de su vinculación a proceso por el delito de omisión que no ameritaba prisión preventiva, el 13 de agosto el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, decidió consignarla penalmente y ordenó en su contra la prisión preventiva, a petición de la Fiscalía General de la República, en el Penal femenil de Santa Martha, donde se encuentra recluida desde entonces y en la que amenazan con sumarle nuevas acusaciones.

Al ministro Eduardo Medina Mora, que fue uno de los tres ministros de la Corte que asistieron a la fiesta de Collado –junto con el expresidente Luis María Aguilar y el ministro Jorge Pardo Rebolledo– le documentaron semanas después de aquel evento, transferencias millonarias a cuentas del Reino Unido y de los Estados Unidos, en una investigación que fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que corroboró que “recibimos información del Gobierno de Estados Unidos” sobre los movimientos financieros del ministro, además de que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, también confirmó la existencia de una investigación en contra de Medina Mora a petición del Senado de la República.

Muchos otros de los asistentes a aquella boda han tenido que bajar el perfil para no hacer mucho ruido. A otros, como a Peña Nieto, les mandan constantemente mensajes en las investigaciones por corrupción en su sexenio, donde su nombre aparece referido y señalado. ¿A cuántos más de los que departían alegremente aquella tarde de mayo y hablaban de más, veremos involucrados en investigaciones, acusaciones o incluso órdenes de aprehensión?

Notas indiscretas…
A raíz de un video que circuló en redes sociales, donde él mismo anuncia que a partir de enero próximo comenzarán “las elecciones por voto directo y secreto en los comités seccionales de todo el país”, el dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda, aclaró que él no se va de la Secretaría General del Sindicato y que lo que se va a elegir el próximo año son solo los secretarios de los 60 comités seccionales, comenzando por 26 secciones que acudirán a votar entre enero y marzo de 2020.

En el caso de su cargo de secretario general, Cepeda aclara que no habrá todavía proceso de elección, pues él fue electo para el cargo en 2018 y su gestión dura hasta el 2024. Entre las secciones no se sabe aún si lo harán por voto directo y secreto, tal como mandata la nueva ley laboral, porque hay resistencias de la Coordinadora a abrir sus procesos a una votación directa, con el argumento de que sus líderes ya fueron electos en “asambleas democráticas”.

Eso sí, reiteró el maestro Cepeda Salas, para la elección de un nuevo dirigente nacional del sindicato magisterial “aún falta” y él seguirá al frente del magisterio. Al menos hasta que no haya otra señal…

Algo raro pasa en la ya casi extinta Policía Federal que se estará quedando sin policías, pero lo que no se acaba es la corrupción. Al menos es lo que señalan dos proveedores que habían ganado una licitación de la PF en marzo pasado para abastecerla de neumáticos, tras haber presentado la mejor propuesta.

Pero extrañamente la Dirección General de Recursos Materiales comandada por Raúl Alejandro González Delgado, por medio de la Dirección de Adquisiciones a cargo de Luis Martín Rosas Navarrete, pretenden ahora anularles a la mala la licitación ganada, cuando ya estaban a punto de firmar el contrato.

El argumento para cancelar una licitación ya resuelta legalmente, es que los proveedores adjudicados “nunca se presentaron a firmar el contrato respectivo”, cuando a ambos proveedores les negaron el acceso, con todo la intención de declarar su supuesta ausencia y favorecer a quien perdió la licitación.

Parece que la escoba de la corrupción no ha llegado a esa área de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a juzgar por la actitud de estos funcionarios.

Los dados mandan Escalera doble.

Semana redonda.
19 Septiembre 2019 04:02:00
Los desfiguros de Peña Nieto
A un personaje de la vieja guardia le escuché en una ocasión comentar que cuando un político termina un cargo para el que fue electo o es destituido de alguna posición, lo mejor que podría hacer, para su salud mental y política, era seguir el ejemplo del águila calva de Norteamérica y ocultarse del ojo público por una temporada. Explicaba que las majestuosas águilas de cabeza blanca, que habitan en el Norte de México y principalmente en territorio de Estados Unidos, viven hasta 70 años, pero para poder llegar hasta esa edad tienen que enfrentar un difícil proceso de cambio cuando se acercan a los 40 años.

Justo a las cuatro décadas de vida, las águilas calvas experimentan cambios físicos que las obligan a tomar una dolorosa decisión: sus uñas se vuelven flexibles y demasiado apretadas, por lo que les es muy difícil atrapar y sostener a sus presas; su pico crece tanto que se curva hacia su pecho. Sus plumas envejecen y hacen que sus alas se vuelvan más pesadas, lo que les dificulta la capacidad de volar y planear en el aire. En ese momento, el águila se enfrenta a una disyuntiva: morir, porque ya no puede cazar para alimentarse, u ocultarse durante 150 días en los riscos más altos de la montaña para pasar por un doloroso proceso de renovación. En ese tiempo, oculta en un nido cercano a un paredón, el águila empieza a golpear su pico contra la pared de rocas hasta que consigue que se le desprenda y le comience a salir uno nuevo. Una vez que el pico nuevo crezca, con él se arrancará una a una las uñas de sus talones para dar paso al nacimiento de nuevas uñas; cuando estas le crezcan lo suficiente, empezará a desplumarse ella misma, arrancándose las plumas viejas y pesadas, y solo cuando le hayan salido otras nuevas, exactamente a los 5 meses o 150 días de su ocultamiento, podrá salir de su escondite para emprender el vuelo de renovación, con el que celebra que podrá vivir al menos 30 años más, hasta cumplir el promedio de 70 años.

La anécdota que contó aquel político y que después supe también utilizan algunos sicólogos y motivadores profesionales como un ejemplo de superación y crecimiento que nos pone la naturaleza, viene a cuento por el caso de Enrique Peña Nieto. Muy lejos de la sabiduría del águila calva y de su ejemplo que suelen seguir otros políticos no solo en México sino en el mundo, el exmandatario mexiquense no esperó ni siquiera un mes antes de salir nuevamente a la escena pública, de la manera más frívola y escandalosa, con la noticia de un supuesto “nuevo amorío” con la modelo mexicana Tania Ruiz, con la que se dejó ver públicamente, a poco más de un mes de dejar la Presidencia de la República.

Desde entonces el escándalo ha perseguido al exmandatario. Primero fue su costoso divorcio con Angélica Rivera, quien ofendida le exigió millonarias prestaciones y pagos.

En realidad el romance de Peña no era nuevo, pero se manejó en la total secrecía para evitar un escándalo en la Presidencia y mantener las apariencias de su matrimonio con Rivera. Y a partir de que esta hizo público el divorcio entre ambos, los desfiguros de un Peña Nieto que se sintió libre fueron en aumento. Con el pico totalmente encorvado y las uñas inservibles, el mexiquense, lejos de esconderse en su exilio de Madrid, se dedicó a pasear por Europa al lado de su joven novia.

Hoy, como muy pocos expresidentes de México -quizás solo comparado con el penoso caso de Vicente Fox- Peña Nieto no cumple aún un año fuera del poder y su nombre no solo se ha vuelto sinónimo de escándalo y desprestigio, sino que constantemente aparece mencionado en investigaciones por corrupción y hasta en procesos penales de exsecretarios de su gabinete y exgobernadores amigos suyos que están en la cárcel o prófugos de la justicia. Al paso que va, ahora usando pelucas y disfraces para ocultarse de la gente y de los paparazzi en un lujoso restaurante de Nueva York, Enrique Peña Nieto no podrá nunca levantar el vuelo de renovación. Y si se llega a guardar, no será para cambiar de plumaje y alargar su vida política, sino en la sombra de una solitaria y fría celda.
18 Septiembre 2019 04:06:00
Cuauhtémoc y Cuitláhuac, dos gobernantes fallidos
Como si en la etimología náhuatl de sus nombres estuviera marcado su destino, Cuauhtémoc Blanco, que significa “águila que cae”, y Cuitláhuac García, “águila en el agua”, los gobernadores de Morelos y Veracruz que llegaron al poder de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y su 4T, hoy están envueltos en rumores y amenazas de caídas y de juicios políticos debido a su ineficacia y su incapacidad para gobernar y controlar la inseguridad y la violencia en sus respectivos estados.

De un lado Cuauhtémoc, quien -según versiones que le confiaron sus propios colaboradores cercanos a la periodista Martha Anaya- estuvo a punto de “tirar la toalla” y fue a Palacio Nacional a ver al presidente López Obrador para plantearle su dimisión al cargo. El Mandatario morelense, quien ayer salió a negar en conferencia y en mensajes en redes sociales su intención de pedir licencia al cargo, se queja de que no tiene apoyo del Gobierno federal, algo que él ha pedido en reiteradas ocasiones ante los hechos de violencia cada vez más graves en su estado.

No es la primera vez que el exseleccionado nacional confiesa su incapacidad para garantizar la seguridad y la gobernabilidad de su estado. Lo dijo el 8 de mayo cuando en plena Plaza de Armas de Cuernavaca asesinaron de varios disparos a quemarropa al empresario Jesús García, líder de comerciantes en la entidad, y lo repitió el 2 de septiembre cuando sicarios abrieron fuego en plena central de autobuses de la capital morelense. “Necesitamos del apoyo del Gobierno federal, nosotros no podemos solos”.

Por lo que se refiere a Cuitláhuac García, el morenista al que en menos de cuatro meses le asesinaron en dos cruentas masacres a 43 personas, la primera en abril en Minatitlán y la segunda en Coatzacoalcos en agosto pasado, las constantes defensas y espaldarazos abiertos del Presidente no han logrado revertir la imagen de un Gobernador completamente rebasado por la inseguridad y la violencia.

Cuitláhuac -que literalmente parece un águila que hace agua- enfrenta ahora una demanda de juicio político del PAN, encabezada por el senador Julen Rementería, en la que lo acusan de ser responsable de “la espiral de violencia e inseguridad y de la crisis política que se vive en su estado”. En respuesta, el Mandatario, al que una y otra vez ha tenido que acudir en su rescate el presidente López Obrador, dice, muy seguro de la protección federal de la que goza: “Que lo intenten, son libres… no me voy a amparar, y ellos están en su derecho. Qué bueno que vigilen a los gobernantes, no soy (Miguel Ángel) Yunes, ni (Javier) Duarte, no tengo cola que me pisen, soy académico, soy maestro, y estamos haciendo bien las cosas”.

Uno por académico y el otro por futbolista, pero en los hechos, ni Cuauhtémoc Blanco ni Cuitláhuac García demuestran la capacidad de gobernar sus estados y de garantizar la seguridad. De no ser por el apoyo que tienen desde Palacio Nacional o de que controlan a las mayorías en sus Congresos locales, estos dos gobernantes ya hubieran corrido la suerte de los dos tlatoanis aztecas, el penúltimo y el último de los que gobernaron a Tenochtitlán, y en cuyos reinados sucumbió el gran imperio mexica, superados por las armas de sus enemigos, pero también por sus yerros, su ingenuidad y su dubitativa forma de ejercer el poder que les fue conferido.
17 Septiembre 2019 04:07:00
Grito republicano con mitin político
El primer Grito de Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió rigurosamente con todos los protocolos políticos y republicanos. Muy bien pronunciada y mejor estructurada, la proclama independentista en voz del Presidente alejó los fantasmas de sectarismo, polarización y división y mostró a un Mandatario que, muy lejos de su discurso diario de las mañaneras o sus giras por la República, entendió que sí hay algo que nos une a todos los mexicanos, por encima de signos y colores políticos o de visiones distintas y confrontadas del país, eso es la celebración de nuestra identidad e independencia de la Patria.

Hay quienes, incluso entre los más críticos del Presidente, vieron en la forma en que gritó la noche del 15 de septiembre, un punto de partida que el mismo López Obrador podría utilizar para superar divisionismos y confrontaciones entre mexicanos; para dar paso a un discurso más incluyente y conciliador y que promueva más las coincidencias que atizar las diferencias y estigmatizar las disidencias.

Llamar a los mexicanos a celebrar y exaltar no sólo a su independencia, libertad y a los héroes por todos venerados y conocidos, sino también a la democracia, a la soberanía, a las comunidades indígenas, a la insatisfecha aspiración de justicia o a la paz inexistente aún para muchos mexicanos, además de resaltar la “grandeza cultural” de México y a los “héroes anónimos”, fue una forma de recordar, tanto a sus seguidores como a sus críticos o a los que no se ubican de uno u otro lado, que por encima de las muchas diferencias y diversidades políticas, sociales, económicas, raciales, religiosas o sexuales, hay anhelos y aspiraciones mucho más grandes que esas diferencias que nos unifican, nos incluyen y nos hermanan a todos los mexicanos.

Ese fue el gran acierto del primer Grito de López Obrador. Quizá como no lo había logrado desde su primer discurso como ganador de la elección presidencial, la noche del 1 de julio, el tabasqueño volvió a hablarle a todos los mexicanos, sin distingos, sin ideologías y sin ponerles etiquetas de “fifís”, “conservadores” o “chairos”. Incluso en el hecho de aparecer solo en el balcón, acompañado apenas de su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller, el Presidente también quiso distinguirse y distanciarse de desplantes o excesos familiares que eran comunes en esas ceremonias.

En donde no se observó esa misma sobriedad ni el mismo ánimo conciliatorio fue en aglomeración humana que abarrotó la plancha del zócalo. Producto del entusiasmo y la curiosidad que despertaba el primer Grito de un Presidente tan popular, la Plaza de la Constitución se llenó a su máxima capacidad y, fuera de manera planeada o espontánea, aquello derivó en una enorme concentración de personas en las que, la fiesta popular y patriótica se mezclaba claramente con el mitin político.

Desde las consignas cantadas a capela por la gran voz de Eugenia León, que volvieron canción una apología de la Cuarta Transformación, hasta los gritos que se repetían con furor antes y después de la aparición del presidente en el balcón central del Palacio: “!Sí se pudo, sí se pudo!” o “es un honor, estar con Obrador”, se volvía difícil distinguir la celebración netamente popular y la festividad patriótica (o patriotera, según se vea) de la arenga política y el fervor y culto al personaje que portaba la banda presidencial.

Al final las dos cosas fueron claramente perceptibles para todos, tanto los cientos de miles ahí presentes en el Zócalo, como para los millones que seguimos la ceremonia del Grito por la televisión. Uno y otro mensaje tienen su motivo y su sentido: el grito unificador y conciliador del Presidente, y el apoyo político y popular que se expresó al líder social que sigue siendo el Presidente. Pero si hubiera que escoger en este preciso momento cuál de los dos mensajes le sirve más al país y quizás al mismo Presidente, sin duda nos quedamos con el llamado a la unión y a la conciliación que se escuchó desde el balcón central del Palacio. A nadie sirve ni conviene seguir atizando diferencias cuando se viven tiempos tan inciertos, aciagos y complicados para la Patria.
16 Septiembre 2019 04:02:00
Morena en Jalisco: sale Lomelí ¿entra Lemus?
Después de la caída estrepitosa del superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí –ahora además de despedido también vetado con sus empresas farmacéuticas en el Gobierno federal– Morena y la 4T han comenzado a buscar nuevos prospectos para la estratégica entidad jalisciense, con miras primero a los comicios de 2021 y luego a la renovación de la gubernatura en 2024.

Y en lo que parece ser la respuesta al intento del gobernador Enrique Alfaro por construir un “bloque de oposición” que enfrente a la hegemonía morenista en los comicios intermedios por la Cámara, ahora desde el partido gobernante buscan fracturar a Movimiento Ciudadano en el estado donde es más fuerte. Desde Morena han puesto en marcha una sigilosa operación para arrebatarle Jalisco al rijoso gobernador emecista y estarían hablando con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, aliado desde hace casi cinco años de Enrique Alfaro, para convencerlo de empezar una mudanza silenciosa, pero efectiva a las filas de la cuarta trasnformación.

El expresidente de Coparmex Jalisco ha tenido reuniones por separado con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo (su padrino político), con la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polenvsky, y con Gabriel García, el coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo y jefe de los delegados en los estados.

Pablo Lemus le había pedido a Enrique Alfaro sucederle en la gubernatura, pero lo habría rechazado pues su alfil es el joven senador Clemente Castañeda, el gerente que puso al frente de la dirigencia del MC. Un indicio de que el Alcalde prepara un salto a Morena es la posición que tomó en el asunto de las Villas Panamericanas. Alfaro ordenó venderlas en un acuerdo con Lemus, pero éste último lo traicionó y usó el tema de pretexto para romper públicamente con el Gobernador al prohibir los permisos para su habitabilidad.

La trama es simple, Lemus se iría a Morena como candidato a la capital del estado en 2021 y como candidato a gobernador en 2024. Con este movimiento Lemus le daría además la puntilla a Lomelí y pondría a prueba su popularidad contra un debilitado Enrique Alfaro.

Y es que en la lectura de la 4T, Movimiento Ciudadano está muy frágil en Jalisco. Tras las elecciones federales de 2018 apenas pudo conservar su registro al haber obtenido en el cómputo final porcentajes mínimos con un 4.41% de votos en la elección para diputados federales y 4.68% para senadores.

Además, el tema de la seguridad le está haciendo crisis al gobernador emecista Enrique Alfaro.

Otro elemento es la pérdida de popularidad del Gobernador, quien mantiene una tendencia decreciente en sus niveles de aprobación en el estado.

En Jalisco se libra entonces una lucha estratégica con miras a 2021: de un lado Enrique Alfro intentando liderar una gran alianza de partidos de oposición que formen un “bloque opositor” para enfrentar a Morena y a López Obrador en 2021, y del otro lado, Morena buscando sustituir el extraviado liderazgo de Lomelí, con un nuevo prospecto para el 2024 en la persona del actual alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, con lo que de paso le asestarían un golpe a Alfaro y a MC en el estado. Veremos a quién le sale mejor la operación.
12 Septiembre 2019 04:06:00
¿Autoatentados y montajes en Tamaulipas?
En el Gobierno federal han iniciado una investigación, a través de sus órganos de inteligencia y de seguridad, para acreditar si algunos hechos de violencia reportados recientemente en Tamaulipas y comunicados oficialmente por el Gobierno del Estado realmente ocurrieron o si se trató de montajes, autoatentados o incluso de “ejecuciones extrajudiciales”, tal como ya lo han denunciado organizaciones civiles como el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y como lo investiga también la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fuentes federales confirmaron que la investigación iniciada en al menos dos áreas de seguridad federal, se refiere al supuesto enfrentamiento reportado el 9 de septiembre por la mañana, en la colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo, y en donde según el parte oficial de la policía estatal se enfrentaron agentes del estado contra delincuentes, en la confluencia de las calles 7 y 10, y producto de ese tiroteo hubo ocho presuntos integrantes del cártel del Noreste asesinados, cuyos cuerpos se encontraron en una camioneta blindada en el lugar. Ese “enfrentamiento”, junto con un tiroteo ocurrido ese mismo día en contra de la Torre Bicentenario en Ciudad Victoria, que alberga oficinas del Gobierno estatal, son parte de lo que se investiga, pues se tienen serias dudas y hasta denuncias ya documentadas de que se trató de “actos falseados” por las autoridades estatales.

La hipótesis que indagan las autoridades de inteligencia federal es si, en ambos casos, se trató de “montajes” orquestados por el Gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca, con el objetivo de ejercer presión política y mediática para que la Federación autorizara el envío de la Guardia Nacional a Tamaulipas. Casualmente, dicen las fuentes consultadas, los dos hechos ocurrieron en los días previos (uno el 1 de septiembre y otro el 5 de septiembre) al arribo a la entidad del presidente López Obrador, que realizó una gira de trabajo el sábado 7 de septiembre. El objetivo de “simular” estos enfrentamientos y atentados violentos, tanto en Nuevo Laredo como en Ciudad Victoria, habría sido, dicen funcionarios de inteligencia federal, “crear un clima de inseguridad y violencia latente en el estado para ejercer presión política y mediática para que el Presidente ordene el envío de la Guardia Nacional al territorio de Tamaulipas”.

Parte de lo que sustentan las sospechas federales de que desde el Gobierno federal se hayan “montado” estos y otros hechos violentos, son las declaraciones constantes que el gobernador Cabeza de Vaca ha realizado sobre el tema. Desde que el 27 de agosto, el Mandatario panista solicitó una cita con el presidente López Obrador para tratar el tema de seguridad en su estado, la cual no le fue concedida, ha habido varias menciones del Gobernador en las que culpa directamente a la Federación de la inseguridad en su estado y, al mismo tiempo que acusa que “no está asumiendo su responsabilidad” en la prevención y persecución de varios delitos federales, “solicita y exige el envío de la Guardia Nacional al territorio estatal”.

“Estoy solicitando una cita con el Presidente @lopezobrador. No veo respaldo de las instituciones federales de seguridad para enfrentar al crimen organizado en #Tamaulipas, son los policías estatales quienes los están combatiendo”, dijo en un tuit Cabeza de Vaca el 27 de agosto.

Además de la indagatoria federal sobre los hechos recientes de violencia en Tamaulipas, el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) documentó ya que en el caso del supuesto enfrentamiento del 5 de septiembre en la colonia Valles Anáhuac, los ocho presuntos sicarios del cártel del Noreste, que murieron al enfrentarse a policías estatales, fueron en realidad varios habitantes de colonias aledañas de la ciudad fronteriza que fueron asesinados en una “ejecución extrajudicial” por los mismos policías del Estado, que sembraron sus cuerpos, a los que vistieron con uniformes tipo militar y los colocaron en una camioneta blindada y baleada que, según el testimonio del conductor de una grúa, fue arrastrada desde otra colonia y sembrada también en la escena del enfrentamiento montado en las calles 7 y 10 para colocar a bordo los cuerpos de cinco hombres y tres mujeres, varios de ellos jóvenes que previamente fueron sacados por la fuerza de sus domicilios y sin orden judicial de por medio, por los mismos agentes estatales que los ejecutaron y los hicieron aparecer como presuntos sicarios del crimen organizado.

La denuncia del CDHNL ya es investigada también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso por la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. Ese hecho, junto con el tiroteo contra la Torre Bicentenario en Victoria, que habría sido baleada también por policías estatales para simular un atentado, son parte de lo que documenta e investigan en al menos dos áreas de inteligencia federal para saber si todo fue un montaje ordenado por Cabeza de Vaca para acusar al Gobierno federal de no asumir su responsabilidad ante la violencia en su estado y forzar el envío de la Guardia Nacional. ¿Serán capaces en un Gobierno estatal de incluso matar a jóvenes hombres y mujeres para simular enfrentamientos con motivos de presión política? Sería gravísimo. Veremos qué arrojan no solo las investigaciones de Derechos Humanos, sino la del Gobierno federal y si hay responsabilidades en delitos tan graves… Los dados repiten Serpiente. Caída libre.
11 Septiembre 2019 04:04:00
La carrera por Morena y la ventaja de Mario
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le sugirió a su partido que dejaran de pelearse por la dirigencia nacional y que utilizaran el método de las encuestas para definir quién debía ser el nuevo presidente de Morena, la “sugerencia” fue tomada, literalmente, como una orden, como la “línea” que durante los últimos meses el líder real del partido gobernante no había querido dar, al decidir ausentarse de la vida y las decisiones internas de su partido.

Con su “recomendación”, que fue acatada de inmediato como método oficial para definir quién dirigirá los destinos del partido oficial con miras a las elecciones intermedias de 2021, López Obrador buscaba dos efectos específicos: el primero, poner orden ante el desgarriate y las pugnas desatadas entre grupos morenistas por la sucesión partidista, y el segundo, cortar de tajo y neutralizar una operación puesta en marcha, desde su gabinete, para que la estructura de “servidores de la nación”, los delegados estatales de Programas federales y hasta el Censo del Bienestar con un millón de beneficiarios de programas sociales, se pusieran al servicio de una de las candidatas a la dirigencia nacional, según denuncia que otros aspirantes hicieron en contra de Gabriel García Hernández, coordinador de Programas de la Presidencia, a quien acusaron de “dar línea” a los superdelegados para apoyar a Bertha Luján.

Como el Presidente no quería denuncias de uso de recursos públicos en la contienda interna de Morena, justo cuando él mismo impulsó y apoyó la ley que castiga con cárcel a quien desvíe programas y fondos gubernamentales en elecciones, tenía que ser congruente y no exponerse a que fueran los de su partido quienes violentaran esa ley y se expusieran a las sanciones. Por eso optó por el mismo método que a él le ha funcionado muy bien desde que fundó y dirigió Morena.

El tema es que al decidirse por las encuestas, en Morena casi automáticamente se inclinó la balanza a favor de uno de los candidatos, el diputado Mario Delgado, que es, al menos en el arranque, el aspirante más conocido y por lo tanto el que aparece con ventaja en los primeros sondeos. La única que se acerca al nivel de conocimiento de Delgado es la actual dirigente Yeidckol Polenvsky, quien buscaría continuar por otro periodo en la presidencia morenista, a partir del argumento de que ella nunca fue electa como presidenta, sino como secretaria general que terminó haciendo las funciones de la presidencia, aunque de cualquier modo los estatutos permiten la reelección en el cargo.

Pero la que sí se vio afectada, al menos de inicio, por el método de las encuestas, es Bertha Luján, actual presidenta del Consejo Nacional de Morena, y a quien muchos ubicaban como “la más cercana” a los ánimos del presidente López Obrador.

La ventaja preliminar que mantiene Mario Delgado significa políticamente que los grupos más moderados podrían avanzar en el control de Morena, por la cercanía que el actual presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro mantiene con el canciller Marcelo Ebrard y su ya conocida alianza también con el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal.

Así que queda mes y medio para que los aspirantes, una vez que inicie formalmente el proceso, se muevan para tratar de crecer en las encuestas y ganar la presidencia del partido gobernante, con miras a los dos retos que enfrenta: ganar el estratégico 2021 y ratificar su hegemonía política en el Congreso y en las gubernaturas, y lograr institucionalizar y civilizar su movimiento, antes de que las pugnas y pleitos de poder entre sus grupos dinamiten al partido gobernante y éste “se eche a perder”, con la amenaza de renuncia que ya les hizo públicamente el presidente López Obrador.
10 Septiembre 2019 04:06:00
Quieren armar el ‘bloque opositor’ para 2021
Arrollados en la elección presidencial de 2018, divididos por pugnas de sus grupos internos y copados por la nueva hegemonía de Morena y por la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, que los ve “moralmente derrotados”, los partidos de oposición en México están buscando negociar una “gran alianza electoral” para las elecciones intermedias de 2021. Lo que pretenden -y para lo que ya iniciaron los primeros contactos a nivel de cúpulas y dirigencias- es ir juntos en una coalición que represente a un “bloque opositor” sólido y con candidaturas fuertes que enfrente a la ola lopezobradorista en las votaciones para la Cámara de Diputados federal y 13 gubernaturas estatales que se renuevan ese año.

El principal objetivo que se propone la coalición es evitar que Morena vuelva a obtener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que, a decir de los promotores del bloque, es fundamental para que la oposición en su conjunto pueda generar un contrapeso efectivo al dominio hegemónico del presidente López Obrador y su partido político.

Una de las figuras centrales que busca negociar la formación del bloque opositor es el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, que se propone invitar al PAN a ir juntos a la contienda por la Cámara de Diputados. Si esas dos fuerzas se pusieran de acuerdo buscarían incluir a otros partidos como el PRI, el PRD y hasta algunas opciones locales.

La fórmula que se trabaja con miras a ganar el mayor número de posiciones en San Lázaro, es que cada partido presente un análisis real y documentado de sus fortalezas y debilidades en los 300 distritos federales y en donde se votará por igual número de diputados. Si MC tiene posibilidades de ganar en ciertos distritos, los candidatos serían de su partido, pero si el PAN u otra fuerza tiene capacidad para ganar otros distritos, entonces las candidaturas serían para ellos.

“La idea es no generar una competencia interna que debilite y genere pugnas en el bloque opositor, sino generar solo candidaturas competitivas y con posibilidades reales de triunfo para ganarle a Morena y a López Obrador. No se trataría de un tema de cuotas por partido ni mucho menos de cuates, sino de buscar y postular solo opciones ganadoras, y de ese modo garantizar una alianza altamente competitiva para romper la mayoría absoluta del partido gobernante”, comentó la fuente consultada.

El que hasta ahora solo estén pensando en iniciar pláticas entre el PAN y MC, y no consideren al PRI, es porque aún no ven con claridad si los priistas tienen o no interés en aliarse, especialmente con el PAN. El dirigente tricolor, Alejandro Moreno, ha dicho que su partido no descarta alianzas electorales “incluso con los panistas”, pero hay una versión que señala que a la actual dirigencia priista le pidieron, como “única condición” en Palacio Nacional, el que no se aliara con los panistas.

Así que hagan sus apuestas ¿habrá o no bloque opositor en 2021 y qué tanta fuerza tendrá para evitar que los morenos se queden otra vez con una mayoría absoluta que le daría al Gobierno de Andrés Manuel un control político casi total para la segunda parte de su Gobierno y para su proyecto de continuidad en 2021?

10 Septiembre 2019 04:06:00
Quieren armar el ‘bloque opositor’ para 2021
Arrollados en la elección presidencial de 2018, divididos por pugnas de sus grupos internos y copados por la nueva hegemonía de Morena y por la Cuarta Transformación del presidente López Obrador, que los ve “moralmente derrotados”, los partidos de oposición en México están buscando negociar una “gran alianza electoral” para las elecciones intermedias de 2021. Lo que pretenden -y para lo que ya iniciaron los primeros contactos a nivel de cúpulas y dirigencias- es ir juntos en una coalición que represente a un “bloque opositor” sólido y con candidaturas fuertes que enfrente a la ola lopezobradorista en las votaciones para la Cámara de Diputados federal y 13 gubernaturas estatales que se renuevan ese año.

El principal objetivo que se propone la coalición es evitar que Morena vuelva a obtener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo que, a decir de los promotores del bloque, es fundamental para que la oposición en su conjunto pueda generar un contrapeso efectivo al dominio hegemónico del presidente López Obrador y su partido político.

Una de las figuras centrales que busca negociar la formación del bloque opositor es el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, que se propone invitar al PAN a ir juntos a la contienda por la Cámara de Diputados. Si esas dos fuerzas se pusieran de acuerdo buscarían incluir a otros partidos como el PRI, el PRD y hasta algunas opciones locales.

La fórmula que se trabaja con miras a ganar el mayor número de posiciones en San Lázaro, es que cada partido presente un análisis real y documentado de sus fortalezas y debilidades en los 300 distritos federales y en donde se votará por igual número de diputados. Si MC tiene posibilidades de ganar en ciertos distritos, los candidatos serían de su partido, pero si el PAN u otra fuerza tiene capacidad para ganar otros distritos, entonces las candidaturas serían para ellos.

“La idea es no generar una competencia interna que debilite y genere pugnas en el bloque opositor, sino generar solo candidaturas competitivas y con posibilidades reales de triunfo para ganarle a Morena y a López Obrador. No se trataría de un tema de cuotas por partido ni mucho menos de cuates, sino de buscar y postular solo opciones ganadoras, y de ese modo garantizar una alianza altamente competitiva para romper la mayoría absoluta del partido gobernante”, comentó la fuente consultada.

El que hasta ahora solo estén pensando en iniciar pláticas entre el PAN y MC, y no consideren al PRI, es porque aún no ven con claridad si los priistas tienen o no interés en aliarse, especialmente con el PAN. El dirigente tricolor, Alejandro Moreno, ha dicho que su partido no descarta alianzas electorales “incluso con los panistas”, pero hay una versión que señala que a la actual dirigencia priista le pidieron, como “única condición” en Palacio Nacional, el que no se aliara con los panistas.

Así que hagan sus apuestas ¿habrá o no bloque opositor en 2021 y qué tanta fuerza tendrá para evitar que los morenos se queden otra vez con una mayoría absoluta que le daría al Gobierno de Andrés Manuel un control político casi total para la segunda parte de su Gobierno y para su proyecto de continuidad en 2021?

09 Septiembre 2019 04:05:00
La CDMX, ¿territorio del CJNG?
La presencia y tentáculos del Cártel Jalisco Nueva Generación han hecho de la Ciudad de México uno más de sus territorios y, desplazando a otras organizaciones, han llegado casi a apropiarse del narcomenudeo y a realizar aquí operaciones que van desde trasiego de drogas, lavado de dinero y hasta el contacto con grupos internacionales como el que representaban los dos israelíes asesinados el 24 de julio en Plaza Artz, con quienes los narcotraficantes mexicanos tenían tratos relacionados con la venta de drogas y de armas.

El viernes pasado, casi mes y medio después del ataque, policías ministeriales de la Procuraduría de Justicia capitalina detuvieron en Guadajalara a Mauricio Hiram, “Mawicho”, que fue el segundo que disparó contra los israelíes Azulay Alón y Ben Sutji, y que logró escapar, a diferencia de su compañera sicaria Esperanza, que fue detenida.

Lo primero que llama la atención en la captura del “Mawicho”, a quien los ministeriales siguieron la pista con la ayuda del Centro Nacional de Inteligencia (CNI o antiguo Cisen), es que hayan tenido que ser los policías de la CDMX y no los agentes federales de la Fiscalía General de la República, quienes detuvieran al sicario.

De acuerdo con fuentes federales, en la investigación se documentó que desde el 20 de julio, una célula del CJNG se trasladó de Guadalajara a la CDMX, bajo las órdenes de Mauricio Hiram Suárez Álvarez, quienes se reunieron con otra célula del CJNG establecida en CDMX en una casa de seguridad en la colonia Jardín Balbuena, donde planearon la agresión de los dos israelíes, a quienes tenían órdenes directas de eliminar de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del cártel.

Los sicarios sabían que Sutji y Alón, con quienes el CJNG tenía tratos y “negocios”, se reunirían en un restaurante con una mujer “güera” y solo esperaron cuatro días para tener la confirmación del lugar, fecha y hora. Una vez confirmado el lugar donde se suscitaría la reunión, las células del CJNG se trasladaron en al menos tres vehículos en caravana.

Mauricio Hiram junto con Esperanza, una mujer de su organización, tomaron una mesa al interior del restaurante después de las 3 de la tarde y ahí esperaron la confirmación de la presencia de sus víctimas, así como sus características físicas y de vestimenta. Una vez con esta información las ubicaron y esperaron la distracción planeada, la cual consistió en realizar varias detonaciones de armas largas al exterior de la plaza comercial. A las 5:20 exactamente Hiram y Esperanza se levantaron de su mesa y se dirigieron a la terraza donde se encontraban sentados sus víctimas en compañía de una mujer de cabello rubio, detonando en varias ocasiones sus armas en contra de los dos israelíes.

Fue a solicitud de la Procuraduría Capitalina que el CNI, que encabeza el general Audomaro Martínez, siguió la pista de Mauricio Hiram, a quien se ubicó en Guadalajara. La pregunta es por qué el CNI no dio la misma información a la FGR para que realizara la detención ¿o sí se la dio y a la Fiscalía ya no le interesa detener a narcotraficantes y asesinos a los que ahora el Presidente solo les pide, casi les suplica, que “se porten bien y piensen en sus mamacitas, para no hacer daño a la sociedad”? Es pregunta.
07 Septiembre 2019 04:05:00
La UNAM caliente: entre porros y encapuchados vs Anaya
En esta semana la Universidad Nacional vivió dos hechos de tensión que elevan notablemente su temperatura interna. Los ataques y vandalismos de grupos porriles por el conflicto del CCH Azcapotzalco, el martes, y ahora la irrupción de presuntos estudiantes encapuchados que cerraron el viernes la Facultad de Ciencias Políticas para protestar contra la participación como maestro en un diplomado del excandidato panista a la presidencia, Ricardo Anaya Cortés, ejemplifican muy bien cómo la proximidad de la sucesión en la Rectoría está calentando el ambiente y cómo manos oscuras e intereses ocultos empiezan a meterse a los terrenos universitarios, con miras a buscar algún tipo de influencia o injerencia en la decisión que habrán de tomar en noviembre los 15 integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM.

Ninguno de esos hechos parece aislado y es muy probable que falten todavía por ver más intentos de grupos no visibles para agitar y desestabilizar a la comunidad universitaria. Lo primero que se piensa es que hay quienes quieren golpear y debilitar al rector Enrique Graue, que como todo apunta, se encamina hasta ahora sin competencia interna hacia la reelección de su mandato.

Pareciera que la lógica que mueve a esos grupos y sus burdos ataques es que si no pueden impedir que Graue se reelija, porque no tienen a ningún candidato fuerte que le haga frente, entonces desde ahora intentan debilitarlo para que, aunque logre su reelección, quede como un referente débil a quien desde el Gobierno federal o desde cualquier otro grupo político o de interés, puedan manipular y ningunear.

Y en ese afán cualquier pretexto es válido. Primero fue el aniversario de la golpiza porril a los alumnos del CCH Azcapotzalco, que hace exactamente un año cimbró a la UNAM, a su comunidad y a la misma Rectoría que vuelve a ser objeto de ataques, agresiones y actos de vandalización, mientras se reviven las mismas demandas que desde hace más de un año esgrimían los estudiantes inconformes de Azcapotzalco con una larga carta que esta semana le enviaron al doctor Enrique Graue, en la que acusan al director general del CCH, Benjamín Barajas Sánchez, igual que lo hicieron en su movimiento de 2018, de ser el responsable de los problemas en los colegios de Ciencias y Humanidades y de las agresiones que han costado las muertes de cuatro estudiantes.

Los alumnos insisten en que Barajas no solo ha hecho de la dirección del CCH su centro de poder y corrupción, sino que además lo señalan como autor de “una campaña de guerra sucia” en contra de la Rectoría del propio Graue.

CONTRA ANAYA ¿MIEDO O INTOLERANCIA?
El otro pretexto que esta semana utilizaron los grupos desestabilizadores de la UNAM fue el inicio, programado para el viernes, de un diplomado sobre Política Mexicana Contemporánea, en el que está anunciada la participación, como maestro, de Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN, junto con otra veintena de profesores, investigadores, políticos y académicos invitados a ser parte de los cursos que se anunciaron desde hace casi dos meses.

La toma tan organizada de la Facultad de Ciencias Políticas, por parte de un grupo de presuntos estudiantes “encapuchados”, que cerraron las instalaciones universitarias para exigir que se desinvitara al exdirigente panista, no parece un acto totalmente espontáneo y más bien suena a otro pretexto para sembrar la tensión y el conflicto en la Universidad Nacional y de paso en la ruta de Graue Vilches rumbo a la reelección.

Porque desde hace casi un mes el propio Ricardo Anaya, anunció con un mensaje en sus redes sociales que había sido invitado a participar en ese diplomado y celebró la invitación que le hacía la FCPyS y no hubo en todo ese tiempo ninguna protesta o manifestación de rechazo a la participación del panista.

Fue hasta el lunes, cuando en esta misma columna mencionamos que el viernes se produciría el regreso de Anaya Cortés a la actividad económica, como un primer paso para un futuro regreso político el próximo año, cuando Ricardo podría buscar una diputación federal o una gubernatura en el 2021, cuando comenzó a haber reacciones de intolerancia y agresión en las redes sociales, donde grupos identificados como bots de la 4T, se fueron con todo en contra de la reaparición del político queretano, a quien defendieron sus simpatizantes, provocando como resultado que el tema de la columna del martes 3 de septiembre, se volviera “Trending Topic” en Twitter y fuera retomado por medios impresos y de internet.

Por eso el viernes, al ver la forma en que puntualmente desde antes de iniciar las clases, un grupo de encapuchados que se asumen como alumnos, tomaron las instalaciones de la FCPyS para impedir, según ellos, el ingreso de Ricardo Anaya y exigir que se le retire la invitación a participar en el citado diplomado, lo único que se puede interpretar de esta reacción de presuntos estudiantes, son dos cosas: la primera que es una más de las acciones que lleva intención de provocación y debilitamiento a la Rectoría de Graue, y la segunda, que sería aún más delicada, que en la Universidad Nacional están surgiendo expresiones de intolerancia e intentos de uniformar y censurar el pensamiento y la libre expresión de las ideas, y del conocimiento en la que se precia de ser la casa máxima de estudios del país, abierta a todas las corrientes de pensamiento y, por encima de cualquier ideología política, abierta a la universidad y la diversidad de las ideas. Para que quede claro, por encima del interés de afectar al rector Graue y su aparente ya planchada reelección, ¿alguien le tiene miedo a Ricardo Anaya y su regreso no solo a las aulas sino a la política, o solo se trata de la peligrosa intolerancia autoritaria en tiempos de la 4T? Que conste que solo es pregunta.

NOTAS INDISCRETAS… Ahora que a Rosario Robles le crecen las acusaciones y se le van los abogados y hasta los amigos, es muy probable que la extitular de Sedesol y Sedatu pierda la dureza y la lealtad que le caracterizaba y, como muchos otros peñistas que fueron de la cúpula más alta del sexenio pasado, termine por ya no solo hablar, sino despotricar contra el expresidente al que, varios peñistas de los más leales, hoy acusan de haberlos “abandonado y traicionado” y le reprochan, con decepción y hasta con ira, que “mientras él se sigue exhibiendo y dándose la gran vida con su novia por los mejores lugares de España y Europa”, a varios de sus excolaboradores más cercanos aquí los están acosando, cazando y encarcelando. Esta semana que Santiago Nieto –convertido en el “verdugo inclemente” de los peñistas– anunció la existencia de al menos dos acusaciones y denuncias más contra Rosario, relacionadas con operaciones desde la Sedesol y la Sedatu vinculadas a la Estafa Maestra y basadas en las denuncias de irregularidades que documentó el auditor Superior de la Federación, David Colmenares, hasta los abogados de la exjefa de Gobierno del DF, decidieron hacer mutis y, con el argumento de la “precariedad” en que se encuentra, decidieron abandonar la defensa de la señora Robles.

Y pensar que unos meses antes de que la detuvieran y la encarcelaran con artimañas legales, cuando se presentó voluntariamente a declarar, la expoderosa exsecretaria, que andaba entonces fuera del país, llamó a un amigo suyo para decirle que cómo veía las cosas, y su interlocutor en esa llamada le aconsejó “ya no regreses al país, quédate por allá porque van a ir sobre ti”. Y ella, que entonces estaba todavía envalentonada y se juraba inocente, le dijo lo mismo que les repetía a los medios: “Yo voy a ir y voy a dar la cara, porque no tengo nada que esconder”. Y dio, no sólo la cara, sino su libertad cuando la mandaron al reclusorio femenil de Santa Martha en donde hoy, todas las tardes, a doña Rosario se le escucha lamentarse y comenzar a entonarse, como quien quiere animarse a cantar y a contar todo lo que ella sabe del sexenio pasado. ¿Será que se echa un do de pecho?...

En los últimos jaloneos para definir, el jueves por la noche, la Presidencia de la Mesa Directiva, fue el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el que se opuso a que Marco Adame la encabezara, tal como lo pedían Morena, PRI, MC y los demás partidos. Desde el miércoles la mayoría morenista, apoyada por los priistas y Movimiento Ciudadano, habían pedido como una “figura de consenso”, que el CEN del PAN propusiera a Adame, por ser con quien transitaban todos los partidos, pero Cortés, al parecer por un temor de que el exgobernador de Morelos le hiciera sombra desde San Lázaro a su cuestionado liderazgo, prefirió insistir hasta el cansancio en su propuesta de la diputada Laura Rojas, y con la bandera de la equidad de género, le pidió a Marco Adame que aceptara repetir en la presidencia y apoyara a su compañera Rojas, lo que finalmente sucedió para dar paso a la presidencia de la panista. Ni hablar, cada quien sus miedos y sus banderas…

Los dados mandan doble escalera.

Semana redonda.
05 Septiembre 2019 04:02:00
Adame, el panista que quiere Morena
La de anoche fue una muy larga noche en San Lázaro. Las diferencias internas entre los panistas impidieron que ayer mismo se votara y aprobara a Marco Antonio Adame como nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, luego de que la mayoría de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM le dieran el visto bueno a la propuesta del exgobernador de Morelos y actual vicepresidente de la Cámara, con cuyo nombre incluso transitaban el PRI y MC.

El problema es que en el CEN panista de Marko Cortés no querían ceder a las presiones de Morena, que rechazó ayer en dos ocasiones las propuestas enviadas por la dirigencia nacional, que por estatutos es la encargada de proponer los nombres de los diputados panistas que van a encabezar la Mesa Directiva el próximo año. La primera propuesta, con Laura Rojas como presidenta, fue rechazada porque los morenistas impugnaron al diputado panista Ricardo Villarreal, “El Chícharo”, para la vicepresidencia, a quien acusaron de estar vinculado al escándalo de los “moches” en la legislatura 58, cuando él y su hermano, Luis Alberto Villarreal, fueron acusados de pedir comisiones a alcaldes a cambio de asignarles recursos del presupuesto para obras. Luego, en un segundo intento, el PAN sacó a Villarreal y metió a Adolfo Torres, que también fue rechazado por Morena.

Fue entonces, ya por la tarde, cuando en la Junta de Coordinación Política, que preside el morenista Mario Delgado, se puso sobre la mesa el nombre de Marco Adame para la presidencia y Morena aceptó de inmediato, igual que lo hicieron PRI, MC, PT y PVEM. Pero el problema vino cuando el coordinador de la bancada blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks, pidió el aval del CEN del PAN para que Adame encabezara la propuesta y en la dirigencia nacional se trabara la propuesta. Aunque en la bancada había acuerdo, en la cúpula panista se oponían a que fuera desde Morena donde se “sugiriera” o se “impusiera” a quién debían proponer los panistas, además de que el nombre del exgobernador de Morelos y actual vicecoordinador de la Mesa Directiva no tenía el consenso de todos los miembros del CEN.

Hasta pasada la media noche los contactos, las llamadas y las reuniones seguían entre San Lázaro y la sede nacional del PAN en la colonia Del Valle para definir la composición de la nueva planilla que será presentada hoy jueves en la sesión de las 11 de la mañana. Además del nombre de Marco Adame, también se buscaba consensuar la otra propuesta del PAN para la vicepresidencia y varios nombres más de panistas, a lo largo de los cabildeos de anoche fueron rechazados por Morena.

“No es posible que Morena pretenda decirnos quién sí y quién no podemos proponer en el PAN. Eso es como meterse en la vida interna del panismo; la decisión de a quién proponemos para la Mesa es exclusiva de la dirigencia del PAN y de sus diputados, no de Morena ni de sus dirigentes o coordinadores”, decía anoche una fuente del CEN blanquiazul, que confirmaba que la negociación seguiría “a morir” durante toda la noche. Veremos si en el transcurso de la madrugada o esta mañana hay “humo blanco” y se evita una crisis constitucional en la Cámara de Diputados con la designación de la nueva mesa directiva que, todo indicaba anoche, sería encabezada por el panista Marco Adame.

NOTAS INDISCRETAS…No cabe duda de que, si se trata de pasar a la historia, Porfirio Muñoz Ledo lo está logrando. Primero con su gesto político con el que se desistió de ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero luego con su expresión de ayer que lo confirma como figura polémica de la política. “Revise el reloj, porque está marcando progresivamente. Cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan”, dijo Porfirio ante el micrófono llamando la atención de diputados. Luego, sin tomar en cuenta que el micrófono seguía abierto, se volteó hacia su compañera Dolores Padierna y soltó en voz baja, pero en un muy claro francés que registró no solo el micrófono sino el video que grababa la sesión: “Chinguen a su madre, qué manera de legislar”.

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